El estrepitoso fracaso del proceso de depuración policial

Recientemente, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) presentó un informe de rendimiento de la seguridad pública durante la administración del ex presidente Lobo Sosa. Uno de los aspectos que analiza este documento es el proceso de depuración policial.

En pocas palabras, este informe señala contundentemente que el gobierno de Lobo Sosa ha fracasado en realizar dicha depuración, debido a la falta de voluntad política de las altas autoridades del Estado, a las limitadas competencias técnicas y la poca diligencia de las autoridades encargadas de impulsar la depuración, y a la escasa coordinación entre las diferentes instancias involucradas en el proceso, en particular entre la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y la Secretaría de Seguridad.

Para la APJ, el fracaso del proceso de depuración tiene dos aristas que golpean con fuerza la dignidad de la sociedad hondureña. Por un lado, la DIECP no ha privilegiado la investigación patrimonial como herramienta fundamental para la identificación de los policías involucrados en narcoactividad y crimen organizado. Hasta el momento, se han gastado 57 millones de lempiras y la DIECP solo ha remitido al Tribunal Superior de Cuentas, 9 expedientes por delitos patrimoniales de miembros de las cúpulas policiales.

Por otro lado, los pocos casos de depuración se han caracterizado por la ausencia de garantías del debido proceso, abriendo la posibilidad de que los policías despedidos demanden al Estado hondureño exigiendo indemnizaciones millonarias por la violación de sus derechos; pero además, prácticamente no ha existido depuración de las cúpulas policiales que podrían estar ligadas a bandas criminales.

Por ello no es de extrañar que el coordinador de la APJ, Josué Murillo, denunciara la semana pasada que por lo menos cuatro y cinco altos oficiales de la Policía Nacional encabezan bandas del crimen organizado y que las autoridades no proceden contra ellos porque no se pueden recopilar pruebas, ya que hay miedo o colusión de parte de quienes deben impulsar un verdadero proceso de depuración.

Lo que no es extraño es que el director de la DIECP, Eduardo Villanueva, diligentemente solicitara al Ministerio Público que cite al abogado Murillo para interrogarlo sobre lo manifestado; no obstante, su diligencia e intolerancia ante estas denuncias contrasta totalmente con la negligencia y tolerancia que ha demostrado al frente del fracasado proceso de depuración policial.