El Coronavirus está evidenciando una situación de fragilidad social, de pobreza y desigualdad, y de deficiencia institucional que se profundizó con el golpe de Estado, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En este sentido, la población hondureña enfrenta dificultades para el acceso a los derechos más básicos, sobre todo en cuanto a salud, educación, trabajo digno y alimentación. Algunos programas institucionales asociados con ello se encuentran totalmente colapsados.
Además, el Coronavirus llega al tercer país más desigual del mundo, con casi el 70% de la población viviendo en la pobreza, con más del 90% de impunidad, con una corrupción que desvía casi 5 millones de dólares diarios, con un poderoso ejército con todos los recursos, mientras los hospitales subsisten en harapos.
Con este panorama tan desolador, todo apunta a que este virus aumentará la tragedia que vive Honduras, sino se toman medidas inmediatas y a mediano y largo plazo que reviertan o minimicen el impacto de esta pandemia.
En el ámbito de salud pública, es fundamental que se constituya un Comité de Personas Expertas que lidere la coordinación de políticas públicas contra el Coronavirus y con facultades para redireccionar y utilizar los fondos de la tasa de seguridad para enfrentar la crisis.
En el marco del decreto de suspensión de derechos, se debe ordenar la puesta a disposición de hospitales y clínicas privadas para atender a las personas enfermas, así como los hoteles para atender y recibir a la niñez y personas adultas mayores en situación de calle, y a mujeres víctimas de violencia machista.
En el ámbito económico y social, se debe ordenar la suspensión del pago de servicios básicos como agua, energía eléctrica e internet, así como revisar y reducir los salarios públicos que no son coherentes con la situación del país.
A su vez, así como el régimen permitió que las vacaciones sean contabilizadas como el tiempo en que la clase trabajadora se encuentra en cuarentena y que varias empresas declaren la suspensión de contratos laborales, que se orden al menos que los y las diputadas se reduzcan a la mitad sus salarios.
Y a mediano y largo plazo, es fundamental que las Mesas Técnicas de la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación presenten a la sociedad, a la cooperación internacional y al Estado, la propuesta que ha venido construyéndose para construir un sistema de salud pública universal, gratuito y de calidad.
En este sentido, la población hondureña enfrenta dificultades para el acceso a los derechos más básicos, sobre todo en cuanto a salud, educación, trabajo digno y alimentación. Algunos programas institucionales asociados con ello se encuentran totalmente colapsados.
Además, el Coronavirus llega al tercer país más desigual del mundo, con casi el 70% de la población viviendo en la pobreza, con más del 90% de impunidad, con una corrupción que desvía casi 5 millones de dólares diarios, con un poderoso ejército con todos los recursos, mientras los hospitales subsisten en harapos.
Con este panorama tan desolador, todo apunta a que este virus aumentará la tragedia que vive Honduras, sino se toman medidas inmediatas y a mediano y largo plazo que reviertan o minimicen el impacto de esta pandemia.
En el ámbito de salud pública, es fundamental que se constituya un Comité de Personas Expertas que lidere la coordinación de políticas públicas contra el Coronavirus y con facultades para redireccionar y utilizar los fondos de la tasa de seguridad para enfrentar la crisis.
En el marco del decreto de suspensión de derechos, se debe ordenar la puesta a disposición de hospitales y clínicas privadas para atender a las personas enfermas, así como los hoteles para atender y recibir a la niñez y personas adultas mayores en situación de calle, y a mujeres víctimas de violencia machista.
En el ámbito económico y social, se debe ordenar la suspensión del pago de servicios básicos como agua, energía eléctrica e internet, así como revisar y reducir los salarios públicos que no son coherentes con la situación del país.
A su vez, así como el régimen permitió que las vacaciones sean contabilizadas como el tiempo en que la clase trabajadora se encuentra en cuarentena y que varias empresas declaren la suspensión de contratos laborales, que se orden al menos que los y las diputadas se reduzcan a la mitad sus salarios.
Y a mediano y largo plazo, es fundamental que las Mesas Técnicas de la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación presenten a la sociedad, a la cooperación internacional y al Estado, la propuesta que ha venido construyéndose para construir un sistema de salud pública universal, gratuito y de calidad.
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