Estado de derecho y gobernantes corruptos y violentos

Parecería redundante que en pleno siglo XXI sea tan necesario insistir en el concepto de Estado de derecho pero en un país como Honduras con una clase política autoritaria, es preciso recordar que tal concepto se refiere a una forma de organización jurídico-política caracterizada por varios elementos.

En primer lugar, por la incorporación al ordenamiento jurídico de unos valores considerados fundamentales para la comunidad, es decir, los derechos humanos; en segundo lugar, por la consagración del principio de legalidad, que implica que la actuación de los poderes públicos esté enmarcada dentro de lo que establecen la Constitución y las leyes, en virtud de lo cual pueden ser objeto de control judicial.

Y en tercer lugar, por la funcionalización del ejercicio de dichos poderes a la garantía del goce de todos los derechos humanos; en otras palabras, el respeto y la promoción de los derechos humanos se constituye en el más alto deber del Estado y sus instituciones, y por ende, su cumplimiento representa un elemento que legitima la razón de ser del mismo.

La realidad nos muestra que después de más de 30 años de democracia formal, el ideal de un Estado de derecho en Honduras sigue siendo una utopía cada vez más lejana debido a una clase política corrupta que anualmente se roba 18 mil millones de lempiras sólo de las cuentas de los ministerios con mayores presupuestos; y a una casta militar y policial que asesina, viola, tortura, desaparece y da golpes de Estado.

Por eso no es de extrañar que en el más reciente sondeo de opinión pública realizada por el ERIC, el 94% de la población cree que la corrupción siguió igual o aumentó, y el 89% que la gravedad de la situación de derechos humanos ha seguido igual o ha aumentado durante el año 2013.

Teniendo en cuenta que la legitimidad es un factor fundamental para los sistemas democráticos, resulta grave que instituciones tan importantes para el fortalecimiento del Estado de derecho como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, son percibidas con desconfianza por más del 70% de la población.

Ante un panorama desalentador después de las elecciones generales, volvemos a preguntarnos si acaso es cierto que cada pueblo merece a los gobernantes que tiene. ¿Qué ha hecho o no ha hecho la ciudadanía hondureña para tener a estos gobernantes corruptos y violentos?