Una primera derrota a la militarización del país.

Durante la segunda mitad de la década de los 90 se inició un proceso de desmilitarización que se vio truncado particularmente a partir de la llegada al gobierno de Ricardo Maduro, quien desplegó a los militares en las calles para realizar funciones policiales.

Ese despliegue se prolongó en los gobiernos de Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo Sosa. Lógicamente, cuando se involucra a militares en funciones de seguridad ciudadana, no tarda en politizarse su intervención.

En este escenario se explica en cierta medida el papel protagónico de los militares durante el golpe de Estado de 2009 y la recuperación bajo su control de instituciones claves del Estado como HONDUTEL, Migración y Extranjería, Aeronáutica Civil, Registro Civil y el Instituto Nacional de Mercadeo Agrícola.

A partir de ahí, los militares son la fórmula mágica utilizada por el actual gobierno para resolver todos los problemas del país. Por ello, uno puede observar que los militares patrullan calles, instalan retenes y controles de revisión, realizan arrestos y cateos, administran los bosques, los centros penales y hasta intervienen los hospitales públicos.

La creación de la Policía Militar y el nombramiento de un general en activo al frente de la Secretaría de Seguridad representan la profundización de este proceso de remilitarización, el cual recibió su primer revés cuando el Congreso Nacional en una votación de 67 votos en contra rechazó ratificar el Decreto 283-2013 que le otorgaba rango constitucional a la Policía Militar y la colocaba peligrosamente bajo el mando directo del presidente de la República.

Sin embargo, teniendo en cuenta el alarmante deterioro de las instituciones democráticas y del Estado de derecho, y las conductas autoritarias de Juan Orlando Hernández que ahora propone una consulta directa a la ciudadanía para que decida al respecto, es necesario que aprovechemos este primer revés para concientizar a nuestro entorno sobre la exigencia de que los asuntos de seguridad ciudadana sean de competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados.

Debemos ser insistentes en que el gobierno no puede manipular y confundir los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional, ya que la criminalidad por muy grave que sea, no constituye una amenaza militar a la soberanía del Estado.