“Honduras está cambiando” según El Proyecto sobre Justicia Mundial

El Proyecto sobre Justicia Mundial es una organización independiente y multidisciplinar que trabaja para promover y fortalecer el Estado de derecho alrededor del mundo. Para esta organización, un verdadero Estado de derecho reduce la corrupción, mejora la salud y la educación pública, alivia la pobreza y protege a las personas de las injusticias y los peligros.

A su vez, es el fundamento para que una comunidad alcance la paz, la equidad y el desarrollo, en la que el gobierno es responsable y en donde se respetan los derechos humanos. Cuando en un país el Estado de derecho es débil, los medicamentos no llegan a los establecimientos de salud, la violencia criminal está fuera de control, las leyes se aplican de manera desigual, existe inseguridad jurídica y los derechos humanos son vulnerados.

A la luz de lo anterior, el Proyecto sobre Justicia Mundial acaba de publicar su índice anual sobre el Estado de derecho en el mundo, para lo cual ha evaluado 8 aspectos en cada país, a saber, los límites de los poderes gubernamentales, la ausencia de corrupción, la transparencia, los derechos humanos, el orden y la seguridad, la aplicación de la ley, la justicia civil y la justicia penal.

Los indicadores sobre nuestro país confirman el eslogan oficialista de que “Honduras está cambiando”, ya que de acuerdo con este índice, el Estado hondureño se ubica en la posición 102 de 113 países evaluados, es decir, Honduras es uno de los países más débiles en términos de institucionalidad y de respeto a la legalidad.

En América Latina, Honduras ocupa la posición 27 de 30, y en Centro América se queda a la cola junto con Nicaragua, mientras Costa Rica está a la cabeza, y Panamá, El Salvador y Guatemala mejoran su posición en cuanto al fortalecimiento del Estado de derecho.

En términos generales, Honduras obtiene pésimos resultados en respeto a la institucionalidad, en cumplimiento de la legalidad, en inseguridad jurídica, en corrupción, en respeto a los derechos humanos, en transparencia y en criminalidad.

Por tanto, el presidente Hernández y su gobierno tienen razón cuando enarbolan la bandera de que “Honduras está cambiando” porque de acuerdo con este nuevo índice, el país está cambiando para peor y se está volviendo más corrupto, más inseguro, menos transparente, más débil institucionalmente, menos respetuoso de los derechos humanos y menos Estado de derecho.

¿Y ahora qué dirá señor Hernández?, ¿que el Proyecto de Justicia Mundial son enemigos del país y que está financiado por quienes quieren desconocer los supuestos logros de su gobierno?

Si usted tuviera un mínimo de decencia, lo cual dudamos, en este momento renunciaría a sus ilegales pretensiones continuistas y convocaría a un diálogo nacional plural y sin condiciones para buscar soluciones efectivas a los graves problemas estructurales de corrupción, pobreza, desigualdad, criminalidad e impunidad que vive nuestro país.

Resultados de las audiencias públicas ante la Comisión Interamericana

Entre el 28 de noviembre y el 7 de diciembre de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró su 159º Período Ordinario de Sesiones en Panamá, durante la cual celebró 37 audiencias públicas y 32 reuniones de trabajo sobre medidas cautelares y soluciones amistosas. En ellas participaron varias organizaciones hondureñas de forma individual, o aglutinadas en la Coalición contra la Impunidad.

Sobre Honduras se realizaron 3 audiencias públicas sobre la situación de los pueblos indígenas y el derecho a la consulta, sobre la situación de la justicia y las personas defensoras de derechos humanos, y sobre el seguimiento del mecanismo de protección de las personas defensoras de derechos humanos.

En relación con la situación de los pueblos indígenas y el derecho a la consulta, se denunció (a) la criminalización y judicialización que viven en las comunidades indígenas y las personas defensoras del derecho a la consulta previa; y (b) la pretensión estatal de privatizar y concesionar los ríos de sus territorios para crear proyectos mineros, hidroeléctricos, eólicos, entre otros.

Con respecto a la situación de la justicia y las personas defensoras de derechos humanos, se denunció que Honduras sigue siendo el país más peligroso de la región para quienes defienden los derechos humanos, quienes continúan siendo criminalizadas, estigmatizadas y difamadas por parte de altas autoridades del país.

En relación con la audiencia de seguimiento del mecanismo de protección de las personas defensoras, se reconoció que la aprobación de la ley de protección fue un paso importante, sin embargo, el mecanismo no ha significado una disminución de los atentados y amenazas que siguen sufriendo ni un avance en la investigación de los casos, y sigue faltando una participación efectiva de la sociedad civil.

Frente a todo ello, la CIDH le recordó al Estado hondureño la importancia del derecho a la consulta a la luz del Convenio 169 y según los estándares interamericanos desarrollados por ella y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La CIDH también ratificó su preocupación por la situación de las personas defensoras, “instó al Estado a hacer un reconocimiento público de su labor y su contribución al fortalecimiento de la democracia”, resaltó la necesidad de un mecanismo fuerte y eficaz de protección, e hizo un llamado a superar “la falta de participación de sociedad civil y la falta de transparencia de la información”.

Fiscal General: Detengamos la reelección ilegítima en Honduras

Firmar la petición ante el nuevo rompimiento del orden constitucional en Honduras.

https://www.change.org/p/fiscal-general-detengamos-la-reelecci%C3%B3n-ileg%C3%ADtima-en-honduras?recruiter=17490373&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink

Insistiendo en nuestras exigencias constitucionales de cara a la ilegalidad de la reelección

En los últimos 8 años Honduras ha vivido 3 graves crisis constitucionales. La primera fue en el 2009 cuando se dio un golpe de Estado cuyas consecuencias siguen teniendo un impacto trágico sobre la vigencia de los derechos humanos y la institucionalidad democrática.

La segunda fue en diciembre de 2012 cuando el Congreso Nacional presidido por Juan Orlando Hernández destituyó ilegalmente a 4 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional pese a no tener la competencia y poderes para ello, y en clara violación de los principios de separación de poderes y de independencia judicial.

Y la tercera la estamos viviendo actualmente debido a que el presidente Hernández y su partido pretenden inscribir su candidatura presidencial sobre la base de una cuestionada sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró inaplicable la cláusula pétrea que prohíbe la reelección.

Sin duda alguna las primeras dos crisis constituyen graves rompimientos del orden constitucional y hasta la fecha, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos no han tomado las acciones de defensa de la Constitución que les corresponden ni han realizado investigaciones serias y efectivas que permitan sancionar a los responsables.

Esta tercera crisis constitucional trae consigo nuevos desafíos y oportunidades para estas 3 instituciones y para el Tribunal Supremo Electoral de cara a demostrar si están sometidas al poder ejecutivo o si todavía tienen un mínimo de decencia y respeto por la legalidad.

Señor Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, ¿qué espera para pronunciarse sobre la ilegalidad de la reelección? Usted como defensor del pueblo debería estar al frente de quienes denuncian la flagrante violación de los derechos políticos del pueblo hondureño a través de la suplantación de la soberanía popular.

Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, abogado Rolando Argueta, ¿qué espera para dejar a un lado las formalidades y aclarar la cuestionada sentencia que presuntamente permite la reelección?

Usted no puede alegar que esa resolución es algo que hizo la otra Corte porque usted preside a un poder del Estado que es unitario y por tanto, por responsabilidad y sentido institucional debe ratificar que el tribunal supremo no tiene la atribución de reformar la Constitución, mucho menos modificar un artículo pétreo que solo puede cambiar el poder constituyente.

Señores magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ustedes tienen el deber de no inscribir la candidatura ilegal del presidente Hernández porque se está suplantando el poder del pueblo y porque además se encuentra impedido por el artículo 4 constitucional que establece la obligatoriedad de la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.

Señor Fiscal General, Óscar Chinchilla, usted tiene la obligación de investigar a todas aquellas personas y funcionarios que suplanten la soberanía popular, y  acusarlos por la comisión de los delitos de traición a la patria, contra la forma de gobierno por alteración del orden legítimo de suceder a la presidencia y de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios y funcionarias.

Si todos ustedes no hacen nada para impedir la ilegal e ilegítima intención continuista del señor Hernández, serán también cómplices de una nueva ruptura del orden constitucional con su consecuente profundización de la crisis política que venimos arrastrando desde 2009.

Necedades y resistencias frente al peaje

Señor Ministro Roberto Ordóñez, señores empresarios progreseños, señor alcalde Alexander López, ¿por qué son tan necios y no quieren entender que el derecho a la libertad de circulación es un derecho fundamental reconocido en la Constitución de la República y en varios tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Honduras?

¿Por qué son tan necios y no comprenden que este derecho es tan fundamental que de acuerdo con la propia Sala de lo Constitucional forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad que le da validez al resto de las normas?

¿Por qué son tan necios no quieren ver que lo anterior significa que una concesión de carretera no puede limitar la libertad de circulación a través del cobro de un peaje porque viola abiertamente la Constitución y los tratados que están en una escala jerárquica superior?

¿Por qué son tan necios y no entienden que la autorización del cobro de peaje implica el hecho de circular por una carretera privada construida íntegramente por una empresa privada y no por una carretera pública construida por el Estado como parte de su obligación?

¿Por qué son tan necios y no comprenden que el cobro del peaje solo es permisible si existe una vía alterna para que las personas tengamos la elección de pagar por un camino privado que es mejor y más rápido que por el que obligatoriamente el Estado debe poner a nuestra disposición?

¿Por qué son tan necios y se escudan en supuestas futuras obras de desarrollo y de mantenimiento de carreteras si ya pagamos un elevado impuesto cada vez que compramos combustibles y que se presume suficiente para tales fines sin necesidad del cobro de peaje?

Señor Ministro Roberto Ordóñez, señores empresarios progreseños, señor alcalde Alexander López, la ciudadanía sabe que el derecho y la razón nos asiste al oponernos a la ilegalidad del cobro del peaje, y parafraseando a Silvio Rodríguez les decimos que no nos vengan a convidar a arrepentirnos, a que no perdamos y a indefinirnos porque cada vez que un carro se acerca a la tranca y no paga, es una hermosa muestra de resistencia pacífica, de soberanía y de necedad democrática.

El derecho de acceso a la información pública frente a la Ley de Secretos Oficiales

El acceso a la información pública es un derecho humano universal y constituye una herramienta fundamental para la construcción de ciudadanía y para el ejercicio informado de otros derechos.

A través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se puede proteger derechos y prevenir abusos de parte del Estado, y luchar contra males tan terribles para la democracia como la corrupción, la impunidad y el autoritarismo.

Por ello es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre y por tanto, una ciudadanía poco informada no es lo suficientemente crítica, responsable y participativa.

En este sentido, uno de los aspectos que distingue a un régimen autoritario de uno democrático es que el primero hace del secreto de la información estatal la regla general, mientras que el segundo hace de la publicidad de la misma la regla general.

La aprobación en enero de 2014 de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida como “Ley de Secretos Oficiales”, deja claro qué tipo de régimen es el que se ha instaurado en Honduras.

Mediante esta ley se clasifica la información en ultra secreta, secreta, confidencial y reservada, y se faculta a clasificarla así hasta por 25 años al Presidente de la República, al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, a los ministros, gerentes y directores de entidades descentralizadas del Estado, respectivamente.

Además, se pueden imponer sanciones por divulgar información clasificada sobre seguridad y defensa, y se limita gravemente las funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública. Sin duda alguna, esta ley es una verdadera “Ley Anti Transparencia y Pro Corrupción”.

Con esta ley el Estado hondureño viola abiertamente sus obligaciones internacionales en materia de transparencia, lucha contra la corrupción y derechos humanos, y al colocar un manto de secretividad y oscurantismo sobre la información pública demuestra que pese a las formalidades de la democracia representativa, nos encontramos ante un régimen autoritario.