Capturas en el crimen contra Berta Cáceres e impunidad

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la impunidad puede ser definida como la falta en su con­junto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones a los derechos humanos.

La falta de una investigación imparcial, efectiva, diligente y seria que evita la investigación de los hechos que conduzca a la sanción de los responsables materiales e intelectuales de la violación de un derecho, y que no contribuya a restablecer, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud del mismo, demuestra que el Estado tolera que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos.

En este sentido, la lucha contra la impunidad es un factor fundamental para la legitimación y deslegitimación del poder pues la ausencia de una investigación y sanción judicial efectiva, contribuye a que las violaciones a derechos humanos se sigan cometiendo, alimenta el miedo en la sociedad e impide la plena realización del Estado de derecho y la democracia.

Por ello, es necesario que el Estado combata la impunidad por todos los me­dios legales disponibles ya que la misma propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefen­sión de las víctimas y sus familiares.

Las recientes capturas de varias personas involucradas en el asesinato de Berta Cáceres es un paso importante en la investigación de los hechos, sin embargo, no podemos dejar de señalar tres cuestiones importantes.

En primer lugar, las actuaciones del Ministerio Público han provocado mayor desconfianza al violentar uno de los principios fundamentales en la investigación de violaciones a derechos humanos: garantizar el respeto y la participación de las víctimas y sus familiares en todas las etapas del proceso.

En segundo lugar, no es suficiente con la captura de algunos de los autores materiales del asesinato de Berta, pues como lo ha señalado la Corte Interamericana, la impunidad subsiste si no ha sido determinada toda la verdad de los hechos y la totalidad de las responsabilidades intelectuales y materiales del crimen.

En tercer lugar, tanto para la familia de Berta como para la sociedad hondureña, conocer la verdad de lo ocurrido es un derecho humano cuyo ejercicio permite que obtengamos de las instituciones competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento de todas las personas responsables.

En su dimensión individual, como derecho particular de los familiares a conocer lo ocurrido, la verdad se constituye por sí misma en una forma de reparación; y en su dimensión colectiva, como derecho de la sociedad a conocer cómo actúan sus instituciones frente a violaciones a derechos humanos, se constituye en una pieza fundamental para el desarrollo democrático, especialmente si los involucrados están relacionados con las altas esferas del poder político y económico del país.