El derecho de acceso a la información pública frente a la Ley de Secretos Oficiales

El acceso a la información pública es un derecho humano universal y constituye una herramienta fundamental para la construcción de ciudadanía y para el ejercicio informado de otros derechos.

A través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se puede proteger derechos y prevenir abusos de parte del Estado, y luchar contra males tan terribles para la democracia como la corrupción, la impunidad y el autoritarismo.

Por ello es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre y por tanto, una ciudadanía poco informada no es lo suficientemente crítica, responsable y participativa.

En este sentido, uno de los aspectos que distingue a un régimen autoritario de uno democrático es que el primero hace del secreto de la información estatal la regla general, mientras que el segundo hace de la publicidad de la misma la regla general.

La aprobación en enero de 2014 de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida como “Ley de Secretos Oficiales”, deja claro qué tipo de régimen es el que se ha instaurado en Honduras.

Mediante esta ley se clasifica la información en ultra secreta, secreta, confidencial y reservada, y se faculta a clasificarla así hasta por 25 años al Presidente de la República, al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, a los ministros, gerentes y directores de entidades descentralizadas del Estado, respectivamente.

Además, se pueden imponer sanciones por divulgar información clasificada sobre seguridad y defensa, y se limita gravemente las funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública. Sin duda alguna, esta ley es una verdadera “Ley Anti Transparencia y Pro Corrupción”.

Con esta ley el Estado hondureño viola abiertamente sus obligaciones internacionales en materia de transparencia, lucha contra la corrupción y derechos humanos, y al colocar un manto de secretividad y oscurantismo sobre la información pública demuestra que pese a las formalidades de la democracia representativa, nos encontramos ante un régimen autoritario.