Los perros de garra

Como parte del grave proceso de militarización de la sociedad y el Estado, el gobierno de Juan Orlando Hernández ha entregado amplios poderes a los militares, a quienes además ha comprado su lealtad de perro con millones de lempiras que siguen aumentando cada año y sin que rindan cuentas, les ha garantizado impunidad y les ha colocado en puestos claves para la toma de decisiones.

Al frente de dos poderosas secretarías de Estado se encuentran el general Fredy Santiago Díaz Zelaya, como ministro de Defensa, y el general Julián Pacheco Tinoco, como ministro de Seguridad. Ambos militares tienen una trayectoria impecable en golpes contra la democracia y los derechos humanos.

En los años 80 durante los cuales se aplicó la doctrina de seguridad nacional, formaron parte del grupo de poder de las Fuerzas Armadas que torturó, desapareció y asesinó a centenares de personas; durante el golpe de Estado de 2009 jugaron un papel clave en su ejecución y en las consecuentes violaciones a derechos humanos que fueron consideradas crímenes de lesa humanidad por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

A partir del año 2015 jugaron un papel sumiso y cómplice frente a la grave violación de la Constitución con la candidatura ilegal del señor Juan Orlando Hernández que transgrede la prohibición de la reelección presidencial y el principio de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República.

Y desde noviembre de 2017 hasta la fecha siguen en su papel de “perros de garra” para sostener el fraude electoral a punta de represión, asesinatos, uso indiscriminado de la fuerza, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Hasta el momento, el resultado ha sido miles de personas heridas, cientos de detenidas y 31 asesinadas según la institución estatal del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

Lo que no entienden los generales Díaz Zelaya y Pacheco Tinoco, y el coronel Óscar Reyes Paz, jefe de la Policía Militar, es que su responsabilidad se extiende a los crímenes cometidos por las fuerzas bajo su mando o autoridad y control efectivo, como es el caso de los 31 asesinatos señalados.

Si fuéramos ellos, estaríamos preocupados porque estos asesinatos pueden calificarse como crímenes de lesa humanidad, ya que se cometieron como parte de un ataque sistemático y generalizado, estaban dirigidos contra la población civil y se ejecutaron en el marco de una política de Estado para aplastar las protestas anti fraude. 

Nuestro anhelo es que comencemos el año con todas las energías y esperanzas para trabajar coordinadamente en la construcción de estos casos que permitan dar un primer paso en el camino del fin de la impunidad de los perros de garra del régimen.