martes, 3 de junio de 2014

Carlos Luna: 16 años de memoria histórica

El 18 de mayo se cumplieron 16 años del asesinato de Carlos Antonio Luna López. Hasta la fecha, el Estado de Honduras ha mostrado incapacidad y falta de voluntad política para realizar una investigación efectiva que permita conocer la verdad de lo sucedido y sancionar adecuadamente a todos los responsables, tanto materiales como intelectuales.

16 años después y la impunidad sigue caracterizando este asesinato, y en consecuencia, no se han reparado totalmente los daños que este tipo de acciones ocasionan a los familiares de la víctima y al propio tejido social de una sociedad que se precie democrática, lo cual exige, entre otras cosas, la garantía de no repetición de este tipo de hechos.

Solo cuando el Estado es capaz de prevenir, investigar y sancionar a los responsables de la violencia contra sus ciudadanos, particularmente de aquellos que como Luna han sido asesinados por defender la vida y luchar contra la corrupción, sólo así el Estado reafirma su legitimidad frente a quienes le otorgaron la potestad de velar por el respeto de todos sus derechos.

Debido a esa incapacidad, el caso de Carlos Luna fue conocido por la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos, quien el 10 de octubre de 2013 emitió una sentencia en la que declaró la responsabilidad internacional del Estado hondureño por no haber cumplido con su deber de prevenir la violación de los derechos de Luna y de haber transgredido la integridad personal de sus familiares.

Esta sentencia además de ser una herramienta importante para minimizar los riesgos de quienes defienden la vida, ya que el tribunal interamericano ordenó la adopción de una política pública integral para su efectiva protección, también es una especie de memoria histórica sobre la lucha de Carlos Luna.


Una lucha que nos invita a no quedarnos pasivos ante las miserias so­ciales y políticas de nuestro tiempo, y a jugar un papel protagonista en la denuncia y transformación de las situaciones que producen la destrucción del medio ambiente, y en consecuencia, la degradación de los derechos humanos.

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