Entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró en San José, Costa Rica, su 111
Período Ordinario de Sesiones en el que emitió seis sentencias que serán
notificadas próximamente.
Entre estas sentencias se encuentran tres
relacionadas con Honduras, cuyas implicaciones podrían tener un impacto
significativo en temas fundamentales para la democracia y el Estado de derecho,
tales como la independencia judicial y el respeto a los derechos ancestrales de
los pueblos originarios.
Uno de las sentencias trata sobre el caso López
Lone y otros, acerca de los tres jueces y la magistrada que fueron separados
por oponerse al golpe de Estado, por denunciar la complicidad de la Corte Suprema
de Justicia con el gobierno de facto y por cumplir con su papel de
garantes de la legalidad y el respeto de los derechos de la ciudadanía.
Las otras dos sentencias se refieren a los casos de
las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, y sus miembros,
a quienes el Estado de Honduras a través de megaproyectos turísticos los ha
estado despojando de sus territorios ancestrales, violentando de esta manera su
derecho a la consulta previa e informada.
Sin duda alguna, de cumplirse con las expectativas
que generan estas sentencias, sus puntos resolutivos podrían convertirse en una
herramienta jurídica y política muy importante para promover cambios
estructurales que favorezcan el respeto de la independencia judicial y de los
derechos del pueblo garífuna y demás pueblos indígenas del país en relación con
sus territorios.
A través de estas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos puede enviar un mensaje contundente al Estado hondureño y demás Estados
de la región que creen que pueden seguir tratando a su ciudadanía como
súbditos, y dejar claro que los derechos humanos están por encima del poder
público, que está en la obligación de respetarlos, promoverlos y garantizarlos.
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