Una de las maneras más comunes que utilizan las
comunidades y organizaciones sociales para manifestar su rechazo u oposición a
decisiones que afectan sus derechos, son los llamados campamentos por la
dignidad y las tomas de instalaciones públicas o privadas.
Al hacerlo, su intención no es apropiarse de esos lugares,
sino expresar su rechazo como una forma de ejercicio colectivo de la libertad
de expresión, particularmente cuando los canales institucionales son ineficaces
para resolver sus legítimas demandas.
El artículo 378 del nuevo Código Penal establece una
pena de prisión de 2 a 4 años a quien, entre otras cosas, ocupe o usurpe un
bien inmueble. En otras palabras, incluye dentro del delito de usurpación a los
actos de protesta que implican una ocupación temporal, pero sin ánimo de
apropiación.
Para que exista el delito de usurpación se requiere
que quien ocupe un espacio tenga la intención de incorporarlo a su patrimonio
personal. Obviamente, no es usurpación cuando el estudiantado se toma las
instalaciones universitarias o una comunidad instala un campamento para
defender los bienes comunes.
Sin embargo, con la inclusión de este delito se
abre peligrosamente la puerta para criminalizar actos de protesta o de
reivindicación de derechos sociales por grupos u organizaciones que generalmente
realizan tomas de instalaciones públicas o privadas con tales fines.
Si antes de la entrada del nuevo Código Penal el
sistema de justicia viene usando indebidamente el delito de usurpación en
contra de quienes organizan o participan en manifestaciones, sentadas o
campamentos en espacios privados o públicos, ahora esta práctica abusiva se ha
legalizado.
Como lo señala el Relator
Especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos
humanos, con este delito se seguirá criminalizando a quienes ejercen el derecho de reunión pacífica y se aplicará en
contextos de manifestaciones pacíficas y desalojos, pese a no haber intención
de apropiación.
El
Relator Especial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del
Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos han rechazado
enérgicamente el uso del delito de usurpación para atacar el derecho pacífico de reunión
que puede “adoptar la forma de sentada o concentración con el propósito de
expresar quejas o anhelos”. Como sociedad, debemos sumarnos a este rechazo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario