Hablar de las Fuerzas Armadas en Honduras es hablar de fidelidad canina al poder, al que han defendido a toda costa, pisoteando la dignidad humana, irrespetando los valores democráticos y cometiendo graves violaciones a derechos humanos.
A cambio, el poder los ha premiado con impunidad y a sus altos jerarcas los ha hecho millonarios mediante el manejo dudoso del presupuesto de defensa y de la tasa de seguridad, de la que reciben cada mes el 38% de los 170 millones que se recaudan mensualmente.
En su informe “Los hechos hablan por sí mismos. Informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras 1980-1993”, el entonces Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares Lanza, documentó la desaparición de al menos 184 personas por parte de los militares.
En su informe sobre el golpe de Estado “Para que los hechos no se repitan”, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación constató que los militares cometieron graves violaciones a derechos humanos expresadas en muertes violentas, privación de libertad, tortura y violaciones sexuales.
Y en la crisis política derivada del fraude electoral, los militares, especialmente a través de la Policía Militar de Orden Público, son responsables de asesinatos, torturas, detenciones ilegales, hostigamientos y amenazas en contra de la población que defiende los valores democráticos.
Estos tres episodios demuestran que las Fuerzas Armadas constituyen un peligro, un riesgo, una pesadilla y un cáncer para la democracia y los derechos humanos, el cual debe ser extirpado urgentemente desde su raíz para poder reconstruir el tejido social y el sistema democrático.
Los crímenes cometidos son tan graves que nunca prescriben y por eso tenemos la esperanza que los militares hondureños tarde o temprano serán los próximos criminales juzgados como sucedió con Augusto Pinochet en Chile, con Jorge Rafael Videla en Argentina, con Alberto Fujimori en Perú, con Efraín Ríos Montt en Guatemala y con Guillermo Benavides en El Salvador.
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