miércoles, 25 de noviembre de 2020
miércoles, 5 de agosto de 2020
Sin confianza ciudadana no hay democracia
La corrupción no solo afecta la vigencia de los
derechos humanos, particularmente los económicos, sociales y culturales,
también debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la
impunidad, agrava la desigualdad y entorpece el desarrollo de un país.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
en su informe 2019 sobre Honduras, la corrupción es uno de los problemas
estructurales que tiene el país y se sostiene por un sistema que beneficia a
unas cuantas personas “que tienen relaciones con altas esferas de poder
político y privado”.
Según el Consejo Nacional Anticorrupción, en
promedio Honduras pierde cada año 50 mil millones de lempiras del Presupuesto
General de la República por diferentes actos de corrupción. Esta cantidad
equivale a que cada 24 horas las personas corruptas se roban 137 millones de
lempiras.
Pero la corrupción solo es posible a la existencia
de la impunidad, que no es otra cosa que la falta de prevención, investigación
y sanción de las personas corruptas, lo cual, erosiona la confianza ciudadana
en la institucionalidad pública y provoca la desconfianza de la población en el
sistema de justicia.
Por ello, de acuerdo con el más reciente sondeo de
opinión pública del ERIC-SJ, el 85,7% de la población tiene poca o ninguna
confianza en el Congreso Nacional, el 84,3% en el gobierno central, el 80,3% en
la Corte Suprema de Justicia y el 75,9% en el Ministerio Público.
Y lo más grave es que el 85,1% de la ciudadanía
considera que los magistrados, jueces y fiscales defienden los intereses de las
personas ricas, poderosas y corruptas, y solamente el 10.7 por ciento piensa
que defienden los intereses de la sociedad.
Frente a las permanentes denuncias de la ciudadanía
y del Consejo Nacional Anticorrupción sobre los graves actos de corrupción en
el contexto de la pandemia, y la falta de acciones contundentes por parte de
las instituciones del Estado, los datos anteriores le dan toda la razón a la
población.
Una sentencia con tintes políticos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), en su informe 2009 sobre Honduras señaló que en el país sigue siendo frecuente el uso del derecho penal
como mecanismo para inhibir y hostigar a quienes ejercen el periodismo o tratan
asuntos de interés público.
Para ello, se utilizan figuras penales como la
calumnia y la difamación que restringen la libertad de expresión cuando se
trata de abordar públicamente asuntos que nos interesan a toda la sociedad, lo
cual es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado.
En este contexto se ubica
la reciente decisión judicial de no anular la sentencia que dictó el presidente
de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, en contra de la ex
comisionada de la Policía Nacional y diputada María Luisa Borjas.
Su delito fue denunciar
ante el Comisionado de Derechos Humanos que había recibido información sobre la
participación de funcionarios policiales, militares y empresarios en los
asesinatos del zar antidrogas, Alfredo Landaverde, el Fiscal Orlan Chávez y Berta Cáceres.
El empresario Camilo Atala le denunció y el poder
judicial la condenó sin valorar dos cuestiones fundamentales: en primer lugar,
que, según la doctrina de la real malicia, María Luisa Borjas
no tenía la intención de provocar un daño al honor de nadie porque solo estaba abordando
un asunto de interés público.
Y, en segundo lugar, que existen ciertos discursos
que gozan de un especial nivel de protección por su importancia crítica para el
funcionamiento de la democracia. La posible participación de agentes del Estado
y de empresarios en los asesinatos denunciados por Borjas son asuntos de
interés público.
Por tanto, lo que hizo
Rolando Argueta como presidente de la Corte Suprema de Justicia al dictar dicha
sentencia demuestra tres cosas: primero, la ignorancia intencionada o no del
máximo responsable de la justicia en Honduras en relación con los estándares
internacionales en materia de libertad de expresión.
Segundo, que tal sentencia
no sólo es una limitación directa de la libertad de expresión, sino también
puede considerarse como un método indirecto de restricción de la expresión por
su efecto inhibidor del libre flujo de ideas, opiniones e informaciones que
puedan resultar críticas u ofensivas.
Tercero, que la decisión de Rolando Argueta es política y no jurídica, y que demuestra una vez más que la justicia en Honduras no es independiente, competente ni imparcial y que baila al son de quien tiene el poder político y el poder económico.
La desaparición forzada de dirigentes garífunas
El filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio
plantea que los derechos humanos “se han convertido ‘en
uno de los indicadores principales del progreso histórico’”, sin cuyo
reconocimiento y protección no puede haber democracia.
La grave situación de los derechos humanos en
Honduras documentada por los diferentes mecanismos internacionales es un dato
que demuestra el retraso histórico en el que vive el país y una razón de peso
para comprender por qué no vivimos en democracia.
Un hecho concreto que ratifica lo anterior es el
secuestro y desaparición forzada del presidente del Patronato del Triunfo
de la Cruz y de otros 3 líderes comunitarios el pasado 18 de julio por parte de
un grupo armado vestido con indumentaria de la Dirección de Investigación
Policial.
La desaparición forzada es una de las más odiosas
violaciones a derechos humanos, constituye en sí misma la negación del ser
humano y, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, implica
un craso abandono de los principios esenciales del Estado de derecho y de una
sociedad democrática.
Estos actos solo pueden cometerse en regímenes que
desprecian la dignidad y, por eso, como lo señala Miriam Miranda, coordinadora
de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), en la dictadura corrupta
de Juan Orlando Hernández, las “maquinarias de la muerte están incólumes y
fortalecidas”.
Aunque el Estado tiene la obligación de no
practicar ni tolerar la desaparición forzada de personas en cualquier
circunstancia, y de sancionar a los responsables, el sondeo de opinión pública
del ERIC-SJ demuestra que la ciudadanía no confía en el sistema de justicia.
En este sentido, el 85.1%
de la ciudadanía considera que los magistrados, jueces y fiscales defienden los
intereses de las personas ricas, poderosas y corruptas.
Aunque tenemos que continuar exigiendo que estas instituciones cumplan con su obligación a pesar de la desconfianza, la ciudadanía en comunidad también debemos alzar la voz, denunciar en todos los espacios y desplegar solidaridad para que los compañeros garífunas aparezcan con vida y se castigue a los criminales.
Fuente: https://radioprogresohn.net/np/la-desaparicion-forzada-de-dirigentes-garifunas/
A 9 años del asesinato de Nery Geremías seguimos buscando justicia
En su informe 2019 sobre la “Situación de los
derechos humanos en Honduras”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
señala tres cuestiones: Primero, que la violencia “contra periodistas y la
impunidad de estos crímenes continúa afectando seriamente el ejercicio del
derecho a la libertad de expresión”.
Segundo, que las personas periodistas y
comunicadoras sociales enfrentan un elevado riesgo de ser víctimas de violencia
si “investigan y cubren asuntos sobre corrupción, crimen organizado, protestas
sociales y reivindicaciones de territorios”.
Tercero, que la mayoría de los asesinatos en contra
de estas personas permanece en la impunidad, lo cual ha generado miedo y
autocensura entre ellas, “así como una profunda desconfianza en las autoridades
públicas para lograr justicia”.
Esta situación convierte a Honduras en el segundo
país más letal para una persona periodista o comunicadora, y en un lugar más
peligroso que algunas zonas de guerra, de acuerdo con el Instituto Internacional de
Prensa.
El asesinato de Nery Geremías Orellana es un
ejemplo de ello. Cuando lo asesinaron tenía 26 años, era director de Radio Joconguera, ubicada
en el municipio de Candelaria, Lempira, y se desempeñaba como corresponsal de
Radio Progreso.
Mantuvo una posición crítica frente al golpe de Estado en
2009 y denunció las deficiencias en los servicios de salud pública
administrados por la Mancomunidad de Mocalempa, así como en el manejo de los
fondos de la cooperación internacional recibidos por el Comité Central Pro-Agua
de Desarrollo Integral.
Hace 9 años, un 14 de julio de 2011, fue interceptado
por unos sicarios cuando viajaba en motocicleta hacia la radio Joconguera,
quienes le dispararon en la cabeza. Hasta el momento, este crimen se encuentra
en la más absoluta impunidad.
Este asesinato refleja dos cuestiones fundamentales: primero, que el
Ministerio Público del “Fiscal 5 Estrellas” no ha querido o ha sido incapaz
para investigar este y la mayoría de crímenes relacionados con el ejercicio de
la libertad de expresión.
Segundo, que el ERIC-SJ y la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), hemos tenido que acudir a la Comisión Interamericana en representación de la familia con el fin de que se esclarezca la verdad sobre el asesinato de Nery Jeremías.
Fuente: https://eric-sj.org/np/a-9-anos-del-asesinato-de-nery-geremias-seguimos/