El gobierno de Barack Obama, principal aliado y defensor diplomático del gobierno de Lobo Sosa en la región, ha expresado mediante un comunicado su preocupación sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, particularmente en lo que se refiere a los asesinatos de periodistas y otras personas opositoras al golpe de Estado.
A primera vista, esta declaración podría tomarse como una señal de que el gobierno estadounidense tomará medidas contundentes al respecto, sin embargo, conociendo los antecedentes de Washington y siguiendo con la lectura del comunicado en el que felicita a Lobo Sosa por promover la reconciliación nacional y restaurar el orden democrático y constitucional, sabemos que son simples palabras con las que Estados Unidos acostumbra a endulzar los oídos de una comunidad internacional sumisa mientras al mismo tiempo destina importantes recursos para fortalecer al ejército hondureño que es el principal violador de los derechos humanos.
Si verdaderamente el gobierno de Obama está preocupado por los derechos humanos en el país debería condicionar la ayuda económica y militar al ejército hondureño a que dicha institución sea depurada a través de la investigación y castigo a los responsables de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos del pueblo hondureño.
Y ello implica la exigencia de destitución inmediata de Romeo Vásquez Velásquez de la gerencia de HONDUTEL y de otros militares golpistas de importantes y estratégicas instituciones del Estado.
Hasta ahora, de Washington sólo puede esperarse un doble discurso producto de su doble moral; no obstante, el gobierno estadounidense tiene ante sí una gran oportunidad para limpiar al menos algunas manchas de su deteriorada imagen en la región por su apoyo al golpe de Estado, y esa oportunidad pasa obligatoriamente por la adopción de medidas contundentes para lograr un alto a la represión sistemática y a la impunidad en Honduras.
Al menos, las declaraciones de preocupación de Obama deberían servir para que otros Estados como los que forman parte de la Unión Europea, condicionen el reconocimiento del gobierno de Lobo Sosa al irrestricto respeto a los derechos humanos de la población.
Y para ello se requiere una investigación efectiva y la sanción de todos los responsables para evitar que la impunidad permita la repetición de estos hechos que profundizan la crisis política y agravan la herida institucional, cultural, humana, económica y social que ha quedado abierta desde el 28 de junio del año pasado.
Espacio relacionado con la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.
martes, 27 de abril de 2010
martes, 20 de abril de 2010
Honduras en la lista siniestra de los derechos humanos
Cada año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publica un informe anual en el que incluye una lista de países cuyas prácticas en materia de derechos humanos generan especial preocupación para la comunidad internacional.
Se han establecido cinco criterios para determinar qué países se incluyen en esta especie de “lista siniestra”. El primer criterio corresponde a aquellos Estados cuyos gobiernos no han llegado al poder mediante elecciones populares, por el voto secreto, periódico y libre, según normas y principios internacionalmente aceptados.
El segundo criterio se relaciona con los Estados donde el libre ejercicio de los derechos humanos ha sido suspendido en su totalidad o en parte, en virtud de la imposición de estados de emergencia, estados de sitio, suspensión de garantías, o medidas excepcionales de seguridad.
El tercer criterio corresponde a la existencia de pruebas incuestionables de que un Estado comete masivas y graves violaciones a los derechos humanos. El cuarto criterio se refiere a los Estados que se encuentran en un proceso de transición de cualquiera de las tres situaciones arriba mencionadas.
Y el quinto criterio se relaciona con graves situaciones coyunturales o estructurales que afectan seriamente el goce y disfrute de los derechos humanos, tales como, situaciones de violencia, crisis institucionales, procesos de reforma institucional con incidencias negativas para los derechos humanos u omisiones en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos de la población.
De la simple lectura de estos cinco criterios es fácil estar de acuerdo con la inclusión de Honduras en la lista siniestra de los derechos humanos por parte de la Comisión Interamericana, ya que, como ha quedado evidenciado, a pesar de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos del pueblo hondureño, las autoridades públicas y sobre todo la Corte Suprema de Justicia siguen negando constantemente la existencia de tales violaciones, lo cual se traduce en una situación de inactividad y tolerancia que facilita la repetición de estos hechos de manera impune.
Si el sistema democrático es la garantía principal para la vigencia de los derechos humanos, entonces, mientras no se investiguen y sancionen a los responsables materiales e intelectuales de todas estas violaciones no podremos catalogar a Honduras como un verdadero Estado de derecho.
El Informe Anual de la CIDH puede consultarse en: http://www.cidh.org/annualrep/2009sp/indice2009.htm
Se han establecido cinco criterios para determinar qué países se incluyen en esta especie de “lista siniestra”. El primer criterio corresponde a aquellos Estados cuyos gobiernos no han llegado al poder mediante elecciones populares, por el voto secreto, periódico y libre, según normas y principios internacionalmente aceptados.
El segundo criterio se relaciona con los Estados donde el libre ejercicio de los derechos humanos ha sido suspendido en su totalidad o en parte, en virtud de la imposición de estados de emergencia, estados de sitio, suspensión de garantías, o medidas excepcionales de seguridad.
El tercer criterio corresponde a la existencia de pruebas incuestionables de que un Estado comete masivas y graves violaciones a los derechos humanos. El cuarto criterio se refiere a los Estados que se encuentran en un proceso de transición de cualquiera de las tres situaciones arriba mencionadas.
Y el quinto criterio se relaciona con graves situaciones coyunturales o estructurales que afectan seriamente el goce y disfrute de los derechos humanos, tales como, situaciones de violencia, crisis institucionales, procesos de reforma institucional con incidencias negativas para los derechos humanos u omisiones en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos de la población.
De la simple lectura de estos cinco criterios es fácil estar de acuerdo con la inclusión de Honduras en la lista siniestra de los derechos humanos por parte de la Comisión Interamericana, ya que, como ha quedado evidenciado, a pesar de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos del pueblo hondureño, las autoridades públicas y sobre todo la Corte Suprema de Justicia siguen negando constantemente la existencia de tales violaciones, lo cual se traduce en una situación de inactividad y tolerancia que facilita la repetición de estos hechos de manera impune.
Si el sistema democrático es la garantía principal para la vigencia de los derechos humanos, entonces, mientras no se investiguen y sancionen a los responsables materiales e intelectuales de todas estas violaciones no podremos catalogar a Honduras como un verdadero Estado de derecho.
El Informe Anual de la CIDH puede consultarse en: http://www.cidh.org/annualrep/2009sp/indice2009.htm
lunes, 19 de abril de 2010
No hay democracia sin un periodismo libre
Cuando un periodista es amenazado o asesinado, no solamente se comete una violación contra su vida y su integridad, sino también contra su derecho a informar y contra el derecho de toda la sociedad a recibir información veraz y objetiva.
Por ello, diversos organismos internacionales han reiterado que la libertad de expresión es la piedra angular en una sociedad democrática y por tanto, un país no puede ser catalogado de democrático si sus periodistas no pueden ejercer su profesión debido a la violencia y a la intimidación.
De acuerdo con varios informes internacionales, Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, lo cual es ratificado con la realidad que nos muestra que sólo en el mes de marzo cinco periodistas han sido asesinados.
Pero además, decenas de periodistas continúan siendo intimidados, entre ellos, el personal de Radio Progreso begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting, contra quienes se mantiene un patrón de amenazas que oportunamente han sido denunciadas ante las autoridades nacionales y los organismos internacionales de derechos humanos.
Radio Progreso ha reiterado que su línea informativa y editorial antes, durante y después del golpe de Estado del 28 de junio pasado, siempre ha estado inspirada en las necesidades y aspiraciones de la población empobrecida, y desde ahí es de donde su servicio comunicativo y profético se alimenta.
Por ello, exigimos al gobierno de Lobo Soso que atienda urgentemente a las recomendaciones que le han hecho diversos organismos internacionales para garantizar el ejercicio libre de la libertad de expresión del personal de Radio Progreso y de otros medios de comunicación social en el país, y le recordamos que el respeto a las opiniones contrarias, el disenso y la tolerancia son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia.
Por ello, diversos organismos internacionales han reiterado que la libertad de expresión es la piedra angular en una sociedad democrática y por tanto, un país no puede ser catalogado de democrático si sus periodistas no pueden ejercer su profesión debido a la violencia y a la intimidación.
De acuerdo con varios informes internacionales, Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, lo cual es ratificado con la realidad que nos muestra que sólo en el mes de marzo cinco periodistas han sido asesinados.
Pero además, decenas de periodistas continúan siendo intimidados, entre ellos, el personal de Radio Progreso begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting, contra quienes se mantiene un patrón de amenazas que oportunamente han sido denunciadas ante las autoridades nacionales y los organismos internacionales de derechos humanos.
Radio Progreso ha reiterado que su línea informativa y editorial antes, durante y después del golpe de Estado del 28 de junio pasado, siempre ha estado inspirada en las necesidades y aspiraciones de la población empobrecida, y desde ahí es de donde su servicio comunicativo y profético se alimenta.
Por ello, exigimos al gobierno de Lobo Soso que atienda urgentemente a las recomendaciones que le han hecho diversos organismos internacionales para garantizar el ejercicio libre de la libertad de expresión del personal de Radio Progreso y de otros medios de comunicación social en el país, y le recordamos que el respeto a las opiniones contrarias, el disenso y la tolerancia son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia.
viernes, 16 de abril de 2010
El Juez Garzón, Honduras y el mundo único
Por Manuel Torres Calderón
ALAI AMLATINA, 15/04/2010.- Nos separa un Atlántico, pero el caso Garzón confirma un mundo único. El acoso al Juez por indagar jurídicamente en la represión franquista es similar al que enfrenta un filipino, un salvadoreño, un guatemalteco, un argentino, un polaco, un ruso, un sudafricano o un hondureño cuando recurren a su historia trágica. Los españoles podrán interpretar las querellas contra Garzón ligadas a otros líos de su ámbito interno, pero su jurisdicción cruza fronteras. En el fondo no se trata de la naturaleza de la verdad histórica, sino del sistema actual que la manipula y la necesidad de establecer procedimientos de toma de decisiones internacionales que permitan enfrentar la impunidad.
Garzón se enfrenta no sólo a la derecha de España, sino a una que bate palmas en el mundo, y que ha ido ganando terreno de la mano con un modelo económico, social y político que criminaliza la memoria histórica porque pretende escribirla a su modo.
“En la memoria residen, a nivel colectivo e individual, las claves de su propio pasado y la experiencia decisiva para establecer su conducta presente y futura, y sus compromisos morales”, sostiene un párrafo del Manifiesto por una memoria sin fronteras que están firmando miles de españoles en respaldo a Garzón.
Siempre se supo que sepultar el pasado es cometer una injusticia no sólo con las víctimas de la represión sino con las generaciones futuras. Baltasar Garzón ya intentó abrir causas en países como Chile y Argentina contra la impunidad de las amnistías incondicionales o de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Convencido del principio de justicia universal vino incluso a Honduras en agosto del 2009 para advertir a los golpistas que los delitos de lesa humanidad - delitos de homicidio, torturas, privación ilegal de la libertad calificada y otros- son imprescriptibles e imperdonables. Lamentablemente, su advertencia no fue escuchada. Garzón supo que la derecha hondureña es calcada de su par española, pero en un contexto de manos libres a su arbitrio. Desde entonces, la lista de hombres y mujeres asesinados por pensar políticamente diferente suma nombres tras nombres, sin que los reclamos encuentren un solo juez en la Corte Suprema que los acompañe. Los tribunales hondureños han sido pasillos desolados de valor y dignidad.
La visita de Garzón a Tegucigalpa, cuando el Golpe de Estado hervía en su apogeo represivo, fue más solidaria que académica, pero expuso con claridad el tema de "Posibilidades y límites de la jurisdicción universal en España frente a crímenes de lesa humanidad".
Garzón subrayó que no existían países grandes o pequeños cuando de violaciones a los derechos humanos se trata. Que no era cuestión de números, sino de seres humanos, y que todos los victimarios quedaban expuestos, tarde o temprano, a la justicia universal.
El Juez ya lo había probado cuando ordenó el arresto de Augusto Pinochet en Londres. Ahora, cuando decidió trasladar el escenario de la práctica a España lo atacan porque son 50,000 las víctimas mortales del franquismo y muchas siguen en cunetas o fosas olvidadas. El argumento con el que Garzón fue acusado es que la amnistía dictada en España en 1977 exoneró de responsabilidad penal a quienes durante el franquismo cometieron delitos con intencionalidad política. Garzón sostiene que ninguna amnistía puede amparar crímenes contra la humanidad, pero en esa cruzada confirma en carne propia que bajo la perspectiva del poder absolutista el Derecho se opone a la justicia, de la misma manera que la legalidad se impone sobre la legitimidad.
La realidad de nuestros países enseña una y otra vez que “derecho” no es sinónimo de justicia; debiera serlo, pero no lo es en tanto cada persona no recibe lo que merece y abundan leyes válidas pero no justas. Hay demasiada gente por encima de la ley paseando por nuestras calles y campos. El “imperio de la ley” no existe, es un afiche engomado a una pared vacía.
Esfuerzos como los de Garzón tratan de reconciliar el derecho con la justicia, y la legalidad con la legitimidad; quizá por eso resulten utópicos, pero no inútiles. Con Garzón no se trata de un héroe, sino de heroísmo. Como abogado es producto de su sociedad y de su trabajo.
Escribió alguna vez Sartre: “la historia hace a los hombres: los elige, los cabalga y los hace morir bajo ella”. Tuvo razón. Los riesgos que Garzón enfrenta son tremendos. El sistema fue y sigue siendo poderoso. Admite convivir mientras no se le contradiga. Y Garzón a lo largo de su trayectoria no se ha metido únicamente con los franquistas sino también con los de ETA, con los Opus Dei y con los corruptos. Son muchos y diversos los esquematismos y dogmatismo que buscan revancha. Sobra quienes lo ven con ojos corrosivos. No están los vientos favorables para la independencia crítica, menos en esta época donde acciones y alucinaciones están en estrecha correspondencia
Pasan los días y habrá que enfatizar la función simbólica de la obra de Garzón, saber que al solidarizarnos con él nos hacemos un favor a nosotros mismos, y entender que su causa habla de sociedades rotas, de sueños que se vuelven pesadillas, de países en guerra, de travesías desgarradoras, de dolor y mutismo, por eso su victoria, su gran aporte, está en la acusación que ha lanzado, no en la sentencia que logre. De todas maneras, esta historia no la escriben los que ganan.
Tegucigalpa, abril 2009
- Manuel Torres Calderón es periodista.
ALAI AMLATINA, 15/04/2010.- Nos separa un Atlántico, pero el caso Garzón confirma un mundo único. El acoso al Juez por indagar jurídicamente en la represión franquista es similar al que enfrenta un filipino, un salvadoreño, un guatemalteco, un argentino, un polaco, un ruso, un sudafricano o un hondureño cuando recurren a su historia trágica. Los españoles podrán interpretar las querellas contra Garzón ligadas a otros líos de su ámbito interno, pero su jurisdicción cruza fronteras. En el fondo no se trata de la naturaleza de la verdad histórica, sino del sistema actual que la manipula y la necesidad de establecer procedimientos de toma de decisiones internacionales que permitan enfrentar la impunidad.
Garzón se enfrenta no sólo a la derecha de España, sino a una que bate palmas en el mundo, y que ha ido ganando terreno de la mano con un modelo económico, social y político que criminaliza la memoria histórica porque pretende escribirla a su modo.
“En la memoria residen, a nivel colectivo e individual, las claves de su propio pasado y la experiencia decisiva para establecer su conducta presente y futura, y sus compromisos morales”, sostiene un párrafo del Manifiesto por una memoria sin fronteras que están firmando miles de españoles en respaldo a Garzón.
Siempre se supo que sepultar el pasado es cometer una injusticia no sólo con las víctimas de la represión sino con las generaciones futuras. Baltasar Garzón ya intentó abrir causas en países como Chile y Argentina contra la impunidad de las amnistías incondicionales o de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Convencido del principio de justicia universal vino incluso a Honduras en agosto del 2009 para advertir a los golpistas que los delitos de lesa humanidad - delitos de homicidio, torturas, privación ilegal de la libertad calificada y otros- son imprescriptibles e imperdonables. Lamentablemente, su advertencia no fue escuchada. Garzón supo que la derecha hondureña es calcada de su par española, pero en un contexto de manos libres a su arbitrio. Desde entonces, la lista de hombres y mujeres asesinados por pensar políticamente diferente suma nombres tras nombres, sin que los reclamos encuentren un solo juez en la Corte Suprema que los acompañe. Los tribunales hondureños han sido pasillos desolados de valor y dignidad.
La visita de Garzón a Tegucigalpa, cuando el Golpe de Estado hervía en su apogeo represivo, fue más solidaria que académica, pero expuso con claridad el tema de "Posibilidades y límites de la jurisdicción universal en España frente a crímenes de lesa humanidad".
Garzón subrayó que no existían países grandes o pequeños cuando de violaciones a los derechos humanos se trata. Que no era cuestión de números, sino de seres humanos, y que todos los victimarios quedaban expuestos, tarde o temprano, a la justicia universal.
El Juez ya lo había probado cuando ordenó el arresto de Augusto Pinochet en Londres. Ahora, cuando decidió trasladar el escenario de la práctica a España lo atacan porque son 50,000 las víctimas mortales del franquismo y muchas siguen en cunetas o fosas olvidadas. El argumento con el que Garzón fue acusado es que la amnistía dictada en España en 1977 exoneró de responsabilidad penal a quienes durante el franquismo cometieron delitos con intencionalidad política. Garzón sostiene que ninguna amnistía puede amparar crímenes contra la humanidad, pero en esa cruzada confirma en carne propia que bajo la perspectiva del poder absolutista el Derecho se opone a la justicia, de la misma manera que la legalidad se impone sobre la legitimidad.
La realidad de nuestros países enseña una y otra vez que “derecho” no es sinónimo de justicia; debiera serlo, pero no lo es en tanto cada persona no recibe lo que merece y abundan leyes válidas pero no justas. Hay demasiada gente por encima de la ley paseando por nuestras calles y campos. El “imperio de la ley” no existe, es un afiche engomado a una pared vacía.
Esfuerzos como los de Garzón tratan de reconciliar el derecho con la justicia, y la legalidad con la legitimidad; quizá por eso resulten utópicos, pero no inútiles. Con Garzón no se trata de un héroe, sino de heroísmo. Como abogado es producto de su sociedad y de su trabajo.
Escribió alguna vez Sartre: “la historia hace a los hombres: los elige, los cabalga y los hace morir bajo ella”. Tuvo razón. Los riesgos que Garzón enfrenta son tremendos. El sistema fue y sigue siendo poderoso. Admite convivir mientras no se le contradiga. Y Garzón a lo largo de su trayectoria no se ha metido únicamente con los franquistas sino también con los de ETA, con los Opus Dei y con los corruptos. Son muchos y diversos los esquematismos y dogmatismo que buscan revancha. Sobra quienes lo ven con ojos corrosivos. No están los vientos favorables para la independencia crítica, menos en esta época donde acciones y alucinaciones están en estrecha correspondencia
Pasan los días y habrá que enfatizar la función simbólica de la obra de Garzón, saber que al solidarizarnos con él nos hacemos un favor a nosotros mismos, y entender que su causa habla de sociedades rotas, de sueños que se vuelven pesadillas, de países en guerra, de travesías desgarradoras, de dolor y mutismo, por eso su victoria, su gran aporte, está en la acusación que ha lanzado, no en la sentencia que logre. De todas maneras, esta historia no la escriben los que ganan.
Tegucigalpa, abril 2009
- Manuel Torres Calderón es periodista.
jueves, 15 de abril de 2010
Honduras: No más violencia contra los grupos campesinos del Bajo Aguán
LLAMADO INTERNACIONAL
14 de abril de 2010
Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de la creciente violencia y represión contra miembros y grupos del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y del Movimiento Campesino del Aguán (MCA).
Durante los últimos tres días, se han observado movilizaciones masivas de tropas militares a la zona del Bajo Aguán, por lo que existe el profundo temor de que realizarán acciones de represión y desalojos forzosos contra grupos campesinos. En este contexto, el día lunes 12 de abril, se rodearon de militares los alrededores de la comunidad Guadalupe Carney.
Recordamos que desde el mes de enero de 2010 ocho miembros del MUCA han perdido sus vidas: Juan Ramón Mejía quien murió el 31 de enero como consecuencia de golpes múltiples; el 4 de febrero fueron asesinados Francisco Montes e Isidro Cano miembros de la Cooperativa Buenos Amigos; el 14 de febrero fue asesinado Feliciano Santos, miembro de la cooperativa 21 de julio; el 17 de marzo fueron asesinados José Antonio Cardoza y José Carías, directivos de la cooperativa Brisas de COHDEFOR, en Bonito Oriental; el 1 de abril, fue asesinado Miguel Alonso Oliva, por un guardia de seguridad de una de las plantaciones de palma africana en el Valle del Aguán; y el 7 de abril, José Leonel Álvarez Guerra, integrante de la Cooperativa La Confianza, fue asesinado por dos hombres en motocicleta, cuando llegaba a su casa en el barrio Manga Seca, en Tocoa, Colón. Se desconoce el estado procesal de las investigaciones de estos hechos.
Ante la impunidad que han gozado hasta el momento los perpetradores de las violaciones de derechos humanos cometidas desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, ante la situación de indefensión en la cual se encuentra la ciudadanía que sigue exigiendo el retorno a un estado de derecho con el pleno funcionamiento de las garantías indispensables para la vida en democracia, y ante la creciente violencia contra el movimiento campesino, periodistas independientes y los defensores y defensoras de derechos humanos que apoyan una resolución justa del problema agrario en el Bajo Aguán, hacemos un llamado a los actores nacionales e internacionales competentes para que contribuyan a una solución duradera y no violenta del conflicto de una manera que sea respetuosa a los derechos humanos y que evite más violencia y muertes.
Las organizaciones solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la próxima visita de seguimiento a Honduras, que investigue en especial la situación en el Bajo Aguán.
Recordando que el Estado de Honduras, aún después del golpe de estado y de la exclusión de la OEA, mantiene las obligaciones asumidas con el derecho internacional de derechos humanos, solicitamos lo siguiente:
- El retiro de los militares hacia sus cuarteles;
- El cese inmediato de la represión y de la violencia contra los grupos campesinos;
- La protección efectiva de la vida, e integridad personal de los y las defensoras de derechos humanos, dirigentes campesinos, y otras personas involucradas en el conflicto;
- La investigación efectiva de todas las muertes de campesinos, así como el juzgamiento y sanción de los responsables por estos hechos;
- El desarrollo de un proceso de diálogo franco, pacífico y constructivo con el Movimiento Unificado Campesino del Aguán y las autoridades del Instituto Nacional Agrario;
- El cumplimiento de la obligación del Estado frente al derecho a la alimentación de las familias campesinas, facilitándoles el acceso adecuado a la tierra y los medios necesarios para que puedan vivir de su trabajo dignamente;
- La resolución efectiva y entrega definitiva de las tierras del antiguo Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) a las comunidades del Movimiento Campesino del Aguán, tal como lo establecen las leyes de reforma agraria vigentes y, en particular, el Decreto 18-2008.
Organizaciones firmantes
Organizaciones internacionales:
Via Campesina Internacional
FIAN Internacional
Amigos de la Tierra Internacional (ATI)
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
CADTM Internacional
CADTM-Afrique
Center for Justice and International Law (CEJIL)
Centre Europe-Tiers Monde (CETIM)
Copenhagen Initiative for Central America and Mexico (CIFCA)
Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina (HIC-AL)
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Land Research Action Network (LRAN)
Pax Christi International
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Red Europea de Comités Oscar Romero
Réseau Ouest Africain Dette et Developpement "ROAD"
Organizaciones nacionales:
ACSUR-LAS SEGOVIAS, España
Alternativa Antimilitarista, MOC Las Palmas, Islas Canarias
Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia (SEDEM), Guatemala
Ayuda Obrera Suiza
Alliance contre la Pauvreté au Mali "AP/Mali"
Broederlijk Delen, Bélgica
CADTM Belgique (Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde)
CADTM Lubumbashi, República Democrática del Congo
Centre de Recerca e Información en Consum (CRIC) de Barcelona, España
Centre d'étude et de recherche pour l'intégration régionale et le développement de l'Afrique (CERIDA), Guinea
Centro tricontinental (CETRI), Lovaina-la-Nueva, Bélgica
Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), México
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, Perú - EQUIDAD
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Guatemala
Centro Internazionale CROCEVIA, Italia
Coalition des Alternatives Africaines dette et Developpement (CAD), Mali
Collettivo Italia Centro America – CICA, Italia
Comité Suizo para Honduras, Suiza
Coordinadora mexicana de Solidaridad con Honduras, México
Coordinadora Un Altre Món És Possible de Sabadell, España
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Colombia
DIAKONIA Suecia
Espacio DESCA de México
FIAN Bélgica
FIAN México
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador
Guatemalanetz Bern, Suiza
Guatemalanetz Zürich, Suiza
HEKS, Ayuda de las Iglesiasa Evangélicas de Suiza
ICCO – Interchurch Organisation for Development Cooperation, Holanda
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), El Salvador
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala –ICCPG, Guatemala
Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África (IEPALA), España
Medico International Suiza
MOCASE, Vía Campesina Argentina
Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), Argentina
Observatorio de Derechos Humanos – DESC, Barcelona, España
Ökumenisches Büro München, Alemania
Red Latinoamericana en Zurich, Suiza
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)
Réseau des Organisations de la Société Civile Mauritanienne pour la Promotion de la Citoyenneté (RPC), Mauretania
Réseau pour le Developpement et l'Autopromotion de la Femme"RDL/AFEF", Mali
Réseau National Dette et Développement Niamey, Niger
Soldepaz Pachakuti, Colombia
Solifonds Suiza
SUEDWIND, Austria
Union des Femmes pour la Dignité Humaine "UFDH", República Democrática del Congo
Unión de Pochtecas de México
Veterinarios Sin Fronteras, España
Xarxa de Consum Solidari de Catalunya, España
Además firman como personas individuales:
François Houtart, Louvain-la-Neuve, Belgique
Bernd Michel, München, Alemania
Maria Paz González, Tarragona España
Persona de contacto para el comunicado:
Martin Wolpold-Bosien
Coordinador para América Central
FIAN Internacional
wolpold-bosien@fian.org
14 de abril de 2010
Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de la creciente violencia y represión contra miembros y grupos del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y del Movimiento Campesino del Aguán (MCA).
Durante los últimos tres días, se han observado movilizaciones masivas de tropas militares a la zona del Bajo Aguán, por lo que existe el profundo temor de que realizarán acciones de represión y desalojos forzosos contra grupos campesinos. En este contexto, el día lunes 12 de abril, se rodearon de militares los alrededores de la comunidad Guadalupe Carney.
Recordamos que desde el mes de enero de 2010 ocho miembros del MUCA han perdido sus vidas: Juan Ramón Mejía quien murió el 31 de enero como consecuencia de golpes múltiples; el 4 de febrero fueron asesinados Francisco Montes e Isidro Cano miembros de la Cooperativa Buenos Amigos; el 14 de febrero fue asesinado Feliciano Santos, miembro de la cooperativa 21 de julio; el 17 de marzo fueron asesinados José Antonio Cardoza y José Carías, directivos de la cooperativa Brisas de COHDEFOR, en Bonito Oriental; el 1 de abril, fue asesinado Miguel Alonso Oliva, por un guardia de seguridad de una de las plantaciones de palma africana en el Valle del Aguán; y el 7 de abril, José Leonel Álvarez Guerra, integrante de la Cooperativa La Confianza, fue asesinado por dos hombres en motocicleta, cuando llegaba a su casa en el barrio Manga Seca, en Tocoa, Colón. Se desconoce el estado procesal de las investigaciones de estos hechos.
Ante la impunidad que han gozado hasta el momento los perpetradores de las violaciones de derechos humanos cometidas desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, ante la situación de indefensión en la cual se encuentra la ciudadanía que sigue exigiendo el retorno a un estado de derecho con el pleno funcionamiento de las garantías indispensables para la vida en democracia, y ante la creciente violencia contra el movimiento campesino, periodistas independientes y los defensores y defensoras de derechos humanos que apoyan una resolución justa del problema agrario en el Bajo Aguán, hacemos un llamado a los actores nacionales e internacionales competentes para que contribuyan a una solución duradera y no violenta del conflicto de una manera que sea respetuosa a los derechos humanos y que evite más violencia y muertes.
Las organizaciones solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la próxima visita de seguimiento a Honduras, que investigue en especial la situación en el Bajo Aguán.
Recordando que el Estado de Honduras, aún después del golpe de estado y de la exclusión de la OEA, mantiene las obligaciones asumidas con el derecho internacional de derechos humanos, solicitamos lo siguiente:
- El retiro de los militares hacia sus cuarteles;
- El cese inmediato de la represión y de la violencia contra los grupos campesinos;
- La protección efectiva de la vida, e integridad personal de los y las defensoras de derechos humanos, dirigentes campesinos, y otras personas involucradas en el conflicto;
- La investigación efectiva de todas las muertes de campesinos, así como el juzgamiento y sanción de los responsables por estos hechos;
- El desarrollo de un proceso de diálogo franco, pacífico y constructivo con el Movimiento Unificado Campesino del Aguán y las autoridades del Instituto Nacional Agrario;
- El cumplimiento de la obligación del Estado frente al derecho a la alimentación de las familias campesinas, facilitándoles el acceso adecuado a la tierra y los medios necesarios para que puedan vivir de su trabajo dignamente;
- La resolución efectiva y entrega definitiva de las tierras del antiguo Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) a las comunidades del Movimiento Campesino del Aguán, tal como lo establecen las leyes de reforma agraria vigentes y, en particular, el Decreto 18-2008.
Organizaciones firmantes
Organizaciones internacionales:
Via Campesina Internacional
FIAN Internacional
Amigos de la Tierra Internacional (ATI)
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
CADTM Internacional
CADTM-Afrique
Center for Justice and International Law (CEJIL)
Centre Europe-Tiers Monde (CETIM)
Copenhagen Initiative for Central America and Mexico (CIFCA)
Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina (HIC-AL)
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Land Research Action Network (LRAN)
Pax Christi International
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Red Europea de Comités Oscar Romero
Réseau Ouest Africain Dette et Developpement "ROAD"
Organizaciones nacionales:
ACSUR-LAS SEGOVIAS, España
Alternativa Antimilitarista, MOC Las Palmas, Islas Canarias
Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia (SEDEM), Guatemala
Ayuda Obrera Suiza
Alliance contre la Pauvreté au Mali "AP/Mali"
Broederlijk Delen, Bélgica
CADTM Belgique (Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde)
CADTM Lubumbashi, República Democrática del Congo
Centre de Recerca e Información en Consum (CRIC) de Barcelona, España
Centre d'étude et de recherche pour l'intégration régionale et le développement de l'Afrique (CERIDA), Guinea
Centro tricontinental (CETRI), Lovaina-la-Nueva, Bélgica
Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), México
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, Perú - EQUIDAD
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Guatemala
Centro Internazionale CROCEVIA, Italia
Coalition des Alternatives Africaines dette et Developpement (CAD), Mali
Collettivo Italia Centro America – CICA, Italia
Comité Suizo para Honduras, Suiza
Coordinadora mexicana de Solidaridad con Honduras, México
Coordinadora Un Altre Món És Possible de Sabadell, España
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Colombia
DIAKONIA Suecia
Espacio DESCA de México
FIAN Bélgica
FIAN México
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador
Guatemalanetz Bern, Suiza
Guatemalanetz Zürich, Suiza
HEKS, Ayuda de las Iglesiasa Evangélicas de Suiza
ICCO – Interchurch Organisation for Development Cooperation, Holanda
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), El Salvador
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala –ICCPG, Guatemala
Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África (IEPALA), España
Medico International Suiza
MOCASE, Vía Campesina Argentina
Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), Argentina
Observatorio de Derechos Humanos – DESC, Barcelona, España
Ökumenisches Büro München, Alemania
Red Latinoamericana en Zurich, Suiza
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)
Réseau des Organisations de la Société Civile Mauritanienne pour la Promotion de la Citoyenneté (RPC), Mauretania
Réseau pour le Developpement et l'Autopromotion de la Femme"RDL/AFEF", Mali
Réseau National Dette et Développement Niamey, Niger
Soldepaz Pachakuti, Colombia
Solifonds Suiza
SUEDWIND, Austria
Union des Femmes pour la Dignité Humaine "UFDH", República Democrática del Congo
Unión de Pochtecas de México
Veterinarios Sin Fronteras, España
Xarxa de Consum Solidari de Catalunya, España
Además firman como personas individuales:
François Houtart, Louvain-la-Neuve, Belgique
Bernd Michel, München, Alemania
Maria Paz González, Tarragona España
Persona de contacto para el comunicado:
Martin Wolpold-Bosien
Coordinador para América Central
FIAN Internacional
wolpold-bosien@fian.org
miércoles, 14 de abril de 2010
WOLA y el golpismo hondureño
Por Oscar Estrada, cineasta independiente.
14 de abril de 2010.
Dicen que el papel lo aguanta todo, que en los comunicados, en la cartas, podemos escribir el mundo perfecto sin que eso signifique que cuentan con una base en la realidad. Pero es por los echos en donde damos a conocer lo que realmente somos, no necesariamente por nuestras palabras. La polemica que produjo el anuncio a la Conferencia sobre el Análisis y Perspectivas de Desarrollo Democrático de Honduras, convocada por la Oficina de Washington sobre America Latina WOLA, especialmente luego del artículo publicado por voselsoberano.com , traducción al español de la nota en ingles publicada por la revista counterpunch , escrito por la doctora Adrianne Pine quien publica en el blog quotha.net, misma polemica que obligó a WOLA a publicar por su parte un comunicado en su página web reafirmando su posición en la crisis hondureña , no es sino un ejempo más de las contradicciones que desde el 28 de Junio nos ha tocado vivir en Honduras y a las que, de alguna forma ya nos hemos acostumbrado.
Por ejemplo, al tiempo que escribo esta nota, miles de soldados hondureños acampan en los alrededores del río Aguán (la prensa oficial habla de 2,000 tropas, los organismos de derechos humanos hablan de 7,000 o más), cercando a 3,500 familias campesinas agrupadas en el Movimiento Unificado Campesino del Aguan MUCA, mientras Porfirio Lobo Sosa inaugura “La Comisión de la Verdad”, la última etapa del teatro montado para afianzar la dominación histórica en Honduras. Ambas acciones no son aisladas, pertenecen a una misma política oficial de presentar al mundo una cara, mientras para adentro se presenta otra completamente distinta.
Al igual, hay varias organizaciones internacionales o gobiernos que parecen jugar el mismo juego, por malicia o ignorancia, mantienen un discurso oficial de solidaridad con el pueblo hondureño y condena a las violaciones a los Derechos Humanos, mientras se reconoce al gobierno de Lobo, se apoya a su ejército y se anuncia el fin de la crisis política nacional. Estos gobiernos y estas instituciones, lejos de apoyar a la solución de la problemática nacional, contribuyen a la perpetuación y radicalización de la misma.
Por ejemplo WOLA. Poco puedo opinar realmente sobre WOLA, conozco poco de su historia, quizá nomás lo que ha publicado en su misma página web y una que otra entrevista que en su momento he leido, además de la visita que realicé en su oficina en el 2008 para presentar mi película “El Porvenir”; reconozco sí es una institución que cuenta con mucho respeto a nivel de las organizaciones de izquiera de Estados Unidos, especialmente en lo que referente a América Latina y los Derechos Humanos en la region y que se ha convirtido, para bien o para mal, en una autoridad en la material logrando acceso a los amplios pasillos del poder en Washington.
Dicho logro institucional, lejos de acercar a WOLA a los movimientos de base de la región, genera anticuerpos hasta cierto puntos justificados, más aún en Honduras, cuando se le ve jugando al “neutro” repitiendo el discurso oficial que a la larga va en contra de los intereses populares. Esta “desconfianza”, que no solo es hacia WOLA sino hacia toda organización con sede en Washington, que aunque parezca exagerada o hasta injusta, tiene profundas raíces en la forma en que el norte se ha relacionado con nuestros pueblos, como ha visto nuestras luchas y como, al final, ha traicionado nuestros procesos. WOLA no puede escapar de sus límites geográficos, estar en las avenidas de Washington lo hace más cercana al poder hegemónico norteamericano, que a la anárquica Resistencia hondureña.
Como dije anteriormente, no pienso profundizar en la historia de WOLA como organización, ni niego las buenas intenciones que varios de su staff puedan tener en cuando a la realidad Latino Americana. Pero la sabiduría popular suele ser a veces más certera que la diplomacia y en el barrio siempre dicen: “dime con quien andas, y te dire quien eres”.
El hecho es que por años, su asesor principal en los temas de Honduras, ha sido y sigue siendo, Roberto Flores Bermudez, ex embajador de Honduras en Washington durante el gobierno de Zelaya y uno de los primeros en salir apoyando y defendiendo el golpe de estado de Junio pasado, luego rechazado por Clinton y actualmente “Embajador” no reconocido del gobierno de Lobo Sosa quien, por esas casualidades del destino, es muy viejo amigo de Joe Eldridge y María Otero, ambos fundadores de WOLA. La cercanía de Flores Bermudez debería, en todo caso, representar un conflicto de interés para WOLA, pues cómo se puede tomar una posición “imparcial” en la violación de los derechos humanos y politicos de un pueblo, cuando el asesor que tienen no solo desconoce de dicha realidad, sino que la niega.
Desde que el conflicto estalló el 28 de Junio del año pasado, Washington y muchos de sus satélites, apostaron todo por el diálogo San José, luego el de Tegucigalpa y finalmente el de Guaymuras. Desde el principio, tanto en el FNR como en los sectores populares, vimos como dichos esfuerzos diplomaticos tenían en común dos cosas: desconocer al Frente Nacional en Contra del Golpe de Estado como un actor legitimo para solventar la crisis y colocar a la élite usurpadora como iguales frente al sector político derrocado, un argumento que carecía de fundamento jurídico y político, pues cuando el derecho se negocia, y se tuerce: se debilita, perdiendo asi toda posibilidad de imperar. Arturo Corrales Álvarez fue, en ese momento, el principal responsable del fracazo del diálogo y es, hoy en día, uno de los invitados de honor de WOLA para la conferencia del 14 de Abril.
Al final, el desenlace de los hechos nos dió la razón y pudimos ver como el diálogo San José/Tegucigalpa/Guaymuras
, no era más que una trampa para ganar tiempo e imponer, por medio de unas elecciones controladas, a un nuevo gobierno que vendría a limpiar la cara del régimen, sin cambiar en escencia su lógica represora. Reconocer el diálogo San José/Tegucigalpa/Guaymuras y sus puntos, que incluyen el reconocimiento de las elecciones de Noviembre de 2009, la instauración del falso gobierno de Unidad Nacional y la ahora Comisión de la Verdad, es hacer uso de un doblelenguaje orweliano, y desconocer el descontento popular que ha impulsado a una gran cantidad de hondureños y hondureñas a acobijarse bajo el FNRP.
Sabemos bien que el FNRP no es un ente único, es tan variado y diverso como intereses u organizaciones lo componen. Estamos conscientes de ello y trabajamos cada día para su inificación. Sin embargo, seguramente entre el frente hay organizaciones que consideran indispensable los vínculos y la ayuda que pueda provenir de instituciones como WOLA, aunque seguramente hay otras organizaciones que no le dan tanta importancia a dicha institución. En todo caso, el compromiso de WOLA, no debe ser con las alianzas políticas ni con las organizaciones, sino con la verdad, defender los derechos humanos y denunciar su violación dentro de un marco de respeto del proceso popular de busqueda de un país más justo.
Cuando el comunicado de WOLA habla de la necesidad de “reformas a la constitución nacional”, hace eco al proyecto que tanto Porfirio Lobo, como el Departamento de Estado (US) tratan de impulsar. La constitución hondureña no necesita reformas, porque la constitución hondureña es ahora un “adefesio” carete de toda capacidad de construcción de concenso. Las reformas a la actual constitución, lejos de reducir la tension existente, vendrá a aumentarla, porque quienes harían dichas reformas son los mismos que hicieron el golpe de Estado ejecutándola, los mismos que durante la dictadura Michelettista dieron asidero legal a los excesos, los que por generaciones la han violentando impunemente y que hoy ocupan curules dentro de un Congreso Nacional, sin representación popular, sin vínculos reales con las bases y con un total desconocimiento y rechazo, de las necesidades del pueblo hondureño.
Es por esa razón, que el FNRP presenta como única vía para la reconstrucción del consenso social, la instalación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, POPULAR Y DEMOCRÁTICA, en la cual se reconozcan los diversos actores que componen la sociedad hondureña y se creen las bases para un mejor país. El error que existe en el comunicado de WOLA, no es un error semántico, es una contradicción política que no podemos aceptar desde Honduras.
¿O será acaso que Vicky Gass y Joy Olson, de WOLA, realmente creen lo que dicen cuando aseguran en las audiencias del Congreso de Estados Unidos, como repetidores del discurso official del golpismo hondureño, que las elecciones hondureñas fueron “libres y justas” (free and fair) como lo dijo Gass en marzo pasado? Cabe remarcar el parecido con las palabras de la señora Clinton que aseguró, en diciembre del 2009, que las elecciones hondureñas han sido “las más votadas de la historia nacional, un ejemplo de participación ciudadana”; el mismo discurso usado por Lobo Sosa y todos aquellos que en su momento defendieron el Golpe y hoy defienden el ejercicio democrático.
Las pruebas en contrario son contundentes y lejos de ser unas eleccions “free and fair”, que tendría como resultado un gobierno sólido y fuerte, tiene por el contrario a Lobo Sosa ejerciendo presidencia sobre el filo de una navaja y su espurio y débil gobierno, busca, desesperadamente, legitimarse a toda costa, pero ante la incapacidad de Lobo de lograrlo tanto nacional como internacionalmente, hacen uso de sus aliados norteamericanos, quienes ejercen presión diplómatica para ello y pregonan a los cuatro vientos que la reconciliación va en marcha y la crisis ha terminado.
Estos mismos aliados del golpismo, abogan ahora por enviar más ayuda económica a las FF AA y la Policía Nacional para reducir así la violencia que vive el país. Hay que recordarles nomás, que estas mismas instituciones son resposables de cientos de violaciones a los Derechos Humanos, tal como lo dice el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y desconocer su rol dentro del gobierno nefasto de Micheletti, pretender que con el cambio de cabeza del ejecutivo cambio la institucionalidad entera, es cuando menos, ingenuo. El rol de las FF AA, ahora y para futuro en Honduras, es reprimir a la población civil que está en contra del sistema neoliberal seudo fascista.
La violencia en Honduras se da, NO por factores culturales, como algunos analistas explican, sino por elementos estructurales y politicos claros y evidentes, que requieren de un esfuerzo real para combatirlo y que ni el gobierno de Lobo Sosa, ni la fiscalía, ni la Corte Suprema de Justicia, ni el Congreso Nacional parece interesarles, lejos más bien construyen el blindaje legal que llevará a la impunidad como regla y a la justicia como exepción.
No hay evidencia alguna, hasta el momento, por parte del gobierno que representa Porfirio Lobo, que exista un interés real en investigar lo que pasó a partir del 28 de Junio y menos aun de castigar a los responsables de las multiples violaciones a los Derechos Humanos.
La comisión de la verdad, en un marco de impunidad para los violadores de los derechos humanos, de desprestigio de las instituciones que conforman el Estado de Honduras, no hará sino legitimar la barbarie a que las castas represoras nos han sometido. Si el gobierno de Lobo protege al golpismo de quien heredó la presidencia, y si apoyar la comisión de la verdad es reconocer al gobierno de Lobo, entonces la comisión de la verdad, como cualquier diálogo o negociación con Lobo o sus representantes, es una aceptación del golpe de Estado y una muestra clara que se puede violentar la ley, romper el orden constitucional y violentar los derechos humanos porque al final, todo sera perdonado.
WOLA, como un actor clave de la política norteamericana para el subcontinente, debe reconocer que, más allá de un escrutinio constante sobre sus comunicados y publicaciones, hay un monitoreo permanente sobre las palabras de sus directivos y que toda contradicción sera reconocida y denunciada, para evitar que el proyecto de refundación de Honduras fracase por los movimientos maliciosos de un grupo de personas y sus organizaciones.
14 de abril de 2010.
Dicen que el papel lo aguanta todo, que en los comunicados, en la cartas, podemos escribir el mundo perfecto sin que eso signifique que cuentan con una base en la realidad. Pero es por los echos en donde damos a conocer lo que realmente somos, no necesariamente por nuestras palabras. La polemica que produjo el anuncio a la Conferencia sobre el Análisis y Perspectivas de Desarrollo Democrático de Honduras, convocada por la Oficina de Washington sobre America Latina WOLA, especialmente luego del artículo publicado por voselsoberano.com , traducción al español de la nota en ingles publicada por la revista counterpunch , escrito por la doctora Adrianne Pine quien publica en el blog quotha.net, misma polemica que obligó a WOLA a publicar por su parte un comunicado en su página web reafirmando su posición en la crisis hondureña , no es sino un ejempo más de las contradicciones que desde el 28 de Junio nos ha tocado vivir en Honduras y a las que, de alguna forma ya nos hemos acostumbrado.
Por ejemplo, al tiempo que escribo esta nota, miles de soldados hondureños acampan en los alrededores del río Aguán (la prensa oficial habla de 2,000 tropas, los organismos de derechos humanos hablan de 7,000 o más), cercando a 3,500 familias campesinas agrupadas en el Movimiento Unificado Campesino del Aguan MUCA, mientras Porfirio Lobo Sosa inaugura “La Comisión de la Verdad”, la última etapa del teatro montado para afianzar la dominación histórica en Honduras. Ambas acciones no son aisladas, pertenecen a una misma política oficial de presentar al mundo una cara, mientras para adentro se presenta otra completamente distinta.
Al igual, hay varias organizaciones internacionales o gobiernos que parecen jugar el mismo juego, por malicia o ignorancia, mantienen un discurso oficial de solidaridad con el pueblo hondureño y condena a las violaciones a los Derechos Humanos, mientras se reconoce al gobierno de Lobo, se apoya a su ejército y se anuncia el fin de la crisis política nacional. Estos gobiernos y estas instituciones, lejos de apoyar a la solución de la problemática nacional, contribuyen a la perpetuación y radicalización de la misma.
Por ejemplo WOLA. Poco puedo opinar realmente sobre WOLA, conozco poco de su historia, quizá nomás lo que ha publicado en su misma página web y una que otra entrevista que en su momento he leido, además de la visita que realicé en su oficina en el 2008 para presentar mi película “El Porvenir”; reconozco sí es una institución que cuenta con mucho respeto a nivel de las organizaciones de izquiera de Estados Unidos, especialmente en lo que referente a América Latina y los Derechos Humanos en la region y que se ha convirtido, para bien o para mal, en una autoridad en la material logrando acceso a los amplios pasillos del poder en Washington.
Dicho logro institucional, lejos de acercar a WOLA a los movimientos de base de la región, genera anticuerpos hasta cierto puntos justificados, más aún en Honduras, cuando se le ve jugando al “neutro” repitiendo el discurso oficial que a la larga va en contra de los intereses populares. Esta “desconfianza”, que no solo es hacia WOLA sino hacia toda organización con sede en Washington, que aunque parezca exagerada o hasta injusta, tiene profundas raíces en la forma en que el norte se ha relacionado con nuestros pueblos, como ha visto nuestras luchas y como, al final, ha traicionado nuestros procesos. WOLA no puede escapar de sus límites geográficos, estar en las avenidas de Washington lo hace más cercana al poder hegemónico norteamericano, que a la anárquica Resistencia hondureña.
Como dije anteriormente, no pienso profundizar en la historia de WOLA como organización, ni niego las buenas intenciones que varios de su staff puedan tener en cuando a la realidad Latino Americana. Pero la sabiduría popular suele ser a veces más certera que la diplomacia y en el barrio siempre dicen: “dime con quien andas, y te dire quien eres”.
El hecho es que por años, su asesor principal en los temas de Honduras, ha sido y sigue siendo, Roberto Flores Bermudez, ex embajador de Honduras en Washington durante el gobierno de Zelaya y uno de los primeros en salir apoyando y defendiendo el golpe de estado de Junio pasado, luego rechazado por Clinton y actualmente “Embajador” no reconocido del gobierno de Lobo Sosa quien, por esas casualidades del destino, es muy viejo amigo de Joe Eldridge y María Otero, ambos fundadores de WOLA. La cercanía de Flores Bermudez debería, en todo caso, representar un conflicto de interés para WOLA, pues cómo se puede tomar una posición “imparcial” en la violación de los derechos humanos y politicos de un pueblo, cuando el asesor que tienen no solo desconoce de dicha realidad, sino que la niega.
Desde que el conflicto estalló el 28 de Junio del año pasado, Washington y muchos de sus satélites, apostaron todo por el diálogo San José, luego el de Tegucigalpa y finalmente el de Guaymuras. Desde el principio, tanto en el FNR como en los sectores populares, vimos como dichos esfuerzos diplomaticos tenían en común dos cosas: desconocer al Frente Nacional en Contra del Golpe de Estado como un actor legitimo para solventar la crisis y colocar a la élite usurpadora como iguales frente al sector político derrocado, un argumento que carecía de fundamento jurídico y político, pues cuando el derecho se negocia, y se tuerce: se debilita, perdiendo asi toda posibilidad de imperar. Arturo Corrales Álvarez fue, en ese momento, el principal responsable del fracazo del diálogo y es, hoy en día, uno de los invitados de honor de WOLA para la conferencia del 14 de Abril.
Al final, el desenlace de los hechos nos dió la razón y pudimos ver como el diálogo San José/Tegucigalpa/Guaymuras
, no era más que una trampa para ganar tiempo e imponer, por medio de unas elecciones controladas, a un nuevo gobierno que vendría a limpiar la cara del régimen, sin cambiar en escencia su lógica represora. Reconocer el diálogo San José/Tegucigalpa/Guaymuras y sus puntos, que incluyen el reconocimiento de las elecciones de Noviembre de 2009, la instauración del falso gobierno de Unidad Nacional y la ahora Comisión de la Verdad, es hacer uso de un doblelenguaje orweliano, y desconocer el descontento popular que ha impulsado a una gran cantidad de hondureños y hondureñas a acobijarse bajo el FNRP.
Sabemos bien que el FNRP no es un ente único, es tan variado y diverso como intereses u organizaciones lo componen. Estamos conscientes de ello y trabajamos cada día para su inificación. Sin embargo, seguramente entre el frente hay organizaciones que consideran indispensable los vínculos y la ayuda que pueda provenir de instituciones como WOLA, aunque seguramente hay otras organizaciones que no le dan tanta importancia a dicha institución. En todo caso, el compromiso de WOLA, no debe ser con las alianzas políticas ni con las organizaciones, sino con la verdad, defender los derechos humanos y denunciar su violación dentro de un marco de respeto del proceso popular de busqueda de un país más justo.
Cuando el comunicado de WOLA habla de la necesidad de “reformas a la constitución nacional”, hace eco al proyecto que tanto Porfirio Lobo, como el Departamento de Estado (US) tratan de impulsar. La constitución hondureña no necesita reformas, porque la constitución hondureña es ahora un “adefesio” carete de toda capacidad de construcción de concenso. Las reformas a la actual constitución, lejos de reducir la tension existente, vendrá a aumentarla, porque quienes harían dichas reformas son los mismos que hicieron el golpe de Estado ejecutándola, los mismos que durante la dictadura Michelettista dieron asidero legal a los excesos, los que por generaciones la han violentando impunemente y que hoy ocupan curules dentro de un Congreso Nacional, sin representación popular, sin vínculos reales con las bases y con un total desconocimiento y rechazo, de las necesidades del pueblo hondureño.
Es por esa razón, que el FNRP presenta como única vía para la reconstrucción del consenso social, la instalación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, POPULAR Y DEMOCRÁTICA, en la cual se reconozcan los diversos actores que componen la sociedad hondureña y se creen las bases para un mejor país. El error que existe en el comunicado de WOLA, no es un error semántico, es una contradicción política que no podemos aceptar desde Honduras.
¿O será acaso que Vicky Gass y Joy Olson, de WOLA, realmente creen lo que dicen cuando aseguran en las audiencias del Congreso de Estados Unidos, como repetidores del discurso official del golpismo hondureño, que las elecciones hondureñas fueron “libres y justas” (free and fair) como lo dijo Gass en marzo pasado? Cabe remarcar el parecido con las palabras de la señora Clinton que aseguró, en diciembre del 2009, que las elecciones hondureñas han sido “las más votadas de la historia nacional, un ejemplo de participación ciudadana”; el mismo discurso usado por Lobo Sosa y todos aquellos que en su momento defendieron el Golpe y hoy defienden el ejercicio democrático.
Las pruebas en contrario son contundentes y lejos de ser unas eleccions “free and fair”, que tendría como resultado un gobierno sólido y fuerte, tiene por el contrario a Lobo Sosa ejerciendo presidencia sobre el filo de una navaja y su espurio y débil gobierno, busca, desesperadamente, legitimarse a toda costa, pero ante la incapacidad de Lobo de lograrlo tanto nacional como internacionalmente, hacen uso de sus aliados norteamericanos, quienes ejercen presión diplómatica para ello y pregonan a los cuatro vientos que la reconciliación va en marcha y la crisis ha terminado.
Estos mismos aliados del golpismo, abogan ahora por enviar más ayuda económica a las FF AA y la Policía Nacional para reducir así la violencia que vive el país. Hay que recordarles nomás, que estas mismas instituciones son resposables de cientos de violaciones a los Derechos Humanos, tal como lo dice el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y desconocer su rol dentro del gobierno nefasto de Micheletti, pretender que con el cambio de cabeza del ejecutivo cambio la institucionalidad entera, es cuando menos, ingenuo. El rol de las FF AA, ahora y para futuro en Honduras, es reprimir a la población civil que está en contra del sistema neoliberal seudo fascista.
La violencia en Honduras se da, NO por factores culturales, como algunos analistas explican, sino por elementos estructurales y politicos claros y evidentes, que requieren de un esfuerzo real para combatirlo y que ni el gobierno de Lobo Sosa, ni la fiscalía, ni la Corte Suprema de Justicia, ni el Congreso Nacional parece interesarles, lejos más bien construyen el blindaje legal que llevará a la impunidad como regla y a la justicia como exepción.
No hay evidencia alguna, hasta el momento, por parte del gobierno que representa Porfirio Lobo, que exista un interés real en investigar lo que pasó a partir del 28 de Junio y menos aun de castigar a los responsables de las multiples violaciones a los Derechos Humanos.
La comisión de la verdad, en un marco de impunidad para los violadores de los derechos humanos, de desprestigio de las instituciones que conforman el Estado de Honduras, no hará sino legitimar la barbarie a que las castas represoras nos han sometido. Si el gobierno de Lobo protege al golpismo de quien heredó la presidencia, y si apoyar la comisión de la verdad es reconocer al gobierno de Lobo, entonces la comisión de la verdad, como cualquier diálogo o negociación con Lobo o sus representantes, es una aceptación del golpe de Estado y una muestra clara que se puede violentar la ley, romper el orden constitucional y violentar los derechos humanos porque al final, todo sera perdonado.
WOLA, como un actor clave de la política norteamericana para el subcontinente, debe reconocer que, más allá de un escrutinio constante sobre sus comunicados y publicaciones, hay un monitoreo permanente sobre las palabras de sus directivos y que toda contradicción sera reconocida y denunciada, para evitar que el proyecto de refundación de Honduras fracase por los movimientos maliciosos de un grupo de personas y sus organizaciones.
Desapareciendo la verdad en Honduras
Por Anne Bird
Rights Action
10 de abril 2010
El golpe de Estado del 28 de junio en Honduras captó la atención global, sin embargo, fuera de Honduras muy poco se decía sobre los objetivos del golpe; detener la propuesta por una nueva constitución en el país.
La terrible represión que siguió al golpe provocó también la respuesta internacional, pero la propuesta política de las víctimas de la represión ha sido invisibilizada.
El golpe está ahora en su fase final, una fase que no puede consolidarse; la “desaparición” de la propuesta de una nueva constitución. Se está empleando una estrategia de dos vías.
Por un lado, la creación en apariencia, sin serlo realmente, de un proceso de reconciliación nacional. Dentro de esta podemos mencionar la “comisión de la verdad”, la cual, entre otros problemas, por la falta de participación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, no reune los estándares internacionales para ser una comisión por la verdad.
Por otra parte, la creciente violencia y represión continúa en contra del movimiento de resistencia no violento, que continúa demandando una nueva constitución y que, al igual que otras naciones, no reconoce el gobierno de Pepe Lobo, ya que las elecciones en las que “ganó” no reunieron los indicadores necesarios para ser unas elecciones democráticas.
Esta fase en golpe es la más peligrosa y prolongada.
Mientras los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá, los cabilderos corporativos de Washington e incluso la Oficina de Washington en América Latina (WOLA por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental de derechos humanos en Washington, asisten al gobierno de Honduras en crear la ilusión de la “reconciliación”, escuadrones de la muerte asesinan a periodistas, maestros y sindicalistas.
El Frente y la propuesta
En Honduras, se ha erigido un movimiento social masivo e inspirador, el cual genera lo que la historiadora de la Universidad de California, Dana Frank, describe como “el momento más importante en la historia hondureña, incluso más importante que la inmensa huelga general de 1954, desde donde fluye toda la historia contemporánea hondureña.”
En los meses previos al golpe, una masiva alianza entre la mayoría de los sectores de la sociedad hondureña, sindicatos, estudiantes, organizaciones indígenas, organizaciones de mujeres, organizaciones campesinas, organizaciones del movimiento Lésbico-Gay-Bisexual-Transexual, y otros, se reunieron para promover la propuesta de redactar una nueva constitución con una amplia participación cívica. Propusieron una consulta nacional, la cual se iba a llevar a cabo el 28 de junio, el día del golpe.
La consulta le preguntaría a los ciudadanos hondureños si querían que se instalara una votación nacional durante las elecciones presidenciales de noviembre de 2009. La iniciativa, llamada la “cuarta urna” le hubiera preguntado a los hondureños si deseaban convocar a una asamblea constituyente. La propuesta nunca intentó crear una obligación legal para el Estado; simplemente buscaba probar que la mayoría de los hondureños deseaban convocar una asamblea constituyente.
En los días que siguieron al golpe, los previamente desorganizados hondureños se reunieron en el movimiento de la “cuarta urna” para formar el Frente Popular Nacional contra el Golpe. Como la gente en todo el país repetía, al derrocar al presidente las estructuras del poder en Honduras le “quitaron las vendas de los ojos” a la gente, y ésta se movilizó masivamente. Las constantes protestas, algunas veces con más de medio millón de personas, sucedieron por más de ocho meses.
Luego de que el “nuevo” gobierno se instalara el 27 de enero de 2010, el Frente cambió su nombre al de Frente Nacional de Resistencia Poplar. En prácticamente cada comunidad rural, pueblo, barrio urbano, hay un comité local, el cual tiene representantes en comités de cada uno de los dieciocho departamentos del país, y que a su vez tienen representación en el comité nacional.
Una nueva constitución y la marcha del 20 de abril
El objetivo del Frente es convocar a una asamblea nacional constituyente, con representantes de todos los sectores de la sociedad hondureña, para que escriba una nueva constitución para el país. En la actualidad, esperan alcanzar esto a través de la participación en las elecciones nacionales del 2013.
El Frente ha convocado a una marcha nacional el 20 de abril para iniciar la campaña de recolección de firmas que apoye la convocatoria a una asamblea nacional constituyente. Esperan reunir un mínimo de 2 millones de firmas, más de la mitad de la población adulta de Honduras y el doble de personas que supuestamente votaron por Pepe Lobo en las elecciones fraudulentas de noviembre de 2009.
La actual constitución, la última de dieciseis, fue escrita por una asamblea constituyente convocada durante una dictadura militar, aprobada por el congreso y adoptada durante la dictadura militar. No hubo un debate nacional por su contenido.
Durante las pasadas tres décadas se ha vuelto evidente para los hondureños el que su constitución no protege adecuadamente los derechos de la mayoría de la población.
Un golpe militar para detener la nueva constitución
La posibilidad de cambiar el armazón del gobierno que permitió que un pequeño sector de hondureños, y sus socios internacionales, controlara la nación, alteró la estructura del poder a tal grado que descaradamente llevó a cabo la más atroz violación a los derechos políticos fundamentales de la gente, un golpe militar, el 28 de junio de 2009.
El brazo fuerte de las oscuras fuerzas militares y económicas que retuvieron el poder y que lo consolidaron a partir de una masiva violación a los derechos humanos en los años 70 y 80, reaparecieron brevemente para el ojo público.
Hoy día, los homicidios a los activistas del Frente por parte de los escuadrones de la muerte, traen a la memoria las horribles masacres, torturas, y desapariciones forzadas de hace una generación y que resultaron en más de 400,000 muertos en Centroamérica. En la actualidad los autores de esos crimenes siguen activos y poderosos, creciendo en el espacio que el gobierno “democrático” de Honduras y la “comunidad internacional” les proporcionan.
Cuando Zelaya propuso la controversial consulta que propició el golpe militar, simplemente estaba actuando como presidente en respuesta a la demanda de un amplio movimiento social que demandaba la asamblea constituyente.
Si la “cuarta urna” hubiera tenido lugar durante las elecciones de noviembre, y la población hubiera pedido por una asamblea constituyente, un nuevo presidente hubiera sido elegido para tomar el puesto el 27 de enero de 2010, y el Congreso hubiera tenido la opción de aprobar, o no, esa propuesta por la asamblea constituyente.
Zelaya no fue derrocado porque hubiera una base para creer que intentaba extender su presidencia, fue derrocado porque estaba cumpliendo su deber como presidente al permitir que un masivo movimiento político de base tuviera espacio en la política a través de mecanismos legales.
Consolidando el golpe
Inicialmente el golpe generó la reacción internacional que merecía. Nunca en la historia la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos habían condenado un golpe. Virtualmente cada nación del planeta se negó a reconocer al que nominalmente presidía el régimen golpista, Roberto Micheletti.
Sin embargo, la reacción diplomática inicial fue seguida por un reconocimiento de facto. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos le dió a Honduras acceso a las reservas extranjeras en depósito en Washington, las cuales el gobierno de Zelaya había batallado tanto en amasar, proporcionándoles amplios recursos para financiar los ocho meses de distanciamiento diplomático. Los Estados Unidos mandaron mensajes encubiertos de apoyo a los militares hondureños al continuar entrenando a oficiales de Honduras en los Estados Unidos. Los Estados Unidos se negaron a calificar el golpe como un golpe “militar” a pesar de todo el análisis legal razonable (incluyendo de los propios abogados del Departamento de Estado), para que no hubiera una suspensión de la ayuda. El Banco Mundial suspendió nominalmente los desembolsos de préstamos, pero hizo excepciones para programas clave en interés de los poderosos partidarios económicos y políticos del golpe.
De inmediato el Departamento de Estado se dedicó a tratar de normalizar las relaciones con Honduras, cabildeando con los países vecinos, manteniendo comunicación constante con los autores del golpe en Honduras mientras excluía a Zelaya e ignoraba por completo la existencia del Frente.
El reto para el Frente y Zelaya continuó siendo el mantener visible el rechazo masivo al golpe, tanto dentro como fuera de Honduras. Los medios alternativos y el internet jugaron un rol increíblemente importante, como lo fueron la serie de acciones y movilizaciones, incluyendo el dramático regreso de Zelaya a Honduras el 22 de septiembre de 2009 hacia la Embajada de Brasil.
La culminación de los esfuerzos por la consolidación del golpe fue el reconocimiento por parte de los Estados Unidos de las elecciones presidenciales de noviembre de 2009, y la campaña de cabildeo internacional del Departamento de Estado de los E.U. por el reconocimineto del gobierno ahora “elegido” de Pepe Lobo, a pesar de que las elecciones desafiaron cualquier estándar que se deberia cumplir para que unas elecciones puedan llamarse libres y justas.
Invisibilizando al Frente
El 27 de enero de 2010, Pepe Lobo tomó posesión como presidente de Honduras, mientras medio millón de personas protestaban al marchar al aeropuerto nacional para despedirse del Presidente Manuel Zelaya. El único canal de televisión hondureño que reportó la magnitud real de la protesta rentó un helicóptero para volar sobre la marcha, pero se le impidió despegar.
Mientras no queda duda que el Presidente Zelaya fue, y es, un símbolo importante para el Frente, es clave entender que Zelaya no representa al Frente y el Frente no consiste en sus “seguidores” o “partidarios”. La prensa internacional, y la prensa controlada por el régimen que apoya al golpe en Honduras, se refiere consistentemente al movimiento masivo como partidarios de Zelaya. Esto tiene el efecto de invisibilizar la existencia del Frente como una entidad clara, organizada y políticamente representada, distinta a Zelaya.
De la misma manera, mientras los mismos medios de comunicación distorsionan la información intencionalmente para reducir al movimiento masivo por una nueva constitución para que parezca ser un intento de Zelaya de extender su estadía en el poder, la propuesta por una nueva constitución es invisibilizada, desaparecida.
Esta masiva movilización política amenaza la consolidación del golpe. Mientras fuera de Honduras el Frente es ignorado, acción política intencional para neutralizar su impacto, dentro de Honduras no se puede ignorar, pues son la mayoría de hondureños.
Así que el Estado hondureño ha recurrido a invocar el miedo—terrorismo de Estado—en la población como un mecanismo de control social y para literalmente matar la propuesta por una nueva constitución.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo
Una canción de la resistencia hondureña ha sido “Nos tienen miedo porque no tenemos miedo”. Invocar el miedo en la población es una herramienta de larga data utilizada para aplastar movimientos por un cambio político.
En la región la violencia social producida en gran escala por la actividad del crimen organizado es el resultado orgánico de las redes de escuadrones de la muerte de los años 70 y 80, y ha servido para muchos propósitos, incluyendo el mantener un nivel alto de miedo inmovilizador en la población. Es también fácil para redirigir la violencia en contra de los organizadores políticos cuando sea necesario.
Un precepto fundamental de los movimientos no violentos por un cambio social es que al negarse a someterse a las injusticias de las estructuras ilegítimas que mantienen el poder a través de la violencia, esos poderes se ven obligados a ya sea para aumentar la violencia para mantener el control, y así demostrar su ilegitimidad, o cavar dentro la voluntad de la mayoría.
Por esta razón la seguridad del Frente corresponde directamente con el grado en que el gobierno de Honduras pueda desarrollar la represión y todavía así mantener cierto grado de legitimidad.
Los hondureños han sido muy inteligentes y capaces de evitar una respuesta armada o violenta al golpe y a las provocaciones de las fuerzas antidemocráticas. Saben que un movimiento de resistencia armado propiciaría la justificación para una represión aún mayor y una deslegitimación más generalizada de sus demandas políticas.
La respuesta a su postura no violenta han sido los intentos por inventar un movimiento violento en Honduras. Mientras la prensa hondureña invoca el lenguaje del “terrorismo” y los movimientos guerrilleros, los cabilderos en Washington argumentan que la demanda por una nueva constitución es una estrategia cubano-venezolana y que Venezuela está construyendo relaciones con Hezbollah.
El gobierno de la “reconciliación” nacional
Cuando Pepe Lobo asumió como presidente, avanzó inmediatamente en dos frentes, consolidando y fortaleciendo a las fuerzas represivas militares, policiales y paramilitares mientras creaba en apariencia el proceso de “reconciliación nacional.”
El gobierno de la “Reconciliación Nacional” proporciona el encubrimiento político o de legitimidad necesaria para los actos de represión con los que esperan extinguir al Frente.
Las posiciones del gabinete relacionadas con el sistema de políticas y de justicia fueron dadas a los de línea dura con una historia de abuso a los derechos humanos; como por ejemplo el Ministro de Gobierno, Oscar Álvarez, que tuvo el mismo cargo con el presidente que precedió a Zelaya, Ricardo Maduro. Las posiciones del gabinete relacionadas con las políticas económicas fueron dadas al sector privado partidario del golpe, cuyo control sobre los recursos hondureños busca ser aniquilado por el Frente con la creación de una nueva constitución.
Tres de las posiciones de programas sociales del gabinete fueron dadas a figuras asociadas con la “izquierda”, sin embargo, dos de esas figuras se han distanciado de los movimientos sociales por muchos años y uno, Cesar Ham del partido Unión Democrática, ha sido totalmente condenado al ostracismo por el Frente por haber aceptado la designación.
La creación de la imágen de un “gobierno de reconciliación nacional” cuando en la verdad no hay un diálogo o reconciliación real con la vasta mayoría de hondureños que son la base activa del Frente, mientras apoyan la línea dura de la represión violenta, es la estrategia para la consolidación del golpe y para “desaparecer al Frente.
¡Rechazando la Comisión por la Verdad!
La Comisión por la Verdad (CV) propuesta en el fallido Acuerdo San José-Tegucigalpa es parte del proceso de “reconciliación nacional”, y ha sido rechazado tanto por el Frente como por la Plataforma de Derechos Humanos, un cuerpo coordinador integrado por las seis principales organizaciones de derechos humanos de Honduras.
No es fácil decirle “no” a algo llamado comisión por la verdad, parece como si escondieran algo, pero en el caso de Honduras lo que está propuesto no puede ser legítimamente llamado una comisión por la verdad.
En las últimas dos décadas una serie de comisiones por la verdad han tenido lugar alrededor del mundo, y han surgido algunas características generales para definirlas.
En general se han establecido comisiones de la verdad para investigar actos pasados de violencia o represión, luego de que los conflictos y la violencia más álgida hayan terminado. Las comisiones de la verdad examinan una serie de acontecimientos y violaciones, no un único acontecimiento. Normalmente trabajan con, o a petición, de las víctimas de las violaciones.
La propuesta en Honduras no entra en estas características; no es una comisión de la verdad.
Aquellos que construyeron la comisión de la verdad en Honduras, principalmente el Departamento de Estado de los EU y el gobierno de Pepe Lobo, nunca buscaron la opinión de las principales víctimas de las violaciones a los derechos—la población en general y, específicamente, la gente que participa en el pacífico y prodemocrático Frente.
La comisión de la verdad en Honduras es convocada en mitad de un conflicto en desarrollo, en el momento en que suceden graves violaciones a los derechos humanos.
A lo sumo, la Comisión parece ser la plataforma para una negociación política de un solo lado. En el peor de los casos, es un vehículo para secuestrar el proceso de reforma constitucional que una vez más no cuenta con la participación de la población hondureña.
Observadores han analizado, basados en las declaraciones del gobierno de Lobo y del Departamento de Estado, que las reformas constitucionales pueden estar dentro de las recomendaciones por la “Comisión de la Verdad”.
El capítulo de Washington sobre el gobierno de “reconciliación”
Las comisiones de la verdad son casi irresistibles para la comunidad internacional de derechos humanos, y la severa naturaleza de los abusos a los derechos humanos que ocurren proporcionan una motivación fuerte para buscar por una solución rápida a la “crisis.”
Desafortunadamente las soluciones rápidas no ayudarán, no detendrán la violencia, en lugar de eso ayudarán a consolidar la impunidad que genera algunos de los niveles más altos de violencia en el mundo.
En los Estados Unidos, en el Capitolio, el Frente ha sido invisibilizado.
Mientras tanto, WOLA—un think tank creado en los 80 para apoyar a las organizaciones de derechos humanos en Latinoamérica, y un grupo pensado para ser la voz en Washington de la comunidad de derechos humanos—dio testimonio en el Congreso de los Estados Unidos en una sesión sobre Honduras del Subcomité de Relaciones Internacionales del Hemisferio Occidental, en la cual solicitaron que los Estados Unidos apoyara la comisión de la verdad hondureña.
WOLA también apoyó la ayuda a la policía y al ejército. Nunca mencionaron la existencia del Frente.
Las opiniones que dieron en el Congreso están en la misma línea de otras acciones que WOLA ha hecho desde el golpe de Estado.
El siguiente proyecto parece ser una reunión que WOLA convoca en Washington entre la “sociedad civil” hondureña, el gobierno hondureño, las organizaciones de derechos humanos y las embajadas en Washington; esta programada para el 14 de abril.
Lo que parece ser el capítulo de Washington sobre el “Gobierno de Reconciliación Nacional”—en realidad la desaparición de la verdad—es triste y perjudicial; ayuda a legitimar un gobierno comprometido con las violaciones masivas a los derechos humanos.
El Frente en Honduras es masivo y está unido. Cualquier ONG que vaya a la reunión convocada por WOLA será sin duda alguna un pequeño grupo que representa nada más que a los financiadores internacionales de ella. Lo que puede tener éxito en la reunión es la de crear una imagen falsa en la “comunidad internacional” o “el mundo de los derechos humanos” de que existe una mitad neutral. La única agenda a la que sirve es la de poner al Frente en un riesgo mayor.
Los hondureños tendrán su momento de verdad y justicia
Honduras tendrá su momento de verdad con justicia, pero ahora no es momento para una comisión de la verdad. Una comisión de la verdad no es el mecanismo adecuado para mediar un conflicto complejo o para diluir una lucha política; el papel de una comisión de la verdad es el de evaluar el conflicto en retrospectiva.
Se pide una mejor observación a los abusos de los derechos humanos. Es necesario construir mecanismos para confrontar la impunidad, más que cimentar en el lugar los mecanismos que la refuerzan, y es algo en lo que la comunidad internacional puede contribuir solamente coordinada con las víctimas de las violaciones.
La intervenciones políticas que invisibilizan a las víctimas de los abusos a los derechos humanos y su posición política no sirven de nada, y no terminarán con los abusos, solamente las agravarán.
Rights Action
10 de abril 2010
El golpe de Estado del 28 de junio en Honduras captó la atención global, sin embargo, fuera de Honduras muy poco se decía sobre los objetivos del golpe; detener la propuesta por una nueva constitución en el país.
La terrible represión que siguió al golpe provocó también la respuesta internacional, pero la propuesta política de las víctimas de la represión ha sido invisibilizada.
El golpe está ahora en su fase final, una fase que no puede consolidarse; la “desaparición” de la propuesta de una nueva constitución. Se está empleando una estrategia de dos vías.
Por un lado, la creación en apariencia, sin serlo realmente, de un proceso de reconciliación nacional. Dentro de esta podemos mencionar la “comisión de la verdad”, la cual, entre otros problemas, por la falta de participación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, no reune los estándares internacionales para ser una comisión por la verdad.
Por otra parte, la creciente violencia y represión continúa en contra del movimiento de resistencia no violento, que continúa demandando una nueva constitución y que, al igual que otras naciones, no reconoce el gobierno de Pepe Lobo, ya que las elecciones en las que “ganó” no reunieron los indicadores necesarios para ser unas elecciones democráticas.
Esta fase en golpe es la más peligrosa y prolongada.
Mientras los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá, los cabilderos corporativos de Washington e incluso la Oficina de Washington en América Latina (WOLA por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental de derechos humanos en Washington, asisten al gobierno de Honduras en crear la ilusión de la “reconciliación”, escuadrones de la muerte asesinan a periodistas, maestros y sindicalistas.
El Frente y la propuesta
En Honduras, se ha erigido un movimiento social masivo e inspirador, el cual genera lo que la historiadora de la Universidad de California, Dana Frank, describe como “el momento más importante en la historia hondureña, incluso más importante que la inmensa huelga general de 1954, desde donde fluye toda la historia contemporánea hondureña.”
En los meses previos al golpe, una masiva alianza entre la mayoría de los sectores de la sociedad hondureña, sindicatos, estudiantes, organizaciones indígenas, organizaciones de mujeres, organizaciones campesinas, organizaciones del movimiento Lésbico-Gay-Bisexual-Transexual, y otros, se reunieron para promover la propuesta de redactar una nueva constitución con una amplia participación cívica. Propusieron una consulta nacional, la cual se iba a llevar a cabo el 28 de junio, el día del golpe.
La consulta le preguntaría a los ciudadanos hondureños si querían que se instalara una votación nacional durante las elecciones presidenciales de noviembre de 2009. La iniciativa, llamada la “cuarta urna” le hubiera preguntado a los hondureños si deseaban convocar a una asamblea constituyente. La propuesta nunca intentó crear una obligación legal para el Estado; simplemente buscaba probar que la mayoría de los hondureños deseaban convocar una asamblea constituyente.
En los días que siguieron al golpe, los previamente desorganizados hondureños se reunieron en el movimiento de la “cuarta urna” para formar el Frente Popular Nacional contra el Golpe. Como la gente en todo el país repetía, al derrocar al presidente las estructuras del poder en Honduras le “quitaron las vendas de los ojos” a la gente, y ésta se movilizó masivamente. Las constantes protestas, algunas veces con más de medio millón de personas, sucedieron por más de ocho meses.
Luego de que el “nuevo” gobierno se instalara el 27 de enero de 2010, el Frente cambió su nombre al de Frente Nacional de Resistencia Poplar. En prácticamente cada comunidad rural, pueblo, barrio urbano, hay un comité local, el cual tiene representantes en comités de cada uno de los dieciocho departamentos del país, y que a su vez tienen representación en el comité nacional.
Una nueva constitución y la marcha del 20 de abril
El objetivo del Frente es convocar a una asamblea nacional constituyente, con representantes de todos los sectores de la sociedad hondureña, para que escriba una nueva constitución para el país. En la actualidad, esperan alcanzar esto a través de la participación en las elecciones nacionales del 2013.
El Frente ha convocado a una marcha nacional el 20 de abril para iniciar la campaña de recolección de firmas que apoye la convocatoria a una asamblea nacional constituyente. Esperan reunir un mínimo de 2 millones de firmas, más de la mitad de la población adulta de Honduras y el doble de personas que supuestamente votaron por Pepe Lobo en las elecciones fraudulentas de noviembre de 2009.
La actual constitución, la última de dieciseis, fue escrita por una asamblea constituyente convocada durante una dictadura militar, aprobada por el congreso y adoptada durante la dictadura militar. No hubo un debate nacional por su contenido.
Durante las pasadas tres décadas se ha vuelto evidente para los hondureños el que su constitución no protege adecuadamente los derechos de la mayoría de la población.
Un golpe militar para detener la nueva constitución
La posibilidad de cambiar el armazón del gobierno que permitió que un pequeño sector de hondureños, y sus socios internacionales, controlara la nación, alteró la estructura del poder a tal grado que descaradamente llevó a cabo la más atroz violación a los derechos políticos fundamentales de la gente, un golpe militar, el 28 de junio de 2009.
El brazo fuerte de las oscuras fuerzas militares y económicas que retuvieron el poder y que lo consolidaron a partir de una masiva violación a los derechos humanos en los años 70 y 80, reaparecieron brevemente para el ojo público.
Hoy día, los homicidios a los activistas del Frente por parte de los escuadrones de la muerte, traen a la memoria las horribles masacres, torturas, y desapariciones forzadas de hace una generación y que resultaron en más de 400,000 muertos en Centroamérica. En la actualidad los autores de esos crimenes siguen activos y poderosos, creciendo en el espacio que el gobierno “democrático” de Honduras y la “comunidad internacional” les proporcionan.
Cuando Zelaya propuso la controversial consulta que propició el golpe militar, simplemente estaba actuando como presidente en respuesta a la demanda de un amplio movimiento social que demandaba la asamblea constituyente.
Si la “cuarta urna” hubiera tenido lugar durante las elecciones de noviembre, y la población hubiera pedido por una asamblea constituyente, un nuevo presidente hubiera sido elegido para tomar el puesto el 27 de enero de 2010, y el Congreso hubiera tenido la opción de aprobar, o no, esa propuesta por la asamblea constituyente.
Zelaya no fue derrocado porque hubiera una base para creer que intentaba extender su presidencia, fue derrocado porque estaba cumpliendo su deber como presidente al permitir que un masivo movimiento político de base tuviera espacio en la política a través de mecanismos legales.
Consolidando el golpe
Inicialmente el golpe generó la reacción internacional que merecía. Nunca en la historia la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos habían condenado un golpe. Virtualmente cada nación del planeta se negó a reconocer al que nominalmente presidía el régimen golpista, Roberto Micheletti.
Sin embargo, la reacción diplomática inicial fue seguida por un reconocimiento de facto. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos le dió a Honduras acceso a las reservas extranjeras en depósito en Washington, las cuales el gobierno de Zelaya había batallado tanto en amasar, proporcionándoles amplios recursos para financiar los ocho meses de distanciamiento diplomático. Los Estados Unidos mandaron mensajes encubiertos de apoyo a los militares hondureños al continuar entrenando a oficiales de Honduras en los Estados Unidos. Los Estados Unidos se negaron a calificar el golpe como un golpe “militar” a pesar de todo el análisis legal razonable (incluyendo de los propios abogados del Departamento de Estado), para que no hubiera una suspensión de la ayuda. El Banco Mundial suspendió nominalmente los desembolsos de préstamos, pero hizo excepciones para programas clave en interés de los poderosos partidarios económicos y políticos del golpe.
De inmediato el Departamento de Estado se dedicó a tratar de normalizar las relaciones con Honduras, cabildeando con los países vecinos, manteniendo comunicación constante con los autores del golpe en Honduras mientras excluía a Zelaya e ignoraba por completo la existencia del Frente.
El reto para el Frente y Zelaya continuó siendo el mantener visible el rechazo masivo al golpe, tanto dentro como fuera de Honduras. Los medios alternativos y el internet jugaron un rol increíblemente importante, como lo fueron la serie de acciones y movilizaciones, incluyendo el dramático regreso de Zelaya a Honduras el 22 de septiembre de 2009 hacia la Embajada de Brasil.
La culminación de los esfuerzos por la consolidación del golpe fue el reconocimiento por parte de los Estados Unidos de las elecciones presidenciales de noviembre de 2009, y la campaña de cabildeo internacional del Departamento de Estado de los E.U. por el reconocimineto del gobierno ahora “elegido” de Pepe Lobo, a pesar de que las elecciones desafiaron cualquier estándar que se deberia cumplir para que unas elecciones puedan llamarse libres y justas.
Invisibilizando al Frente
El 27 de enero de 2010, Pepe Lobo tomó posesión como presidente de Honduras, mientras medio millón de personas protestaban al marchar al aeropuerto nacional para despedirse del Presidente Manuel Zelaya. El único canal de televisión hondureño que reportó la magnitud real de la protesta rentó un helicóptero para volar sobre la marcha, pero se le impidió despegar.
Mientras no queda duda que el Presidente Zelaya fue, y es, un símbolo importante para el Frente, es clave entender que Zelaya no representa al Frente y el Frente no consiste en sus “seguidores” o “partidarios”. La prensa internacional, y la prensa controlada por el régimen que apoya al golpe en Honduras, se refiere consistentemente al movimiento masivo como partidarios de Zelaya. Esto tiene el efecto de invisibilizar la existencia del Frente como una entidad clara, organizada y políticamente representada, distinta a Zelaya.
De la misma manera, mientras los mismos medios de comunicación distorsionan la información intencionalmente para reducir al movimiento masivo por una nueva constitución para que parezca ser un intento de Zelaya de extender su estadía en el poder, la propuesta por una nueva constitución es invisibilizada, desaparecida.
Esta masiva movilización política amenaza la consolidación del golpe. Mientras fuera de Honduras el Frente es ignorado, acción política intencional para neutralizar su impacto, dentro de Honduras no se puede ignorar, pues son la mayoría de hondureños.
Así que el Estado hondureño ha recurrido a invocar el miedo—terrorismo de Estado—en la población como un mecanismo de control social y para literalmente matar la propuesta por una nueva constitución.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo
Una canción de la resistencia hondureña ha sido “Nos tienen miedo porque no tenemos miedo”. Invocar el miedo en la población es una herramienta de larga data utilizada para aplastar movimientos por un cambio político.
En la región la violencia social producida en gran escala por la actividad del crimen organizado es el resultado orgánico de las redes de escuadrones de la muerte de los años 70 y 80, y ha servido para muchos propósitos, incluyendo el mantener un nivel alto de miedo inmovilizador en la población. Es también fácil para redirigir la violencia en contra de los organizadores políticos cuando sea necesario.
Un precepto fundamental de los movimientos no violentos por un cambio social es que al negarse a someterse a las injusticias de las estructuras ilegítimas que mantienen el poder a través de la violencia, esos poderes se ven obligados a ya sea para aumentar la violencia para mantener el control, y así demostrar su ilegitimidad, o cavar dentro la voluntad de la mayoría.
Por esta razón la seguridad del Frente corresponde directamente con el grado en que el gobierno de Honduras pueda desarrollar la represión y todavía así mantener cierto grado de legitimidad.
Los hondureños han sido muy inteligentes y capaces de evitar una respuesta armada o violenta al golpe y a las provocaciones de las fuerzas antidemocráticas. Saben que un movimiento de resistencia armado propiciaría la justificación para una represión aún mayor y una deslegitimación más generalizada de sus demandas políticas.
La respuesta a su postura no violenta han sido los intentos por inventar un movimiento violento en Honduras. Mientras la prensa hondureña invoca el lenguaje del “terrorismo” y los movimientos guerrilleros, los cabilderos en Washington argumentan que la demanda por una nueva constitución es una estrategia cubano-venezolana y que Venezuela está construyendo relaciones con Hezbollah.
El gobierno de la “reconciliación” nacional
Cuando Pepe Lobo asumió como presidente, avanzó inmediatamente en dos frentes, consolidando y fortaleciendo a las fuerzas represivas militares, policiales y paramilitares mientras creaba en apariencia el proceso de “reconciliación nacional.”
El gobierno de la “Reconciliación Nacional” proporciona el encubrimiento político o de legitimidad necesaria para los actos de represión con los que esperan extinguir al Frente.
Las posiciones del gabinete relacionadas con el sistema de políticas y de justicia fueron dadas a los de línea dura con una historia de abuso a los derechos humanos; como por ejemplo el Ministro de Gobierno, Oscar Álvarez, que tuvo el mismo cargo con el presidente que precedió a Zelaya, Ricardo Maduro. Las posiciones del gabinete relacionadas con las políticas económicas fueron dadas al sector privado partidario del golpe, cuyo control sobre los recursos hondureños busca ser aniquilado por el Frente con la creación de una nueva constitución.
Tres de las posiciones de programas sociales del gabinete fueron dadas a figuras asociadas con la “izquierda”, sin embargo, dos de esas figuras se han distanciado de los movimientos sociales por muchos años y uno, Cesar Ham del partido Unión Democrática, ha sido totalmente condenado al ostracismo por el Frente por haber aceptado la designación.
La creación de la imágen de un “gobierno de reconciliación nacional” cuando en la verdad no hay un diálogo o reconciliación real con la vasta mayoría de hondureños que son la base activa del Frente, mientras apoyan la línea dura de la represión violenta, es la estrategia para la consolidación del golpe y para “desaparecer al Frente.
¡Rechazando la Comisión por la Verdad!
La Comisión por la Verdad (CV) propuesta en el fallido Acuerdo San José-Tegucigalpa es parte del proceso de “reconciliación nacional”, y ha sido rechazado tanto por el Frente como por la Plataforma de Derechos Humanos, un cuerpo coordinador integrado por las seis principales organizaciones de derechos humanos de Honduras.
No es fácil decirle “no” a algo llamado comisión por la verdad, parece como si escondieran algo, pero en el caso de Honduras lo que está propuesto no puede ser legítimamente llamado una comisión por la verdad.
En las últimas dos décadas una serie de comisiones por la verdad han tenido lugar alrededor del mundo, y han surgido algunas características generales para definirlas.
En general se han establecido comisiones de la verdad para investigar actos pasados de violencia o represión, luego de que los conflictos y la violencia más álgida hayan terminado. Las comisiones de la verdad examinan una serie de acontecimientos y violaciones, no un único acontecimiento. Normalmente trabajan con, o a petición, de las víctimas de las violaciones.
La propuesta en Honduras no entra en estas características; no es una comisión de la verdad.
Aquellos que construyeron la comisión de la verdad en Honduras, principalmente el Departamento de Estado de los EU y el gobierno de Pepe Lobo, nunca buscaron la opinión de las principales víctimas de las violaciones a los derechos—la población en general y, específicamente, la gente que participa en el pacífico y prodemocrático Frente.
La comisión de la verdad en Honduras es convocada en mitad de un conflicto en desarrollo, en el momento en que suceden graves violaciones a los derechos humanos.
A lo sumo, la Comisión parece ser la plataforma para una negociación política de un solo lado. En el peor de los casos, es un vehículo para secuestrar el proceso de reforma constitucional que una vez más no cuenta con la participación de la población hondureña.
Observadores han analizado, basados en las declaraciones del gobierno de Lobo y del Departamento de Estado, que las reformas constitucionales pueden estar dentro de las recomendaciones por la “Comisión de la Verdad”.
El capítulo de Washington sobre el gobierno de “reconciliación”
Las comisiones de la verdad son casi irresistibles para la comunidad internacional de derechos humanos, y la severa naturaleza de los abusos a los derechos humanos que ocurren proporcionan una motivación fuerte para buscar por una solución rápida a la “crisis.”
Desafortunadamente las soluciones rápidas no ayudarán, no detendrán la violencia, en lugar de eso ayudarán a consolidar la impunidad que genera algunos de los niveles más altos de violencia en el mundo.
En los Estados Unidos, en el Capitolio, el Frente ha sido invisibilizado.
Mientras tanto, WOLA—un think tank creado en los 80 para apoyar a las organizaciones de derechos humanos en Latinoamérica, y un grupo pensado para ser la voz en Washington de la comunidad de derechos humanos—dio testimonio en el Congreso de los Estados Unidos en una sesión sobre Honduras del Subcomité de Relaciones Internacionales del Hemisferio Occidental, en la cual solicitaron que los Estados Unidos apoyara la comisión de la verdad hondureña.
WOLA también apoyó la ayuda a la policía y al ejército. Nunca mencionaron la existencia del Frente.
Las opiniones que dieron en el Congreso están en la misma línea de otras acciones que WOLA ha hecho desde el golpe de Estado.
El siguiente proyecto parece ser una reunión que WOLA convoca en Washington entre la “sociedad civil” hondureña, el gobierno hondureño, las organizaciones de derechos humanos y las embajadas en Washington; esta programada para el 14 de abril.
Lo que parece ser el capítulo de Washington sobre el “Gobierno de Reconciliación Nacional”—en realidad la desaparición de la verdad—es triste y perjudicial; ayuda a legitimar un gobierno comprometido con las violaciones masivas a los derechos humanos.
El Frente en Honduras es masivo y está unido. Cualquier ONG que vaya a la reunión convocada por WOLA será sin duda alguna un pequeño grupo que representa nada más que a los financiadores internacionales de ella. Lo que puede tener éxito en la reunión es la de crear una imagen falsa en la “comunidad internacional” o “el mundo de los derechos humanos” de que existe una mitad neutral. La única agenda a la que sirve es la de poner al Frente en un riesgo mayor.
Los hondureños tendrán su momento de verdad y justicia
Honduras tendrá su momento de verdad con justicia, pero ahora no es momento para una comisión de la verdad. Una comisión de la verdad no es el mecanismo adecuado para mediar un conflicto complejo o para diluir una lucha política; el papel de una comisión de la verdad es el de evaluar el conflicto en retrospectiva.
Se pide una mejor observación a los abusos de los derechos humanos. Es necesario construir mecanismos para confrontar la impunidad, más que cimentar en el lugar los mecanismos que la refuerzan, y es algo en lo que la comunidad internacional puede contribuir solamente coordinada con las víctimas de las violaciones.
La intervenciones políticas que invisibilizan a las víctimas de los abusos a los derechos humanos y su posición política no sirven de nada, y no terminarán con los abusos, solamente las agravarán.
Hasta en la noche más oscura se puede ver una luz
Un verdadero Estado de derecho y una sociedad democrática es aquella que sólo se justifica y se legitima en la medida en que se garantiza la plena realización de los derechos humanos de la población.
Por ello, la grave crisis de derechos humanos que estamos viviendo y la impunidad que la rodea es una prueba contundente de que la institucionalidad del país está colapsada y que existen unos poderes fácticos que actúan por encima y en contra de la dignidad del pueblo hondureño.
Esta grave crisis se manifiesta claramente en la existencia de una estrategia de represión que consiste en sembrar el terror mediante las amenazas a muerte, el levantamiento de perfiles, el seguimiento de personas por parte de carros sin placas y el asesinato público y con cierto impacto mediático de personas que disienten del discurso oficial de que en Honduras no pasa nada y que nos estamos reconciliando.
Nuestra realidad evidencia que cada día retrocedemos varios años en materia de derechos humanos y democracia, que se está reeditando la década de los 80’s y que los militares, actores principales e instrumentales del golpe de Estado, son nuevamente los que toman las grandes decisiones en el país.
El 28 de junio pasado marcó el inicio del camino oscuro y trágico en el que Honduras ha entrado, pero como dice el pensamiento popular, entre más negra es la noche es porque la luz del día se acerca, y tenemos la esperanza de que la justicia para el pueblo hondureño tarde o temprano llegará, y verá a sus represores pagando por sus crímenes.
Si el pueblo peruano pudo ver a Fujimori sentenciado por la justicia, en Honduras también será posible ver lo mismo en relación con quienes han atentado y están atentando contra los valores más importantes de la sociedad: los derechos humanos.
Por ello, la grave crisis de derechos humanos que estamos viviendo y la impunidad que la rodea es una prueba contundente de que la institucionalidad del país está colapsada y que existen unos poderes fácticos que actúan por encima y en contra de la dignidad del pueblo hondureño.
Esta grave crisis se manifiesta claramente en la existencia de una estrategia de represión que consiste en sembrar el terror mediante las amenazas a muerte, el levantamiento de perfiles, el seguimiento de personas por parte de carros sin placas y el asesinato público y con cierto impacto mediático de personas que disienten del discurso oficial de que en Honduras no pasa nada y que nos estamos reconciliando.
Nuestra realidad evidencia que cada día retrocedemos varios años en materia de derechos humanos y democracia, que se está reeditando la década de los 80’s y que los militares, actores principales e instrumentales del golpe de Estado, son nuevamente los que toman las grandes decisiones en el país.
El 28 de junio pasado marcó el inicio del camino oscuro y trágico en el que Honduras ha entrado, pero como dice el pensamiento popular, entre más negra es la noche es porque la luz del día se acerca, y tenemos la esperanza de que la justicia para el pueblo hondureño tarde o temprano llegará, y verá a sus represores pagando por sus crímenes.
Si el pueblo peruano pudo ver a Fujimori sentenciado por la justicia, en Honduras también será posible ver lo mismo en relación con quienes han atentado y están atentando contra los valores más importantes de la sociedad: los derechos humanos.
martes, 6 de abril de 2010
Violencia contra periodistas y democracia
Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática” y “una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”. La libertad de expresión debe ser garantizada tanto en su dimensión individual como en su dimensión social.
La primera implica no sólo el derecho a hablar o escribir, sino también el derecho a utilizar los medios apropiados para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de personas. La segunda comprende el derecho de cada persona a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista y también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias.
Indudablemente, cuando en un país una de estas dos dimensiones de la libertad de expresión es restringida por la censura, las amenazas y la violencia, no es posible catalogarlo como democrático. En este sentido, el asesinato de cinco periodistas en el mes de marzo, el exilio de otro reportero, las amenazas contra un periodista de Radio Progreso y la impunidad que rodea estos casos son una evidencia contundente de que en Honduras la democracia sigue siendo un concepto vacío con la que se llenan la boca quienes han atentado contra ella.
De acuerdo con un informe reciente de Reporteros Sin Fronteras, estos hechos han convertido a Honduras en el país más peligroso del mundo para quienes trabajan en los medios de comunicación. Esta afirmación resulta altamente preocupante si observamos que Honduras está por encima de Irak, Afganistán o Colombia en términos de riesgo y peligrosidad para los y las periodistas.
Además, viene a confirmar que las elecciones realizadas bajo un régimen de facto y la militarización del país no solucionaron la crisis política que generó el golpe de Estado sino que la profundizó.
La comunidad internacional tiene el deber moral y legal de no ignorar la grave situación de derechos humanos que existe en Honduras y condicionar cualquier reconocimiento al gobierno de Lobo Sosa a la garantía de no repetición de estos hechos y a la investigación y sanción de sus responsables materiales e intelectuales.
La primera implica no sólo el derecho a hablar o escribir, sino también el derecho a utilizar los medios apropiados para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de personas. La segunda comprende el derecho de cada persona a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista y también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias.
Indudablemente, cuando en un país una de estas dos dimensiones de la libertad de expresión es restringida por la censura, las amenazas y la violencia, no es posible catalogarlo como democrático. En este sentido, el asesinato de cinco periodistas en el mes de marzo, el exilio de otro reportero, las amenazas contra un periodista de Radio Progreso y la impunidad que rodea estos casos son una evidencia contundente de que en Honduras la democracia sigue siendo un concepto vacío con la que se llenan la boca quienes han atentado contra ella.
De acuerdo con un informe reciente de Reporteros Sin Fronteras, estos hechos han convertido a Honduras en el país más peligroso del mundo para quienes trabajan en los medios de comunicación. Esta afirmación resulta altamente preocupante si observamos que Honduras está por encima de Irak, Afganistán o Colombia en términos de riesgo y peligrosidad para los y las periodistas.
Además, viene a confirmar que las elecciones realizadas bajo un régimen de facto y la militarización del país no solucionaron la crisis política que generó el golpe de Estado sino que la profundizó.
La comunidad internacional tiene el deber moral y legal de no ignorar la grave situación de derechos humanos que existe en Honduras y condicionar cualquier reconocimiento al gobierno de Lobo Sosa a la garantía de no repetición de estos hechos y a la investigación y sanción de sus responsables materiales e intelectuales.