La
forma en que el sistema penal de un país aborda los delitos refleja el nivel de
respeto que el Estado tiene por la democracia y los derechos humanos garantizados
en la Constitución de la República y en los tratados internacionales.
En este sentido, el
derecho penal puede ser un instrumento para el control social o una herramienta
para poner límites a la fuerza represiva de las instituciones del Estado.
Dependiendo de si un
régimen de gobierno es democrático o autoritario, un Código Penal puede servir para
mantener el estado de cosas a favor de los grupos de poder o un factor de fortalecimiento
del Estado de derecho.
En virtud de lo anterior, el recién aprobado
Código Penal refleja claramente dos objetivos: primero, que está diseñado para
criminalizar la protesta social y pacífica, y cercenar las libertades
fundamentales de la ciudadanía, particularmente de la que es opositora a la
dictadura.
Segundo, que está pensado para que el crimen
organizado, el narcotráfico, la impunidad, la corrupción, las violaciones a los
derechos humanos y las violencias contra las mujeres puedan campar a sus
anchas.
No hay ninguna duda
que el régimen nacionalista tiene en sus manos la herramienta que le faltaba
para consolidar su poder autoritario, tiránico, militar y fascista, y ejercer
con mayor facilidad el control social y la sanción de las reivindicaciones
ciudadanas.
Por eso, retomamos el llamado a los diferentes
sectores sociales y políticos comprometidos con los valores democráticos para
que, más allá de las posiciones políticas diversas, constituyamos un frente
común contra la dictadura y sus viejas y nuevas herramientas de terror.
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