Honduras: Un infierno para las mujeres y las niñas

La violencia en Honduras tiene serias implicaciones para la normalidad de la vida de la gente, particularmente para sectores vulnerabilizados como las mujeres y las niñas. Solo en el periodo del 2004 al 2015 se contabilizaron 58,948 homicidios, lo que refleja un promedio anual de 4,912 casos, una media mensual de 409 víctimas y un promedio diario de 14 homicidios.

Con el incremento del crimen organizado y el tráfico de drogas, más la deficiente respuesta judicial que conlleva a la impunidad y a la corrupción, la violencia tiene un impacto particular en mujeres y niñas.

Así, en el año 2013 fueron asesinadas 636 mujeres, lo que representa un aumento de 263.4% de femicidios con respecto a 2005, cuya tasa por cada 100 mil habitantes era de 2.7 y en 2013 pasó a 14.6. En el 2014, 526 mujeres fueron asesinadas y en el 2015, 471, es decir, actualmente cada 16 horas es asesinada una mujer en el país.

Por otro lado, es preocupante el aumento de denuncias de desapariciones de mujeres y niñas, ya que para el año 2008 se reportaron 91 mujeres desaparecidas y para el 2013 se reportaron 347, a lo que se suman 155 denuncias por delitos que implican desapariciones como privación injusta de la libertad, secuestro y tráfico de personas.

Y en lo que respecta a delitos sexuales, de los 3,017 denunciados en el 2015, las mujeres representan el 86.6 por ciento de las víctimas, es decir, 2,612.

A esto se suma que dentro de las razones para ser considerado “enemigo” o “traidor” en la lógica de las maras o redes de narcotráfico figuran, entre otras, la “resistencia”, entendida como el rechazo de las mujeres jóvenes a las atenciones o propuestas de los mareros o de los narcotraficantes.

La “resistencia” puede implicar una sentencia de muerte u otras violaciones graves a los derechos humanos, por lo que el desplazamiento forzado resulta una estrategia de sobrevivencia.

En este sentido, el aumento de la presencia del crimen organizado y sus distintas manifestaciones delictivas, “está llevando a que cada vez más personas se vean forzadas a dejar su lugar de residencia habitual para proteger su vida, libertad, integridad y seguridad física”. Se calcula que el 51% de la población desplazada internamente son mujeres.

En palabras de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra las Mujeres tras una visita a Honduras, “la violencia contra las mujeres está propagada, es sistemática y su impacto se manifiesta de diversas formas en las mujeres y las niñas”.

Si esta situación no es un infierno para las mujeres y las niñas, que el gobierno nos explique qué es.

Usted bien sabe señor presidente

Usted bien sabe que en los últimos años sus gobiernos legislativo y ejecutivo han venido promoviendo un proceso acelerado de concesiones masivas de bosque, subsuelo y ríos sin que las comunidades sean consultadas previamente acerca de su impacto en la vida y la salud de sus miembros.

Usted bien sabe que esta situación está generando una serie de conflictos que terminan en abusos a los derechos humanos, como amenazas, desplazamientos, atentados, criminalización y asesinatos en contra defensores y defensoras ambientalistas. El caso del asesinato de Berta Cáceres es un ejemplo reciente.

Usted bien sabe que uno de los detonantes de estos conflictos es la falta de voluntad de su gobierno para garantizar la participación ciudadana y respetar el derecho a un procedimiento de consulta previa e informada de las comunidades.

Usted bien sabe que por lo anterior, el Estado ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 4 ocasiones por violaciones a derechos humanos relacionados con la defensa del medio ambiente.

Usted bien sabe que en dos de los casos, las víctimas –Jeannette Kawas y Carlos Luna- fueron asesinadas por su labor de defensoras ambientalistas y el Estado fue encontrado responsable internacionalmente por no prevenir ni investigar diligentemente los hechos.

Usted bien sabe que en los otros dos, el Estado fue condenado por incumplir su obligación de adaptar las leyes nacionales a los estándares internacionales, lo cual se ha traducido en la violación declarada de los derechos a la consulta y a la propiedad del pueblo garífuna.

Usted bien sabe, señor presidente, que si quiere poner un alto a esta tragedia ambiental y humana, tiene la obligación de adoptar una normatividad y práctica adecuada para efectuar un proceso adecuado y participativo que garantice a las comunidades una consulta previa, libre, informada y de buena fe.

Nosotros y nosotras sabemos, señor presidente, que usted no tiene la voluntad política para detener esta grave situación pues su arrogancia es tan inmensa como su ambición, y usted y sus esbirros se benefician de la muerte y la miseria de la gente. 

Pero en el fondo usted sabe que tarde o temprano, su soberbia y autoritarismo se ahogarán en el mar de indignación que provocan sus actos y omisiones deliberadas. 

Un cáncer que carcome lentamente nuestra frágil democracia

Desde el retorno formal a la senda democrática a inicios de los años 80, a nuestra frágil democracia se le incubó intencionalmente un virus que al día de hoy se ha convertido en un cáncer que lacera el desarrollo y consolidación del Estado de derecho. 

 

Dicho virus se encuentra en el artículo 272 de la Constitución nacional, al otorgarle a las Fuerzas Armadas la facultad de mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República.

En más de 3 décadas, nuestra democracia ha sufrido episodios gravísimos por culpa de este cáncer: En los años 80 el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos documentó 184 casos en los que los militares fueron protagonistas de torturas, desapariciones, ejecuciones arbitrarias y otras graves violaciones a derechos humanos.

Los militares volvieron a ser protagonistas de la tragedia nacional cuando en el marco del golpe de Estado fueron responsables de muertes, represión de manifestaciones públicas, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos. Muchos de estas violaciones fueron catalogadas crímenes de lesa humanidad.

Y a partir del gobierno de Juan Orlando Hernández, las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas por militares han aumentado considerablemente. De acuerdo con Human Rights Watch, “policías militares han sido acusados de al menos nueve asesinatos, más de 20 casos de tortura y cerca de 30 detenciones ilegales entre 2012 y 2014”, y al menos 24 soldados están siendo investigados en relación con dichos asesinatos.

Y para variar, su responsabilidad en las represiones criminales contra las protestas y manifestaciones pacíficas de las mujeres, de los periodistas, de los estudiantes de secundaria y de los miembros del COPINH, reflejan que se sienten valientes y poderosos frente a la ciudadanía indignada pero son unos miserables cobardes para defender la integridad territorial y la soberanía de la república, por cuyas fronteras el narcotráfico y el crimen organizado se pasean con total libertad.

Capturas en el crimen contra Berta Cáceres e impunidad

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la impunidad puede ser definida como la falta en su con­junto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones a los derechos humanos.

La falta de una investigación imparcial, efectiva, diligente y seria que evita la investigación de los hechos que conduzca a la sanción de los responsables materiales e intelectuales de la violación de un derecho, y que no contribuya a restablecer, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud del mismo, demuestra que el Estado tolera que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos.

En este sentido, la lucha contra la impunidad es un factor fundamental para la legitimación y deslegitimación del poder pues la ausencia de una investigación y sanción judicial efectiva, contribuye a que las violaciones a derechos humanos se sigan cometiendo, alimenta el miedo en la sociedad e impide la plena realización del Estado de derecho y la democracia.

Por ello, es necesario que el Estado combata la impunidad por todos los me­dios legales disponibles ya que la misma propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefen­sión de las víctimas y sus familiares.

Las recientes capturas de varias personas involucradas en el asesinato de Berta Cáceres es un paso importante en la investigación de los hechos, sin embargo, no podemos dejar de señalar tres cuestiones importantes.

En primer lugar, las actuaciones del Ministerio Público han provocado mayor desconfianza al violentar uno de los principios fundamentales en la investigación de violaciones a derechos humanos: garantizar el respeto y la participación de las víctimas y sus familiares en todas las etapas del proceso.

En segundo lugar, no es suficiente con la captura de algunos de los autores materiales del asesinato de Berta, pues como lo ha señalado la Corte Interamericana, la impunidad subsiste si no ha sido determinada toda la verdad de los hechos y la totalidad de las responsabilidades intelectuales y materiales del crimen.

En tercer lugar, tanto para la familia de Berta como para la sociedad hondureña, conocer la verdad de lo ocurrido es un derecho humano cuyo ejercicio permite que obtengamos de las instituciones competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento de todas las personas responsables.

En su dimensión individual, como derecho particular de los familiares a conocer lo ocurrido, la verdad se constituye por sí misma en una forma de reparación; y en su dimensión colectiva, como derecho de la sociedad a conocer cómo actúan sus instituciones frente a violaciones a derechos humanos, se constituye en una pieza fundamental para el desarrollo democrático, especialmente si los involucrados están relacionados con las altas esferas del poder político y económico del país.

El Poder Judicial también es parte de la crisis

El 22 octubre de 2011 la sociedad hondureña despertó con la noticia del asesinato de los jóvenes universitarios Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda Rodríguez a manos de miembros de la Policía Nacional. El primero era hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, y el segundo de Aurora Pineda.

En circunstancias similares, el 1 de febrero de ese mismo año, los jóvenes Narzy Neguib Bonilla Barahona, Guillermo Nahún Murillo Anariba y Neptalí Galeano de 20, 27 y 19 años, respectivamente, originarios de la comunidad de Agua Blanca Sur, en El Progreso, también fueron asesinados por miembros de la Policía Nacional.

Aunque afortunadamente en ambos casos ha habido sentencias condenatorias contra algunos de los responsables, no se puede ignorar el tratamiento diferenciado dado a estos casos por las autoridades de investigación y judiciales, lo cual refleja las gigantescas disparidades en el acceso a la justicia que desvirtúan la garantía de la igualdad ante la ley establecida en el artículo 60 de la Constitución.

En este país donde la violencia se ensaña contra nuestra juventud, la mayoría de las muertes en las que ha habido involucramiento policial o militar, no son investigadas y sancionadas efectivamente. En gran medida, el Poder Judicial tiene una alta cuota de responsabilidad ya que en muchos casos ha actuado de modo tal que ha provocado que muchos crímenes se encuentren en la impunidad.

Por ello, es preocupante que desde el inicio del debate sobre la reforma en materia de seguridad ciudadana, se advierte como un gran ausente en la discusión al Poder Judicial. El impacto de sus resultados o la falta de ellos, es directamente proporcional a los altísimos niveles de impunidad que se viven en el país.

En este sentido, es fundamental buscar los mecanismos para anular la politización partidista en la designación de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, y reducir la interferencia política en el sistema judicial que influye para que no funcione o funcione selectivamente.

Ya es tiempo que la sociedad hondureña asuma que la justicia es un derecho humano esencial y que nos merecemos contar con juezas y jueces profesionalmente idóneos, honestos, motivados y valientes.