No hay que olvidarnos de las reformas penales antidemocráticas

A pesar que las estadísticas oficiales señalan una reducción en la tasa de homicidios, existen dos elementos que son perversamente utilizados para aprobar una serie de reformas que cercenan nuestras libertades y colocan en riesgo nuestros derechos fundamentales.

En primer lugar, la percepción ciudadana de una grave situación de criminalidad y violencia que se mantiene, y en segundo lugar, un sentimiento de desprotección y desconfianza en las instituciones que constitucionalmente son las responsables de brindarnos protección y reducir los índices delictivos dentro del marco de un Estado democrático de derecho.

El más reciente sondeo de opinión pública realizado por el ERIC-SJ lo confirma cuando la población consultada señala que la violencia y la inseguridad son uno de los fracasos del gobierno actual, y considera a la Policía Nacional, al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia como las instituciones menos confiables.

Esta percepción y desconfianza es un terreno fértil para que el gobierno asuma un papel populista mediante la adopción de medidas de emergencia que debilitan aún más a la institucionalidad democrática, y se desatienda de iniciar una reforma profunda e integral que permita apuntar hacia las causas estructurales generadoras de la violencia.

Una de las características de las medidas adoptadas es su ambigüedad que otorga una peligrosa discrecionalidad a policías, militares, fiscales, jueces y juezas para incluir dentro de las conductas prohibidas, otras conductas legítimas de defensa de los derechos humanos, y que pueden ser utilizadas como mecanismos de control social.

Por ello es que frente a las reformas penales recientemente aprobadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han señalado que pueden dar lugar a tergiversaciones deliberadas “para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores de derechos humanos”.

Hacemos un llamado a los diferentes sectores sociales y políticos comprometidos con los valores democráticos a seguir insistiendo en la ilegalidad e ilegitimidad de tales reformas, y exigimos al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que se sume a las peticiones de inconstitucionalidad de las mismas ante la Sala de lo Constitucional, y a ésta que dé una respuesta congruente con la Constitución de la República y los estándares internacionales en la materia.