La corrupción no solo afecta la vigencia de los
derechos humanos, particularmente los económicos, sociales y culturales,
también debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la
impunidad, agrava la desigualdad y entorpece el desarrollo de un país.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
en su informe 2019 sobre Honduras, la corrupción es uno de los problemas
estructurales que tiene el país y se sostiene por un sistema que beneficia a
unas cuantas personas “que tienen relaciones con altas esferas de poder
político y privado”.
Según el Consejo Nacional Anticorrupción, en
promedio Honduras pierde cada año 50 mil millones de lempiras del Presupuesto
General de la República por diferentes actos de corrupción. Esta cantidad
equivale a que cada 24 horas las personas corruptas se roban 137 millones de
lempiras.
Pero la corrupción solo es posible a la existencia
de la impunidad, que no es otra cosa que la falta de prevención, investigación
y sanción de las personas corruptas, lo cual, erosiona la confianza ciudadana
en la institucionalidad pública y provoca la desconfianza de la población en el
sistema de justicia.
Por ello, de acuerdo con el más reciente sondeo de
opinión pública del ERIC-SJ, el 85,7% de la población tiene poca o ninguna
confianza en el Congreso Nacional, el 84,3% en el gobierno central, el 80,3% en
la Corte Suprema de Justicia y el 75,9% en el Ministerio Público.
Y lo más grave es que el 85,1% de la ciudadanía
considera que los magistrados, jueces y fiscales defienden los intereses de las
personas ricas, poderosas y corruptas, y solamente el 10.7 por ciento piensa
que defienden los intereses de la sociedad.
Frente a las permanentes denuncias de la ciudadanía
y del Consejo Nacional Anticorrupción sobre los graves actos de corrupción en
el contexto de la pandemia, y la falta de acciones contundentes por parte de
las instituciones del Estado, los datos anteriores le dan toda la razón a la
población.
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