El anuncio de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la búsqueda de justicia

En noviembre de 2010, la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inició un examen preliminar sobre la situación en Honduras para determinar si existía una base razonable para abrir una investigación con respecto a supuestos crímenes internacionales cometidos después del golpe de Estado en junio de 2009.

De acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Roma, los crímenes de lesa humanidad son todos aquellos actos inhumanos que se cometen como (a) parte de un ataque generalizado o sistemático; (b) se dirijan contra una población civil; y, (c) de conformidad con la política de un Estado o de una organización.

El pasado 28 de octubre de este año, la Fiscalía decidió cerrar el examen preliminar por considerar que a la luz de ese artículo 7, las graves violaciones a derechos humanos cometidas en Honduras no reúnen los requisitos legales para considerarlos crímenes de lesa humanidad y por tanto, para que entren dentro de la competencia de la Corte Penal Internacional.

Frente a este anuncio, los medios corporativos que apoyaron el golpe de Estado y los denunciados como Micheletti y  Romeo Vásquez, han salido felices diciendo que el cierre del examen preliminar es la prueba de que no cometieron ningún crimen. 

A ello se ha vuelto a prestar el desprestigiado Ramón Custodio López. Sin embargo, hay que aclarar que la Fiscalía dejó establecido que en Honduras sí se cometieron graves crímenes contra los derechos humanos y que los responsables son los autores del golpe de Estado.

Entre esos crímenes se encuentran violaciones, asesinatos, detenciones ilegales, ataques a la libertad de asociación y expresión. No obstante, a pesar de su gravedad, éstos no contienen el elemento internacional que los convierte en crímenes internacionales, es decir, su comisión sistemática o generalizada contra una población civil, el cual es un requisito fundamental para que sea competencia de la Corte Penal Internacional.

Por tanto, lo que nos dice la Fiscalía es que estos graves crímenes contra los derechos humanos deben ser perseguidos y juzgados por los tribunales nacionales, y que en caso de recibir nuevas comunicaciones que comprueben que tales violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad, puede reconsiderar la decisión tomada y reabrir el examen preliminar.

A quienes perpetraron el golpe de Estado y las graves violaciones a derechos humanos les recordamos que estas son imprescriptibles, y que en algún momento las manos de la justicia los alcanzarán así como está pasando actualmente en muchos países del continente americano.

Y las organizaciones de derechos humanos debemos aprender la lección de esta experiencia: Sin coordinación, sin confianza, sin articulación y sin humildad para superar los protagonismos y los egos, solo colaboramos para que la justicia siga retrasando su encuentro con las víctimas.