Una primera derrota a la militarización del país.

Durante la segunda mitad de la década de los 90 se inició un proceso de desmilitarización que se vio truncado particularmente a partir de la llegada al gobierno de Ricardo Maduro, quien desplegó a los militares en las calles para realizar funciones policiales.

Ese despliegue se prolongó en los gobiernos de Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo Sosa. Lógicamente, cuando se involucra a militares en funciones de seguridad ciudadana, no tarda en politizarse su intervención.

En este escenario se explica en cierta medida el papel protagónico de los militares durante el golpe de Estado de 2009 y la recuperación bajo su control de instituciones claves del Estado como HONDUTEL, Migración y Extranjería, Aeronáutica Civil, Registro Civil y el Instituto Nacional de Mercadeo Agrícola.

A partir de ahí, los militares son la fórmula mágica utilizada por el actual gobierno para resolver todos los problemas del país. Por ello, uno puede observar que los militares patrullan calles, instalan retenes y controles de revisión, realizan arrestos y cateos, administran los bosques, los centros penales y hasta intervienen los hospitales públicos.

La creación de la Policía Militar y el nombramiento de un general en activo al frente de la Secretaría de Seguridad representan la profundización de este proceso de remilitarización, el cual recibió su primer revés cuando el Congreso Nacional en una votación de 67 votos en contra rechazó ratificar el Decreto 283-2013 que le otorgaba rango constitucional a la Policía Militar y la colocaba peligrosamente bajo el mando directo del presidente de la República.

Sin embargo, teniendo en cuenta el alarmante deterioro de las instituciones democráticas y del Estado de derecho, y las conductas autoritarias de Juan Orlando Hernández que ahora propone una consulta directa a la ciudadanía para que decida al respecto, es necesario que aprovechemos este primer revés para concientizar a nuestro entorno sobre la exigencia de que los asuntos de seguridad ciudadana sean de competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados.

Debemos ser insistentes en que el gobierno no puede manipular y confundir los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional, ya que la criminalidad por muy grave que sea, no constituye una amenaza militar a la soberanía del Estado.

En gratitud y reconocimiento

Nuestra Palabra de Radio Progreso.

En esta ocasión, y así como hemos sido críticos de frente, desde Radio Progreso y el ERIC expresamos nuestra gratitud a los 67 diputados y diputadas de las bancadas de Libertad y Refundación, LIBRE, Partido Innovación y Unidad, PINU Social Demócrata, Partido Anticorrupción, PAC y el Partido Liberal por habernos dado el regalo de ejercer soberanía en el Congreso Nacional el día sábado 24 de enero pasado.

Es cierto que todas las bancadas y todos los medios de comunicación fuimos empujados hasta el campo militar de la agenda de Casa Presidencial, pero en su decisión los diputados y diputadas han dado un hermoso paso en el proceso de recuperación de credibilidad como legisladores y como oposición. Es mucho más alentador cuando solo esperábamos decisiones sometidas a la ley dictatorial que ha comenzado a gobernar nuestro país.

No negamos que comenzamos el año con las esperanzas en harapos. Y habíamos sucumbido ante la idea de que los diputados de nuestro siglo valían más que una mula porque cobraban por millones por apretar el botón a favor de lo que procede de Casa Presidencial. Y reconocemos con profunda satisfacción que habíamos tirado la toalla. Sin embargo, con la decisión de parar las pretensiones caprichosas de un individuo, los 67 diputados y diputadas, nos dieron una lección de civismo, de oposición firme por encima de colores políticos. Se han logrado plantar con dignidad ante quien en el presente siglo se empecina en emular a Fujimori o incluso el salvajismo del dictador africano Idi Amín Dada.

Con su decisión en la votación del Congreso Nacional, no ganaron ustedes, como diputados, ni como bancada ni como partidos de oposición. Ganó el proceso hacia la construcción de la democracia y la redefinición de la institucionalidad del Estado de Derecho. Por consiguiente, ganó la sociedad hondureña. Y perdió quien no disimula, porque se le sale por los poros, perpetuarse en la silla presidencial, aunque lo quiera disimular con sus arengas y su verborrea de político de cerro.

Gracias a los presidentes de los partidos, a los jefes de bancada por habernos dado este regalo cuando de los políticos y funcionarios públicos solo estamos acostumbrados a recibir discursos baratos, logros y triunfos inexistentes, migajas, mañosas administraciones y despilfarro de los fondos públicos. Con la decisión de frenar la dictadura se abren rendijas de esperanza para recuperar la credibilidad en Ustedes, Señores y señoras diputados. Necesitamos que validen esta decisión con nuevas señales para recuperar la confianza en que irán construyendo una oposición como el país lo demanda, sin banderas sectarias, sin componendas en cúpulas y en rechazo a los caprichos personalistas.

Seguiremos esperando de Ustedes nuevos compromisos, que no se enreden en chantajes a través de falsas o amañadas consultas. Seguiremos por igual demandando de Ustedes la construcción de una oposición en base a respuestas y posturas dignas, soberanas e independientes de presiones y chantajes de dinero, privilegios y de posiciones o cuotas políticas. Gracias por actuar en esta ocasión como legisladores. Continúen así y una nueva realidad política se comenzará a abrir para la historia hondureña.

Mi libro más reciente sobre derechos económicos, sociales y culturales.

Mi libro más reciente, "Elementos para una teoría de los derechos económicos, sociales y culturales desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos". Constituye el cuarto libro de la Colección Derecho Procesal de los Derechos Humanos, proyecto editorial impulsado por el Centro de Estudios de Actualización en Derecho y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, bajo el sello de la Editorial Ubijus.

En este libro se indagan las razones históricas, conceptuales y filosóficas que han forjado una concepción debilitada de los derechos económicos, sociales y culturales, degradándolos a derechos de menor categoría o a simples pretensiones sociales, para tratar de enfatizar que las mismas descansan sobre bases teóricas difícilmente sostenibles en la actualidad, y que por lo tanto, las objeciones contra estos derechos van más allá de las cuestiones sobre su estructura o su naturaleza aparentemente diferente a la de los derechos civiles y políticos, sino que son un asunto con un fuerte componente de opción política y legislativa. 

Tales razones también son analizadas en profundidad desde el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente en el marco del Sistema Interamericano, en el cual, sus órganos de vigilancia siempre le han dado un papel marginal a la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. 

En este sentido, se examina la consagración normativa de los derechos económicos, sociales y culturales en la Convención Americana y en el Protocolo de San Salvador, que aunque no constituyen un marco normativo óptimo para su protección efectiva, sí establecen una base jurídica relativamente suficiente para que la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos abandonen la concepción marginal con la que se han ocupado de los derechos económicos, sociales y culturales, y jueguen un papel más protagónico de cara a una mayor salvaguardia de ellos, ya que su tratamiento desigual en relación con los derechos civiles y políticos contrasta con la afirmación de que el ideal del ser humano libre del temor y la miseria sólo podrá realizarse si se crean las condiciones que permitan a cada persona gozar de todos sus derechos.

Militarización, democracia, Estado de derecho y Constitución

No se puede negar que Honduras está viviendo una grave crisis de violencia que se agrava con una debilidad crónica de las instituciones del sector justicia y seguridad debido, entre otras cosas, a su involucramiento en corrupción, impunidad y colusión con el crimen.

Y se debe reconocer que existen escenarios en los que los grupos criminales ostentan un poder de fuego y un control territorial que no es posible neutralizar solo con las capacidades policiales, ya de por sí deslegitimadas y vistas con desconfianza por la ciudadanía.

En estos casos muy excepcionales, es posible comprender la intervención de las Fuerzas Armadas pero de forma acotada y transitoria, y bajo el más estricto control civil, judicial y legislativo.

Pero sobre todo, dicha intervención debe ser acompañada de una pronta estrategia de salida que garantice el progresivo reemplazo de las Fuerzas Armadas por el servicio policial y por el resto del aparato público, incluyendo los servicios judiciales, educativos, de vivienda, de recuperación de espacios públicos, de participación ciudadana y de salud.

En consecuencia, la pretensión de normalizar y constitucionalizar el uso de militares en tareas de seguridad pública socava las bases del Estado democrático de derecho que limita y distingue los roles militares en defensa nacional de los policiales en seguridad ciudadana.

Además, permitir que los militares asuman funciones policiales permanentes los distrae y los debilita en su papel constitucional de defender la soberanía nacional, y los coloca en una situación proclive a violentar los derechos humanos de la población, ya que están acostumbrados a tratar con enemigos de guerra y no con la ciudadanía.

Sin duda alguna, detrás de toda esta discusión existe el grave peligro de la existencia permanente de una policía militar con rango constitucional bajo el control y discreción de un presidente con ínfulas de dictador.

La necesidad de una oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de la ONU creó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con el objetivo de  liderar los esfuerzos de la organización para la protección y promoción de los derechos humanos en el mundo.

El Alto Comisionado tiene su sede principal en Ginebra y tiene presencia en alrededor de 50 países. La Oficina Regional para América Central se encuentra en Panamá, desarrolla acciones en Belice, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, y tiene una oficina de país en Guatemala y un asesor de derechos humanos en Honduras.

Después del golpe de Estado, ha habido un movimiento de la sociedad civil para que la ONU abra una oficina de país en Honduras, lo cual fue solicitado por el propio gobierno hondureño durante el primer Examen Periódico Preliminar.

Si bien una oficina del Alto Comisionado no va a resolver por sí sola los grandes desafíos que enfrentamos en materia de derechos humanos, al menos contribuirá a monitorear la situación en el país y a desarrollar y fortalecer políticas que permitan una lucha frontal contra la impunidad.

La visita oficial del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, los días 14 y 15 de enero en los que sostendrá reuniones con las más altas autoridades del Estado para abordar temas relacionados con los programas que la ONU mantiene en Honduras, es una nueva oportunidad para insistir en la necesidad de la apertura de la oficina de país del Alto Comisionado.

La impunidad en Honduras amerita una oficina permanente pues al final de cuentas, la violación de derechos humanos es un asunto esencialmente internacional pero cuya lucha debe ser liderada por los hondureños y hondureñas que queremos una sociedad justa y en paz.

Otras violencias.

La violencia es un virus que se propaga rápidamente como el fuego entre la gasolina y más allá de sus manifestaciones más crueles como las muertes violentas, existen otros niveles de violencia que tienden a ser justificadas y normalizadas.

Y la normalización y justificación de cualquier violencia es una de las peores cosas que le puede suceder a una sociedad.

Pues cuando se normaliza y se justifica, la violencia se convierte en un espectáculo, en el único mecanismo de resolución de conflictos y en una herramienta de transmisión de valores.

Por ello, la familia y la escuela son instancias fundamentales de socialización en donde deben adoptarse medidas para evitar la justificación y normalización de la violencia. Los gritos, los insultos, los malos tratos y los castigos corporales a los niños y niñas son las primeras formas dañinas en que nuestra niñez aprenderá a relacionarse con otros y otras.

La familia y la escuela son las instancias socializadoras de las que dependen que nuestra niñez asuma pautas de comportamientos democráticos, pacíficos, respetuosos y no discriminatorios.

En este sentido, resulta preocupante la más reciente investigación del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la que alerta sobre un aumento de actitudes violentas entre los escolares, influenciados por el entorno de violencia que les rodea.

Y estos comportamientos van desde un jalón de pelo, un apodo ofensivo o el castigo físico, hasta la extorsión, ataques contra la integridad personal y la vida. De hecho, la investigación señala que un 5.2 por ciento de los educadores ha sido amenazado con cuchillo, un porcentaje igual con pistola y un 5.9 con chimba.

Como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “ningún tipo de violencia es justificable y todo tipo de violencia es prevenible”. Por ello es urgente que la sociedad y las autoridades en su conjunto pongamos atención en aquellas conductas que aunque parezcan tradicionales, son promotoras de otras manifestaciones de la violencia que no deben ser toleradas en una sociedad democrática.