23 de febrero de 2026
Dr. Odir
Fernández Flores
Rector de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
Estimado
Dr. Fernández, con el debido respeto me dirijo a usted y, por su intermedio, al
Consejo Universitario, a las demás autoridades universitarias y a la comunidad
académica y universitaria en general, con el fin de expresarles mi preocupación
democrática ante el silencio institucional frente a la reciente reforma del
artículo 3 transitorio del Decreto Legislativo N.º 282-2010, aprobada por el
Congreso Nacional al margen del procedimiento de reforma constitucional.
La
UNAH, como institución rectora del pensamiento crítico, científico y jurídico
del país, tiene el deber de ser coherente con su responsabilidad de educar a la
ciudadanía en valores democráticos, orientar el debate público y promover la
cultura constitucional. En este sentido, les recuerdo que en su comunicado público
del 8 de diciembre de 2025 con respecto al cuestionado proceso electoral, ustedes
afirmaron que la nulidad de las elecciones “sin la acreditación de un fraude
estructural equivaldría, en términos constitucionales, a un desconocimiento indirecto
de la soberanía popular, alterando la esencia misma del Estado Democrático de
Derecho”, con mayor razón resulta alarmante que se violente directamente la
Constitución de la República en el diseño mismo del Poder Judicial sin una
posición clara de la universidad.
A
su vez, la UNAH realizó un test de constitucionalidad para sostener que la
nulidad es una figura excepcional cuya procedencia solo es legítima cuando
existe prueba plena y concluyente de que la voluntad popular fue vulnerada
mediante un fraude. Hoy enfrentamos un problema de la misma naturaleza, pero en
otra dimensión: un poder constituido que, desconociendo la rigidez
constitucional y los límites de su competencia, altera el equilibrio de poderes
y pone en entredicho la supremacía de la norma fundamental aprobada, en última
instancia, por ese mismo pueblo soberano.
Ustedes
advirtieron con claridad que decisiones que desconocen la voluntad popular y la
arquitectura constitucional provocan “ruptura de la legitimidad del origen del
poder”, “crisis de gobernabilidad”, “judicialización extrema de la política”, “incremento
del riesgo país” y “erosión de la cultura democrática”. Justamente esos son los
riesgos que se agudizan cuando el Congreso Nacional decide prescindir del
procedimiento establecido en el artículo 373 de la Constitución para reformar
una disposición con naturaleza constitucional como el artículo 3 transitorio
del Decreto 282-2010, que actúa como un “puente” para evitar un vacío de poder
en el nombramiento y remoción de jueces y magistrados.
Si
la UNAH ha sostenido en el referido comunicado que “reafirma su compromiso
histórico con la defensa del Estado de Derecho, la democracia constitucional,
la soberanía popular, la estabilidad institucional y la paz social”, resulta
difícil comprender que, ante una violación abierta al texto constitucional, la
institución permanezca en silencio. Este mutismo contrasta con la firmeza
mostrada cuando se trató de cuestionar una pretensión de nulidad general sin
sustento probatorio suficiente y abre la puerta a la lectura de que la defensa
de la Constitución es enérgica frente a unas irregularidades, pero tímida ante
otras que son muy graves.
Como
ciudadano y como académico, me preocupa tanto la falta de certeza de los
procesos electorales como la falta de seguridad en el respeto a la Constitución
por parte del Congreso Nacional. Si anular elecciones sin fraude probado
debilita la democracia, permitir que un poder constituido se coloque por encima
de la Constitución, modifique de facto su contenido y altere la separación de
poderes sin seguir los cauces formales, también erosiona la legitimidad del
sistema constitucional y el Estado de derecho.
Por
ello, respetuosamente, les invito a ser coherentes con los principios que la
UNAH ha proclamado: la máxima casa de estudios del país no puede quedar como
mera espectadora cuando está en juego la norma suprema que sirve de marco a la
vida democrática, al sistema de justicia y al propio funcionamiento de la UNAH.
La universidad, como “lugar de la problematización del saber, donde el saber
se revisa continuamente y se convierte en objeto de reflexión”, como lo señala
Daniel Innerarity en su libro “La sociedad del desconocimiento”, no puede ni
debe pronunciarse selectivamente cuando se trata de nuestro orden
constitucional.
En
consecuencia, les animo a pronunciarse públicamente sobre esta violación a la
Constitución de la República y a ejercer, con la autoridad moral y académica
que les corresponde, un liderazgo claro en la defensa del Estado de derecho.
Del mismo modo, considero urgente que la UNAH convoque a foros, debates y
espacios de reflexión plural sobre este asunto, involucrando a sus facultades
de derecho, ciencias sociales, economía y otras disciplinas, para analizar a
profundidad las implicaciones de esta reforma y contribuir a formar una
ciudadanía crítica y vigilante que no se resigne ante la erosión de la
legalidad constitucional.
Saludos
cordiales.
Joaquín
A. Mejía Rivera
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