Ciudadanía activa frente a la elección del CONADEH

Hasta el momento, la sociedad civil hondureña debe sentirse orgullosa de haber logrado dos cosas importantes en relación con la elección del próximo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

En primer lugar, logró poner en el debate público la importancia de elegir a un Defensor o Defensora del Pueblo con características de independencia, honestidad, honorabilidad y compromiso con los derechos humanos.

En segundo lugar, logró el compromiso de la clase política de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía conozca los perfiles y propuestas de los y las candidatas.

Lógicamente, el Congreso Nacional es el que tiene la última palabra y aunque seguramente primen los compadrazgos y los intereses políticos para seleccionar a alguien que se adhiera al régimen, el debate y las audiencias públicas cumplirán la función de contrastar todos los perfiles y cuestionar la elección de un Defensor o Defensora que pueda estar comprometido con los intereses de los poderes oscuros del país.

12 años de Ramón Custodio López han dejado a un CONADEH desprestigiado, expulsado de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, marginado por la cooperación internacional y alejado de una ciudadanía a la que le dio la espalda en una de las horas más oscuras de nuestra historia: el golpe de Estado.

Por ello, la elección de la nueva persona titular del CONADEH es un asunto esencial para avanzar en el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho.

Cifras sangrientas a la medida

De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la tasa de homicidios en el año 2013 fue de 79 por cada 100 mil habitantes, cifras que siguen colocando a nuestra nación como la más violenta del mundo.

No obstante, estas estadísticas independientes han comenzado a incomodar a la Secretaría de Seguridad, a tal punto que su titular, Arturo Corrales Álvarez, dice que dicha tasa ha bajado a 75.1 homicidios.

No obstante, la violencia en las calles contradice totalmente el milagroso dato del ministro Corrales y tal como lo señala Migdonia Ayestas, directora del Observatorio, al país no le conviene esconder la realidad de criminalidad y muerte en que vivimos.

Como al ministro Corrales no le gusta que el Observatorio de la Universidad lo contradiga y lo deje en evidencia, además de ordenar que no se le brinde ninguna información a este ente académico, ahora ha anunciado que creará su propio observatorio de hechos violentos que estará bajo su mando.

Como quien maneja la información puede moldear la realidad, es evidente que si ahora el ministro Corrales le niega datos al Observatorio de la Violencia, con la creación de su propio observatorio lo que pretende es tener cifras a su medida para bajarlas como por arte de magia y obtener réditos políticos.

La sociedad hondureña en su conjunto debemos defender la demostrada independencia y profesionalismo del Observatorio de la Violencia de la universidad pública, y exigir transparencia a una cuestionada Secretaría de Seguridad que no ha sido capaz de ni siquiera realizar una efectiva depuración policial y que ahora pretende esconder unas estadísticas que ocultadas o no, reflejan en la cotidianidad el fracaso total de una política de seguridad que sólo produce muerte, estigmatización, criminalización y corrupción.

Pronunciamiento de la Coalición contra la Impunidad ante la próxima elección del Comisionado Nacional de Derechos Humanos.

La Coalición contra la Impunidad, frente a la próxima elección de la persona titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), ante la opinión pública nacional e internacional, nos pronunciamos de la siguiente manera:

Primero: En los próximos 30 días el Congreso Nacional elegirá a la nueva persona titular del CONADEH quien, para un período de 6 años, será responsable de liderar la vigilancia para el cumplimiento de los derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República y las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras.

Segundo: Durante los últimos años, el CONADEH se ha convertido en una institución cuyo desempeño ha favorecido la consolidación de la impunidad, particularmente desde el golpe de Estado de 2009 en el que jugó un grave papel al negar la existencia del mismo e impedir que los hondureños y hondureñas pudiéramos contar con un mecanismo independiente de protección a nuestros derechos más elementales.

Tercero: En ese sentido, la elección del titular del CONADEH es un asunto vital para la vigencia de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, ya que en un Estado con altos niveles de impunidad, se requiere urgentemente de una institución incluyente, abierta, transparente, independiente, accesible y eficiente frente a las demandas y derechos de la ciudadanía.

Cuarto: La legislación vigente establece requisitos mínimos para ser titular de esta institución y para nombrarlo únicamente señala que el mismo será elegido por el Congreso Nacional por mayoría de votos. Es decir, no se cuenta con un procedimiento de elección ni con un perfil adecuado, previamente establecidos, que garanticen transparencia e imparcialidad para la designación de este alto cargo.

Quinto: En razón de lo anterior, exigimos al Congreso Nacional, que previo a proceder a esta elección, establezca y haga público un procedimiento a seguir que incluya: el perfil idóneo que debe reunir la persona a elegir; la presentación de postulaciones o candidaturas de parte de los diferentes sectores de la sociedad; los aspectos a calificar y la forma de hacerlo; la publicación de las hojas de vida de los aspirantes; la posibilidad de impugnar aquellas candidaturas que respondan a intereses políticos partidarios o que no reúnan el perfil necesario; y la realización de audiencias públicas que permitan a la ciudadanía conocer la preparación profesional, las trayectorias y las propuestas de los candidatos y candidatas, entre otras posibles métodos de garantizar una elección transparente e imparcial que lleve a la elección del Comisionado que necesitamos en nuestro país.

SEXTO: Desde la Coalición contra la Impunidad estamos convencidos y convencidas que esta elección del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, reviste una importancia especial para la protección de estos derechos, por ello, además de observar  el procedimiento de su elección, queremos destacar y proponer a tres personas para este alto cargo, siendo ellos: Reina Rivera Joya, Wilfredo Méndez y Joaquín Mejía, ellos y ella tienen una larga trayectoria en la causa por la defensa de los derechos humanos en nuestro país, y no dudamos que si pudieran llegar a la dirección del Comisionado trabajarían incansablemente por hacer del CONADEH una institución de garantía para la protección de los derechos de toda la ciudadanía.

SÉPTIMO: Hacemos un llamado a la ciudadanía para estar vigilantes ante esta nueva elección y evitar que la clase política haga del CONADEH un reparto partidista tal y como lo hicieron con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público.

Siguatepeque, 07 de febrero de 2014.

COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD – HONDURAS

Integrada por las siguientes organizaciones: Asociación Arcoiris - Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) - Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH) - Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA) - Centro de Derechos de Mujeres (CDM) - Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H) - Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) – Colectivo Gemas - Colectivo Unidad Color Rosa - Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) - Comité por la Libre Expresión C-Libre - Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral - Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental – Crisálidas de Villanueva - Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación/Radio Progreso - Feministas Universitarias – Frente Amplio del COPEMH - Foro de Mujeres por la Vida - Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) - Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) - Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” - Red de Mujeres Jóvenes de Cortés – Red de Mujeres Unidas de Colonia “Ramón Amaya Amador” – Red de Participación de Organizaciones de Sociedad Civil Siguatepeque (RPOSC) - Red Nacional de Defensoras - Tribuna de Mujeres contra los Femicidios

Una burla para la ciudadanía

La semana pasada señalábamos que el proceso de depuración policial era un total fracaso, lo cual se ve reflejado en la ausencia de investigaciones patrimoniales para identificar a los policías involucrados en narcotráfico y crimen organizado, y en una excesiva inversión de 57 millones de lempiras con un pobre resultado de 9 depurados.

Mientras desde la sociedad civil se denuncia sin ningún resultado que existen evidencias de involucramiento de altos oficiales con el crimen, la Secretaría de Seguridad anuncia con bombos y platillos que concedió un “retiro honroso y voluntario” a 35 altos oficiales de la Policía Nacional, muchos de los cuales han sido cuestionados por sus actividades ilegales.

Esta baja “honrosa” implica que estos oficiales gozarán de todas las prestaciones y jubilaciones sin que se hayan terminado las investigaciones o procesos administrativos disciplinarios que aclaren el origen de sus fortunas y su vinculación con actividades reñidas con la ley.

Tal parece que de esta manera se ha impuesto la visión del Ministro de Seguridad, para quien no se requiere un proceso de depuración porque los policías se depurarán solos. Sin duda alguna, detrás de esta posición hay algún tipo de “negociación” entre muchos de estos oficiales cuestionados y la Secretaría de Seguridad, ofreciéndoles impunidad a cambio de su “retiro voluntario”.

Como lo señala la directora de Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Leticia Salomón, “el hecho de que pasen a una condición de retiro casi con honra obedece a un posicionamiento oficial de no querer meterse con ellos” o de no provocar un movimiento que permita descubrir el grave problema de corrupción y de involucramiento delictivo dentro de la Policía Nacional.

Haciendo nuestras las palabras de la socióloga Salomón,  toda esta situación es “una vergüenza para el país” y “una burla para los hondureños honestos” que día a día vemos cómo la institución encargada de “servirnos y protegernos”, es una fuente de diversas violencias contra la ciudadanía. 

El estrepitoso fracaso del proceso de depuración policial

Recientemente, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) presentó un informe de rendimiento de la seguridad pública durante la administración del ex presidente Lobo Sosa. Uno de los aspectos que analiza este documento es el proceso de depuración policial.

En pocas palabras, este informe señala contundentemente que el gobierno de Lobo Sosa ha fracasado en realizar dicha depuración, debido a la falta de voluntad política de las altas autoridades del Estado, a las limitadas competencias técnicas y la poca diligencia de las autoridades encargadas de impulsar la depuración, y a la escasa coordinación entre las diferentes instancias involucradas en el proceso, en particular entre la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y la Secretaría de Seguridad.

Para la APJ, el fracaso del proceso de depuración tiene dos aristas que golpean con fuerza la dignidad de la sociedad hondureña. Por un lado, la DIECP no ha privilegiado la investigación patrimonial como herramienta fundamental para la identificación de los policías involucrados en narcoactividad y crimen organizado. Hasta el momento, se han gastado 57 millones de lempiras y la DIECP solo ha remitido al Tribunal Superior de Cuentas, 9 expedientes por delitos patrimoniales de miembros de las cúpulas policiales.

Por otro lado, los pocos casos de depuración se han caracterizado por la ausencia de garantías del debido proceso, abriendo la posibilidad de que los policías despedidos demanden al Estado hondureño exigiendo indemnizaciones millonarias por la violación de sus derechos; pero además, prácticamente no ha existido depuración de las cúpulas policiales que podrían estar ligadas a bandas criminales.

Por ello no es de extrañar que el coordinador de la APJ, Josué Murillo, denunciara la semana pasada que por lo menos cuatro y cinco altos oficiales de la Policía Nacional encabezan bandas del crimen organizado y que las autoridades no proceden contra ellos porque no se pueden recopilar pruebas, ya que hay miedo o colusión de parte de quienes deben impulsar un verdadero proceso de depuración.

Lo que no es extraño es que el director de la DIECP, Eduardo Villanueva, diligentemente solicitara al Ministerio Público que cite al abogado Murillo para interrogarlo sobre lo manifestado; no obstante, su diligencia e intolerancia ante estas denuncias contrasta totalmente con la negligencia y tolerancia que ha demostrado al frente del fracasado proceso de depuración policial.

Estado de derecho y gobernantes corruptos y violentos

Parecería redundante que en pleno siglo XXI sea tan necesario insistir en el concepto de Estado de derecho pero en un país como Honduras con una clase política autoritaria, es preciso recordar que tal concepto se refiere a una forma de organización jurídico-política caracterizada por varios elementos.

En primer lugar, por la incorporación al ordenamiento jurídico de unos valores considerados fundamentales para la comunidad, es decir, los derechos humanos; en segundo lugar, por la consagración del principio de legalidad, que implica que la actuación de los poderes públicos esté enmarcada dentro de lo que establecen la Constitución y las leyes, en virtud de lo cual pueden ser objeto de control judicial.

Y en tercer lugar, por la funcionalización del ejercicio de dichos poderes a la garantía del goce de todos los derechos humanos; en otras palabras, el respeto y la promoción de los derechos humanos se constituye en el más alto deber del Estado y sus instituciones, y por ende, su cumplimiento representa un elemento que legitima la razón de ser del mismo.

La realidad nos muestra que después de más de 30 años de democracia formal, el ideal de un Estado de derecho en Honduras sigue siendo una utopía cada vez más lejana debido a una clase política corrupta que anualmente se roba 18 mil millones de lempiras sólo de las cuentas de los ministerios con mayores presupuestos; y a una casta militar y policial que asesina, viola, tortura, desaparece y da golpes de Estado.

Por eso no es de extrañar que en el más reciente sondeo de opinión pública realizada por el ERIC, el 94% de la población cree que la corrupción siguió igual o aumentó, y el 89% que la gravedad de la situación de derechos humanos ha seguido igual o ha aumentado durante el año 2013.

Teniendo en cuenta que la legitimidad es un factor fundamental para los sistemas democráticos, resulta grave que instituciones tan importantes para el fortalecimiento del Estado de derecho como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, son percibidas con desconfianza por más del 70% de la población.

Ante un panorama desalentador después de las elecciones generales, volvemos a preguntarnos si acaso es cierto que cada pueblo merece a los gobernantes que tiene. ¿Qué ha hecho o no ha hecho la ciudadanía hondureña para tener a estos gobernantes corruptos y violentos?

Una importante victoria internacional de la Comunidad Nueva Esperanza y del Patronato Regional del Sector Florida

Durante más de 12 años lo pobladores y pobladoras de las 16 comunidades del Sector Florida, municipio de Tela, se han organizado para defender los bienes naturales y los territorios en los que residen.

En este tiempo han tenido que soportar la presencia y asedio de empresarios mineros chinos, italianos y hondureños que han pretendido explotar y destruir la riqueza natural de la zona. Pero la situación se tornó grave desde el 2011 cuando algunos empresarios mineros comenzaron a hacer uso de la fuerza y la violencia para explotar minas a cielo abierto, supuestamente  para la extracción de óxido de Hierro.

Ante el amplio rechazo de la mayoría de la población a la operación de proyectos mineros y de represas en sus territorios, los empresarios con el apoyo de la Policía Nacional y la municipalidad de Tela, incrementaron la intimidación, amenazas y agresiones tanto a la comunidad, como a los líderes de las organizaciones sociales y eclesiales comprometidas en la defensa del ambiente y sus medios de vida.

Pese a que todos estos hechos fueron debidamente denunciados, el Estado ha sido incapaz y no ha tenido voluntad para escuchar y resolver la exigencia de las comunidades de que ningún proyecto de explotación de la riqueza natural de su territorio se realice sin que previamente se les consulte.

Frente a la inoperancia y desidia del Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de varios líderes y defensores de derechos humanos de la comunidad Nueva Esperanza y del Patronato Regional del Sector Florida. Para este organismo internacional, dichos líderes y lideresas se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal están amenazadas y en grave riesgo.

Esperamos que esta resolución de la Comisión Interamericana sea una herramienta para lograr que en un futuro cercano, ya no existan en Honduras personas y comunidades criminalizadas, amenazadas y en riesgo sólo por defender la vida de todos y todas.

La elección del Defensor o Defensora del Pueblo a la vista

El próximo mes de marzo se elige al nuevo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).

Teniendo en cuenta que desde el Congreso Nacional se ha garantizado que todas las instituciones del sistema de justicia respondan a los intereses del presidente recientemente electo, la elección del ombudsman resulta fundamental para que la ciudadanía cuente con una institución que realmente sea la voz moral en medio de este desierto de arbitrariedad.

Aunque el CONADEH ha sido establecido para garantizar la vigencia de los derechos y libertades reconocidas en la Constitución de la República y los tratados internacionales, al día de hoy se ha convertido en una institución dependiente de los poderes fácticos y ha desempeñado un terrible papel en la consolidación de la impunidad.

Así, durante los últimos 12 años el CONADEH ha estado bajo la dirección de Ramón Custodio López, quien otrora fuera un reconocido defensor de derechos humanos, sin embargo de todos y todas es conocido el grave papel que jugó durante el golpe de Estado, ya que al negar la existencia del mismo, impidió que los hondureños y hondureñas pudiéramos contar con un mecanismo independiente de protección a nuestros derechos.

Sin duda alguna, los sectores políticos tradicionales ya están pensando en el nuevo Comisionado y harán todo lo que tengan que hacer para garantizar que sea un guardián de sus intereses, así como lo han hecho con la Sala de lo Constitucional, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio Público, entre otros.

Por tanto, la elección del titular del CONADEH es un asunto vital para la vigencia de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, ya que en un Estado con la casi totalidad de sus instituciones raptadas por los poderes fácticos y sordas y ciegas ante a las demandas y derechos de la ciudadanía, el CONADEH podría ser como una luz de esperanza institucional en la oscuridad.

Desde ya la sociedad civil debería articular una agenda nacional alrededor de esta trascendental elección.