En las últimas semanas, diferentes autoridades del gobierno han hecho declaraciones públicas acusando a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos de realizar una campaña de desprestigio contra el país.
Para el gobierno, denunciar la represión de las protestas estudiantiles, la ejecución de estudiantes que han participado en ellas, la muerte violenta de 93 niños, niñas y jóvenes menores de 23 años solo en el mes de marzo, la remilitarización del país, la concentración de poder en manos del Presidente de la República y los altos niveles de impunidad y corrupción, es una campaña que ensucia el nombre de Honduras a nivel internacional.
Para el gobierno, denunciar la represión de las protestas estudiantiles, la ejecución de estudiantes que han participado en ellas, la muerte violenta de 93 niños, niñas y jóvenes menores de 23 años solo en el mes de marzo, la remilitarización del país, la concentración de poder en manos del Presidente de la República y los altos niveles de impunidad y corrupción, es una campaña que ensucia el nombre de Honduras a nivel internacional.
Siguiendo la línea del expresidente Maduro que a los defensores y defensoras nos llamó “traidores a la patria” por mantener una posición de denuncia, al gobierno actual se le olvida que las y los defensores de derechos humanos somos un pilar para el fortalecimiento y consolidación de la democracia, ya que el fin que motiva nuestra labor incumbe a la sociedad en general, y busca el bien común.
Por ello, le recordamos al gobierno de Juan Orlando Hernández que es obligación del Estado no tolerar ningún intento de parte de las autoridades por poner en duda la legitimidad del trabajo de las defensoras, defensores y sus organizaciones.
Como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las y los funcionarios públicos deben de abstenerse de realizar declaraciones que nos estigmaticen o que sugieran que nuestras organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar nuestras labores de promoción y defensa de los derechos humanos.
Si de traiciones hablamos, ¿quién es más traidor?, ¿quienes defendemos la vida digna, la solidaridad y la legalidad o quienes entregan nuestras mejores tierras, nuestras fuentes de agua, nuestras playas, nuestros más preciados bienes naturales e incluso la dignidad de nuestra gente a la avaricia y a la ambición de unos cuantos para quienes hasta la vida es una simple mercancía?
Por ello, le recordamos al gobierno de Juan Orlando Hernández que es obligación del Estado no tolerar ningún intento de parte de las autoridades por poner en duda la legitimidad del trabajo de las defensoras, defensores y sus organizaciones.
Como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las y los funcionarios públicos deben de abstenerse de realizar declaraciones que nos estigmaticen o que sugieran que nuestras organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar nuestras labores de promoción y defensa de los derechos humanos.
Si de traiciones hablamos, ¿quién es más traidor?, ¿quienes defendemos la vida digna, la solidaridad y la legalidad o quienes entregan nuestras mejores tierras, nuestras fuentes de agua, nuestras playas, nuestros más preciados bienes naturales e incluso la dignidad de nuestra gente a la avaricia y a la ambición de unos cuantos para quienes hasta la vida es una simple mercancía?
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