Después de
finalizada su segunda visita al país durante la semana del 19 al 24 de mayo, la
Comisión Multinacional que le da seguimiento al proceso de reforma al sector
justicia y seguridad, dio a conocer sus impresiones preliminares a través de un
comunicado en el cual reconoce que en los últimos 4 meses se han emprendido una
serie de cambios positivos que deberían traducirse en el corto plazo en un
alivio de la inseguridad ciudadana.
De dicho
documento se pueden extraer dos lecciones que como sociedad debemos asumir de
cara al futuro inmediato del país. En primer lugar, la Comisión valora los
esfuerzos de una ciudadanía activa para mantener en el debate público la
exigencia de una reforma integral de todas las instituciones del sector
justicia y seguridad. Evidentemente, la Alianza por la Paz y la Justicia es el
referente al respecto, pero también es alentadora la creación de otro espacio
denominado Coalición contra la Impunidad que empuje complementariamente en la
misma dirección.
En este
sentido, es fundamental la construcción de redes y alianzas que, dejando a un
lado los protagonismos y las posiciones políticas o ideológicas que nos
separan, nos hagan confluir en objetivos comunes basados en acuerdos básicos
sobre problemas que a todos y todas nos afectan, tales como la impunidad, la
violencia y la corrupción.
En segundo
lugar, la Comisión Multinacional señala la necesidad que la Comisión
Interventora del Ministerio Público presente lo más pronto posible su informe
que sirva de base para impulsar la adopción de las medidas legales
correspondientes en relación con el Fiscal General y su adjunto.
De esta
manera, es imperativo dotar a la Comisión Interventora de la información
necesaria para que su informe sea contundente y deje claramente establecido la
separación definitiva de Luis Rubí y Roy Urtecho por su evidente incapacidad y
falta de voluntad para representar eficientemente los intereses generales de la
sociedad como máximas autoridades del Ministerio Público.
Pero además, es esencial
para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, que la sociedad
civil comience a preparar el terreno para lograr que la elección del nuevo
Fiscal General y su adjunto en marzo de 2014 se realice en el marco de la
transparencia y orientada a la búsqueda de un fiscal caracterizado por su
liderazgo ético, capacidad profesional, independencia política y valentía para
perseguir el delito, particularmente aquellos relacionados con la corrupción y
las violaciones a derechos humanos.
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