Recientemente, el Instituto Universitario en
Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras realizó,
a través del abogado Celso Alvarado, un diagnóstico sobre la efectividad de las
instituciones del sector justicia y seguridad, es decir, la Policía Nacional,
las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
En su análisis del presupuesto nacional del año
2013, el diagnóstico revela que cada hondureño y hondureña aportó al Estado con
sus impuestos alrededor de 15 mil lempiras, que implica un aumento de más de 5
mil lempiras en relación con el año 2012.
De esos 15 mil lempiras, 1367 se destinaron para
seguridad y justicia, que quedan distribuidos de la siguiente manera: 909 lempiras
para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, 213 lempiras para el Poder
Judicial y 116 lempiras para el Ministerio Público.
En otras palabras, las Secretarías de Defensa y
Seguridad reciben el 66% de ese presupuesto mientras que el Poder Judicial y el
Ministerio Público apenas reciben el 16 y el 9 por ciento, respectivamente.
Como lo señala el diagnóstico, resulta preocupante la
evidente desigualdad en la distribución de este presupuesto, ya que es
absorbido en su mayoría por las Secretarías de Defensa y Seguridad, con cuyos
recursos podría contratarse un 200% más del personal que actualmente tiene el
Poder Judicial y un 600% más de lo que tiene el Ministerio Público.
Este patrón de desigualdad todavía es más profundo
en la distribución de los recursos provenientes de la llamada “Tasa de
Seguridad”, en donde el 87% va destinado para Defensa y Seguridad, y apenas el 5%
para el Ministerio Público y el Poder Judicial.
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