El 11 de junio fue
decretado el “Día del Estudiante” por Acuerdo Gobernativo del 28 de Mayo de
1922, en homenaje al nacimiento de José Trinidad Reyes quien estaba convencido
de que las bases del desarrollo de un pueblo son la educación y la cultura. En
ese sentido, fue fundador y primer rector de la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras.
Esa misma
casa de estudios acaba de publicar a través del Observatorio de la
Violencia, un boletín especial sobre muertes violentas de estudiantes de enero
de 2010 a mayo de 2014, en el cual evidencia que estudiantes de educación
primaria, media y universitaria son de las víctimas más vulnerables de la
violencia y la criminalidad.
Si desde sus
tiempos José Trinidad Reyes sabía que la niñez y la juventud son los
principales activos de una sociedad, ¿qué pensaría si supiera que en Honduras
ser joven o niño es el principal factor de riesgo para ser víctima de la
violencia?
Por ello, no
se puede ignorar que además de los graves problemas en el acceso a la educación
de calidad para millones de niños y jóvenes en el país, la celebración del día
del estudiante está marcada por la muerte violenta de 765 muertes de
estudiantes.
383 de ellos
son estudiantes de educación media, 112 son estudiantes de educación superior,
64 son estudiantes de educación primaria y 205 que eran estudiantes pero sin
conocerse el nivel educativo que cursaban.
Con estos
datos, ¿acaso es posible celebrar el día del estudiante cuando la muerte violenta
sigue enlutando a las familias hondureñas y truncando el futuro de nuestra
niñez y juventud?
Como
sociedad no podemos seguir pasivos ante una realidad que nos arrebata
violentamente a quienes se presume son el futuro de Honduras.
Los
responsables directos no son sólo aquellos que empuñan las armas sino también
aquellos que desde los puestos de gobierno toman decisiones equivocadas con
respecto a la seguridad ciudadana ya que siguen pensando, a pesar del fracaso
demostrado, que la militarización y las acciones de mano dura son la única
salida.
No podemos
permitir que los gobernantes sigan ignorando intencionalmente que no habrá
seguridad ciudadana sino se crean las condiciones para la existencia de
seguridad humana, relacionada con el acceso a la salud, al empleo, a la
educación, a la vivienda, en resumen, a la vida digna.
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