En Honduras existe un
déficit intolerable de justicia y de combate a la impunidad en casos de
asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y del ambiente; por ello
es que la Organización de las Naciones Unidas
ha incluido a Honduras en una lista de 29 países que castigan a las
personas defensoras y Global Witness lo considera el país per cápita más
peligroso del mundo para ellas.
El Ministerio Público juega
un papel esencial en garantizar el derecho a la verdad como instrumento para
acabar con la impunidad y proteger los derechos humanos y a quienes los
defienden; sin embargo, en términos generales su papel se ha caracterizado por
ser ineficiente para perseguir a corruptos y violadores a derechos, pero
eficiente para criminalizar a quienes son catalogados como oposición política y
social.
Como lo constató
recientemente la CIDH, la falta de independencia e imparcialidad del Ministerio
Público y del Poder Judicial ha contribuido a que se configure una situación de
impunidad estructural, que se refleja en la existencia de una “justicia
selectiva” que, por un lado, actúa tardíamente en relación con violaciones a
derechos humanos, pero, por otra, favorece los intereses de diversos actores
vinculados al poder público.
Por ello, el derecho a la
verdad sigue siendo una tarea pendiente del sistema de justicia, no solo porque
las víctimas y sus familiares necesitan saber lo que pasó, sino también porque
la sociedad tiene el derecho de conocer los niveles de participación de las
personas responsables que puedan estar relacionadas con las altas esferas del
poder político y económico del país, o que forman parte de las altas
estructuras del Estado.
En ese sentido, la
negligencia y poca seriedad en la investigación de los hechos que conduzca a la
sanción de todas las personas responsables, tanto materiales como intelectuales,
de las transgresiones a derechos humanos, demuestran la tolerancia del Estado
frente a las mismas y fomentan la impunidad de quienes se creen con el poder
sobre la vida de las personas que piensan distinto.
Los casos de Blanca
Jeannette Kawas, Carlos Antonio Luna, Carlos Escaleras Mejía, Margarita Murillo
y Berta Cáceres, entre otros, son el reflejo de esa impunidad estructural que como
un cáncer tiene desahuciado al Estado de derecho y su sistema de justicia, y
que como ciudadanía debemos articular los diversos esfuerzos para erradicarlo y
construir una nación inclusiva y democrático.
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