martes, 28 de mayo de 2019

Democratizar lo privado para democratizar lo público

El deterioro del país es de tal magnitud que es imprescindible que los sectores democráticos opuestos al proyecto dictatorial del actual régimen tengamos claro que la única manera de avanzar hacia una vida nueva es mediante la refundación del Estado.

Ello representa una oportunidad para redefinir los pilares de una nueva institucionalidad que descanse en mayores formas de cooperación social y en un discurso feminista sobre la casa, el territorio y la familia, y ponerlo al centro de la política de lo común.

En este sentido, se requiere de un profundo proceso de democratización en dos dimensiones: la democratización política que implica, entre otras cosas, una mayor participación de grupos y personas en la fundación y control de los aparatos del Estado, y en la organización y funcionamiento del poder público.

Y la democratización de género que coloque en un plano de horizontalidad las relaciones desiguales de poder que históricamente han marcado la casa, los cuerpos y la familia, ya que la democracia se queda inconclusa sin una despatriarcalización de las relaciones humanas.

Por tanto, por coherencia democrática no podemos denunciar el autoritarismo del Estado y exigir la democratización de la vida pública, si en el ámbito privado se promueven y sostienen dictaduras particulares sustentadas en relaciones desiguales de poder que oprimen la dignidad humana, particularmente de las niñas y mujeres.

En otras palabras, tenemos la obligación de asumir “la lucha por la democracia en lo privado y en lo público” y, como lo señaló nuestra querida Berta Cáceres, “enfrentar a la dictadura basada en diferentes formas de dominación. No solo es el capitalismo depredador, no solo el racismo que también se ha fortalecido en esta dictadura, sino también el patriarcado”.

martes, 21 de mayo de 2019

Un Código Penal a la medida del régimen dictatorial


La forma en que el sistema penal de un país aborda los delitos refleja el nivel de respeto que el Estado tiene por la democracia y los derechos humanos garantizados en la Constitución de la República y en los tratados internacionales. 

En este sentido, el derecho penal puede ser un instrumento para el control social o una herramienta para poner límites a la fuerza represiva de las instituciones del Estado. 

Dependiendo de si un régimen de gobierno es democrático o autoritario, un Código Penal puede servir para mantener el estado de cosas a favor de los grupos de poder o un factor de fortalecimiento del Estado de derecho.

En virtud de lo anterior, el recién aprobado Código Penal refleja claramente dos objetivos: primero, que está diseñado para criminalizar la protesta social y pacífica, y cercenar las libertades fundamentales de la ciudadanía, particularmente de la que es opositora a la dictadura.

Segundo, que está pensado para que el crimen organizado, el narcotráfico, la impunidad, la corrupción, las violaciones a los derechos humanos y las violencias contra las mujeres puedan campar a sus anchas.

No hay ninguna duda que el régimen nacionalista tiene en sus manos la herramienta que le faltaba para consolidar su poder autoritario, tiránico, militar y fascista, y ejercer con mayor facilidad el control social y la sanción de las reivindicaciones ciudadanas.

Por eso, retomamos el llamado a los diferentes sectores sociales y políticos comprometidos con los valores democráticos para que, más allá de las posiciones políticas diversas, constituyamos un frente común contra la dictadura y sus viejas y nuevas herramientas de terror.

¿Para qué sirven los militares?: para nada


De acuerdo con la Constitución nacional, las Fuerzas Armadas tienen la función de garantizar el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República.

Sin embargo, en vez de cumplir con su papel, los militares dieron un golpe de Estado en 2009, permitieron la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández, defendieron con las armas el fraude electoral y, en definitiva, no garantizaron la alternabilidad.

También están facultadas para cooperar con la Policía Nacional en la conservación del orden público, pero se han convertido en la peor pesadilla para la ciudadanía como lo demuestran las graves violaciones a derechos humanos cometidas en la década de los 80, en el golpe de Estado y en la crisis post-electoral.

A su vez, las Fuerzas Armadas tienen que defender la integridad territorial y la soberanía, no obstante, las fronteras marítimas, aéreas y terrestres que están obligadas a proteger se han convertido en un paso fácil para la cocaína que va con destino hacia Estados Unidos.

Por ello, no es de extrañar que de acuerdo con el informe “Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2019” del Departamento de Estados de Estados Unidos, Honduras es considerada uno de los principales países productores de droga y de lavado de dinero.

Por otro lado, a las Fuerzas Armadas se les ha dado la tarea de proteger la riqueza forestal del país, pero cada año Honduras pierde entre el 2 y 3 por ciento de su bosque debido a la tala ilegal y los incendios que solo en este año han arrasado con más de 22 mil hectáreas.

En resumen, a los militares se les ha dado la responsabilidad de proteger la democracia, las elecciones, los derechos humanos, la alternabilidad en el poder, las fronteras y los bosques, y las evidencias demuestran que han fracasado debido a su complicidad y su incapacidad.

Por tanto, las Fuerzas Armadas no sirven para nada que beneficie a la sociedad, pues se han convertido en perros guardianes de quienes les tiran migajas de poder. Si no sirven para nada, deben desaparecer y así destinar el presupuesto que malgastan a garantizar condiciones de dignidad para la población.