21 de febrero de 2026
Consejo
Nacional Anticorrupción (CNA)
Asociación
para una Sociedad más Justa (ASJ)
Estimados
y estimadas:
Les
escribo desde la cercanía y el mayor respeto, pero también desde una profunda
preocupación democrática ante su silencio frente a la reforma del artículo 3
transitorio del Decreto Legislativo N° 282-2010, aprobada por el actual
Congreso Nacional al margen del procedimiento de reforma constitucional
establecido en el artículo 373 de la Constitución de la República.
No
se trata de un asunto técnico menor: estamos ante la violación de nuestra norma
suprema que no solo impacta en su naturaleza fundamental, sino también en el
principio de separación de poderes. Su trabajo anticorrupción durante tantos
años les hace conscientes de que la violación de la ley suprema es una de las
formas más graves de corrupción institucional, ya que dicha norma, como lo
señala el constitucionalista Efraín Moncada Silva, “es el estatuto esencial de la convivencia política y
social de un país”.
Ustedes
saben que el Decreto Legislativo N° 282-2010 reformó la Constitución para crear
el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, y trasladarle las
funciones administrativas que antes recaían en la Corte Suprema de Justicia,
como lo establecía el artículo 313 numeral 8. En este sentido, el artículo 3
transitorio que faculta a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia a
asumir tales funciones hasta que el Consejo sea constituido, actúa como un
“puente” constitucional para evitar un vacío de poder en el nombramiento y
remoción de las personas juezas y magistradas.
Por
tanto, al modificar el artículo 3 mediante un simple trámite de ley ordinaria,
el Congreso Nacional ha desconocido el procedimiento del artículo 373 de la
Constitución de la República, que exige mayoría calificada y ratificación en la
siguiente legislatura para cualquier reforma constitucional. Este no es un
debate abstracto. El respeto al procedimiento de reforma constitucional es la
garantía que impide que cualquier mayoría coyuntural manipule las reglas del
juego democrático y capture las instituciones.
Por
esta razón, me llama poderosamente la atención que tanto el CNA como la ASJ,
que antes alzaron su voz con fuerza e inmediatez frente a decisiones
irregulares, inconstitucionales y opacas en Congresos pasados, hoy guarden un silencio
ensordecedor ante una actuación que vulnera directamente la supremacía
constitucional.
El
CNA y la ASJ, en cumplimiento de sus mandatos, han denunciado reiteradamente
casos de corrupción, abuso de poder y falta de transparencia en distintas
administraciones, incluyendo cuestionamientos a decisiones del Congreso
Nacional anterior que se percibían contrarias a la ley y al interés público.
Con ello, se presentaron como una voz ética frente al poder.
Sin
embargo, hoy, ante una reforma que golpea el núcleo del orden constitucional y
pone en riesgo la independencia judicial, su silencio contrasta con sus propios
discursos y comunicados anteriores. No es coherente exigir transparencia,
legalidad y respeto a la Constitución cuando el Congreso está en manos de una
fuerza política, y callar cuando otra mayoría comete violaciones de igual o
mayor gravedad. La defensa de la democracia y del orden constitucional no puede
depender del color del partido en el gobierno.
Este
silencio, en un contexto de tanta fragilidad institucional, puede ser leído
como tolerancia o como una forma de complicidad. Ustedes saben perfectamente que
la corrupción no se limita al mal uso de fondos públicos; incluye también la
manipulación de las normas y la erosión deliberada del marco constitucional en
aras de intereses políticos. Saben bien que, cuando se debilitan los
contrapesos y se normaliza el irrespeto a la Constitución, la puerta queda
abierta para abusos de todo tipo, sin importar quién ocupe el poder.
Por
eso, con respeto, pero con firmeza, les invito a ser coherentes con los valores
que dicen defender. Alzar la voz hoy no es alinearse con una fuerza política
contra otra; es ponerse del lado de la Constitución, del Estado de derecho y de
la democracia. Guardar silencio, en cambio, es dejar el terreno libre para que
la excepción se convierta en regla y para que mañana, cualquier mayoría, de
cualquier signo, considere legítimo saltarse los candados constitucionales, tal
y como ha pasado en reiteradas ocasiones en nuestro país.
Yo
sigo confiando en que la historia será dura con quienes, pudiendo hablar,
eligieron callar ante la violación de la Constitución. Todavía están a tiempo
de honrar su discurso. Están a tiempo de demostrar que su compromiso con la
democracia y con nuestra norma suprema no se somete a cálculos partidarios ni a
conveniencias políticas coyunturales.
Saludos
cordiales.
Joaquín
A. Mejía Rivera
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