La caja de pandora

El pasado 22 de abril la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inaplicable el artículo constitucional que prohíbe la reelección presidencial argumentado que dicha norma viola los derechos políticos consagrados en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Más allá del debate sobre si la prohibición de la reelección es contraria a las normas internacionales o no, la Sala de lo Constitucional ha reconocido la obligación que tiene el Poder Judicial de ejercer dos controles: el control de constitucionalidad para determinar si los actos públicos son contrarios o no las normas constitucionales, y el control de convencionalidad para determinar si las normas internas, incluso las constitucionales, son o no compatibles con las normas internacionales.

En el caso de la reelección, es claro que es una decisión política y no jurídica. Lo que ayer era malo y hasta se truncó a punta de golpe de Estado, hoy es un derecho humano que debe respetarse para que el aspirante a dictador cumpla sus sueños de permanencia eterna.

Lógicamente, esta decisión se iba a tomar de una u otra forma pero al igual que cuando dieron el golpe de Estado, la forma en que lo hicieron ha sido torpe porque han abierto una caja de pandora al reconocer que las normas convencionales están por encima de la Constitución cuando esta es contraria a las disposiciones de los tratados de derechos humanos.

Dentro de lo malo, lo positivo es que en manos de la ciudadanía se encuentra la posibilidad de presentar de forma movilizada y articulada miles de recursos de inconstitucionalidad para exigirle a la Sala de lo Constitucional que ejerza el control de convencionalidad con el fin de declarar contrario a los derechos humanos una serie de acciones y normas que el gobierno ha aprobado y que atentan contra la dignidad humana y la soberanía nacional.

Oliva en el país de las maravillas

O el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, es un cínico o realmente cree que vive en un país de paz y de dignidad, pues según él, Honduras es un país respetuoso de los derechos humanos.

Sin más preámbulos, le recordamos al señor Oliva que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su más reciente visita constató alarmantes niveles de violencia, la existencia de una práctica de desapariciones, altos niveles de violencia de género y conflictos agrarios que también producen hechos de violencia, entre otros graves crímenes.

La Comisión destacó el grave contexto de impunidad que es el resultado de la debilidad institucional, la corrupción y la falta de independencia del Poder Judicial. Esta impunidad caracteriza tanto a hechos de violencia como a una amplia gama de violaciones a los derechos humanos, tal como la ocupación ilegal de tierras de comunidades indígenas, rurales y afrodescendientes, la violación de los derechos laborales, y actos de discriminación. 

Para la Comisión la falta de investigación y la impunidad en la que permanece la enorme mayoría de las violaciones a los derechos humanos, alimentan una espiral creciente de violencia. Además de dejar a las víctimas sin acceso a la justicia, la impunidad afecta negativamente a toda la sociedad hondureña, que recibe el mensaje de que esta violencia es inevitable.

La Comisión constató además que quienes buscan justicia, quienes denuncian e informan, y quienes defienden sus derechos o los de otros, frecuentemente son amenazados e incluso asesinados, y en ocasiones también sus familiares son amenazados, secuestrados, golpeados o asesinados.

A la Comisión le preocupa que uno de los ejes centrales en la respuesta estatal frente a los graves problemas estructurales de violencia, impunidad, corrupción y crimen organizado en el país, sea la intervención de las Fuerzas Armadas en múltiples ámbitos y funciones, lo cual representa un riesgo para la vigencia del Estado de derecho.

Sin duda alguna, el señor Oliva como cabeza de uno de los 3 poderes del Estado tiene la obligación de conocer esta realidad, por lo que es fácil deducir que sus declaraciones son una muestra de los altos niveles de cinismo de una clase política ciega, sorda y prepotente.

Traiciones y desprestigios a la patria

En las últimas semanas, diferentes autoridades del gobierno han hecho declaraciones públicas acusando a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos de realizar una campaña de desprestigio contra el país.

Para el gobierno, denunciar la represión de las protestas estudiantiles, la ejecución de estudiantes que han participado en ellas, la muerte violenta de 93 niños, niñas y jóvenes menores de 23 años solo en el mes de marzo, la remilitarización del país, la concentración de poder en manos del Presidente de la República y los altos niveles de impunidad y corrupción, es una campaña que ensucia el nombre de Honduras a nivel internacional.

Siguiendo la línea del expresidente Maduro que a los defensores y defensoras nos llamó “traidores a la patria” por mantener una posición de denuncia, al gobierno actual se le olvida que las y los defensores de derechos humanos somos un pilar para el fortalecimiento y consolidación de la democracia, ya que el fin que motiva nuestra labor incumbe a la sociedad en general, y busca el bien común.

Por ello, le recordamos al gobierno de Juan Orlando Hernández que es obligación del Estado no tolerar ningún intento de parte de las autoridades por poner en duda la legitimidad del trabajo de las defensoras, defensores y sus organizaciones.

Como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las y los funcionarios públicos deben de abstenerse de realizar declaraciones que nos estigmaticen o que sugieran que nuestras organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar nuestras labores de promoción y defensa de los derechos humanos.

Si de traiciones hablamos, ¿quién es más traidor?, ¿quienes defendemos la vida digna, la solidaridad y la legalidad o quienes entregan nuestras mejores tierras, nuestras fuentes de agua, nuestras playas, nuestros más preciados bienes naturales e incluso la dignidad de nuestra gente a la avaricia y a la ambición de unos cuantos para quienes hasta la vida es una simple mercancía?

Canalizando la indignación: Baleadas y proyectos turísticos

En las redes sociales se ha desatado una ola de indignación por el precio de los productos en el complejo turístico Indura Beach Resorts, particularmente porque una baleada cuesta 275 lempiras con 63 centavos.

Lógicamente, este complejo turístico es un monumento al apartheid social que vive el país porque es exclusivo para aquellas personas nacionales y extranjeras que tienen el dinero para pagar los servicios que ofrece, incluyendo el uso de un campo de golf que fue diseñado por uno de los mejores jugadores de la historia.

Más allá de la legitimidad o no de la indignación por el precio de una baleada, a los hondureños y hondureñas debería de indignarnos que dicho proyecto turístico y otros se hayan realizado gracias al despojo de los territorios ancestrales de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, Barra Vieja y Cayos Cochinos.

Nos debe indignar que estos proyectos turísticos se realizan violentando el derecho de las comunidades a que se les consulte de forma previa, libre, informada y de buena fe; nos debe indignar que se ejecuten sin que se realice un estudio independiente de impacto social, económico, cultural y ambiental; nos debe indignar que estas comunidades en vez de beneficiarse razonablemente de dichos proyectos, son despojadas, criminalizadas, asesinadas y señaladas como enemigas del desarrollo.

Nos debe indignar que la visión de desarrollo que tienen el gobierno y la empresa privada es puramente económica, anteponiendo las ganancias de unas pocas personas a la protección del medio ambiente, a la promoción de las culturas ancestrales y a la gestión sostenible de los bienes naturales.

Que nos indigne que este tipo de proyectos se realicen violentando los derechos de los sectores más vulnerabilizados y que la codicia de un puñado de familias les impida comprender que el progreso social y la prosperidad económica sólo puede sustentarse si las poblaciones viven en un medio saludable y los bienes naturales son gestionados con cuidado y responsabilidad.

Lecciones básicas de democracia para un gobierno autoritario

La Constitución de la República concibe a los derechos humanos como el orden y la base fundamental sobre la que descansa el Estado y sus instituciones; por ello, sus prácticas deben asegurar el respeto y promoción de la dignidad humana si desean lograr algún nivel de legitimidad.

El derecho a la participación política y social a través de la manifestación pública es esencial en la vida democrática de las sociedades que se precien civilizadas. Por ello, el intercambio de ideas y reivindicaciones sociales como forma de expresión, supone el ejercicio de otros derechos como el derecho de la ciudadanía a reunirse y a manifestarse pacíficamente.

En tal sentido, la participación en manifestaciones, como ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de reunión, reviste un interés social absoluto y forma parte del buen funcionamiento del sistema democrático. 

Por ello, el Estado de Honduras no sólo debe abstenerse de interferir con el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, sino que debe adoptar medidas para asegurar su ejercicio efectivo.

Bajo estos parámetros, la represión, criminalización y estigmatización de las protestas estudiantiles es un ejemplo de lo poco o nada que entiende el gobierno de Juan Orlando Hernández sobre democracia.

Y lo más lamentable y peligroso es la estigmatización de los estudiantes asesinados la semana anterior, a la cual se han adherido no solo algunos de los ministros de gobierno sino también altos jerarcas religiosos y los grandes medios de comunicación, casi justificando la ejecución de estos niños y niñas.

Como lo señala José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza, “Hay un apresuramiento bastante sintomático por decir -yo no fui-, al enjuiciar a los fallecidos, sacar defectos y afectar su imagen con una hipótesis previsible”. 

Si los crímenes están ligados a las protestas, el Estado tiene la obligación de investigar porque hasta el momento, en palabras de Ruelas, “no hay claridad en lo sucedido y lo único claro es que los jóvenes participaron en las protestas, se les siguió y se les asesinó”.