Desde el 28 de junio de 2009 hasta el 27 de enero de 2010, día en que asumió el poder el señor Lobo Sosa, las violaciones a los derechos humanos eran ejecutadas de forma masiva y pública por militares y policías; pero a partir del 28 de enero, las mismas están siendo cometidas de forma selectiva y en el marco de una modalidad de baja intensidad con la intención de desarticular y acallar toda oposición al golpe de Estado y su continuidad.
De acuerdo con el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODEH, se observa un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos caracterizado por la actuación con total impunidad de los autores materiales e intelectuales; la utilización de uniformes y armas de la policía y el ejército; la similitud de las prácticas de tortura en todos los casos que se han documentado; la selección de las víctimas como resultado de prácticas de seguimiento y control de itinerarios; y el robo de computadoras portátiles y documentación importante de las víctimas.
En este escenario, se han cometido nuevos asesinatos contra el pueblo hondureño que ratifican que en Honduras estamos viviendo una reedición de la doctrina de seguridad nacional que nos causó tanta muerte y dolor en los años ochenta. El 17 de marzo fueron asesinados Francisco Castillo, miembro de la resistencia nacional; y los campesinos José Antonio Cardoza y José Carías, directivos de la cooperativa Brisas de COHDEFOR, en Carbonales, Bonito Oriental, en la costa caribeña del país.
El 23 de marzo fue asesinado el profesor José Manuel Flores, miembro activo del Frente Nacional de Resistencia Popular, dirigente magisterial y político y miembro del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA). Sus asesinos llegaron hasta el centro de estudios donde trabajaba y le dispararon frente a sus alumnos y compañeros docentes. El 26 de marzo fueron asesinados los periodistas Bayardo Mairena y Manuel Juárez en el departamento de Olancho cuando se conducían en su vehículo a realizar labores periodísticas y fueron alcanzados por otro carro desde el cual les dispararon varias ráfagas de metralleta.
La comunidad internacional no puede ignorar la gravedad de esta situación y si no quiere sentar un precedente funesto para la democracia en América Latina no debería reconocer al gobierno de Lobo Sosa mientras no se garantice el derecho del pueblo hondureño y de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad de lo que está sucediendo, pues la verdad es la herramienta más poderosa para luchar contra la impunidad, ya que permitirá la sanción de los responsables materiales e intelectuales y el establecimiento de un precedente para evitar a toda costa la repetición de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el marco del golpe de Estado y que continúan perpetrándose bajo el gobierno de Lobo Sosa.
Espacio relacionado con la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.
martes, 30 de marzo de 2010
lunes, 29 de marzo de 2010
Siguen
Por Santiago O’Donnell
Siguen llegando noticias escalofriantes desde Honduras. Hace tres semanas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había denunciado que existe una acción coordinada de fuerzas represivas para secuestrar, violar, torturar y asesinar a los hijos e hijas de militantes del Frente para la Resistencia. Ahora nos enteramos del asesinato de tres periodistas en la primera quincena de marzo. Y cómo los mataron.
El viernes se sumaron dos nuevas muertes. Los periodistas Bayardo Mairena y Manuel Juárez aparecieron baleados dentro de un auto cuando regresaban a la ciudad de Julticalpa, en el departamento de Olancho. Venían de la ciudad vecina de Catacamas de transmitir un programa de radio.
Según denuncia un grupo de organizaciones de derechos humanos europeas, casi treinta balazos de AK-47 contra Nahúm Palacios, más de cuarenta tiros a Joseph Ochoa y, ejecutado “en similares circunstancias que las de Palacios”, David Meza Montecinos.
El caso Nahúm Palacios da una idea del nivel de impunidad de que gozan las fuerzas represivas.
“El pasado domingo, 14 de marzo, a las 11 de la noche fue asesinado el periodista Nahúm Palacios, quien fue director del Canal 5 de televisión en el Aguán. Según fuentes policiales, los criminales le asestaron casi treinta balazos de AK-47 antes de que llegara a su vivienda en el barrio Los Pinos de Tocoa, mientras conducía su vehículo. La persona que lo acompañaba fue gravemente herida. Desde el golpe de Estado el 28 de junio del 2009, Nahúm Palacios había sido víctima de múltiples amenazas y atropellos por parte de los militares de la zona, en particular por el mismo capitán tercero de la Base Naval de Castilla, quien además ordenó la detención de cuatro miembros de Televisora del Aguán, Canal 5, tal como fue documentado posteriormente en el informe que entregamos el 7 de agosto del 2009 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana, por su parte, exigió al Estado hondureño decretar medidas cautelares de protección a favor del periodista Palacios. En su informe del 20 de enero del 2010, la CIDH hizo referencia explícita al caso de Nahúm Palacios y el Canal 5 en los siguientes términos: “En el departamento de Colón, al menos dos canales fueron obligados a cortar su transmisión por varios días. Tal fue lo que sucedió con el Canal La Cumbre y Televisora de Aguán, Canal 5. Nahúm Palacios, director de Canal 5, relató a la CIDH que el 28 de junio “varios miembros de las Fuerzas Armadas ingresaron al canal” y lo “obligaron a cortar la transmisión”. Durante los últimos días, Palacios transmitió vasta información sobre el conflicto agrario en el Bajo Aguán.
La noticia sale de un comunicado de organizaciones humanitarias encabezadas por la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México. No se lee en los grandes diarios, sino que aparece, entre los correos basura, en la casilla de esta columna.
El caso de Ochoa está también lejos de esclarecerse. El blanco del ataque del 5 de marzo aparentemente era la persona que viajaba con él y que resultó gravemente herida, Karol Cabrera, una conductora televisiva que había apoyado el golpe de Estado. Pero la conductora también había sufrido el asesinato de su hija en diciembre y en ese caso, que tampoco se esclareció, los investigadores no encontraron pruebas de una motivación política.
Por eso no queda claro si el asesinato de Ochoa está relacionado con la periodista que lo acompañaba, o si está vinculado con los problemas familiares de la periodista, aunque Cabrera culpó a “partidarios de Zelaya”, en referencia al presidente derrocado.
En el mismo día en que sucedió, el caso Ochoa fue denunciado por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York. Lamentablemente, el asesinato de Nahúm Palacios no recibió el mismo tratamiento por parte del CPJ, pese a que en el caso de Palacios la relación entre su muerte y su trabajo de periodista es clarísima, mucho más que en el caso de Ochoa.
A esta altura, lo menos que puede decirse de este régimen que gobierna Honduras es que nació en terapia intensiva y sobrevive con pulmotor. Cuando el gobierno de Estados Unidos decidió avalar las elecciones de noviembre pasado, debió saber que hoy gobernarían los sectores que llevaron adelante el golpe y que buscarían continuar con la política estatal de represión abierta y clandestina que tantos resultados les trajo durante la dictadura. Debió saber también que esa política represiva, a la larga o a la corta, genera respuestas.
¿Qué otra cosa puede esperarse de un gobierno elegido bajo estado de sitio y con el presidente legítimo encerrado en una embajada rodeada de milicos? Pero da la impresión de que lo único que le importa a Washington es el compromiso del presidente Porfirio Lobo de retirarse de Petro Caribe y el ALBA, esto es, borrar cualquier vestigio de chavismo en el país, esto es, frenar a cualquier costo la expansión del chavismo en la región, como si fuera una remake de la Guerra Fría y su triste capítulo centroamericano. Por eso presiona a sus clientes centroamericanos para que pidan la readmisión de Honduras a la Organización de los Estados Americanos. Por eso deja hacer a Lobo y a su secretario de Seguridad de super-mano dura, Oscar Alvarez.
Resultado: el periodista de la Resistencia Nahúm Palacios muere bajo una lluvia de balazos, pagando el precio de haberse atrevido a denunciar la censura ante un organismo internacional. Tres periodistas acribillados a balazos en menos de un mes.
Podría llamar la atención que ante semejante agresión, para colmo en las narices de la CIDH, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) no haya encontrado tiempo para pronunciarse. Sin embargo, el organismo que nuclea a los grandes medios de la región, empezando por los estadounidenses, parece priorizar otras libertades por encima del derecho a no ser asesinado por expresar una opinión.
Denuncia regularmente a los gobiernos de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, a veces con razón, de atropellos a sus empresas y sus periodistas. La página web de la SIP está llena de información sobre esos países. Pero sólo le dedica dos párrafos a la situación en Honduras en un informe colgado hace doce meses. La mención es para el asesinato del periodista Carlos Salgado, ocurrido un año y medio antes del golpe, por razones aún desconocidas. En ese caso la SIP, tardíamente y sin demasiadas precisiones, decidió “requerir a las autoridades que profundicen y avancen en las investigaciones del asesinato de Carlos Salgado hasta dar con los culpables intelectuales y materiales y conocer los móviles del crimen; así como a garantizar la seguridad de los periodistas”. Salgado era un locutor radial, comentarista y humorista que molestaba a muchos políticos, incluyendo a Manuel Zelaya, el entonces presidente que luego sería derrocado por el golpe.
Está muy bien que la SIP lo recuerde, pero su página web nada dice de la feroz censura y represión desatada por el golpe de junio del 2009, empezando con la alevosa toma militar de estaciones de radio y televisión que criticaban a los golpistas, la descarada represión y detención de los periodistas que cubrían las protestas, y la grosera interrupción de señales internacionales en el mismo momento en que el dictador Goriletti usurpaba el poder. Tampoco dice nada sobre la seguidilla de asesinatos que inauguró la presidencia de Lobo.
Tampoco parece importarles demasiado a las organizaciones para la defensa de los periodistas que afloraron en los últimos años en la región, tanto las que reciben financiamiento del Departamento de Estado estadounidense como las más independientes.
Y los poderes que apuntalan al gobierno hondureño no hacen nada y los grandes medios no dicen nada mientras mueren en Honduras los hijos e hijas de los militantes de la Resistencia. Y mientras mueren, también, los periodistas que denuncian esas muertes. Y siguen. Y no pasa nada.
FUENTE: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-142806-2010-03-28.html
Siguen llegando noticias escalofriantes desde Honduras. Hace tres semanas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había denunciado que existe una acción coordinada de fuerzas represivas para secuestrar, violar, torturar y asesinar a los hijos e hijas de militantes del Frente para la Resistencia. Ahora nos enteramos del asesinato de tres periodistas en la primera quincena de marzo. Y cómo los mataron.
El viernes se sumaron dos nuevas muertes. Los periodistas Bayardo Mairena y Manuel Juárez aparecieron baleados dentro de un auto cuando regresaban a la ciudad de Julticalpa, en el departamento de Olancho. Venían de la ciudad vecina de Catacamas de transmitir un programa de radio.
Según denuncia un grupo de organizaciones de derechos humanos europeas, casi treinta balazos de AK-47 contra Nahúm Palacios, más de cuarenta tiros a Joseph Ochoa y, ejecutado “en similares circunstancias que las de Palacios”, David Meza Montecinos.
El caso Nahúm Palacios da una idea del nivel de impunidad de que gozan las fuerzas represivas.
“El pasado domingo, 14 de marzo, a las 11 de la noche fue asesinado el periodista Nahúm Palacios, quien fue director del Canal 5 de televisión en el Aguán. Según fuentes policiales, los criminales le asestaron casi treinta balazos de AK-47 antes de que llegara a su vivienda en el barrio Los Pinos de Tocoa, mientras conducía su vehículo. La persona que lo acompañaba fue gravemente herida. Desde el golpe de Estado el 28 de junio del 2009, Nahúm Palacios había sido víctima de múltiples amenazas y atropellos por parte de los militares de la zona, en particular por el mismo capitán tercero de la Base Naval de Castilla, quien además ordenó la detención de cuatro miembros de Televisora del Aguán, Canal 5, tal como fue documentado posteriormente en el informe que entregamos el 7 de agosto del 2009 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana, por su parte, exigió al Estado hondureño decretar medidas cautelares de protección a favor del periodista Palacios. En su informe del 20 de enero del 2010, la CIDH hizo referencia explícita al caso de Nahúm Palacios y el Canal 5 en los siguientes términos: “En el departamento de Colón, al menos dos canales fueron obligados a cortar su transmisión por varios días. Tal fue lo que sucedió con el Canal La Cumbre y Televisora de Aguán, Canal 5. Nahúm Palacios, director de Canal 5, relató a la CIDH que el 28 de junio “varios miembros de las Fuerzas Armadas ingresaron al canal” y lo “obligaron a cortar la transmisión”. Durante los últimos días, Palacios transmitió vasta información sobre el conflicto agrario en el Bajo Aguán.
La noticia sale de un comunicado de organizaciones humanitarias encabezadas por la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México. No se lee en los grandes diarios, sino que aparece, entre los correos basura, en la casilla de esta columna.
El caso de Ochoa está también lejos de esclarecerse. El blanco del ataque del 5 de marzo aparentemente era la persona que viajaba con él y que resultó gravemente herida, Karol Cabrera, una conductora televisiva que había apoyado el golpe de Estado. Pero la conductora también había sufrido el asesinato de su hija en diciembre y en ese caso, que tampoco se esclareció, los investigadores no encontraron pruebas de una motivación política.
Por eso no queda claro si el asesinato de Ochoa está relacionado con la periodista que lo acompañaba, o si está vinculado con los problemas familiares de la periodista, aunque Cabrera culpó a “partidarios de Zelaya”, en referencia al presidente derrocado.
En el mismo día en que sucedió, el caso Ochoa fue denunciado por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York. Lamentablemente, el asesinato de Nahúm Palacios no recibió el mismo tratamiento por parte del CPJ, pese a que en el caso de Palacios la relación entre su muerte y su trabajo de periodista es clarísima, mucho más que en el caso de Ochoa.
A esta altura, lo menos que puede decirse de este régimen que gobierna Honduras es que nació en terapia intensiva y sobrevive con pulmotor. Cuando el gobierno de Estados Unidos decidió avalar las elecciones de noviembre pasado, debió saber que hoy gobernarían los sectores que llevaron adelante el golpe y que buscarían continuar con la política estatal de represión abierta y clandestina que tantos resultados les trajo durante la dictadura. Debió saber también que esa política represiva, a la larga o a la corta, genera respuestas.
¿Qué otra cosa puede esperarse de un gobierno elegido bajo estado de sitio y con el presidente legítimo encerrado en una embajada rodeada de milicos? Pero da la impresión de que lo único que le importa a Washington es el compromiso del presidente Porfirio Lobo de retirarse de Petro Caribe y el ALBA, esto es, borrar cualquier vestigio de chavismo en el país, esto es, frenar a cualquier costo la expansión del chavismo en la región, como si fuera una remake de la Guerra Fría y su triste capítulo centroamericano. Por eso presiona a sus clientes centroamericanos para que pidan la readmisión de Honduras a la Organización de los Estados Americanos. Por eso deja hacer a Lobo y a su secretario de Seguridad de super-mano dura, Oscar Alvarez.
Resultado: el periodista de la Resistencia Nahúm Palacios muere bajo una lluvia de balazos, pagando el precio de haberse atrevido a denunciar la censura ante un organismo internacional. Tres periodistas acribillados a balazos en menos de un mes.
Podría llamar la atención que ante semejante agresión, para colmo en las narices de la CIDH, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) no haya encontrado tiempo para pronunciarse. Sin embargo, el organismo que nuclea a los grandes medios de la región, empezando por los estadounidenses, parece priorizar otras libertades por encima del derecho a no ser asesinado por expresar una opinión.
Denuncia regularmente a los gobiernos de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, a veces con razón, de atropellos a sus empresas y sus periodistas. La página web de la SIP está llena de información sobre esos países. Pero sólo le dedica dos párrafos a la situación en Honduras en un informe colgado hace doce meses. La mención es para el asesinato del periodista Carlos Salgado, ocurrido un año y medio antes del golpe, por razones aún desconocidas. En ese caso la SIP, tardíamente y sin demasiadas precisiones, decidió “requerir a las autoridades que profundicen y avancen en las investigaciones del asesinato de Carlos Salgado hasta dar con los culpables intelectuales y materiales y conocer los móviles del crimen; así como a garantizar la seguridad de los periodistas”. Salgado era un locutor radial, comentarista y humorista que molestaba a muchos políticos, incluyendo a Manuel Zelaya, el entonces presidente que luego sería derrocado por el golpe.
Está muy bien que la SIP lo recuerde, pero su página web nada dice de la feroz censura y represión desatada por el golpe de junio del 2009, empezando con la alevosa toma militar de estaciones de radio y televisión que criticaban a los golpistas, la descarada represión y detención de los periodistas que cubrían las protestas, y la grosera interrupción de señales internacionales en el mismo momento en que el dictador Goriletti usurpaba el poder. Tampoco dice nada sobre la seguidilla de asesinatos que inauguró la presidencia de Lobo.
Tampoco parece importarles demasiado a las organizaciones para la defensa de los periodistas que afloraron en los últimos años en la región, tanto las que reciben financiamiento del Departamento de Estado estadounidense como las más independientes.
Y los poderes que apuntalan al gobierno hondureño no hacen nada y los grandes medios no dicen nada mientras mueren en Honduras los hijos e hijas de los militantes de la Resistencia. Y mientras mueren, también, los periodistas que denuncian esas muertes. Y siguen. Y no pasa nada.
FUENTE: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-142806-2010-03-28.html
Relatoría Especial condena homicidio de periodistas hondureños y urge al Estado esclarecer estos crímenes y adoptar mecanismos de protección
COMUNICADO DE PRENSA
No. 39/10
RELATORÍA ESPECIAL CONDENA HOMICIDIO DE PERIODISTAS HONDUREÑOS Y URGE AL ESTADO ESCLARECER ESTOS CRIMENES Y ADOPTAR MECANISMOS DE PROTECCION
Washington D.C., 27 de marzo de 2010- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de los periodistas del Canal 4 R.Z.Televisión y Radio Excélsior, Bayardo Mairena y Manuel Juárez, el 26 de marzo en el Departamento de Olancho, Honduras. La Relatoría Especial expresa su profunda preocupación por la gravedad de la situación de vulnerabilidad que atraviesa la prensa en Honduras. En los primeros tres meses del año han sido asesinados cinco periodistas sin que a la fecha se conozcan medidas para prevenir estos crímenes o se conozcan avances en las correspondientes investigaciones. Honduras se ha convertido en uno de los países con mayor riesgo para el ejercicio del periodismo en toda la región.
Según la información recibida, Mairena y Juárez se dirigían en un auto particular por la carretera cercana a la ciudad de Juticalpa, cuando fueron alcanzados por otro vehículo desde el cual les dispararon varias ráfagas de metralleta. Fuentes consultadas por la Relatoría Especial señalaron que recientemente Mairena había realizado informes periodísticos relacionados con el conflicto de tierras y el crimen organizado en Honduras.
La Relatoría Especial reitera su profunda preocupación por la situación particularmente grave que viven los periodistas hondureños, y el hecho que de los cinco homicidios ocurridos en el 2010, hasta el momento, no se conozca ningún resultado de las investigaciones policiales. Asimismo, la Relatoría Especial urge al Estado de Honduras a crear mecanismos efectivos de protección de los comunicadores en riesgo y a que investigue todos los casos de manera eficiente, diligente y oficiosa, a través de cuerpos técnicos especializados; y capture y sancione adecuadamente a todos los responsables de estos crímenes.
La Relatoría Especial recuerda al Estado que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
No. 39/10
RELATORÍA ESPECIAL CONDENA HOMICIDIO DE PERIODISTAS HONDUREÑOS Y URGE AL ESTADO ESCLARECER ESTOS CRIMENES Y ADOPTAR MECANISMOS DE PROTECCION
Washington D.C., 27 de marzo de 2010- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de los periodistas del Canal 4 R.Z.Televisión y Radio Excélsior, Bayardo Mairena y Manuel Juárez, el 26 de marzo en el Departamento de Olancho, Honduras. La Relatoría Especial expresa su profunda preocupación por la gravedad de la situación de vulnerabilidad que atraviesa la prensa en Honduras. En los primeros tres meses del año han sido asesinados cinco periodistas sin que a la fecha se conozcan medidas para prevenir estos crímenes o se conozcan avances en las correspondientes investigaciones. Honduras se ha convertido en uno de los países con mayor riesgo para el ejercicio del periodismo en toda la región.
Según la información recibida, Mairena y Juárez se dirigían en un auto particular por la carretera cercana a la ciudad de Juticalpa, cuando fueron alcanzados por otro vehículo desde el cual les dispararon varias ráfagas de metralleta. Fuentes consultadas por la Relatoría Especial señalaron que recientemente Mairena había realizado informes periodísticos relacionados con el conflicto de tierras y el crimen organizado en Honduras.
La Relatoría Especial reitera su profunda preocupación por la situación particularmente grave que viven los periodistas hondureños, y el hecho que de los cinco homicidios ocurridos en el 2010, hasta el momento, no se conozca ningún resultado de las investigaciones policiales. Asimismo, la Relatoría Especial urge al Estado de Honduras a crear mecanismos efectivos de protección de los comunicadores en riesgo y a que investigue todos los casos de manera eficiente, diligente y oficiosa, a través de cuerpos técnicos especializados; y capture y sancione adecuadamente a todos los responsables de estos crímenes.
La Relatoría Especial recuerda al Estado que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
jueves, 25 de marzo de 2010
La situación de los derechos humanos en Honduras en el escenario postgolpe de Estado
Las notas al pie de página han sido suprimidas por motivos de espacio.
1. La democracia en Honduras antes del golpe de Estado.
La Constitución de Honduras de 1982 marcó el inicio del camino de la democracia con la esperanza de avanzar en la construcción de una sociedad política, económica y socialmente justa. Aunque durante este tiempo ha habido incipientes avances institucionales, el balance que nos dejan casi 3 décadas de democracia formal no es nada alentador.
Dicho balance nos muestra que algunas de las reformas en materia económica y jurídica realizadas han servido para profundizar la violencia, la desigualdad y la exclusión; la economía construida durante estos años sólo ha significado la consolidación de un modelo que ha privilegiado los intereses de una elite, ha destruido el papel del Estado como factor de cohesión social, ha afectado la soberanía nacional, ha profundizado la desigualdad social y ha deteriorado las condiciones de vida de la mayoría de los hondureños y hondureñas.
Las instituciones públicas se han convertido en pesadas cargas burocráticas caracterizadas por su ineficacia y su ineficiencia casi generalizada para cumplir con sus funciones constitucionales; los permanentes y frecuentes escándalos de corrupción económica y política han estado a la orden del día; el sistema judicial se ha mantenido al servicio de los sectores que detentan el poder económico y político; y los derechos humanos han significado discursos vacíos de contenido para amplios sectores de la sociedad.
El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 ha venido a profundizar la grave crisis estructural que venimos arrastrando por décadas; también ha desnudado que pese a que la Constitución de la República prevé los mecanismos mínimos para promover el Estado de derecho, la clase política hondureña sólo ha gobernado en función de sus propios intereses y ha mostrado su total incapacidad, desprecio y negligencia para responder a los intereses de las grandes mayorías.
En otras palabras, con el rompimiento del orden constitucional quedaron expuestas en mayor grado la situación de fragilidad social, de pobreza y desigualdad, y de deficiencia institucional, y algunas medidas adoptadas por el gobierno de facto “se tradujeron en dificultades adicionales para el acceso de la población a los derechos más básicos, en particular la atención de salud, la educación y la alimentación. Algunos programas institucionales asociados con esos derechos sufrieron un colapso total”.
2. El impacto del golpe de Estado en los derechos humanos.
El Estado hondureño es uno de los que más sentencias condenatorias ha recibido en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en todas los casos denunciados el común denominador ha sido la impunidad con la que han actuado los responsables intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos humanos debido a la falta de una investigación seria y diligente por parte de las autoridades nacionales. Esto implica que a las víctimas se les ha negado el acceso a la justicia en el ámbito local y que el Estado ha sido incapaz de cumplir con uno de los imperativos fundamentales que caracterizan a todo Estado de derecho: la garantía del respeto y protección de los derechos humanos.
Para cumplir con esta exigencia es necesario que el Estado organice todo su aparato gubernamental y todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera que pueda ser capaz de prevenir, investigar y sancionar cualquier violación de los derechos humanos, y procurar, además, la restitución, si es posible, del derecho vulnerado y, en su defecto, la reparación de los daños producidos por dicha violación, dado que un Estado sólo se justifica y legitima en la medida que reconoce, protege y promueve tales derechos consagrados en su Constitución política y en los tratados internacionales que ha ratificado.
Antes del golpe de Estado, la situación de los derechos humanos en Honduras ya inquietaba a algunos órganos de Naciones Unidas (en adelante la ONU) como el Comité contra la Tortura, que en su momento expresó su preocupación por los “persistentes actos de hostigamiento y persecución, incluidas amenazas, asesinatos y otras violaciones de los derechos humanos que experimentan defensores de los derechos humanos, ambientalistas y otros activistas políticos, y por la impunidad de dichos actos”, en virtud de lo cual le recomendó al Estado adoptar medidas eficaces para prevenirlos y proteger a las personas de los mismos, así como asegurar la realización de una investigación pronta, exhaustiva y eficaz, y aplicar el castigo correspondiente a los autores de tales acciones.
Con el golpe de Estado la situación de los derechos humanos se deterioró a niveles alarmantes y su violación generalizada y sistemática se enmarcó dentro de una política de Estado ejecutada de forma pública y manifiesta, en donde todas las instituciones claves del sector justicia como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos han defendido el rompimiento del orden constitucional y han avalado las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, policías y paramilitares.
Lo anterior ha sido confirmado por varios organismos en el ámbito de la Organización de Estados Americanos (en adelante la OEA) y de la ONU; así la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la CIDH), en su informe “Honduras: Derechos Humanos y golpe de Estado” estableció que junto con la deslegitimación institucional originada por el golpe de Estado, se han producido graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo muertes, declaración arbitraria del estado de excepción, represión de manifestaciones públicas a través del uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, militarización del territorio, aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos de las mujeres, serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos. La CIDH también comprobó la ineficacia de los recursos judiciales para proteger los derechos humanos.
En el marco de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos condenó rotundamente las violaciones a los derechos humanos cometidas en Honduras durante el golpe de Estado y llamó al fin de las mismas y al respeto incondicional de todos ellos y de las libertades fundamentales; además, mediante la Resolución 12/14 titulada “Situación de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009”, solicitó a la titular de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en adelante la OACNUDH), Navi Pillay, que presentara un estudio sobre las violaciones cometidas para darlo a conocer ante el propio Consejo y ante la Asamblea General de la ONU.
Para ello, la OACNUDH envió a Honduras entre el 18 de octubre y el 07 de noviembre de 2009 un equipo con la tarea de compilar información para un informe especial sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de facto, el cual fue sometido a discusión del Consejo durante su sesión de marzo de este año. En este informe, la OACNUDH ratificó (a) que en el marco del golpe de Estado se cometieron asesinatos, miles de detenciones arbitrarias, censura, abusos sexuales, torturas y malos tratos, entre otras violaciones a los derechos humanos; y (b) que existe una ausencia de investigaciones judiciales independientes, oportunas y efectivas que han garantizado la impunidad de los responsables de estos crímenes, y que han dejado a las víctimas sin protección ni reparación adecuada.
Por otra parte, varios relatores especiales de la ONU, entre ellos el Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, El Hadji Malick Sow, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, y el Relator Especial contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, Manfred Nowak, han manifestado su seria preocupación por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de facto, entre las que sobresalen muertes, detenciones a gran escala en centros de detención no autorizados, suspensión de las libertades de opinión y expresión, circulación y reunión, así como ataques, agresiones y actos de intimidación contra periodistas y defensores de derechos humanos.
A su vez, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, expresó preocupación por la posible utilización de ex paramilitares de Colombia para proteger propiedades e individuos en caso de nuevos actos de violencia y para apoyar el golpe de Estado. Y finalmente, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Leandro Despouy, condenó y censuró el comportamiento de la Corte Suprema de Justicia hondureña por participar y avalar la ruptura del Estado de derecho que ya ha causado varios muertos y heridos entre la población civil, y por apartarse de las reglas de independencia e imparcialidad que deben caracterizar a dicho órgano.
En el mismo sentido, Amnistía Internacional hizo público un informe titulado “Recomendaciones al nuevo gobierno de Honduras tras el golpe de Estado de junio de 2009”, en el que documenta violaciones generalizadas de los derechos humanos contra el pueblo hondureño por parte de policías y militares, entre ellas, uso excesivo de la fuerza, asesinatos, torturas y otros tratos crueles y degradantes, detenciones arbitrarias y hostigamiento e intimidación de jueces, periodistas, defensores de derechos humanos y demás opositores al golpe de Estado.
Este escenario de violación masiva y sistemática de los derechos humanos ratifica que el Estado hondureño incumple su obligación de combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles, lo cual propicia la repetición crónica de la violencia “y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.
Bajo estos parámetros, la impunidad y su consecuente privación del derecho a la justicia se han convertido en un componente estructural de la cotidianidad nacional, pues las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del golpe de Estado y a partir de la toma de posesión del nuevo gobierno surgido de unas elecciones ilegítimas, no están siendo investigadas, sancionadas ni reparadas en los términos exigidos por la legislación nacional y los estándares internacionales.
3. Elecciones bajo un gobierno de facto: ¿La salida a la crisis política?
Tanto a nivel nacional como internacional, los sectores que han apoyado el golpe de Estado iniciaron una campaña sistemática para legitimar la idea de que las elecciones generales del pasado 29 de noviembre eran la salida a la crisis política, ya que sólo en el marco de las elecciones y a partir de la toma de posesión del nuevo gobierno tal situación sería un asunto del pasado.
La comunidad internacional, con excepción de los Estados Unidos, dejó claro que hablar de elecciones democráticas bajo un gobierno de facto es ignorar que para ello es imperativo la existencia de unas condiciones que garanticen el respeto de los derechos humanos y un régimen de libertades públicas que asegure permanentemente las libertades de pensamiento, de información, de expresión, de organización, de petición, de manifestación pacífica, etc., como elementos esenciales de la democracia participativa.
Evidentemente, tales condiciones han estado ausentes en el país desde el 28 de junio de 2009 pues la población hondureña ha vivido en un constante estado de sitio, con sus derechos y libertades prácticamente suprimidos y con altos niveles de militarización nacional como si se tratase de un ambiente de guerra.
Como resultado de la persecución política que el gobierno de facto ejecutó a través de policías, militares y paramilitares en contra de las personas en resistencia democrática y pacífica, más de una veintena de ellas fueron asesinadas, más de 4 mil personas sufrieron diferentes tipos de violaciones a sus derechos humanos, decenas sufrieron atentados contra su vida e integridad, centenares de personas fueron amenazadas de muerte, centenares fueron acusadas y apresadas por motivos políticos, centeneras de personas sufrieron torturas y otras miles fueron lesionadas y heridas a causa de la represión, y miles de personas fueron detenidas ilegalmente.
Antes y durante las elecciones del 29 de noviembre, el gobierno de facto creó un clima de terror y de guerra psicológica mediante la militarización de la sociedad y la demostración del poderío policial-militar dispuesto a acallar cualquier disidencia. En este marco, la policía y los militares ejecutaron decenas de allanamientos de casas y de sedes de organizaciones sociales, desarrollaron retenes en las carreteras, detuvieron ilegalmente a decenas de personas, realizaron hostigamientos y amenazas, y militarizaron comunidades enteras. En San Pedro Sula, la capital industrial del país, una marcha pacífica en la que participaban familias enteras fue salvajemente reprimida por la policía y el ejército, resultando decenas de heridos y detenidos, incluidos un periodista internacional y un observador de una misión internacional de derechos humanos.
Si a todo este clima de represión le sumamos el alto abstencionismo, la falta de presencia de observadores electorales oficiales calificados y la violación de la Ley Electoral que prohíbe la presencia de militares a menos de 100 metros de los centros de votación, así como la supresión por parte del Tribunal Nacional de Elecciones del uso de la tinta indeleble como requisito indispensable para el desarrollo de las elecciones, entre otras cosas, es más que evidente que las elecciones del 29 de noviembre no se desarrollaron en un clima de transparencia, igualdad, participación, libertad y legalidad.
Sobre la base de lo anterior, se puede afirmar con contundencia que las elecciones generales en Honduras no han sido justas ni libres y por tanto, el gobierno surgido de las mismas no goza de la legitimidad necesaria en un Estado de derecho. Por tanto, es un deber moral y legal para con la democracia y la soberanía del pueblo hondureño que la mayoría de Estados que conforman la comunidad internacional no reconozca los resultados electorales si antes no se sanean las instituciones del Estado que siguen en manos de los promotores del golpe de Estado y si no se dan pasos contundentes para investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de las graves violaciones a los derechos humanos que han sido suficientemente documentadas.
4. El escenario postgolpe en materia de derechos humanos.
Desde el 28 de junio de 2009–día del golpe de Estado- hasta el 27 de enero de 2010 – día de la toma de posesión del nuevo gobierno-, las violaciones a los derechos humanos eran ejecutadas de forma masiva y pública por militares y policías; pero a partir del 28 de enero, las mismas están siendo cometidas de forma selectiva y en el marco de una modalidad de baja intensidad con la intención de desarticular especialmente los mandos medios de la resistencia hondureña.
En este sentido, se observa un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos caracterizado por la actuación con total impunidad de los autores; la utilización de uniformes y armas de la policía y el ejército; la similitud de las prácticas de tortura en todos los casos que se han documentado; la selección de las víctimas como resultado de prácticas de seguimiento y control de itinerarios; y el robo de computadoras portátiles y documentación importante de las víctimas.
Esta nueva situación ha provocado una emergencia de violaciones a los derechos humanos, a tal punto que a menos de un mes de la toma de posesión del nuevo gobierno, las organizaciones de derechos humanos documentaron la comisión de 254 violaciones a los derechos humanos, es decir, 9 casos diarios, entre asesinatos, agresiones sexuales, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, secuestros temporales, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros.
Del mismo modo, la CIDH ha condenado los asesinatos, secuestros, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales y allanamientos ilegales de que han sido víctimas personas activas en la resistencia contra el golpe de Estado, sindicalistas y comunicadores sociales, y ha manifestado su consternación porque también se están asesinando, secuestrando, agrediendo y amenazando a sus hijos e hijas como una estrategia para acallarlos. Frente a ello, le ha exigido al nuevo gobierno de Lobo Sosa la adopción de medidas urgentes para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad de la población en resistencia democrática.
Pese a este llamado de la CIDH, continúan los actos violentos y la represión sistemática en contra de personas miembros de la resistencia, lo cual ratifica que el gobierno de Pepe Lobo es una continuidad del golpe de Estado. Sólo por mencionar algunos ejemplos: (a) A mediados de enero fue asesinado en la aldea del Carbonal, el maestro Blas López, líder de la etnia Pech en el departamento de Olancho y miembro activo de la resistencia; (b) el 02 de febrero fueron secuestrados temporalmente los jóvenes camarógrafos Manuel de Jesús Murillo Varela, del Programa Hable como Habla y Ricardo Rodríguez, del noticiero Mi Nación, por un comando policial con hombres vestidos de civil que los condujeron a una cárcel clandestina donde fueron torturados.
(c) El 02 de febrero, dos reconocidos miembros de la resistencia hondureña, Ariel Lobo y Ricardo Domínguez, fueron capturados sin orden judicial por policías preventivos que los trasladaron a la posta policial de El Manchén, en la capital de la República, en donde fueron interrogados sobre su supuesta tenencia de armas. En agosto de 2009, Ariel Lobo fue víctima de un intento de secuestro por parte de elementos del ejército y hombres vestidos de civil fuertemente armados que realizaban un supuesto operativo en el centro de la ciudad.
(d) El 03 de febrero fue encontrado el cuerpo sin vida de la sindicalista Vanesa Zepeda, miembro activa de la resistencia contra el golpe de Estado y militante del Sindicato del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Antes de su asesinato fue víctima de persecución administrativa a través de audiencias de descargo por parte de las autoridades del Instituto Hondureño de Seguro Social debido a su participación activa en la resistencia democrática.
(e) El 10 de febrero Edgar Martínez, su esposa Carol Rivera y sus hermanos Meliza Rivera y Johan Martínez, junto con una amiga de la familia, fueron secuestrados en la colonia Ciudad Planeta de San Pedro Sula; dos días más tarde fueron liberados después de haber sido torturados y dos de las tres mujeres retenidas, violadas. Esta familia es reconocida por ser miembros activos de la resistencia contra el golpe de Estado.
(f) El 11 de febrero, Porfirio Ponce, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares sufrió un allanamiento en su casa en Tegucigalpa por parte de sujetos que se identificaron como policías, quienes destruyeron parte de sus pertenencias, le robaron una computadora con información de sus actividades sindicales y dejaron manchas de sangre en su cama y en las paredes.
(g) El 12 de febrero, Hermes Reyes, artista en resistencia y miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, fue interceptado, forzado a subir a un carro y luego golpeado por tres sujetos que lo interrogaron y lo amenazaron; (h) el 15 de febrero, Julio Fúnez Benítez, miembro del Sindicato de Trabajadores del Servicio y Acueductos y Alcantarillados fue asesinado en Comayagüela, ciudad contigua a Tegucigalpa, por unos sujetos que lo acribillaron desde un taxi y una motocicleta.
(i) El 24 de febrero fue asesinada Claudia Larissa Brizuela en la puerta de su casa por varios individuos que le dispararon 3 balas en la cabeza frente a sus hijos de 2 y 8 años. Claudia era militante de la resistencia hondureña y del sindicato de la alcaldía donde trabajaba, e hija de Pedro Brizuela, connotado dirigente local del Frente Nacional de Resistencia Popular.
(j) El 14 de marzo fue asesinado Nahún Palacios, quien era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH ya que tras el golpe de Estado este periodista dio cobertura a las manifestaciones anti golpistas y expresó públicamente su rechazo al atentado contra la democracia. Previamente, como consecuencia de su compromiso de informar con objetividad, el 30 de junio de 2009 los militares le confiscaron su equipo de trabajo, allanaron su domicilio, apuntaron a sus hijos con armas y decomisaron su vehículo.
(k) El 17 de marzo fue asesinado Francisco Castillo, miembro de la resistencia nacional y beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH para salvaguardar su vida e integridad; (l) ese mismo día fueron asesinados los líderes campesinos José Antonio Cardoza y José Carías, directivos de la cooperativa Brisas de COHDEFOR, en Carbonales, Bonito Oriental, en la costa caribeña del país.
(m) El 23 de marzo fue asesinado el profesor José Manuel Flores, miembro activo del Frente Nacional de Resistencia Popular, dirigente magisterial y político y miembro del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA). Sus asesinos llegaron hasta el centro de estudios donde trabajaba y le dispararon frente a sus alumnos y compañeros docentes.
Los ejemplos anteriores son sólo una muestra de la grave crisis de derechos humanos que vive el país desde la llegada al poder de José Porfirio Lobo Sosa, en cuyo gobierno la estrategia de represión está consistiendo en sembrar el terror mediante el asesinato público y con cierto impacto mediático de las personas que son dirigentes de base del Frente Nacional de Resistencia Popular, evitando así que la comunidad internacional se pronuncie contundentemente como quizá lo haría si los asesinatos estuvieran dirigidos contra los altos dirigentes sociales y populares del país.
El denominador común de todos estos crímenes sigue siendo la impunidad que los rodea, ya que las instituciones del Estado encargadas de investigar estos hechos realizan diligencias sin la seriedad requerida y a juzgar por los resultados, parece que las investigaciones han sido emprendidas como una simple formalidad que desde un principio ha estado destinada al fracaso. Teniendo en cuenta que las autoridades hondureñas encargadas de investigar estas violaciones a los derechos humanos están involucradas en el más alto nivel jerárquico en el golpe de Estado, es evidente que no puede existir capacidad ni voluntad para garantizar el derecho de las víctimas y sus familiares a que los hechos sean esclarecidos y a que los responsables intelectuales y materiales de los mismos sean juzgados y sancionados.
5. El papel de la comunidad internacional frente a la situación de emergencia de los derechos humanos en Honduras
Desde un inicio, la comunidad internacional condenó unánimemente el golpe de Estado y su consecuente violación a los derechos humanos; como resultado, Honduras fue suspendida de la OEA por quebrantamiento de la Carta Democrática Interamericana mediante la Resolución AG/RES. 2 (XXXVII-E/09) aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 4 de julio de 2009 durante el Trigésimo Séptimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General.
De acuerdo con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, el regreso de Honduras a la organización continental es difícil mientras no se cumplan con una serie de requisitos, como por ejemplo, la aplicación de una Comisión de la Verdad que permita conocer la verdad sobre las atrocidades cometidas en el marco del golpe de Estado.
No obstante, el escenario que presentamos en el apartado anterior plantea serias dudas acerca de la voluntad política del nuevo gobierno para garantizar el respeto de los derechos humanos e investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de sus violaciones. Más bien, la falta de investigación efectiva y el aumento de la represión selectiva corroboran que las estructuras del golpe de Estado se mantienen intactas en el gobierno actual.
En este sentido, 64 de 128 diputados y diputadas que aprobaron el rompimiento del orden constitucional fueron reelegidos en las pasadas elecciones y se mantienen en el “nuevo” congreso Nacional; estos mismos diputados nombraron al líder del gobierno de facto Roberto Micheletti diputado vitalicio -al estilo Pinochet- para protegerlo de acusaciones penales por violaciones a los derechos humanos, lo cual violenta la Constitución hondureña que no contempla esa figura y la normas internacionales en lo relativo a los derechos políticos y la igualdad ante la ley. A su vez, se aprobó un decreto de amnistía para los crímenes relacionados con el golpe de Estado pero sus ambigüedades están permitiendo su aplicación a violadores de derechos humanos.
El Fiscal General del Ministerio Público, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos siguen dirigiendo esas instituciones claves del sector justicia, pese a su apoyo fundamental al rompimiento del orden democrático. También los altos mandos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas siguen controlando estas instituciones importantes.
En vez de promover las condiciones para que se realice una investigación seria y diligente sobre la participación de la policía y el ejército en las graves violaciones a los derechos humanos, Lobo Sosa decretó el retiro de la jefatura de las Fuerzas Armadas del General Romeo Vásquez Velásquez para nombrarlo gerente general de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), empresa estatal clave en lo que se refiere a su uso para actividades de inteligencia militar en contra de las personas en resistencia. Al mismo tiempo, pese al terrible papel de la policía y del ejército en las violaciones a los derechos humanos, el nuevo gobierno ha propuesto aumentar en más de 460 millones de lempiras el presupuesto de las Fuerzas Armadas (alrededor de €18 millones) para crear mil nuevas plazas para soldados y renovar la flota de helicópteros.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha declarado sobreseimiento definitivo a favor de seis oficiales militares de alto rango que apoyaron el golpe de Estado pues consideró que su actuación fue para defender la democracia y la paz en Honduras. En el mismo sentido, se han decretado fallos favorables en contra de militares y policías señalados como responsables de violaciones a los derechos humanos. Mientras tanto, todos los recursos judiciales interpuestos por las organizaciones de derechos humanos han sido declarados sin lugar o simplemente engavetados por el sistema judicial hondureño, corroborando de este modo que la construcción y consolidación de un sistema judicial moderno, eficiente, justo, independiente, accesible a la ciudadanía y garante de la seguridad jurídica continúa siendo una tarea urgente.
Finalmente, al mismo tiempo que la represión selectiva sigue golpeando al pueblo hondureño y el gobierno de Lobo Sosa adopta medidas encaminadas a garantizar la impunidad y a premiar a quienes participaron en el golpe de Estado, se está organizando una Comisión de la Verdad que desde ya parece destinada al fracaso ya que muchos de los funcionarios involucrados en el rompimiento del orden democrático “aún se encuentran en funciones, o bien, forman parte de los grupos de poder involucrados en la toma de decisiones, situación que podría impedir que las recomendaciones de una Comisión de la Verdad se hagan realidad”.
En este sentido, Romel Jurado Vargas, ex Secretario Ejecutivo de la Comisión de la Verdad del Ecuador ha sostenido que el mayor capital de una instancia como ésta “son sus comisionados, quienes deben ser elegidos por su alta calidad moral y profesional, pero principalmente, por su lucha en defensa de los derechos humanos”. Por tal razón, el nombramiento de Eduardo Stein, ex vice-presidente de Guatemala y de Vicente Fox, ex presidente de México, como integrantes de la Comisión de la Verdad en Honduras son poco aconsejables porque hay sombras de parcialidad y en general, en el país no existen condiciones necesarias para que una comisión de esta clase cumpla con su papel de establecer la verdad de lo sucedido.
Pese a ello, algunos países, con Estados Unidos a la cabeza, han comenzado a ejercer presión para que el nuevo gobierno de Honduras sea reconocido e integrado al concierto regional y mundial de naciones como si nada hubiera pasado. Nadie está en contra de la reintegración del país a la comunidad internacional, pero el reconocimiento del gobierno de Lobo Sosa no debe realizarse como una carta blanca y sin que cumpla con las recomendaciones que le han hecho diversos órganos de la ONU y de la OEA, así como organizaciones internacionales no gubernamentales de derechos humanos.
En este sentido, la comunidad internacional no debe sentar un pésimo precedente para la democracia en América Latina al reconocer sin condiciones al nuevo gobierno de Honduras y debe presionar para que garantice la realización de investigaciones inmediatas e independientes sobre las violaciones de los derechos humanos denunciadas que permitan conocer la verdad de lo sucedido.
El conocimiento de la verdad además de ser un derecho que debe ser asegurado a las víctimas y sus familiares, es una herramienta de lucha contra la impunidad que no solamente se expresa en la sanción a los responsables materiales e intelectuales y en el resarcimiento a las víctimas y sus familiares, sino que ha de establecer un precedente para evitar a toda costa la repetición de las violaciones a los derechos humanos como las que se cometieron en el marco del golpe de Estado y que continúan cometiéndose bajo el gobierno de Lobo Sosa.
1. La democracia en Honduras antes del golpe de Estado.
La Constitución de Honduras de 1982 marcó el inicio del camino de la democracia con la esperanza de avanzar en la construcción de una sociedad política, económica y socialmente justa. Aunque durante este tiempo ha habido incipientes avances institucionales, el balance que nos dejan casi 3 décadas de democracia formal no es nada alentador.
Dicho balance nos muestra que algunas de las reformas en materia económica y jurídica realizadas han servido para profundizar la violencia, la desigualdad y la exclusión; la economía construida durante estos años sólo ha significado la consolidación de un modelo que ha privilegiado los intereses de una elite, ha destruido el papel del Estado como factor de cohesión social, ha afectado la soberanía nacional, ha profundizado la desigualdad social y ha deteriorado las condiciones de vida de la mayoría de los hondureños y hondureñas.
Las instituciones públicas se han convertido en pesadas cargas burocráticas caracterizadas por su ineficacia y su ineficiencia casi generalizada para cumplir con sus funciones constitucionales; los permanentes y frecuentes escándalos de corrupción económica y política han estado a la orden del día; el sistema judicial se ha mantenido al servicio de los sectores que detentan el poder económico y político; y los derechos humanos han significado discursos vacíos de contenido para amplios sectores de la sociedad.
El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 ha venido a profundizar la grave crisis estructural que venimos arrastrando por décadas; también ha desnudado que pese a que la Constitución de la República prevé los mecanismos mínimos para promover el Estado de derecho, la clase política hondureña sólo ha gobernado en función de sus propios intereses y ha mostrado su total incapacidad, desprecio y negligencia para responder a los intereses de las grandes mayorías.
En otras palabras, con el rompimiento del orden constitucional quedaron expuestas en mayor grado la situación de fragilidad social, de pobreza y desigualdad, y de deficiencia institucional, y algunas medidas adoptadas por el gobierno de facto “se tradujeron en dificultades adicionales para el acceso de la población a los derechos más básicos, en particular la atención de salud, la educación y la alimentación. Algunos programas institucionales asociados con esos derechos sufrieron un colapso total”.
2. El impacto del golpe de Estado en los derechos humanos.
El Estado hondureño es uno de los que más sentencias condenatorias ha recibido en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en todas los casos denunciados el común denominador ha sido la impunidad con la que han actuado los responsables intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos humanos debido a la falta de una investigación seria y diligente por parte de las autoridades nacionales. Esto implica que a las víctimas se les ha negado el acceso a la justicia en el ámbito local y que el Estado ha sido incapaz de cumplir con uno de los imperativos fundamentales que caracterizan a todo Estado de derecho: la garantía del respeto y protección de los derechos humanos.
Para cumplir con esta exigencia es necesario que el Estado organice todo su aparato gubernamental y todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera que pueda ser capaz de prevenir, investigar y sancionar cualquier violación de los derechos humanos, y procurar, además, la restitución, si es posible, del derecho vulnerado y, en su defecto, la reparación de los daños producidos por dicha violación, dado que un Estado sólo se justifica y legitima en la medida que reconoce, protege y promueve tales derechos consagrados en su Constitución política y en los tratados internacionales que ha ratificado.
Antes del golpe de Estado, la situación de los derechos humanos en Honduras ya inquietaba a algunos órganos de Naciones Unidas (en adelante la ONU) como el Comité contra la Tortura, que en su momento expresó su preocupación por los “persistentes actos de hostigamiento y persecución, incluidas amenazas, asesinatos y otras violaciones de los derechos humanos que experimentan defensores de los derechos humanos, ambientalistas y otros activistas políticos, y por la impunidad de dichos actos”, en virtud de lo cual le recomendó al Estado adoptar medidas eficaces para prevenirlos y proteger a las personas de los mismos, así como asegurar la realización de una investigación pronta, exhaustiva y eficaz, y aplicar el castigo correspondiente a los autores de tales acciones.
Con el golpe de Estado la situación de los derechos humanos se deterioró a niveles alarmantes y su violación generalizada y sistemática se enmarcó dentro de una política de Estado ejecutada de forma pública y manifiesta, en donde todas las instituciones claves del sector justicia como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos han defendido el rompimiento del orden constitucional y han avalado las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, policías y paramilitares.
Lo anterior ha sido confirmado por varios organismos en el ámbito de la Organización de Estados Americanos (en adelante la OEA) y de la ONU; así la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la CIDH), en su informe “Honduras: Derechos Humanos y golpe de Estado” estableció que junto con la deslegitimación institucional originada por el golpe de Estado, se han producido graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo muertes, declaración arbitraria del estado de excepción, represión de manifestaciones públicas a través del uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, militarización del territorio, aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos de las mujeres, serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos. La CIDH también comprobó la ineficacia de los recursos judiciales para proteger los derechos humanos.
En el marco de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos condenó rotundamente las violaciones a los derechos humanos cometidas en Honduras durante el golpe de Estado y llamó al fin de las mismas y al respeto incondicional de todos ellos y de las libertades fundamentales; además, mediante la Resolución 12/14 titulada “Situación de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009”, solicitó a la titular de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en adelante la OACNUDH), Navi Pillay, que presentara un estudio sobre las violaciones cometidas para darlo a conocer ante el propio Consejo y ante la Asamblea General de la ONU.
Para ello, la OACNUDH envió a Honduras entre el 18 de octubre y el 07 de noviembre de 2009 un equipo con la tarea de compilar información para un informe especial sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de facto, el cual fue sometido a discusión del Consejo durante su sesión de marzo de este año. En este informe, la OACNUDH ratificó (a) que en el marco del golpe de Estado se cometieron asesinatos, miles de detenciones arbitrarias, censura, abusos sexuales, torturas y malos tratos, entre otras violaciones a los derechos humanos; y (b) que existe una ausencia de investigaciones judiciales independientes, oportunas y efectivas que han garantizado la impunidad de los responsables de estos crímenes, y que han dejado a las víctimas sin protección ni reparación adecuada.
Por otra parte, varios relatores especiales de la ONU, entre ellos el Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, El Hadji Malick Sow, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, y el Relator Especial contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, Manfred Nowak, han manifestado su seria preocupación por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de facto, entre las que sobresalen muertes, detenciones a gran escala en centros de detención no autorizados, suspensión de las libertades de opinión y expresión, circulación y reunión, así como ataques, agresiones y actos de intimidación contra periodistas y defensores de derechos humanos.
A su vez, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, expresó preocupación por la posible utilización de ex paramilitares de Colombia para proteger propiedades e individuos en caso de nuevos actos de violencia y para apoyar el golpe de Estado. Y finalmente, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Leandro Despouy, condenó y censuró el comportamiento de la Corte Suprema de Justicia hondureña por participar y avalar la ruptura del Estado de derecho que ya ha causado varios muertos y heridos entre la población civil, y por apartarse de las reglas de independencia e imparcialidad que deben caracterizar a dicho órgano.
En el mismo sentido, Amnistía Internacional hizo público un informe titulado “Recomendaciones al nuevo gobierno de Honduras tras el golpe de Estado de junio de 2009”, en el que documenta violaciones generalizadas de los derechos humanos contra el pueblo hondureño por parte de policías y militares, entre ellas, uso excesivo de la fuerza, asesinatos, torturas y otros tratos crueles y degradantes, detenciones arbitrarias y hostigamiento e intimidación de jueces, periodistas, defensores de derechos humanos y demás opositores al golpe de Estado.
Este escenario de violación masiva y sistemática de los derechos humanos ratifica que el Estado hondureño incumple su obligación de combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles, lo cual propicia la repetición crónica de la violencia “y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.
Bajo estos parámetros, la impunidad y su consecuente privación del derecho a la justicia se han convertido en un componente estructural de la cotidianidad nacional, pues las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del golpe de Estado y a partir de la toma de posesión del nuevo gobierno surgido de unas elecciones ilegítimas, no están siendo investigadas, sancionadas ni reparadas en los términos exigidos por la legislación nacional y los estándares internacionales.
3. Elecciones bajo un gobierno de facto: ¿La salida a la crisis política?
Tanto a nivel nacional como internacional, los sectores que han apoyado el golpe de Estado iniciaron una campaña sistemática para legitimar la idea de que las elecciones generales del pasado 29 de noviembre eran la salida a la crisis política, ya que sólo en el marco de las elecciones y a partir de la toma de posesión del nuevo gobierno tal situación sería un asunto del pasado.
La comunidad internacional, con excepción de los Estados Unidos, dejó claro que hablar de elecciones democráticas bajo un gobierno de facto es ignorar que para ello es imperativo la existencia de unas condiciones que garanticen el respeto de los derechos humanos y un régimen de libertades públicas que asegure permanentemente las libertades de pensamiento, de información, de expresión, de organización, de petición, de manifestación pacífica, etc., como elementos esenciales de la democracia participativa.
Evidentemente, tales condiciones han estado ausentes en el país desde el 28 de junio de 2009 pues la población hondureña ha vivido en un constante estado de sitio, con sus derechos y libertades prácticamente suprimidos y con altos niveles de militarización nacional como si se tratase de un ambiente de guerra.
Como resultado de la persecución política que el gobierno de facto ejecutó a través de policías, militares y paramilitares en contra de las personas en resistencia democrática y pacífica, más de una veintena de ellas fueron asesinadas, más de 4 mil personas sufrieron diferentes tipos de violaciones a sus derechos humanos, decenas sufrieron atentados contra su vida e integridad, centenares de personas fueron amenazadas de muerte, centenares fueron acusadas y apresadas por motivos políticos, centeneras de personas sufrieron torturas y otras miles fueron lesionadas y heridas a causa de la represión, y miles de personas fueron detenidas ilegalmente.
Antes y durante las elecciones del 29 de noviembre, el gobierno de facto creó un clima de terror y de guerra psicológica mediante la militarización de la sociedad y la demostración del poderío policial-militar dispuesto a acallar cualquier disidencia. En este marco, la policía y los militares ejecutaron decenas de allanamientos de casas y de sedes de organizaciones sociales, desarrollaron retenes en las carreteras, detuvieron ilegalmente a decenas de personas, realizaron hostigamientos y amenazas, y militarizaron comunidades enteras. En San Pedro Sula, la capital industrial del país, una marcha pacífica en la que participaban familias enteras fue salvajemente reprimida por la policía y el ejército, resultando decenas de heridos y detenidos, incluidos un periodista internacional y un observador de una misión internacional de derechos humanos.
Si a todo este clima de represión le sumamos el alto abstencionismo, la falta de presencia de observadores electorales oficiales calificados y la violación de la Ley Electoral que prohíbe la presencia de militares a menos de 100 metros de los centros de votación, así como la supresión por parte del Tribunal Nacional de Elecciones del uso de la tinta indeleble como requisito indispensable para el desarrollo de las elecciones, entre otras cosas, es más que evidente que las elecciones del 29 de noviembre no se desarrollaron en un clima de transparencia, igualdad, participación, libertad y legalidad.
Sobre la base de lo anterior, se puede afirmar con contundencia que las elecciones generales en Honduras no han sido justas ni libres y por tanto, el gobierno surgido de las mismas no goza de la legitimidad necesaria en un Estado de derecho. Por tanto, es un deber moral y legal para con la democracia y la soberanía del pueblo hondureño que la mayoría de Estados que conforman la comunidad internacional no reconozca los resultados electorales si antes no se sanean las instituciones del Estado que siguen en manos de los promotores del golpe de Estado y si no se dan pasos contundentes para investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de las graves violaciones a los derechos humanos que han sido suficientemente documentadas.
4. El escenario postgolpe en materia de derechos humanos.
Desde el 28 de junio de 2009–día del golpe de Estado- hasta el 27 de enero de 2010 – día de la toma de posesión del nuevo gobierno-, las violaciones a los derechos humanos eran ejecutadas de forma masiva y pública por militares y policías; pero a partir del 28 de enero, las mismas están siendo cometidas de forma selectiva y en el marco de una modalidad de baja intensidad con la intención de desarticular especialmente los mandos medios de la resistencia hondureña.
En este sentido, se observa un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos caracterizado por la actuación con total impunidad de los autores; la utilización de uniformes y armas de la policía y el ejército; la similitud de las prácticas de tortura en todos los casos que se han documentado; la selección de las víctimas como resultado de prácticas de seguimiento y control de itinerarios; y el robo de computadoras portátiles y documentación importante de las víctimas.
Esta nueva situación ha provocado una emergencia de violaciones a los derechos humanos, a tal punto que a menos de un mes de la toma de posesión del nuevo gobierno, las organizaciones de derechos humanos documentaron la comisión de 254 violaciones a los derechos humanos, es decir, 9 casos diarios, entre asesinatos, agresiones sexuales, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, secuestros temporales, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros.
Del mismo modo, la CIDH ha condenado los asesinatos, secuestros, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales y allanamientos ilegales de que han sido víctimas personas activas en la resistencia contra el golpe de Estado, sindicalistas y comunicadores sociales, y ha manifestado su consternación porque también se están asesinando, secuestrando, agrediendo y amenazando a sus hijos e hijas como una estrategia para acallarlos. Frente a ello, le ha exigido al nuevo gobierno de Lobo Sosa la adopción de medidas urgentes para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad de la población en resistencia democrática.
Pese a este llamado de la CIDH, continúan los actos violentos y la represión sistemática en contra de personas miembros de la resistencia, lo cual ratifica que el gobierno de Pepe Lobo es una continuidad del golpe de Estado. Sólo por mencionar algunos ejemplos: (a) A mediados de enero fue asesinado en la aldea del Carbonal, el maestro Blas López, líder de la etnia Pech en el departamento de Olancho y miembro activo de la resistencia; (b) el 02 de febrero fueron secuestrados temporalmente los jóvenes camarógrafos Manuel de Jesús Murillo Varela, del Programa Hable como Habla y Ricardo Rodríguez, del noticiero Mi Nación, por un comando policial con hombres vestidos de civil que los condujeron a una cárcel clandestina donde fueron torturados.
(c) El 02 de febrero, dos reconocidos miembros de la resistencia hondureña, Ariel Lobo y Ricardo Domínguez, fueron capturados sin orden judicial por policías preventivos que los trasladaron a la posta policial de El Manchén, en la capital de la República, en donde fueron interrogados sobre su supuesta tenencia de armas. En agosto de 2009, Ariel Lobo fue víctima de un intento de secuestro por parte de elementos del ejército y hombres vestidos de civil fuertemente armados que realizaban un supuesto operativo en el centro de la ciudad.
(d) El 03 de febrero fue encontrado el cuerpo sin vida de la sindicalista Vanesa Zepeda, miembro activa de la resistencia contra el golpe de Estado y militante del Sindicato del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Antes de su asesinato fue víctima de persecución administrativa a través de audiencias de descargo por parte de las autoridades del Instituto Hondureño de Seguro Social debido a su participación activa en la resistencia democrática.
(e) El 10 de febrero Edgar Martínez, su esposa Carol Rivera y sus hermanos Meliza Rivera y Johan Martínez, junto con una amiga de la familia, fueron secuestrados en la colonia Ciudad Planeta de San Pedro Sula; dos días más tarde fueron liberados después de haber sido torturados y dos de las tres mujeres retenidas, violadas. Esta familia es reconocida por ser miembros activos de la resistencia contra el golpe de Estado.
(f) El 11 de febrero, Porfirio Ponce, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares sufrió un allanamiento en su casa en Tegucigalpa por parte de sujetos que se identificaron como policías, quienes destruyeron parte de sus pertenencias, le robaron una computadora con información de sus actividades sindicales y dejaron manchas de sangre en su cama y en las paredes.
(g) El 12 de febrero, Hermes Reyes, artista en resistencia y miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, fue interceptado, forzado a subir a un carro y luego golpeado por tres sujetos que lo interrogaron y lo amenazaron; (h) el 15 de febrero, Julio Fúnez Benítez, miembro del Sindicato de Trabajadores del Servicio y Acueductos y Alcantarillados fue asesinado en Comayagüela, ciudad contigua a Tegucigalpa, por unos sujetos que lo acribillaron desde un taxi y una motocicleta.
(i) El 24 de febrero fue asesinada Claudia Larissa Brizuela en la puerta de su casa por varios individuos que le dispararon 3 balas en la cabeza frente a sus hijos de 2 y 8 años. Claudia era militante de la resistencia hondureña y del sindicato de la alcaldía donde trabajaba, e hija de Pedro Brizuela, connotado dirigente local del Frente Nacional de Resistencia Popular.
(j) El 14 de marzo fue asesinado Nahún Palacios, quien era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH ya que tras el golpe de Estado este periodista dio cobertura a las manifestaciones anti golpistas y expresó públicamente su rechazo al atentado contra la democracia. Previamente, como consecuencia de su compromiso de informar con objetividad, el 30 de junio de 2009 los militares le confiscaron su equipo de trabajo, allanaron su domicilio, apuntaron a sus hijos con armas y decomisaron su vehículo.
(k) El 17 de marzo fue asesinado Francisco Castillo, miembro de la resistencia nacional y beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH para salvaguardar su vida e integridad; (l) ese mismo día fueron asesinados los líderes campesinos José Antonio Cardoza y José Carías, directivos de la cooperativa Brisas de COHDEFOR, en Carbonales, Bonito Oriental, en la costa caribeña del país.
(m) El 23 de marzo fue asesinado el profesor José Manuel Flores, miembro activo del Frente Nacional de Resistencia Popular, dirigente magisterial y político y miembro del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA). Sus asesinos llegaron hasta el centro de estudios donde trabajaba y le dispararon frente a sus alumnos y compañeros docentes.
Los ejemplos anteriores son sólo una muestra de la grave crisis de derechos humanos que vive el país desde la llegada al poder de José Porfirio Lobo Sosa, en cuyo gobierno la estrategia de represión está consistiendo en sembrar el terror mediante el asesinato público y con cierto impacto mediático de las personas que son dirigentes de base del Frente Nacional de Resistencia Popular, evitando así que la comunidad internacional se pronuncie contundentemente como quizá lo haría si los asesinatos estuvieran dirigidos contra los altos dirigentes sociales y populares del país.
El denominador común de todos estos crímenes sigue siendo la impunidad que los rodea, ya que las instituciones del Estado encargadas de investigar estos hechos realizan diligencias sin la seriedad requerida y a juzgar por los resultados, parece que las investigaciones han sido emprendidas como una simple formalidad que desde un principio ha estado destinada al fracaso. Teniendo en cuenta que las autoridades hondureñas encargadas de investigar estas violaciones a los derechos humanos están involucradas en el más alto nivel jerárquico en el golpe de Estado, es evidente que no puede existir capacidad ni voluntad para garantizar el derecho de las víctimas y sus familiares a que los hechos sean esclarecidos y a que los responsables intelectuales y materiales de los mismos sean juzgados y sancionados.
5. El papel de la comunidad internacional frente a la situación de emergencia de los derechos humanos en Honduras
Desde un inicio, la comunidad internacional condenó unánimemente el golpe de Estado y su consecuente violación a los derechos humanos; como resultado, Honduras fue suspendida de la OEA por quebrantamiento de la Carta Democrática Interamericana mediante la Resolución AG/RES. 2 (XXXVII-E/09) aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 4 de julio de 2009 durante el Trigésimo Séptimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General.
De acuerdo con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, el regreso de Honduras a la organización continental es difícil mientras no se cumplan con una serie de requisitos, como por ejemplo, la aplicación de una Comisión de la Verdad que permita conocer la verdad sobre las atrocidades cometidas en el marco del golpe de Estado.
No obstante, el escenario que presentamos en el apartado anterior plantea serias dudas acerca de la voluntad política del nuevo gobierno para garantizar el respeto de los derechos humanos e investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de sus violaciones. Más bien, la falta de investigación efectiva y el aumento de la represión selectiva corroboran que las estructuras del golpe de Estado se mantienen intactas en el gobierno actual.
En este sentido, 64 de 128 diputados y diputadas que aprobaron el rompimiento del orden constitucional fueron reelegidos en las pasadas elecciones y se mantienen en el “nuevo” congreso Nacional; estos mismos diputados nombraron al líder del gobierno de facto Roberto Micheletti diputado vitalicio -al estilo Pinochet- para protegerlo de acusaciones penales por violaciones a los derechos humanos, lo cual violenta la Constitución hondureña que no contempla esa figura y la normas internacionales en lo relativo a los derechos políticos y la igualdad ante la ley. A su vez, se aprobó un decreto de amnistía para los crímenes relacionados con el golpe de Estado pero sus ambigüedades están permitiendo su aplicación a violadores de derechos humanos.
El Fiscal General del Ministerio Público, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos siguen dirigiendo esas instituciones claves del sector justicia, pese a su apoyo fundamental al rompimiento del orden democrático. También los altos mandos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas siguen controlando estas instituciones importantes.
En vez de promover las condiciones para que se realice una investigación seria y diligente sobre la participación de la policía y el ejército en las graves violaciones a los derechos humanos, Lobo Sosa decretó el retiro de la jefatura de las Fuerzas Armadas del General Romeo Vásquez Velásquez para nombrarlo gerente general de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), empresa estatal clave en lo que se refiere a su uso para actividades de inteligencia militar en contra de las personas en resistencia. Al mismo tiempo, pese al terrible papel de la policía y del ejército en las violaciones a los derechos humanos, el nuevo gobierno ha propuesto aumentar en más de 460 millones de lempiras el presupuesto de las Fuerzas Armadas (alrededor de €18 millones) para crear mil nuevas plazas para soldados y renovar la flota de helicópteros.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha declarado sobreseimiento definitivo a favor de seis oficiales militares de alto rango que apoyaron el golpe de Estado pues consideró que su actuación fue para defender la democracia y la paz en Honduras. En el mismo sentido, se han decretado fallos favorables en contra de militares y policías señalados como responsables de violaciones a los derechos humanos. Mientras tanto, todos los recursos judiciales interpuestos por las organizaciones de derechos humanos han sido declarados sin lugar o simplemente engavetados por el sistema judicial hondureño, corroborando de este modo que la construcción y consolidación de un sistema judicial moderno, eficiente, justo, independiente, accesible a la ciudadanía y garante de la seguridad jurídica continúa siendo una tarea urgente.
Finalmente, al mismo tiempo que la represión selectiva sigue golpeando al pueblo hondureño y el gobierno de Lobo Sosa adopta medidas encaminadas a garantizar la impunidad y a premiar a quienes participaron en el golpe de Estado, se está organizando una Comisión de la Verdad que desde ya parece destinada al fracaso ya que muchos de los funcionarios involucrados en el rompimiento del orden democrático “aún se encuentran en funciones, o bien, forman parte de los grupos de poder involucrados en la toma de decisiones, situación que podría impedir que las recomendaciones de una Comisión de la Verdad se hagan realidad”.
En este sentido, Romel Jurado Vargas, ex Secretario Ejecutivo de la Comisión de la Verdad del Ecuador ha sostenido que el mayor capital de una instancia como ésta “son sus comisionados, quienes deben ser elegidos por su alta calidad moral y profesional, pero principalmente, por su lucha en defensa de los derechos humanos”. Por tal razón, el nombramiento de Eduardo Stein, ex vice-presidente de Guatemala y de Vicente Fox, ex presidente de México, como integrantes de la Comisión de la Verdad en Honduras son poco aconsejables porque hay sombras de parcialidad y en general, en el país no existen condiciones necesarias para que una comisión de esta clase cumpla con su papel de establecer la verdad de lo sucedido.
Pese a ello, algunos países, con Estados Unidos a la cabeza, han comenzado a ejercer presión para que el nuevo gobierno de Honduras sea reconocido e integrado al concierto regional y mundial de naciones como si nada hubiera pasado. Nadie está en contra de la reintegración del país a la comunidad internacional, pero el reconocimiento del gobierno de Lobo Sosa no debe realizarse como una carta blanca y sin que cumpla con las recomendaciones que le han hecho diversos órganos de la ONU y de la OEA, así como organizaciones internacionales no gubernamentales de derechos humanos.
En este sentido, la comunidad internacional no debe sentar un pésimo precedente para la democracia en América Latina al reconocer sin condiciones al nuevo gobierno de Honduras y debe presionar para que garantice la realización de investigaciones inmediatas e independientes sobre las violaciones de los derechos humanos denunciadas que permitan conocer la verdad de lo sucedido.
El conocimiento de la verdad además de ser un derecho que debe ser asegurado a las víctimas y sus familiares, es una herramienta de lucha contra la impunidad que no solamente se expresa en la sanción a los responsables materiales e intelectuales y en el resarcimiento a las víctimas y sus familiares, sino que ha de establecer un precedente para evitar a toda costa la repetición de las violaciones a los derechos humanos como las que se cometieron en el marco del golpe de Estado y que continúan cometiéndose bajo el gobierno de Lobo Sosa.
Justicia hondureña es parcial e ineficaz ante violaciones a los derechos humanos
COMUNICADO DE PRENSA
Washington, D.C., martes 23 de marzo de 2010
Los asesinatos, secuestros y hostigamientos continúan ocurriendo en Honduras durante el Gobierno del actual presidente Porfirio Lobo. El órgano judicial demuestra ser muy eficaz y duro para juzgar a opositores al golpe de Estado del 28 de junio de 2009, pero muy lento y favorable para los violadores a los derechos humanos vinculados al golpe.
Así lo denunciaron este martes un grupo de abogados hondureños defensores de los derechos humanos en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"En el nuevo Gobierno (desde el pasado 27 de enero) han sido asesinadas seis personas por presuntas motivaciones políticas. A este panorama se suman secuestros decenas de amenazas, seguimientos actos de hostigamiento y otras acciones. Desafortunadamente hasta la fecha, tanto la Corte Suprema de Justicia como el Ministerio Público han declinado su deber de garantizar los derechos humanos", dijo Marcia Aguiluz, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Entre los asesinados figuran tres periodistas. Uno de ellos, el señor Nahúm Palacios, era beneficiario de medidas de protección ordenadas por la CIDH debido a las amenazas que había recibido; las cuales nunca fueron implementadas.
Sin embargo, en un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público actúan de manera ineficiente, parcializada y discriminatoria contra personas opositoras al golpe.
Miles de detenciones ilegales y arbitrarias que deberían haber sido investigadas de oficio por el Ministerio Público siguen en la impunidad. De 87 recursos de amparo documentados hasta octubre por el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), ninguno surtió efecto. Lo mismo ha ocurrido con denuncias acerca de torturas, malos tratos, intimidación y lesiones, según Nectalí Rodezno, del Frente de Abogados.
En otro ejemplo, el Frente de Abogados representa a 111 personas acusadas por diversos delitos debido a su participación en manifestaciones opositoras pacíficas y de ellas, 73 continúan siendo procesadas, cinco siguen en prisión y otras seis tienen órdenes de captura.
La conducta sesgada del órgano judicial se evidencia cuando a los manifestantes pacíficos se les atribuyen graves delitos, como terrorismo, asociación ilícita o sedición; mientras que las actuaciones de militares golpistas que han cometido violaciones a los derechos humanos son calificadas como "abuso de autoridad".
Para los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos la ley ha sido aplicada de manera benevolente. Un proceso abierto contra los seis comandantes del Estado Mayor que encabezaron el golpe de Estado concluyó con un sobreseimiento definitivo a favor de los militares.
Los oficiales de las Fuerzas Armadas que allanaron televisoras y radios, en el marco de la censura y hostigamiento a medios de comunicación críticos del golpe, también fueron sobreseídos de manera definitiva porque, según los jueces, "actuaron en cumplimiento de un deber constitucional".
Para los peticionarios, es evidente que el golpe de Estado en Honduras agudizó debilidades institucionales. En este sentido, el comportamiento de la mayoría de fiscales y jueces se origina en la falta de independencia. Brenda Vianney, del Frente de Abogados en Resistencia de la Zona Norte y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, solicitó a la CIDH un fuerte llamado de atención a las autoridades del Estado de Honduras para que cesen las violaciones a los derechos humanos. Por su parte, el presidente de la CIDH, Felipe González, comunicó que ya solicitaron a las autoridades hondureñas una visita al país para dar seguimiento a la situación de derechos humanos.
En la audiencia también participaron abogados del Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación para las víctimas de Tortura, y sus familiares (CPTRT); Frente de Abogadas y Abogados en Resistencia contra el golpe de Estado de la Zona NORTE y del CIPRODEH.
Contacto de prensa en Washington D.C.: Mauricio Herrera (202) 319-3000. mherrera@cejil.org
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.
Washington, D.C., martes 23 de marzo de 2010
Los asesinatos, secuestros y hostigamientos continúan ocurriendo en Honduras durante el Gobierno del actual presidente Porfirio Lobo. El órgano judicial demuestra ser muy eficaz y duro para juzgar a opositores al golpe de Estado del 28 de junio de 2009, pero muy lento y favorable para los violadores a los derechos humanos vinculados al golpe.
Así lo denunciaron este martes un grupo de abogados hondureños defensores de los derechos humanos en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"En el nuevo Gobierno (desde el pasado 27 de enero) han sido asesinadas seis personas por presuntas motivaciones políticas. A este panorama se suman secuestros decenas de amenazas, seguimientos actos de hostigamiento y otras acciones. Desafortunadamente hasta la fecha, tanto la Corte Suprema de Justicia como el Ministerio Público han declinado su deber de garantizar los derechos humanos", dijo Marcia Aguiluz, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Entre los asesinados figuran tres periodistas. Uno de ellos, el señor Nahúm Palacios, era beneficiario de medidas de protección ordenadas por la CIDH debido a las amenazas que había recibido; las cuales nunca fueron implementadas.
Sin embargo, en un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público actúan de manera ineficiente, parcializada y discriminatoria contra personas opositoras al golpe.
Miles de detenciones ilegales y arbitrarias que deberían haber sido investigadas de oficio por el Ministerio Público siguen en la impunidad. De 87 recursos de amparo documentados hasta octubre por el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), ninguno surtió efecto. Lo mismo ha ocurrido con denuncias acerca de torturas, malos tratos, intimidación y lesiones, según Nectalí Rodezno, del Frente de Abogados.
En otro ejemplo, el Frente de Abogados representa a 111 personas acusadas por diversos delitos debido a su participación en manifestaciones opositoras pacíficas y de ellas, 73 continúan siendo procesadas, cinco siguen en prisión y otras seis tienen órdenes de captura.
La conducta sesgada del órgano judicial se evidencia cuando a los manifestantes pacíficos se les atribuyen graves delitos, como terrorismo, asociación ilícita o sedición; mientras que las actuaciones de militares golpistas que han cometido violaciones a los derechos humanos son calificadas como "abuso de autoridad".
Para los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos la ley ha sido aplicada de manera benevolente. Un proceso abierto contra los seis comandantes del Estado Mayor que encabezaron el golpe de Estado concluyó con un sobreseimiento definitivo a favor de los militares.
Los oficiales de las Fuerzas Armadas que allanaron televisoras y radios, en el marco de la censura y hostigamiento a medios de comunicación críticos del golpe, también fueron sobreseídos de manera definitiva porque, según los jueces, "actuaron en cumplimiento de un deber constitucional".
Para los peticionarios, es evidente que el golpe de Estado en Honduras agudizó debilidades institucionales. En este sentido, el comportamiento de la mayoría de fiscales y jueces se origina en la falta de independencia. Brenda Vianney, del Frente de Abogados en Resistencia de la Zona Norte y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, solicitó a la CIDH un fuerte llamado de atención a las autoridades del Estado de Honduras para que cesen las violaciones a los derechos humanos. Por su parte, el presidente de la CIDH, Felipe González, comunicó que ya solicitaron a las autoridades hondureñas una visita al país para dar seguimiento a la situación de derechos humanos.
En la audiencia también participaron abogados del Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación para las víctimas de Tortura, y sus familiares (CPTRT); Frente de Abogadas y Abogados en Resistencia contra el golpe de Estado de la Zona NORTE y del CIPRODEH.
Contacto de prensa en Washington D.C.: Mauricio Herrera (202) 319-3000. mherrera@cejil.org
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.
miércoles, 24 de marzo de 2010
Nuevo asesinato político en Honduras
El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) ha denunciado que el pasado martes 23 de enero murió siendo asesinado el profesor revolucionario de ciencias sociales José Manuel Flores.
El profesor, miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), fue abatido por decenas de disparos a quemarropa mientras trabajaba en el Instituto Oficial de Secundaria, San José del Pedregal, en Tegucigalpa.
En el momento en el que fue asesinado, el profesor se encontraba realizando labores de supervisión frente a los alumnos que se encontraban en el lugar de los hechos cuando fue asesinado por varios hombres encapuchados que llegaron en dos coches por la parte trasera del edificio.
Según el CODEH, "quienes ordenaron y planificaron este crimen tienen claro su propósito estratégico" que no es otro que llenar de "miedo al movimiento pacifista de la resistencia, asesinar a lideres prominentes de este movimiento, cometer estos crímenes sin comprometer a sus miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, para tal acto trabajan en la transnacionalización del crimen contratando sicarios de otros países que han llegado a Honduras para hacer venganza, vengarse de aquellos que en su afán de justicia frente a la agresión criminal consecuencia del golpe de Estado, quebraron vidrios, pintaron paredes, lanzaron una botella con gas, caricaturizaron religiosos, defensores de derechos humanos y periodistas, pusieron apodos a los agresores."
No es la primera vez que esta organización que lucha por hacer respetar los derechos humanos en Honduras responsabiliza al estado hondureño, liderado por el golpista Pepe Lobo, de los crímenes políticos que tienen lugar cada vez con más frecuencia en Honduras.
Fuente: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article13991
El profesor, miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), fue abatido por decenas de disparos a quemarropa mientras trabajaba en el Instituto Oficial de Secundaria, San José del Pedregal, en Tegucigalpa.
En el momento en el que fue asesinado, el profesor se encontraba realizando labores de supervisión frente a los alumnos que se encontraban en el lugar de los hechos cuando fue asesinado por varios hombres encapuchados que llegaron en dos coches por la parte trasera del edificio.
Según el CODEH, "quienes ordenaron y planificaron este crimen tienen claro su propósito estratégico" que no es otro que llenar de "miedo al movimiento pacifista de la resistencia, asesinar a lideres prominentes de este movimiento, cometer estos crímenes sin comprometer a sus miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, para tal acto trabajan en la transnacionalización del crimen contratando sicarios de otros países que han llegado a Honduras para hacer venganza, vengarse de aquellos que en su afán de justicia frente a la agresión criminal consecuencia del golpe de Estado, quebraron vidrios, pintaron paredes, lanzaron una botella con gas, caricaturizaron religiosos, defensores de derechos humanos y periodistas, pusieron apodos a los agresores."
No es la primera vez que esta organización que lucha por hacer respetar los derechos humanos en Honduras responsabiliza al estado hondureño, liderado por el golpista Pepe Lobo, de los crímenes políticos que tienen lugar cada vez con más frecuencia en Honduras.
Fuente: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article13991
martes, 23 de marzo de 2010
Piden no invitar a Lobo a cumbre con la UE
D. José Rodríguez Zapatero
Presidente del Gobierno de España
Presidencia Española de la Unión Europea
Las redes internacionales de sociedad civil, de cooperación y de derechos humanos abajo firmantes, queremos expresar nuestra preocupación por la invitación que su gobierno ha realizado al señor Porfilio Lobo Sosa a participar en la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe que tendrá lugar en Madrid el próximo mes de mayo.
Como lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, creemos que el traspaso de poder al señor Porfilio Lobo Sosa no solucionó el profundo conflicto democrático que afronta el gobierno de Honduras desde la perpetración del golpe de estado el 28 de junio del 2009. El reconocimiento rápido del gobierno de Honduras por parte de la comunidad internacional, es un pésimo precedente para Latinoamérica - región que celebra dos siglos de independencia, de construcción de democracia- y que creía ya superado los fantasmas de los golpes de Estado. Por tanto recordamos que:
1) El señor Lobo Sosa, fue electo en un proceso electoral no reconocido por la comunidad internacional y viciado por la militarización del país, las limitaciones a las libertades fundamentales y bajo la perpetración del crimen de persecución política desde el golpe de Estado mismo.
El señor Lobo Sosa no solamente no condenó el golpe de Estado sino que, como presidente de su partido político, no impidió que éste lo respaldara; tampoco habiendo sido electo Presidente contribuyó para el restablecimiento previo de la democracia y el cumplimiento del Acuerdo Guaymuras-San José.
2) Como presidente del Partido Nacional, el señor Lobo Sosa, en el momento del golpe, influyó para que los diputados de su partido político,asimismo, lo respaldaran.
3) El señor Lobo Soza contribuyó con su partido político a otorgarle el título a Roberto Micheletti de diputado vitalicio, a la usanza de lo que lograra Pinochet en Chile, pese a que dicha figura es contraria a la Constitución hondureña.
Y, en su primer acto como gobernante firmó un decreto de amnistía para los involucrados en la realización y mantenimiento del régimen de facto.
4) Recordamos igualmente que el régimen de facto no desapareció con la transición presidencial ilegítima del último 27 de enero; tanto la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, así como otras instancias del Estado han estado comprometidas con el golpe de Estado y, por acción y omisión, con graves violaciones de derechos humanos, en particular el crimen de persecución política denunciado ante la Corte Penal Internacional.
5) De igual manera, rechazamos la decisión de la Corte Suprema de declarar el sobreseimiento definitivo de seis oficiales militares de alto rango que apoyaron el golpe, alegando que su actuación fue para defender la democracia y la paz en Honduras. Esta resolución del Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, libera de responsabilidad a los militares que ejecutaron el golpe de Estado, mostrando una vez más la politización del órgano judicial, la ausencia de garantías para establecer la verdad, para que se haga justicia y para que se repare a las víctimas.
6) Rechazamos el nombramiento de Romeo Vásquez, una de los rostros más visibles del golpe de Estado, como director de Hondutel, una de las empresas claves del Estado hondureño, con este nombramiento por parte de Lobo Sosa, se demuestra que éste no sólo no tiene voluntad de hacer cambios profundos, sino que sigue cumpliendo compromisos adquiridos con los responsables del golpe.
7) Solicitamos que se mantengan las sanciones sobre Honduras tanto a nivel de la cooperación internacional -salvo la dirigida directamente a organizaciones de la sociedad civil y la ayuda humanitaria-, como de las sanciones diplomáticas, de manera que no se acepte en territorio europeo a ninguna persona vinculada con el golpe de Estado del pasado 28 de junio. El restablecimiento de la cooperación internacional al Estado de Honduras debe estar condicionado a la depuración de los golpistas presentes en la dirección de las más importantes instituciones del Estado.
8) Pedimos repudiar el decreto de amnistía que está hecho para favorecer a los golpistas. El apoyo anunciado de España y, probable de la UE a la Comisión de la Verdad, debe estar condicionado a que realmente se garantice la imparcialidad, objetividad y a que se garanticen los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición de otros golpes de Estado ni de los demás crímenes cometidos por los golpistas.
9) Destacamos que los días 22 y 23 de febrero de 2010 se celebró en México la Cumbre del Grupo Río, en la cual se aprobó la constitución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En esta Cumbre no se invitó al presidente de Honduras debido a que la pertenencia del país a la Organización de Estados Americanos (OEA) está suspendida a causa del derrocamiento de Manuel Zelaya de la Presidencia el pasado 28 de junio. El gobierno de España, en el marco de su presidencia de la UE, debería ser consecuente y demostrar respeto a las resoluciones y decisiones de instancias regionales como el Grupo de Rio y considerar las consecuencias que ésto tiene para Latinoamérica.
10) Insistimos, por tanto, en que la Presidencia Española de la Unión Europea y los Estados miembros no deberían dar señal alguna de que puede legitimarse un golpe de Estado a través de un proceso electoral cuando no se ha garantizado el restablecimiento previo de la democracia y las autoridades electas ellas mismas han sido auspiciadoras o cómplices del rompimiento de la democracia.
Por todo lo expresado, insistimos ante la Presidencia Española de la Unión Europea para que retire la invitación otorgada al señor Porfilio Lobo Sosa a participar en la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en mayo próximo, en Madrid.
Creemos que mantener la invitación al señor Lobo Sosa afecta a las relaciones eurolatinoamericanas y es una señal negativa frente al futuro de la democracia en Latinoamérica.
Esperamos de la Presidencia Española que, en coherencia con sus fidelidades profundas y en defensa de los principios y talante democrático que ha mantenido en muchos espacios de la comunidad internacional, no defraude las expectativas que su Presidencia ha creado, y, de nuevo, aporte referentes valiosos para que sigan avanzando los procesos democratizadores en América Latina y el Caribe.
España no puede hacernos perder la credibilidad que teníamos puesta en su gestión presidencial.
Respetuosamente,
Luis Guillermo Pérez Casas – CIFCA –
Martin Pascual – CENDA –
Miguel Santibáñez –ALOP-
Javier Azpur - Grupo Propuesta Ciudadana –
Luis M. Sirumbal – CEDAL-
Maria Pia Matta – AMARC-
Lilián Celiberti - Articulación Feminista Marcosur-
AnnaMaria Donnarumma – PRODOC-
Roger Barrantes Estrada -Iniciativa CID-
Carlos Amador Moraga – Asociación Cristiana de Jóvenes de Nicaragua-
Juana Mulul - Movimiento Mujeres Indígenas-
Carlos Villarreal – Ecuador Decide –
Marcela Benavides Gazarraga – Colectivo de Mijeres “Acción Política por la Equidad –
Dennys Guzmán - Centro de Estudios Europeos –
Javier Azpur – Grupo Propuesta Ciudadana-
Alejandra Alayza – Red GE-
Stephane Compere - CNCD 11.11.11 –
Tom Kucharz – Ecologistas en Acción –
Enrique Daza –ASC-
Brid Brennan - Transnational Institute-
Raúl Leis –CEAAL-
Alberto Croce - SES –
Carlos Rodriguez – IEPALA-
Mercedes Ruiz Giménez Aguilar – AIETI-
Nina González – SETEM –
Iván González – CDA –
Eveling Carrazco Lopez – Feminista –
Graciela Maiztegui – Red Encuentro – SEHAS
Víctor Benítez Insfrán – Asociación de ONGs del Paraguay -
Presidente del Gobierno de España
Presidencia Española de la Unión Europea
Las redes internacionales de sociedad civil, de cooperación y de derechos humanos abajo firmantes, queremos expresar nuestra preocupación por la invitación que su gobierno ha realizado al señor Porfilio Lobo Sosa a participar en la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe que tendrá lugar en Madrid el próximo mes de mayo.
Como lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, creemos que el traspaso de poder al señor Porfilio Lobo Sosa no solucionó el profundo conflicto democrático que afronta el gobierno de Honduras desde la perpetración del golpe de estado el 28 de junio del 2009. El reconocimiento rápido del gobierno de Honduras por parte de la comunidad internacional, es un pésimo precedente para Latinoamérica - región que celebra dos siglos de independencia, de construcción de democracia- y que creía ya superado los fantasmas de los golpes de Estado. Por tanto recordamos que:
1) El señor Lobo Sosa, fue electo en un proceso electoral no reconocido por la comunidad internacional y viciado por la militarización del país, las limitaciones a las libertades fundamentales y bajo la perpetración del crimen de persecución política desde el golpe de Estado mismo.
El señor Lobo Sosa no solamente no condenó el golpe de Estado sino que, como presidente de su partido político, no impidió que éste lo respaldara; tampoco habiendo sido electo Presidente contribuyó para el restablecimiento previo de la democracia y el cumplimiento del Acuerdo Guaymuras-San José.
2) Como presidente del Partido Nacional, el señor Lobo Sosa, en el momento del golpe, influyó para que los diputados de su partido político,asimismo, lo respaldaran.
3) El señor Lobo Soza contribuyó con su partido político a otorgarle el título a Roberto Micheletti de diputado vitalicio, a la usanza de lo que lograra Pinochet en Chile, pese a que dicha figura es contraria a la Constitución hondureña.
Y, en su primer acto como gobernante firmó un decreto de amnistía para los involucrados en la realización y mantenimiento del régimen de facto.
4) Recordamos igualmente que el régimen de facto no desapareció con la transición presidencial ilegítima del último 27 de enero; tanto la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, así como otras instancias del Estado han estado comprometidas con el golpe de Estado y, por acción y omisión, con graves violaciones de derechos humanos, en particular el crimen de persecución política denunciado ante la Corte Penal Internacional.
5) De igual manera, rechazamos la decisión de la Corte Suprema de declarar el sobreseimiento definitivo de seis oficiales militares de alto rango que apoyaron el golpe, alegando que su actuación fue para defender la democracia y la paz en Honduras. Esta resolución del Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, libera de responsabilidad a los militares que ejecutaron el golpe de Estado, mostrando una vez más la politización del órgano judicial, la ausencia de garantías para establecer la verdad, para que se haga justicia y para que se repare a las víctimas.
6) Rechazamos el nombramiento de Romeo Vásquez, una de los rostros más visibles del golpe de Estado, como director de Hondutel, una de las empresas claves del Estado hondureño, con este nombramiento por parte de Lobo Sosa, se demuestra que éste no sólo no tiene voluntad de hacer cambios profundos, sino que sigue cumpliendo compromisos adquiridos con los responsables del golpe.
7) Solicitamos que se mantengan las sanciones sobre Honduras tanto a nivel de la cooperación internacional -salvo la dirigida directamente a organizaciones de la sociedad civil y la ayuda humanitaria-, como de las sanciones diplomáticas, de manera que no se acepte en territorio europeo a ninguna persona vinculada con el golpe de Estado del pasado 28 de junio. El restablecimiento de la cooperación internacional al Estado de Honduras debe estar condicionado a la depuración de los golpistas presentes en la dirección de las más importantes instituciones del Estado.
8) Pedimos repudiar el decreto de amnistía que está hecho para favorecer a los golpistas. El apoyo anunciado de España y, probable de la UE a la Comisión de la Verdad, debe estar condicionado a que realmente se garantice la imparcialidad, objetividad y a que se garanticen los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición de otros golpes de Estado ni de los demás crímenes cometidos por los golpistas.
9) Destacamos que los días 22 y 23 de febrero de 2010 se celebró en México la Cumbre del Grupo Río, en la cual se aprobó la constitución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En esta Cumbre no se invitó al presidente de Honduras debido a que la pertenencia del país a la Organización de Estados Americanos (OEA) está suspendida a causa del derrocamiento de Manuel Zelaya de la Presidencia el pasado 28 de junio. El gobierno de España, en el marco de su presidencia de la UE, debería ser consecuente y demostrar respeto a las resoluciones y decisiones de instancias regionales como el Grupo de Rio y considerar las consecuencias que ésto tiene para Latinoamérica.
10) Insistimos, por tanto, en que la Presidencia Española de la Unión Europea y los Estados miembros no deberían dar señal alguna de que puede legitimarse un golpe de Estado a través de un proceso electoral cuando no se ha garantizado el restablecimiento previo de la democracia y las autoridades electas ellas mismas han sido auspiciadoras o cómplices del rompimiento de la democracia.
Por todo lo expresado, insistimos ante la Presidencia Española de la Unión Europea para que retire la invitación otorgada al señor Porfilio Lobo Sosa a participar en la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en mayo próximo, en Madrid.
Creemos que mantener la invitación al señor Lobo Sosa afecta a las relaciones eurolatinoamericanas y es una señal negativa frente al futuro de la democracia en Latinoamérica.
Esperamos de la Presidencia Española que, en coherencia con sus fidelidades profundas y en defensa de los principios y talante democrático que ha mantenido en muchos espacios de la comunidad internacional, no defraude las expectativas que su Presidencia ha creado, y, de nuevo, aporte referentes valiosos para que sigan avanzando los procesos democratizadores en América Latina y el Caribe.
España no puede hacernos perder la credibilidad que teníamos puesta en su gestión presidencial.
Respetuosamente,
Luis Guillermo Pérez Casas – CIFCA –
Martin Pascual – CENDA –
Miguel Santibáñez –ALOP-
Javier Azpur - Grupo Propuesta Ciudadana –
Luis M. Sirumbal – CEDAL-
Maria Pia Matta – AMARC-
Lilián Celiberti - Articulación Feminista Marcosur-
AnnaMaria Donnarumma – PRODOC-
Roger Barrantes Estrada -Iniciativa CID-
Carlos Amador Moraga – Asociación Cristiana de Jóvenes de Nicaragua-
Juana Mulul - Movimiento Mujeres Indígenas-
Carlos Villarreal – Ecuador Decide –
Marcela Benavides Gazarraga – Colectivo de Mijeres “Acción Política por la Equidad –
Dennys Guzmán - Centro de Estudios Europeos –
Javier Azpur – Grupo Propuesta Ciudadana-
Alejandra Alayza – Red GE-
Stephane Compere - CNCD 11.11.11 –
Tom Kucharz – Ecologistas en Acción –
Enrique Daza –ASC-
Brid Brennan - Transnational Institute-
Raúl Leis –CEAAL-
Alberto Croce - SES –
Carlos Rodriguez – IEPALA-
Mercedes Ruiz Giménez Aguilar – AIETI-
Nina González – SETEM –
Iván González – CDA –
Eveling Carrazco Lopez – Feminista –
Graciela Maiztegui – Red Encuentro – SEHAS
Víctor Benítez Insfrán – Asociación de ONGs del Paraguay -
viernes, 19 de marzo de 2010
ONU critica impunidad de violaciones a derechos humanos en Honduras
San José, Costa Rica, 18 de marzo de 2010
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que el golpe de Estado en Honduras, del 28 de junio de 2009, produjo muertes, miles de detenciones arbitrarias, censura, abusos sexuales, torturas y malos tratos que permanecen impunes, todo en un contexto de uso excesivo de la fuerza que afectó principalmente a los opositores al gobierno de facto.
El Consejo de Derechos Humanos conoció el 15 de marzo el informe de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navy Pillay, acerca de los abusos ocurridos en Honduras tras el golpe.
“La ausencia de investigaciones judiciales independientes, oportunas y efectivas dejó impunes a la mayoría de los responsables, y a las víctimas, sin protección ni reparación judicial apropiada”, según el informe.
El documento cuestiona el uso sistemático de la fuerza excesiva por parte de fuerzas militares y la Policía para disolver manifestaciones opositoras pacíficas, que causó muertes y heridas; la aplicación de torturas a personas acusadas de ser partidarias del depuesto presidente Manuel Zelaya; miles de detenciones arbitrarias, seguidas de malos tratos y la limitación severa de la libertad de expresión, mediante la ocupación de medios de comunicación y la interferencia o interrupción de sus señales.
Entre sus conclusiones, la Alta Comisionada señaló que los preparativos del proceso electoral del 29 de noviembre, en el que ganó el actual presidente Porfirio Lobo, “tuvieron lugar en el contexto de limitaciones y suspensión de garantías, como la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica.
A la impunidad imperante se suma la desprotección en la que se encuentran las personas en Honduras por no contar con órganos de garantía autónomos, eficaces e independientes que les protejan.
El informe surge en momentos en que el gobierno de Porfirio Lobo procura el reconocimiento de la comunidad internacional. CEJIL insiste en la necesidad de establecer condiciones mínimas para este reconocimiento y en este sentido las consideraciones de la Alta Comisionada constituyen insumos legítimos acerca de las acciones concretas que se deben implementar en Honduras.
Para la Alta Comisionada “la fiscalía, los jueces y la Corte Suprema de Justicia, en general han apoyado a las autoridades de facto defendiendo medidas restrictivas a costa de la protección de los derechos humanos y del respeto del estado de derecho”.
Adicionalmente señaló que “las instituciones encargadas de la protección de derechos humanos y de garantizar el estado de derecho en muchos casos no cumplieron este mandato, como consecuencia principalmente de la falta de independencia”. La señora Pillay concluye que “la falta de independencia del Poder Judicial y la aplicación e interpretación desiguales y discriminatorias de la ley han sido evidentes”.
En cuanto al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Ramón Custodio, el informe destacó que “no cumplió con su mandato de proteger los derechos humanos, negándose a investigar las denuncias presentadas a su oficina”. Además mencionó que “en la mayoría de los casos las medidas del propio Comisionado Nacional y su oficina fueron consideradas ineficientes, negligentes, o directamente incompatibles con su mandato.”
Estas afirmaciones de la Alta Comisionada son prueba suficiente del vergonzoso rol que jugaron las autoridades de la Corte Suprema y el CONADEH en el golpe de Estado. A ellos se les debe exigir responsabilidad por sus actuaciones.
Por otra parte, el informe destacó la incompatibilidad de varias normas internas con las obligaciones internacionales del Estado de Honduras e inclusive recomienda enérgicamente revisar o derogar, entre otras, las disposiciones relativas a los delitos de sedición y manifestación ilícita, la Ley de policía y convivencia social y la Ley de estado de sitio.
Esta recomendación es fundamental ya que casi un centenar de personas continúan sometidas a procesos penales por los delitos de sedición y/o manifestación ilícita. Para la Alta Comisionada “estas acusaciones o bien son infundadas, o en el mejor de los casos incongruentes o desproporcionadas”.
CEJIL considera que se debe ordenar el archivo inmediato de este tipo de procesos y cesar la persecución política contra las personas que conforman el Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado.
CEJIL aplaude el informe de la Alta Comisionada y hace un llamado a la comunidad internacional para que exijan el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el mismo, previo a conceder el reconocimiento internacional a las nuevas autoridades hondureñas.
Contacto de prensa:
Nancy Marín
Periodista
Programa de CEJIL para Centroamérica y México
(506) 22-80-74-73
Difusion difusion@cejil.org
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que el golpe de Estado en Honduras, del 28 de junio de 2009, produjo muertes, miles de detenciones arbitrarias, censura, abusos sexuales, torturas y malos tratos que permanecen impunes, todo en un contexto de uso excesivo de la fuerza que afectó principalmente a los opositores al gobierno de facto.
El Consejo de Derechos Humanos conoció el 15 de marzo el informe de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navy Pillay, acerca de los abusos ocurridos en Honduras tras el golpe.
“La ausencia de investigaciones judiciales independientes, oportunas y efectivas dejó impunes a la mayoría de los responsables, y a las víctimas, sin protección ni reparación judicial apropiada”, según el informe.
El documento cuestiona el uso sistemático de la fuerza excesiva por parte de fuerzas militares y la Policía para disolver manifestaciones opositoras pacíficas, que causó muertes y heridas; la aplicación de torturas a personas acusadas de ser partidarias del depuesto presidente Manuel Zelaya; miles de detenciones arbitrarias, seguidas de malos tratos y la limitación severa de la libertad de expresión, mediante la ocupación de medios de comunicación y la interferencia o interrupción de sus señales.
Entre sus conclusiones, la Alta Comisionada señaló que los preparativos del proceso electoral del 29 de noviembre, en el que ganó el actual presidente Porfirio Lobo, “tuvieron lugar en el contexto de limitaciones y suspensión de garantías, como la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica.
A la impunidad imperante se suma la desprotección en la que se encuentran las personas en Honduras por no contar con órganos de garantía autónomos, eficaces e independientes que les protejan.
El informe surge en momentos en que el gobierno de Porfirio Lobo procura el reconocimiento de la comunidad internacional. CEJIL insiste en la necesidad de establecer condiciones mínimas para este reconocimiento y en este sentido las consideraciones de la Alta Comisionada constituyen insumos legítimos acerca de las acciones concretas que se deben implementar en Honduras.
Para la Alta Comisionada “la fiscalía, los jueces y la Corte Suprema de Justicia, en general han apoyado a las autoridades de facto defendiendo medidas restrictivas a costa de la protección de los derechos humanos y del respeto del estado de derecho”.
Adicionalmente señaló que “las instituciones encargadas de la protección de derechos humanos y de garantizar el estado de derecho en muchos casos no cumplieron este mandato, como consecuencia principalmente de la falta de independencia”. La señora Pillay concluye que “la falta de independencia del Poder Judicial y la aplicación e interpretación desiguales y discriminatorias de la ley han sido evidentes”.
En cuanto al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Ramón Custodio, el informe destacó que “no cumplió con su mandato de proteger los derechos humanos, negándose a investigar las denuncias presentadas a su oficina”. Además mencionó que “en la mayoría de los casos las medidas del propio Comisionado Nacional y su oficina fueron consideradas ineficientes, negligentes, o directamente incompatibles con su mandato.”
Estas afirmaciones de la Alta Comisionada son prueba suficiente del vergonzoso rol que jugaron las autoridades de la Corte Suprema y el CONADEH en el golpe de Estado. A ellos se les debe exigir responsabilidad por sus actuaciones.
Por otra parte, el informe destacó la incompatibilidad de varias normas internas con las obligaciones internacionales del Estado de Honduras e inclusive recomienda enérgicamente revisar o derogar, entre otras, las disposiciones relativas a los delitos de sedición y manifestación ilícita, la Ley de policía y convivencia social y la Ley de estado de sitio.
Esta recomendación es fundamental ya que casi un centenar de personas continúan sometidas a procesos penales por los delitos de sedición y/o manifestación ilícita. Para la Alta Comisionada “estas acusaciones o bien son infundadas, o en el mejor de los casos incongruentes o desproporcionadas”.
CEJIL considera que se debe ordenar el archivo inmediato de este tipo de procesos y cesar la persecución política contra las personas que conforman el Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado.
CEJIL aplaude el informe de la Alta Comisionada y hace un llamado a la comunidad internacional para que exijan el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el mismo, previo a conceder el reconocimiento internacional a las nuevas autoridades hondureñas.
Contacto de prensa:
Nancy Marín
Periodista
Programa de CEJIL para Centroamérica y México
(506) 22-80-74-73
Difusion difusion@cejil.org
Asesinan otro miembro de la resistencia que tenía medidas cautelares de la Comisión Interamerciana de Derechos Humanos
El día miércoles 17 de marzo a las 5 y treinta de la tarde fue asesinado Francisco Castillo de 50 años de edad en La Residencial Las Uvas en Tegucigalpa por un desconocido que le dispararo por la espalda. Fue miembro activo de la Resistencia contra el golpe de estado.
Castillo y su esposa fueron objeto de persecución sistemática y visible por personas que se conducían en motocicletas y carros, estos actos se desarrollaban con total impunidad; como consecuencia de ello, el 2 de diciembre de 2009, el Comité para la Defensa de Derechos Humanos CODEH solicito medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lográndose que la misma emitiera resolución el 15 de enero de 2010, indicó Andrés Pavón presidente del organismo.
“ Desde la semana pasada una persona le llamaba para hacer un trato sobre una venta de un inmueble, esta persona le decía que se reunieran en un bufete en Comayaguela, a él le pareció sospechoso y fue hasta anteayer ( miércoles) que se hizo acompañar de su suegro para verse frente a la Iglesia Vida Abundante, mientras esperaban, llego la persona y cuando se despidieron le disparo por la espalda” indicó Pavón del Codeh
“ Se desconoce hasta ahora sí el señor Castillo sostuvo alguna conversación con la persona que le citó pero ya se había informado a la policía de las llamadas telefónicas que estaba recibiendo e incluso de los números de los cuales llegaban los mensajes” agregó el presidente del Codeh
El señor Castillo albergo al Padre Andrés Tamayo en su casa de habitación, le facilitó vehículo para movilizarlo durante el Padre permaneció en la ciudad de Tegucigalpa, el 22 de septiembre fue detenido durante el desalojo violento que ejecuto el ejercito y la policía en los alrededores de la Embajada de Brasil, luego lo detuvieron ilegalmente en las instalaciones del complejo deportivo Chochi Sosa de donde salió por gestiones del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos. Antes laboró con las empresas de Miguel Facussé, su participación activa en el Frente de Resistencia Nacional lo hizo renunciar a su trabajo.
Viernes 19 de marzo
Comunicación Comunitaria.
COMUN-Noticias
Castillo y su esposa fueron objeto de persecución sistemática y visible por personas que se conducían en motocicletas y carros, estos actos se desarrollaban con total impunidad; como consecuencia de ello, el 2 de diciembre de 2009, el Comité para la Defensa de Derechos Humanos CODEH solicito medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lográndose que la misma emitiera resolución el 15 de enero de 2010, indicó Andrés Pavón presidente del organismo.
“ Desde la semana pasada una persona le llamaba para hacer un trato sobre una venta de un inmueble, esta persona le decía que se reunieran en un bufete en Comayaguela, a él le pareció sospechoso y fue hasta anteayer ( miércoles) que se hizo acompañar de su suegro para verse frente a la Iglesia Vida Abundante, mientras esperaban, llego la persona y cuando se despidieron le disparo por la espalda” indicó Pavón del Codeh
“ Se desconoce hasta ahora sí el señor Castillo sostuvo alguna conversación con la persona que le citó pero ya se había informado a la policía de las llamadas telefónicas que estaba recibiendo e incluso de los números de los cuales llegaban los mensajes” agregó el presidente del Codeh
El señor Castillo albergo al Padre Andrés Tamayo en su casa de habitación, le facilitó vehículo para movilizarlo durante el Padre permaneció en la ciudad de Tegucigalpa, el 22 de septiembre fue detenido durante el desalojo violento que ejecuto el ejercito y la policía en los alrededores de la Embajada de Brasil, luego lo detuvieron ilegalmente en las instalaciones del complejo deportivo Chochi Sosa de donde salió por gestiones del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos. Antes laboró con las empresas de Miguel Facussé, su participación activa en el Frente de Resistencia Nacional lo hizo renunciar a su trabajo.
Viernes 19 de marzo
Comunicación Comunitaria.
COMUN-Noticias
miércoles, 17 de marzo de 2010
Con Monseñor Romero exigimos: ¡Cese la represión!
Porfirio, Hermes, Julio, Vanessa, Manuel, Ricardo, Freddy y Mauro son apenas algunos de los nombres que engrosan las estadísticas de centenares de violaciones a los derechos humanos cometidas en Honduras desde la llegada al poder de Porfirio Lobo Sosa.
Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un nuevo comunicado en el que lamenta y deplora el asesinato del periodista Nahún Palacios, cuyo nombre y vida se suman a la lista de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el país.
Nahún Palacios era beneficiario de medidas de protección que el Estado hondureño tenía la obligación de brindar, ya que tras el golpe de Estado este periodista dio cobertura a las manifestaciones anti golpistas y expresó públicamente su rechazo al atentado contra la democracia hondureña.
Como consecuencia de su compromiso de informar con objetividad, el 30 de junio de 2009 los militares le confiscaron su equipo de trabajo, allanaron su domicilio, apuntaron a sus hijos con armas y decomisaron su vehículo. El día 14 de marzo acabaron con su vida y quedó claro una vez más que al gobierno de Pepe Lobo no le importan los derechos humanos de quienes amamos la democracia y condenamos el golpe de Estado y su continuidad.
Este nuevo asesinato se da un día antes de que la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas presentara su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Honduras, y en él ratifica que las violaciones a los derechos humanos en el país son el pan nuestro de cada día.
Este informe tiene una importancia fundamental de cara al acceso a la justicia internacional, ya que es una prueba más de que en Honduras las violaciones a los derechos humanos no son investigadas seriamente y por tanto, es necesario y urgente que, por un lado, la comunidad internacional condicione el reconocimiento del gobierno de Lobo al cese de la represión y la sanción de los criminales; y por otro, que el fiscal de la Corte Penal Internacional considere la apertura de una investigación de oficio contra los altos responsables militares, policiales y civiles que están detrás de estos crímenes de lesa humanidad.
Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un nuevo comunicado en el que lamenta y deplora el asesinato del periodista Nahún Palacios, cuyo nombre y vida se suman a la lista de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el país.
Nahún Palacios era beneficiario de medidas de protección que el Estado hondureño tenía la obligación de brindar, ya que tras el golpe de Estado este periodista dio cobertura a las manifestaciones anti golpistas y expresó públicamente su rechazo al atentado contra la democracia hondureña.
Como consecuencia de su compromiso de informar con objetividad, el 30 de junio de 2009 los militares le confiscaron su equipo de trabajo, allanaron su domicilio, apuntaron a sus hijos con armas y decomisaron su vehículo. El día 14 de marzo acabaron con su vida y quedó claro una vez más que al gobierno de Pepe Lobo no le importan los derechos humanos de quienes amamos la democracia y condenamos el golpe de Estado y su continuidad.
Este nuevo asesinato se da un día antes de que la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas presentara su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Honduras, y en él ratifica que las violaciones a los derechos humanos en el país son el pan nuestro de cada día.
Este informe tiene una importancia fundamental de cara al acceso a la justicia internacional, ya que es una prueba más de que en Honduras las violaciones a los derechos humanos no son investigadas seriamente y por tanto, es necesario y urgente que, por un lado, la comunidad internacional condicione el reconocimiento del gobierno de Lobo al cese de la represión y la sanción de los criminales; y por otro, que el fiscal de la Corte Penal Internacional considere la apertura de una investigación de oficio contra los altos responsables militares, policiales y civiles que están detrás de estos crímenes de lesa humanidad.
martes, 16 de marzo de 2010
Comisión Interamericana de Derechos Humanos deplora asesinato de periodista en Honduras
COMUNICADO DE PRENSA No. 31/10
Washington, DC, 16 de marzo de 2010 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamenta y deplora el asesinato en Honduras del periodista Nahún Palacios, beneficiario de medidas cautelares dictadas por la Comisión el 24 de julio de 2009, y condena enérgicamente la falta de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en el país.
Según la información recibida, Nahún Palacios fue asesinado por dos desconocidos que lo atacaron con fusiles automáticos AK-47 en la noche del domingo 14 de marzo, cuando regresaba a su casa en el barrio Los Pinos de la ciudad de Tocoa, ubicada a unos 400 kilómetros al norte de Tegucigalpa. La información indica que el periodista, que era director de noticias de la Televisora Canal 5 del Aguán, recibió 30 balas, y el automóvil en el que viajaba presenta 42 impactos de bala. Se agrega que las dos personas que viajaban con él resultaron heridas.
Tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, Nahún Palacios dio cobertura a las manifestaciones organizadas por la resistencia al golpe y expresó públicamente su rechazo al mismo. Según la información recibida por la Comisión, el 30 de junio de 2009 se realizó un operativo militar en el cual le fueron confiscados equipos de trabajo del canal, allanaron su domicilio, apuntaron a sus hijos con armas y decomisaron su vehículo.
El 24 de julio de 2009, la CIDH otorgó medidas cautelares para Nahún Palacios, solicitando al Estado de Honduras que adoptara las medidas necesarias para proteger su vida y su integridad personal. De acuerdo a la información recibida, estas medidas no fueron implementadas por las autoridades hondureñas. En las últimas semanas, Nahún Palacios venía dando cobertura al conflicto agrario que se vive en el Aguán entre el Movimiento Campesino Unificado (MUCA) y empresarios, así como a un operativo militar que culminó en el decomiso de armas y drogas y la captura de 18 personas. En los últimos días el periodista había recibido nuevas amenazas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión lamentan profundamente el asesinato de Nahún Palacios y el hecho de que el Estado no haya implementado las medidas cautelares para proteger su vida. En este sentido, urgen a las autoridades hondureñas a investigar este crimen de manera rápida y eficaz e insta a que sus responsables materiales e intelectuales sean debidamente juzgados y sancionados.
La CIDH expresa su profunda preocupación ante este tercer asesinato de un periodista en Honduras en lo que va del mes, tras las muertes violentas de Joseph Hernández Ochoa el 1 de marzo y de David Meza Montesinos el 11 de marzo. La Comisión Interamericana exhorta al Estado de Honduras a que adopte medidas urgentes para garantizar la vida y la integridad de los periodistas en riesgo, así como el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
Fuente: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2010/31-10sp.htm
Washington, DC, 16 de marzo de 2010 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamenta y deplora el asesinato en Honduras del periodista Nahún Palacios, beneficiario de medidas cautelares dictadas por la Comisión el 24 de julio de 2009, y condena enérgicamente la falta de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en el país.
Según la información recibida, Nahún Palacios fue asesinado por dos desconocidos que lo atacaron con fusiles automáticos AK-47 en la noche del domingo 14 de marzo, cuando regresaba a su casa en el barrio Los Pinos de la ciudad de Tocoa, ubicada a unos 400 kilómetros al norte de Tegucigalpa. La información indica que el periodista, que era director de noticias de la Televisora Canal 5 del Aguán, recibió 30 balas, y el automóvil en el que viajaba presenta 42 impactos de bala. Se agrega que las dos personas que viajaban con él resultaron heridas.
Tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, Nahún Palacios dio cobertura a las manifestaciones organizadas por la resistencia al golpe y expresó públicamente su rechazo al mismo. Según la información recibida por la Comisión, el 30 de junio de 2009 se realizó un operativo militar en el cual le fueron confiscados equipos de trabajo del canal, allanaron su domicilio, apuntaron a sus hijos con armas y decomisaron su vehículo.
El 24 de julio de 2009, la CIDH otorgó medidas cautelares para Nahún Palacios, solicitando al Estado de Honduras que adoptara las medidas necesarias para proteger su vida y su integridad personal. De acuerdo a la información recibida, estas medidas no fueron implementadas por las autoridades hondureñas. En las últimas semanas, Nahún Palacios venía dando cobertura al conflicto agrario que se vive en el Aguán entre el Movimiento Campesino Unificado (MUCA) y empresarios, así como a un operativo militar que culminó en el decomiso de armas y drogas y la captura de 18 personas. En los últimos días el periodista había recibido nuevas amenazas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión lamentan profundamente el asesinato de Nahún Palacios y el hecho de que el Estado no haya implementado las medidas cautelares para proteger su vida. En este sentido, urgen a las autoridades hondureñas a investigar este crimen de manera rápida y eficaz e insta a que sus responsables materiales e intelectuales sean debidamente juzgados y sancionados.
La CIDH expresa su profunda preocupación ante este tercer asesinato de un periodista en Honduras en lo que va del mes, tras las muertes violentas de Joseph Hernández Ochoa el 1 de marzo y de David Meza Montesinos el 11 de marzo. La Comisión Interamericana exhorta al Estado de Honduras a que adopte medidas urgentes para garantizar la vida y la integridad de los periodistas en riesgo, así como el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
Fuente: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2010/31-10sp.htm
lunes, 15 de marzo de 2010
Con asesinatos régimen hondureño desafía sistema internacional de derechos humanos
Fuente: Defensores en línea
Lunes 15 de marzo de 2010. Dina Meza
“El asesinato contra el periodista Nahum Palacios es un desafío del gobierno al sistema internacional de derechos humanos, porque él era beneficiario de medidas cautelares que habían sido otorgadas por la CIDH, pero que no fueron implementadas de inmediato tal como está estipulado, lo que trajo como consecuencia su muerte”, denunció Bertha Oliva, Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, este lunes.
Palacios fue asesinado a las 11 de la noche del domingo 14 de marzo, los criminales le asestaron unos 28 balazos de AK-47, antes de llegar su vivienda en el barrio Los Pinos de Tocoa, en el departamento de Colón, cuando se conducía en un vehículo. Palacios junto a otra persona quien fue gravemente herida. Él era el director de la televisora del Aguán, Canal 5.
Oliva también señaló que con esta situación COFADEH activa nuevamente en forma emergente su sistema de alerta internacional, pues hay más comunicadores amenazados por su ejercicio periodístico, en detrimento de la libertad de Expresión e Información, contemplados en tratados y convenios internacionales y la Constitución de Honduras.
Nahum Palacios, es uno de los periodista que el 24 de julio del año pasado fue hostigado fuertemente por los cuerpos represivos al difundir información sobre las protestas populares contra el golpe de Estado, producto de lo cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, había otorgado medidas cautelares.
En los últimos días Palacios transmitía mucha información sobre el conflicto en el Bajo Aguán, donde unas tres mil familias están siendo víctimas de hostigamiento por parte de terratenientes poderosos, entre ellos Miguel Facussé Barjum, que quieren quedarse con las mismas y han levantado una fuerte campaña en medios de comunicación afines, para tratar de deslegitimar la lucha por la tierra.
Desde julio de 2009 COFADEH solicitó medidas cautelares a favor de periodista
El 10 de julio de 2009 el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, solicitó ante la CIDH medidas cautelares para varios periodistas que estaban sufriendo represión por el régimen de Roberto Micheletti, entre ellos Palacios.
El día 28 de junio de 2009, elementos de la Base Naval de Puerto Castilla, al mando de tres coroneles se apersonaron a la Televisora del Aguán, Canal 5, en donde amenazaron al periodista Nahúm Palacios, y le decomisaron el equipo del estudio. El operativo fue comandado por el Capitán Tercero, quien ordenó la detención de cuatro miembros del personal que laboran en los programas Tele-Cinco que se trasmite a las 6 de la tarde y del Meridiano Informativo que se transmite a las 12:00 m. Johny Nahín Palacios, Dariel Hernández, Ángel Nolasco y Elmer.
Posteriormente, el 29 de junio, a las 6:40 a.m., este mismo comando del ejército al mando del Comandante de la Base Naval, de apellido Tercero allanó su vivienda, y le sentenció que solo debía pasar cosas del nuevo gobierno. Durante el mismo maltrató físicamente a cuatro de los hijos del periodista Palacios, obligándoles a ver el sol. El periodista Palacios fue detenido, acusado de llamar al desorden y a la insurrección, permaneciendo en la posta policial durante una hora, fue liberado por la intervención de la juez Suyapa Baca que nombró un defensor público. Durante la detención, el Capitán Tercero lo maltrataba verbalmente y le decía que no tenía derechos constitucionales.
Este mismo día allanaron la casa de la propietaria del canal Señora Elia Suyapa Trejo, quien fue agredida verbalmente, al mismo tiempo golpeaban los muebles para intimidarla y registraban los gaveteros.
En el oficio MC 196/09, la CIDH le solicitó al Estado hondureño salvaguardar la vida e integridad de Palacios por la situación de riesgo en que se encontraba, a la vez que solicitó contar con información sobre la implementación de las medidas requeridas antes del 29 de julio de 2009.
Aunque la vida de Palacios siempre estuvo en riesgo el Estado hondureño nunca implementó las medidas cautelares. Al ser consultado por el COFADEH, Fernando Griffin, delegado de la Secretaría de Seguridad, para llevar a cabo esta tarea, manifestó que no ha sido posible porque aún espera instrucciones de las altas autoridades de esta dependencia.
Tres periodistas asesinados en menos de un mes
El 11 de marzo en similares circunstancias fue asesinado David Meza Montecinos, reportero de Radio El Patio de La Ceiba, corresponsal de Radio América y del Noticiero Abriendo Brecha.
Asimismo el 02 de marzo hombres que se conducían en motocicleta le dispararon en más de cuarenta ocasiones a Joseph Ochoa, quien viajaba junto a la comunicadora, Karol Cabrera, que Salió herida del ataque.
Hay situaciones muy delicadas en estos momentos en el país que pueden traer consecuencias fatales para más periodistas, entre éstos se encuentra la lucha popular por la refundación de Honduras; el conflicto de tierras donde hay poderosos terratenientes; la activación de una campaña de una supuesta lucha armada por parte de los grupos sociales que impulsan cambios radicales en la nación, como una forma de desprestigiar esta lucha pacífica.
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=661:con-asesinatos-regimen-desafia-sistema-internacional-de-derechos-humanos&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159
Lunes 15 de marzo de 2010. Dina Meza
“El asesinato contra el periodista Nahum Palacios es un desafío del gobierno al sistema internacional de derechos humanos, porque él era beneficiario de medidas cautelares que habían sido otorgadas por la CIDH, pero que no fueron implementadas de inmediato tal como está estipulado, lo que trajo como consecuencia su muerte”, denunció Bertha Oliva, Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, este lunes.
Palacios fue asesinado a las 11 de la noche del domingo 14 de marzo, los criminales le asestaron unos 28 balazos de AK-47, antes de llegar su vivienda en el barrio Los Pinos de Tocoa, en el departamento de Colón, cuando se conducía en un vehículo. Palacios junto a otra persona quien fue gravemente herida. Él era el director de la televisora del Aguán, Canal 5.
Oliva también señaló que con esta situación COFADEH activa nuevamente en forma emergente su sistema de alerta internacional, pues hay más comunicadores amenazados por su ejercicio periodístico, en detrimento de la libertad de Expresión e Información, contemplados en tratados y convenios internacionales y la Constitución de Honduras.
Nahum Palacios, es uno de los periodista que el 24 de julio del año pasado fue hostigado fuertemente por los cuerpos represivos al difundir información sobre las protestas populares contra el golpe de Estado, producto de lo cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, había otorgado medidas cautelares.
En los últimos días Palacios transmitía mucha información sobre el conflicto en el Bajo Aguán, donde unas tres mil familias están siendo víctimas de hostigamiento por parte de terratenientes poderosos, entre ellos Miguel Facussé Barjum, que quieren quedarse con las mismas y han levantado una fuerte campaña en medios de comunicación afines, para tratar de deslegitimar la lucha por la tierra.
Desde julio de 2009 COFADEH solicitó medidas cautelares a favor de periodista
El 10 de julio de 2009 el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, solicitó ante la CIDH medidas cautelares para varios periodistas que estaban sufriendo represión por el régimen de Roberto Micheletti, entre ellos Palacios.
El día 28 de junio de 2009, elementos de la Base Naval de Puerto Castilla, al mando de tres coroneles se apersonaron a la Televisora del Aguán, Canal 5, en donde amenazaron al periodista Nahúm Palacios, y le decomisaron el equipo del estudio. El operativo fue comandado por el Capitán Tercero, quien ordenó la detención de cuatro miembros del personal que laboran en los programas Tele-Cinco que se trasmite a las 6 de la tarde y del Meridiano Informativo que se transmite a las 12:00 m. Johny Nahín Palacios, Dariel Hernández, Ángel Nolasco y Elmer.
Posteriormente, el 29 de junio, a las 6:40 a.m., este mismo comando del ejército al mando del Comandante de la Base Naval, de apellido Tercero allanó su vivienda, y le sentenció que solo debía pasar cosas del nuevo gobierno. Durante el mismo maltrató físicamente a cuatro de los hijos del periodista Palacios, obligándoles a ver el sol. El periodista Palacios fue detenido, acusado de llamar al desorden y a la insurrección, permaneciendo en la posta policial durante una hora, fue liberado por la intervención de la juez Suyapa Baca que nombró un defensor público. Durante la detención, el Capitán Tercero lo maltrataba verbalmente y le decía que no tenía derechos constitucionales.
Este mismo día allanaron la casa de la propietaria del canal Señora Elia Suyapa Trejo, quien fue agredida verbalmente, al mismo tiempo golpeaban los muebles para intimidarla y registraban los gaveteros.
En el oficio MC 196/09, la CIDH le solicitó al Estado hondureño salvaguardar la vida e integridad de Palacios por la situación de riesgo en que se encontraba, a la vez que solicitó contar con información sobre la implementación de las medidas requeridas antes del 29 de julio de 2009.
Aunque la vida de Palacios siempre estuvo en riesgo el Estado hondureño nunca implementó las medidas cautelares. Al ser consultado por el COFADEH, Fernando Griffin, delegado de la Secretaría de Seguridad, para llevar a cabo esta tarea, manifestó que no ha sido posible porque aún espera instrucciones de las altas autoridades de esta dependencia.
Tres periodistas asesinados en menos de un mes
El 11 de marzo en similares circunstancias fue asesinado David Meza Montecinos, reportero de Radio El Patio de La Ceiba, corresponsal de Radio América y del Noticiero Abriendo Brecha.
Asimismo el 02 de marzo hombres que se conducían en motocicleta le dispararon en más de cuarenta ocasiones a Joseph Ochoa, quien viajaba junto a la comunicadora, Karol Cabrera, que Salió herida del ataque.
Hay situaciones muy delicadas en estos momentos en el país que pueden traer consecuencias fatales para más periodistas, entre éstos se encuentra la lucha popular por la refundación de Honduras; el conflicto de tierras donde hay poderosos terratenientes; la activación de una campaña de una supuesta lucha armada por parte de los grupos sociales que impulsan cambios radicales en la nación, como una forma de desprestigiar esta lucha pacífica.
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=661:con-asesinatos-regimen-desafia-sistema-internacional-de-derechos-humanos&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159
jueves, 11 de marzo de 2010
Preocupa a CEJIL el nombramiento de Romeo Vásquez como gerente de HONDUTEL
San José, Costa Rica, 11 de marzo de 2010
El presidente hondureño, Porfirio Lobo, nombró al ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, como nuevo gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), el pasado 8 de marzo.
El ex general participó en la detención y expulsión del ex presidente Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009. Vásquez Velásquez fue un actor clave en el golpe de Estado hondureño, que después fue sobreseído definitivamente por la Corte Suprema de Justicia, junto con 5 militares más. Este nombramiento es un lamentable reconocimiento a una persona que atentó contra el sistema democrático hondureño.
Romeo Vásquez Velásquez estuvo al mando de las fuerzas armadas cuando fueron cometidas masivas y graves violaciones a los derechos humanos. Desde el 28 de junio varios medios de comunicación fueron allanados de manera ilegal. Adicionalmente, dado que estos hechos no cesaron, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó medidas de protección para garantizar la libertad de expresión de Canal 36, Radio La Catracha , Cholusat Sur y Radio Globo, y ordenó devolver los equipos de trabajo y transmisión que soldados y policías habían decomisado el 26 de septiembre de 2009.
Durante los meses posteriores al golpe de Estado, el Ejército atacó civiles, reprimió manifestaciones y hostigó a defensores de derechos humanos, periodistas, entre otros. Un ejemplo de esas graves violaciones de derechos humanos, es la muerte de Isis Obed Murillo Mencías, de 19 años de edad, quien falleció como consecuencia de una herida de bala en la cabeza en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa. Dicha manifestación fue reprimida por las Fuerzas Armadas, quienes dispusieron francotiradores en edificios cercanos.
La CIDH ha señalado en su Informe Honduras: Derechos Humanos y golpe de Estado, que “durante la vigencia del toque de queda, agentes del Ejército intimidaron a la población para que no saliera de sus casas y detuvieron personas sin orden judicial.” En el informe de la CIDH se relatan diversas violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército el cual era dirigido en ese momento por el general Vásquez.
La decisión del presidente Lobo de beneficiar al militar con este nombramiento sienta un mal precedente y pone en duda su compromiso con la democracia y con el respeto de los derechos humanos. Romeo Vásquez debe ser investigado por las graves violaciones a los derechos humanos que cometió el Ejército mientras él lo dirigía. Este nombramiento es una carta blanca para la impunidad, y mengua cada vez más las posibilidades de que se identifique, procese y juzgue adecuadamente a los responsables de los hechos ocurridos.
Dado que el nombramiento de Romeo Vásquez depende de manera exclusiva del Ejecutivo, CEJIL exhorta al presidente Porfirio Lobo a revocar tal designación y a abstenerse de realizar este tipo de acciones que premian a quienes ocuparon posiciones de poder cuando ocurrieron violaciones a los derechos humanos. La situación de Honduras es crítica y el mandatario debe dar el ejemplo del compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho. Desafortunadamente, actos como éste ponen en entredicho tal deber.
Contacto en Costa Rica
Nancy Marín Espinoza
Difusión y Prensa
Tel: 506-2280-7473/7608
Correo electrónico: nmarin@cejil.org
www.cejil.org
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA , la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.
El presidente hondureño, Porfirio Lobo, nombró al ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, como nuevo gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), el pasado 8 de marzo.
El ex general participó en la detención y expulsión del ex presidente Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009. Vásquez Velásquez fue un actor clave en el golpe de Estado hondureño, que después fue sobreseído definitivamente por la Corte Suprema de Justicia, junto con 5 militares más. Este nombramiento es un lamentable reconocimiento a una persona que atentó contra el sistema democrático hondureño.
Romeo Vásquez Velásquez estuvo al mando de las fuerzas armadas cuando fueron cometidas masivas y graves violaciones a los derechos humanos. Desde el 28 de junio varios medios de comunicación fueron allanados de manera ilegal. Adicionalmente, dado que estos hechos no cesaron, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó medidas de protección para garantizar la libertad de expresión de Canal 36, Radio La Catracha , Cholusat Sur y Radio Globo, y ordenó devolver los equipos de trabajo y transmisión que soldados y policías habían decomisado el 26 de septiembre de 2009.
Durante los meses posteriores al golpe de Estado, el Ejército atacó civiles, reprimió manifestaciones y hostigó a defensores de derechos humanos, periodistas, entre otros. Un ejemplo de esas graves violaciones de derechos humanos, es la muerte de Isis Obed Murillo Mencías, de 19 años de edad, quien falleció como consecuencia de una herida de bala en la cabeza en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa. Dicha manifestación fue reprimida por las Fuerzas Armadas, quienes dispusieron francotiradores en edificios cercanos.
La CIDH ha señalado en su Informe Honduras: Derechos Humanos y golpe de Estado, que “durante la vigencia del toque de queda, agentes del Ejército intimidaron a la población para que no saliera de sus casas y detuvieron personas sin orden judicial.” En el informe de la CIDH se relatan diversas violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército el cual era dirigido en ese momento por el general Vásquez.
La decisión del presidente Lobo de beneficiar al militar con este nombramiento sienta un mal precedente y pone en duda su compromiso con la democracia y con el respeto de los derechos humanos. Romeo Vásquez debe ser investigado por las graves violaciones a los derechos humanos que cometió el Ejército mientras él lo dirigía. Este nombramiento es una carta blanca para la impunidad, y mengua cada vez más las posibilidades de que se identifique, procese y juzgue adecuadamente a los responsables de los hechos ocurridos.
Dado que el nombramiento de Romeo Vásquez depende de manera exclusiva del Ejecutivo, CEJIL exhorta al presidente Porfirio Lobo a revocar tal designación y a abstenerse de realizar este tipo de acciones que premian a quienes ocuparon posiciones de poder cuando ocurrieron violaciones a los derechos humanos. La situación de Honduras es crítica y el mandatario debe dar el ejemplo del compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho. Desafortunadamente, actos como éste ponen en entredicho tal deber.
Contacto en Costa Rica
Nancy Marín Espinoza
Difusión y Prensa
Tel: 506-2280-7473/7608
Correo electrónico: nmarin@cejil.org
www.cejil.org
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA , la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.
martes, 9 de marzo de 2010
El gobierno de Pepe Lobo y las graves violaciones a los derechos humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos nuevamente manifestó su preocupación por la violación de los derechos humanos en Honduras desde la llegada al poder de Porfirio Lobo Sosa.
En un comunicado publicado el día lunes 08 de marzo, la Comisión Interamericana condena y lamenta los asesinatos, secuestros, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales y allanamientos ilegales de que han sido víctimas personas activas en la resistencia contra el golpe de Estado y sus familiares.
Además, observa con consternación que se están asesinando, secuestrando, agrediendo y amenazando a los hijos e hijas de activistas en la resistencia, sindicalistas y comunicadores sociales como una estrategia para acallarlos.
En este sentido, la Comisión Interamericana denuncia que estos hechos se dan en un contexto de grave deterioro de los derechos humanos en el país, señalando que sólo durante el último mes se han producido más de medio centenar de detenciones, ocho casos de torturas, dos secuestros, dos violaciones sexuales y un allanamiento de domicilio.
Frente a esa situación, le exige al gobierno de Lobo Sosa que adopte medidas urgentes para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad de la población en resistencia democrática.
Sin duda alguna, esta comunicación de la Comisión Interamericana debe servir para dos cuestiones fundamentales:
En primer lugar, para que aquellos que se han apresurado o se preparan para reconocer al gobierno de Lobo Sosa entiendan que no se puede ni se debe reconocer a un gobierno surgido de un golpe militar y que mantiene una política de Estado de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Y en segundo lugar, para que los altos responsables del gobierno comprendan que esta comunicación implica que la comunidad internacional tiene sus ojos puestos en Honduras y que representa una prueba irrefutable de que en el país se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad que son competencia de la justicia penal internacional.
En un comunicado publicado el día lunes 08 de marzo, la Comisión Interamericana condena y lamenta los asesinatos, secuestros, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales y allanamientos ilegales de que han sido víctimas personas activas en la resistencia contra el golpe de Estado y sus familiares.
Además, observa con consternación que se están asesinando, secuestrando, agrediendo y amenazando a los hijos e hijas de activistas en la resistencia, sindicalistas y comunicadores sociales como una estrategia para acallarlos.
En este sentido, la Comisión Interamericana denuncia que estos hechos se dan en un contexto de grave deterioro de los derechos humanos en el país, señalando que sólo durante el último mes se han producido más de medio centenar de detenciones, ocho casos de torturas, dos secuestros, dos violaciones sexuales y un allanamiento de domicilio.
Frente a esa situación, le exige al gobierno de Lobo Sosa que adopte medidas urgentes para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad de la población en resistencia democrática.
Sin duda alguna, esta comunicación de la Comisión Interamericana debe servir para dos cuestiones fundamentales:
En primer lugar, para que aquellos que se han apresurado o se preparan para reconocer al gobierno de Lobo Sosa entiendan que no se puede ni se debe reconocer a un gobierno surgido de un golpe militar y que mantiene una política de Estado de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Y en segundo lugar, para que los altos responsables del gobierno comprendan que esta comunicación implica que la comunidad internacional tiene sus ojos puestos en Honduras y que representa una prueba irrefutable de que en el país se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad que son competencia de la justicia penal internacional.
lunes, 8 de marzo de 2010
CIDH deplora asesinatos, secuestros y agresiones en Honduras
COMUNICADO DE PRENSA No. 26/10
Washington, DC, 8 de marzo de 2010 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena y lamenta los asesinatos de tres miembros activos de la resistencia al golpe de estado, registrados en el último mes en Honduras. Asimismo, la CIDH deplora los secuestros, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales y allanamientos ilegales de que han sido víctimas personas activas en la resistencia contra el golpe de Estado y sus familiares. La CIDH expresa también su profunda preocupación ante la información recibida de que hijos e hijas de activistas están siendo amenazados y hostigados, y que en dos casos han sido asesinados.
Según la información recibida, el 3 de febrero de 2010, Vanessa Zepeda Alonzo, de 29 años de edad, quien era activa en el Frente de Resistencia y afiliada al Sindicato de Empleados de la Seguridad Social, fue encontrada muerta en Tegucigalpa. Según testigos oculares, su cuerpo fue lanzado desde un carro. Asimismo, el 15 de febrero de 2010, Julio Funez Benitez, miembro activo de la resistencia y afiliado al Sindicato de Trabajadores de SANAA, fue asesinado de dos balazos mientras conversaba en la acera de su residencia en la Colonia Brisas de Olancho, por sujetos desconocidos que se transportaban en una motocicleta. Finalmente, el 24 de febrero de 2010 fue asesinada en su domicilio Claudia Maritza Brizuela, de 36 años de edad, hija del dirigente sindical y social Pedro Brizuela, que participa activamente en la resistencia. Dos desconocidos llamaron a la puerta y al abrir, Claudia Brisuelas fue asesinada a balazos, frente a sus hijos de 2 y 8 años de edad.
La Comisión observa con consternación que se estaría asesinando, secuestrando agrediendo y amenazando a los hijos y a las hijas de los líderes del Frente de Resistencia, como una estrategia para acallarlos. En este sentido, el 17 de febrero de 2010 apareció ahorcada Dara Gudiel, de 17 años de edad, en la Ciudad de Danlí, departamento del Paraíso. Dara Gudiel era hija del comunicador social Enrique Gudiel, quien dirige un programa de radio llamado “Siempre al Frente con el Frente”, donde se transmiten informaciones sobre la resistencia. Días antes de aparecer ahorcada, Dara Gudiel había sido liberada, luego de permanecer secuestrada dos días durante los cuales habría sido maltratada físicamente.
Por otra parte, el 9 de febrero de 2010 fueron secuestrados cinco miembros de una familia que es activa en la resistencia, por siete hombres fuertemente armados que vestían uniforme militar y tenían el rostro cubierto con gorros pasamontañas. Una de las personas secuestradas era una joven que había denunciado en agosto de 2009 haber sido violada sexualmente por cuatro policías luego de haberla detenido en una manifestación contra el golpe de Estado perpetrado el 29 de junio. El 9 de febrero, los hombres armados interceptaron el vehículo en el cual viajaba la joven junto con su hermano, su hermana y otras dos personas; cuando les ofrecieron las llaves del auto, respondieron que lo que querían era a la joven, “a ver si esta vez los denunciaba”. Los cinco fueron obligados a punta de pistola a caminar montaña adentro, donde dos de las mujeres fueron violadas sexualmente; la tercera fue víctima de robo y amenazas de muerte, y los dos hombres fueron sometidos a torturas físicas. Fueron liberados horas después.
Estos hechos se dan en un contexto de grave hostigamiento contra los miembros activos de la resistencia en Honduras, en el cual durante el último mes se han producido más de medio centenar de detenciones, ocho casos de torturas, dos secuestros, dos violaciones sexuales y un allanamiento de domicilio. Estas agresiones se han realizado contra miembros de la resistencia, sindicalistas y comunicadores sociales, así como sus hijos e hijas.
Honduras debe adoptar medidas urgentes para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal. Todas las personas sin distinción deben estar igualmente protegidas en el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, reunión y participación política.
La CIDH encuentra necesario reiterar que la participación política y social a través de la manifestación pública es esencial en la vida democrática de las sociedades, y que reviste un interés social imperativo. Las personas de todos los sectores políticos tienen el derecho de ejercer plena y libremente su derecho de libertad de expresión y su derecho de reunión, sin violencia y de conformidad con la ley y las normas interamericanas de protección de los derechos humanos. Como lo han señalado la Comisión y la Corte Interamericanas, los Estados no sólo no deben interferir con el ejercicio de estos derechos sino que deben adoptar medidas para asegurar su ejercicio efectivo.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
Enlaces útiles:
Informe Derechos Humanos y Golpe de Estado (Honduras, 2009): http://www.cidh.org/countryrep/Honduras09sp/Indice.htm
Sitio web de la CIDH: http://www.cidh.org/Default.htm
Washington, DC, 8 de marzo de 2010 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena y lamenta los asesinatos de tres miembros activos de la resistencia al golpe de estado, registrados en el último mes en Honduras. Asimismo, la CIDH deplora los secuestros, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales y allanamientos ilegales de que han sido víctimas personas activas en la resistencia contra el golpe de Estado y sus familiares. La CIDH expresa también su profunda preocupación ante la información recibida de que hijos e hijas de activistas están siendo amenazados y hostigados, y que en dos casos han sido asesinados.
Según la información recibida, el 3 de febrero de 2010, Vanessa Zepeda Alonzo, de 29 años de edad, quien era activa en el Frente de Resistencia y afiliada al Sindicato de Empleados de la Seguridad Social, fue encontrada muerta en Tegucigalpa. Según testigos oculares, su cuerpo fue lanzado desde un carro. Asimismo, el 15 de febrero de 2010, Julio Funez Benitez, miembro activo de la resistencia y afiliado al Sindicato de Trabajadores de SANAA, fue asesinado de dos balazos mientras conversaba en la acera de su residencia en la Colonia Brisas de Olancho, por sujetos desconocidos que se transportaban en una motocicleta. Finalmente, el 24 de febrero de 2010 fue asesinada en su domicilio Claudia Maritza Brizuela, de 36 años de edad, hija del dirigente sindical y social Pedro Brizuela, que participa activamente en la resistencia. Dos desconocidos llamaron a la puerta y al abrir, Claudia Brisuelas fue asesinada a balazos, frente a sus hijos de 2 y 8 años de edad.
La Comisión observa con consternación que se estaría asesinando, secuestrando agrediendo y amenazando a los hijos y a las hijas de los líderes del Frente de Resistencia, como una estrategia para acallarlos. En este sentido, el 17 de febrero de 2010 apareció ahorcada Dara Gudiel, de 17 años de edad, en la Ciudad de Danlí, departamento del Paraíso. Dara Gudiel era hija del comunicador social Enrique Gudiel, quien dirige un programa de radio llamado “Siempre al Frente con el Frente”, donde se transmiten informaciones sobre la resistencia. Días antes de aparecer ahorcada, Dara Gudiel había sido liberada, luego de permanecer secuestrada dos días durante los cuales habría sido maltratada físicamente.
Por otra parte, el 9 de febrero de 2010 fueron secuestrados cinco miembros de una familia que es activa en la resistencia, por siete hombres fuertemente armados que vestían uniforme militar y tenían el rostro cubierto con gorros pasamontañas. Una de las personas secuestradas era una joven que había denunciado en agosto de 2009 haber sido violada sexualmente por cuatro policías luego de haberla detenido en una manifestación contra el golpe de Estado perpetrado el 29 de junio. El 9 de febrero, los hombres armados interceptaron el vehículo en el cual viajaba la joven junto con su hermano, su hermana y otras dos personas; cuando les ofrecieron las llaves del auto, respondieron que lo que querían era a la joven, “a ver si esta vez los denunciaba”. Los cinco fueron obligados a punta de pistola a caminar montaña adentro, donde dos de las mujeres fueron violadas sexualmente; la tercera fue víctima de robo y amenazas de muerte, y los dos hombres fueron sometidos a torturas físicas. Fueron liberados horas después.
Estos hechos se dan en un contexto de grave hostigamiento contra los miembros activos de la resistencia en Honduras, en el cual durante el último mes se han producido más de medio centenar de detenciones, ocho casos de torturas, dos secuestros, dos violaciones sexuales y un allanamiento de domicilio. Estas agresiones se han realizado contra miembros de la resistencia, sindicalistas y comunicadores sociales, así como sus hijos e hijas.
Honduras debe adoptar medidas urgentes para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal. Todas las personas sin distinción deben estar igualmente protegidas en el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, reunión y participación política.
La CIDH encuentra necesario reiterar que la participación política y social a través de la manifestación pública es esencial en la vida democrática de las sociedades, y que reviste un interés social imperativo. Las personas de todos los sectores políticos tienen el derecho de ejercer plena y libremente su derecho de libertad de expresión y su derecho de reunión, sin violencia y de conformidad con la ley y las normas interamericanas de protección de los derechos humanos. Como lo han señalado la Comisión y la Corte Interamericanas, los Estados no sólo no deben interferir con el ejercicio de estos derechos sino que deben adoptar medidas para asegurar su ejercicio efectivo.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
Enlaces útiles:
Informe Derechos Humanos y Golpe de Estado (Honduras, 2009): http://www.cidh.org/countryrep/Honduras09sp/Indice.htm
Sitio web de la CIDH: http://www.cidh.org/Default.htm
martes, 2 de marzo de 2010
Con la piedra en la boca
El 01 de julio de 2002 el Estado de Honduras ratificó el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional y por tanto, los responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestro territorio pueden ser juzgados por este tribunal internacional.
El 24 de enero de ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia se pronunció a favor de que Honduras ratificara dicho instrumento y señaló que quien viola los derechos humanos ofende la conciencia humana y la humanidad misma, y que los crímenes contra la humanidad no pueden ser considerados asuntos internos de una nación pues los derechos humanos, universales e indivisibles, no tienen fronteras.
Desde el golpe de Estado del pasado 28 de junio se han documentado más de 4 mil violaciones a los derechos humanos y sólo en el primer mes del gobierno de Pepe Lobo más de 250, entre detenciones ilegales, agresiones sexuales, asesinatos, amenazas, torturas, secuestros y allanamientos ilegales, los cuales constituyen ese tipo de crímenes que ofenden la conciencia humana.
Lo que dijo la Corte Suprema de Justicia hace 7 años contradice totalmente lo que ha hecho a partir del golpe de Estado, ya que ha mantenido cerrados sus ojos ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, policías y paramilitares, y por tanto, se ha vuelto cómplice de ellos.
Por eso, el propio presidente de la Corte Suprema Jorge Alberto Rivera Avilés ha sido denunciado, junto con la junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas y Roberto Michelleti, ante la oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional por la comisión del crimen de lesa humanidad de persecución política contra el pueblo hondureño en resistencia democrática.
El régimen de Pepe Lobo debería poner todo su empeño en detener la violencia y la represión contra los hondureños y hondureñas pues a la luz del derecho penal internacional, él como máximo responsable del gobierno de turno, podría responder ante la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido desde el golpe de Estado y que se siguen cometiendo hasta la fecha, y que están siendo monitoreados e investigados por el fiscal de dicho tribunal con miras a ordenar la captura de los altos responsables civiles, policiales y militares de la represión.
El 24 de enero de ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia se pronunció a favor de que Honduras ratificara dicho instrumento y señaló que quien viola los derechos humanos ofende la conciencia humana y la humanidad misma, y que los crímenes contra la humanidad no pueden ser considerados asuntos internos de una nación pues los derechos humanos, universales e indivisibles, no tienen fronteras.
Desde el golpe de Estado del pasado 28 de junio se han documentado más de 4 mil violaciones a los derechos humanos y sólo en el primer mes del gobierno de Pepe Lobo más de 250, entre detenciones ilegales, agresiones sexuales, asesinatos, amenazas, torturas, secuestros y allanamientos ilegales, los cuales constituyen ese tipo de crímenes que ofenden la conciencia humana.
Lo que dijo la Corte Suprema de Justicia hace 7 años contradice totalmente lo que ha hecho a partir del golpe de Estado, ya que ha mantenido cerrados sus ojos ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, policías y paramilitares, y por tanto, se ha vuelto cómplice de ellos.
Por eso, el propio presidente de la Corte Suprema Jorge Alberto Rivera Avilés ha sido denunciado, junto con la junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas y Roberto Michelleti, ante la oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional por la comisión del crimen de lesa humanidad de persecución política contra el pueblo hondureño en resistencia democrática.
El régimen de Pepe Lobo debería poner todo su empeño en detener la violencia y la represión contra los hondureños y hondureñas pues a la luz del derecho penal internacional, él como máximo responsable del gobierno de turno, podría responder ante la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido desde el golpe de Estado y que se siguen cometiendo hasta la fecha, y que están siendo monitoreados e investigados por el fiscal de dicho tribunal con miras a ordenar la captura de los altos responsables civiles, policiales y militares de la represión.