El viernes pasado, el Colegio Médico de Honduras y varios abogados, abogadas y otras personas de organizaciones miembras de la Coalición contra la Impunidad, presentaron diversos recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por tres razones.
En primer lugar, por la atención ineficiente que recibe la población en el sistema nacional de salud; en segundo lugar, por las condiciones inadecuadas de los centros hospitalarios para la atención de los pacientes afectados; y, en tercer lugar, por la carencia de insumos y medidas de bioseguridad para el personal de la salud encargado de atender la actual pandemia de Coronavirus.
A pesar que el régimen de Juan Orlando Hernández ha aprobado una inversión de 10 millones de lempiras primero y de 10 mil millones después para enfrentar esta crisis, los centros hospitalarios y el personal sanitario siguen sin contar con los insumos y equipos adecuados, tales como ventiladores mecánicos, mascarillas N95, batas desechables, gorros, fundas para zapatos, guantes, anteojos de protección, gel antibacterial, alcohol, jabón y desinfectantes.
La pregunta que todos y todas nos hacemos es: ¿dónde están los millones de lempiras aprobados para garantizar la provisión de equipamiento médico y la adquisición de insumos, materiales y equipos de protección personal para responder adecuadamente ante esta emergencia?
Teniendo en cuenta la falta de legitimidad del gobierno, su vinculación con el narcotráfico y su responsabilidad en el desfalco del Seguro Social, todo indica que con la actual emergencia saldrán nuevas personas millonarias relacionadas con el régimen de Juan Orlando Hernández.
Mientras tanto, quienes pueden gozar del privilegio de encerrarse en sus casas viven con el miedo y la incertidumbre que provoca el contagio y la suspensión de derechos. Pero la mayoría de la población se enfrenta al dilema diario entre comer, contagiarse y ser reprimida por las fuerzas de seguridad del régimen.
Ante esta realidad, la resolución de los recursos de amparo representa una oportunidad histórica para que el Poder Judicial cumpla con su obligación de controlar la legalidad de las acciones y omisiones de los poderes públicos, y envíe un mensaje a la sociedad en el sentido que esta vez se pondrá al lado de la dignidad humana.
Este posicionamiento debe concretarse en resolver que el Estado tiene la obligación de utilizar de forma transparente, eficaz y adecuada de los recursos disponibles para garantizar derechos tan importantes como la salud y la vida, y permitir una verdadera veeduría social y rendición de cuentas alejada de los compadrazgos de siempre.
En primer lugar, por la atención ineficiente que recibe la población en el sistema nacional de salud; en segundo lugar, por las condiciones inadecuadas de los centros hospitalarios para la atención de los pacientes afectados; y, en tercer lugar, por la carencia de insumos y medidas de bioseguridad para el personal de la salud encargado de atender la actual pandemia de Coronavirus.
A pesar que el régimen de Juan Orlando Hernández ha aprobado una inversión de 10 millones de lempiras primero y de 10 mil millones después para enfrentar esta crisis, los centros hospitalarios y el personal sanitario siguen sin contar con los insumos y equipos adecuados, tales como ventiladores mecánicos, mascarillas N95, batas desechables, gorros, fundas para zapatos, guantes, anteojos de protección, gel antibacterial, alcohol, jabón y desinfectantes.
La pregunta que todos y todas nos hacemos es: ¿dónde están los millones de lempiras aprobados para garantizar la provisión de equipamiento médico y la adquisición de insumos, materiales y equipos de protección personal para responder adecuadamente ante esta emergencia?
Teniendo en cuenta la falta de legitimidad del gobierno, su vinculación con el narcotráfico y su responsabilidad en el desfalco del Seguro Social, todo indica que con la actual emergencia saldrán nuevas personas millonarias relacionadas con el régimen de Juan Orlando Hernández.
Mientras tanto, quienes pueden gozar del privilegio de encerrarse en sus casas viven con el miedo y la incertidumbre que provoca el contagio y la suspensión de derechos. Pero la mayoría de la población se enfrenta al dilema diario entre comer, contagiarse y ser reprimida por las fuerzas de seguridad del régimen.
Ante esta realidad, la resolución de los recursos de amparo representa una oportunidad histórica para que el Poder Judicial cumpla con su obligación de controlar la legalidad de las acciones y omisiones de los poderes públicos, y envíe un mensaje a la sociedad en el sentido que esta vez se pondrá al lado de la dignidad humana.
Este posicionamiento debe concretarse en resolver que el Estado tiene la obligación de utilizar de forma transparente, eficaz y adecuada de los recursos disponibles para garantizar derechos tan importantes como la salud y la vida, y permitir una verdadera veeduría social y rendición de cuentas alejada de los compadrazgos de siempre.
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