El 22 octubre de 2011 la
sociedad hondureña despertó con la noticia del asesinato de los jóvenes
universitarios Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda
Rodríguez a manos de miembros de la Policía Nacional. El primero era hijo de la
rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, y
el segundo de Aurora Pineda.
En circunstancias similares, el 1 de febrero de ese
mismo año, los jóvenes Narzy Neguib Bonilla Barahona, Guillermo Nahún Murillo
Anariba y Neptalí Galeano de 20, 27 y 19 años, respectivamente, originarios de
la comunidad de Agua Blanca Sur, en El Progreso, también fueron asesinados por
miembros de la Policía Nacional.
Aunque afortunadamente en ambos casos ha habido
sentencias condenatorias contra algunos de los responsables, no se puede
ignorar el tratamiento diferenciado dado a estos casos por las autoridades de
investigación y judiciales, lo cual refleja las gigantescas disparidades en el
acceso a la justicia que desvirtúan la garantía de la igualdad ante la ley
establecida en el artículo 60 de la Constitución.
En este país donde la violencia se ensaña contra
nuestra juventud, la mayoría de las muertes en las que ha habido
involucramiento policial o militar, no son investigadas y sancionadas efectivamente.
En gran medida, el Poder Judicial tiene una alta cuota de responsabilidad ya
que en muchos casos ha actuado de modo tal que ha provocado que muchos crímenes
se encuentren en la impunidad.
Por ello, es preocupante que desde el inicio del
debate sobre la reforma en materia de
seguridad ciudadana, se advierte como un gran ausente en la discusión al Poder
Judicial. El impacto de sus resultados o la falta de ellos, es directamente
proporcional a los altísimos niveles de impunidad que se viven en el país.
En este sentido, es fundamental buscar los
mecanismos para anular la politización partidista en la designación de los
magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, y reducir la
interferencia política en el sistema judicial que influye para que no funcione
o funcione selectivamente.
Ya es tiempo que la
sociedad hondureña asuma que la justicia es un derecho humano esencial y que
nos merecemos contar con juezas y jueces profesionalmente idóneos, honestos,
motivados y valientes.
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