Del 23 al
27 de mayo de este año, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las
Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, visitó el país con el
objetivo de examinar el nivel de protección del derecho a la vida, la
integridad personal y el acceso a la justicia y la rendición de cuentas cuando
se vulneran tales derechos.
Como
producto de esta visita, el Relator Especial publicó una serie de observaciones
preliminares, que serán ampliadas y detalladas en un informe que presentará en
el año 2017 al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Para el Relator Especial, a pesar de la
reducción en la tasa de homicidios, el problema en Honduras tiene dos
dimensiones paralelas: por un lado, el elevado número de personas que
son asesinadas y por otro, el bajo número de presuntas personas responsables
intelectuales y materiales que son investigadas y sancionadas.
En este
sentido, la “impunidad es el distintivo y en gran parte la causa de la continua
violencia”, y a su vez, “es el resultado de una arraigada corrupción, extorsión
y debilidad de las instituciones” que se profundizó con el golpe de Estado de
2009.
El Relator
Especial es enfático al señalar que el problema de inseguridad se complica por
la creciente militarización de la seguridad pública y los conexos episodios de
uso excesivo de la fuerza por los miembros de la policía nacional, de la policía
militar y de las fuerzas armadas, “a veces en confabulación con el crimen
organizado”.
A esta
misma conclusión llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al
señalar en su más reciente informe sobre Honduras que la situación de violencia y criminalidad
resulta exacerbada cuando parte de ella proviene “del mismo cuerpo policial, de
la policía militar y del ejército a través del uso ilegítimo de la fuerza, en
algunos casos en complicidad con el crimen organizado”.
El Relator Especial nos da la razón al hacer
esta afirmación pues desde hace años hemos venido alertando que la remilitarización
de la seguridad provoca más problemas de los que supuestamente pretende
resolver y coloca a la ciudadanía en una situación de mayor vulnerabilidad
frente a unos soldados que no tienen la capacidad de distinguir entre
ciudadanos que proteger y enemigos que eliminar.
Los datos registrados por Human Rights Watch
en su informe 2015 son contundentes al respecto: desde que el presidente Juan
Orlando Hernández incrementó la participación militar en la lucha contra la
criminalidad, las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas por
militares han aumentado considerablemente.
La violencia y la criminalidad solo podrá ser arrancada de raíz de
nuestra sociedad si se adopta una política de seguridad que incluya programas
orientados a intervenir en las condiciones de extrema pobreza, exclusión social
y negación de derechos tan básicos como la educación, la salud, la vivienda, el
empleo, etc., cuya intolerable negación provoca que la conflictividad aumente y
se ponga en riesgo el régimen democrático.
No hay comentarios:
Publicar un comentario