El caso Callejas y la igualdad ante la ley

El artículo 60 de la Constitución de la República establece que en Honduras no hay clases privilegiadas y que todos los hondureños y hondureñas somos iguales ante la ley.

Esta afirmación significa que la ley es igual para todos y todas, lo cual constituye una promesa constitucional y un llamamiento a todos los poderes públicos y a las personas a trabajar por su cumplimiento pues solo así es posible construir una sociedad verdaderamente democrática.

En ese sentido, la igualdad de la que habla la Constitución es un valor supremo que es condición para una convivencia ordenada, feliz y civil, y para que todos y todas vivamos en libertad.

El caso del ex presidente Callejas es una muestra más de que la promesa de igualdad ante la ley sigue siendo una simple declaración de buenas intenciones que no ha podido ser concretada debido a que la clase política hondureña se ha encargado de producir una especie de legitimación social al abuso y a la impunidad.

Callejas representa a esa subespecie ciudadana que se considera intocable y fiel practicante de la expresión “El Estado soy yo”, en el sentido de creer legítima la manipulación de las instituciones públicas a su favor pues piensa que no hay nada, ni el Estado ni la sociedad, por encima de ella.

Mientras otros extraditables fueron capturados, presentados a los medios de comunicación y al respectivo juez de extradición, y enviados a Estados Unidos para responder por sus supuestos crímenes, a Callejas no se le capturó ni se le incautó ningún bien y se le permitió, aunque presionado, que viajara en avión privado para presentarse ante la justicia estadounidense.

Sin duda alguna, la presión de Estados Unidos fue tanta que a última hora el gobierno hondureño no tuvo otra opción que entregar a una de las figuras más emblemáticas de la corrupción y la impunidad, y que hasta hace poco se conducía y era tratada como si fuera un ciudadano inocente y ejemplar.

La institucionalidad está tan deteriorada y deslegitimada que ha tenido que venir un gobierno extranjero a mostrarle a un “intocable” que en un Estado de derecho nadie debe estar por encima de la ley.

En esta ocasión, los intereses de justicia de Estados Unidos coinciden con los intereses de la sociedad hondureña, ya que lo que los ciudadanos y ciudadanas aspiramos es que de una vez por todas se cumpla la promesa constitucional de que en Honduras no existan clases privilegiadas para poder avanzar en la construcción de un país más justo y más solidario.