San José, Costa Rica, 11 de marzo de 2010
El presidente hondureño, Porfirio Lobo, nombró al ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, como nuevo gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), el pasado 8 de marzo.
El ex general participó en la detención y expulsión del ex presidente Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009. Vásquez Velásquez fue un actor clave en el golpe de Estado hondureño, que después fue sobreseído definitivamente por la Corte Suprema de Justicia, junto con 5 militares más. Este nombramiento es un lamentable reconocimiento a una persona que atentó contra el sistema democrático hondureño.
Romeo Vásquez Velásquez estuvo al mando de las fuerzas armadas cuando fueron cometidas masivas y graves violaciones a los derechos humanos. Desde el 28 de junio varios medios de comunicación fueron allanados de manera ilegal. Adicionalmente, dado que estos hechos no cesaron, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó medidas de protección para garantizar la libertad de expresión de Canal 36, Radio La Catracha , Cholusat Sur y Radio Globo, y ordenó devolver los equipos de trabajo y transmisión que soldados y policías habían decomisado el 26 de septiembre de 2009.
Durante los meses posteriores al golpe de Estado, el Ejército atacó civiles, reprimió manifestaciones y hostigó a defensores de derechos humanos, periodistas, entre otros. Un ejemplo de esas graves violaciones de derechos humanos, es la muerte de Isis Obed Murillo Mencías, de 19 años de edad, quien falleció como consecuencia de una herida de bala en la cabeza en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa. Dicha manifestación fue reprimida por las Fuerzas Armadas, quienes dispusieron francotiradores en edificios cercanos.
La CIDH ha señalado en su Informe Honduras: Derechos Humanos y golpe de Estado, que “durante la vigencia del toque de queda, agentes del Ejército intimidaron a la población para que no saliera de sus casas y detuvieron personas sin orden judicial.” En el informe de la CIDH se relatan diversas violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército el cual era dirigido en ese momento por el general Vásquez.
La decisión del presidente Lobo de beneficiar al militar con este nombramiento sienta un mal precedente y pone en duda su compromiso con la democracia y con el respeto de los derechos humanos. Romeo Vásquez debe ser investigado por las graves violaciones a los derechos humanos que cometió el Ejército mientras él lo dirigía. Este nombramiento es una carta blanca para la impunidad, y mengua cada vez más las posibilidades de que se identifique, procese y juzgue adecuadamente a los responsables de los hechos ocurridos.
Dado que el nombramiento de Romeo Vásquez depende de manera exclusiva del Ejecutivo, CEJIL exhorta al presidente Porfirio Lobo a revocar tal designación y a abstenerse de realizar este tipo de acciones que premian a quienes ocuparon posiciones de poder cuando ocurrieron violaciones a los derechos humanos. La situación de Honduras es crítica y el mandatario debe dar el ejemplo del compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho. Desafortunadamente, actos como éste ponen en entredicho tal deber.
Contacto en Costa Rica
Nancy Marín Espinoza
Difusión y Prensa
Tel: 506-2280-7473/7608
Correo electrónico: nmarin@cejil.org
www.cejil.org
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA , la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.
jueves, 11 de marzo de 2010
martes, 9 de marzo de 2010
El gobierno de Pepe Lobo y las graves violaciones a los derechos humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos nuevamente manifestó su preocupación por la violación de los derechos humanos en Honduras desde la llegada al poder de Porfirio Lobo Sosa.
En un comunicado publicado el día lunes 08 de marzo, la Comisión Interamericana condena y lamenta los asesinatos, secuestros, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales y allanamientos ilegales de que han sido víctimas personas activas en la resistencia contra el golpe de Estado y sus familiares.
Además, observa con consternación que se están asesinando, secuestrando, agrediendo y amenazando a los hijos e hijas de activistas en la resistencia, sindicalistas y comunicadores sociales como una estrategia para acallarlos.
En este sentido, la Comisión Interamericana denuncia que estos hechos se dan en un contexto de grave deterioro de los derechos humanos en el país, señalando que sólo durante el último mes se han producido más de medio centenar de detenciones, ocho casos de torturas, dos secuestros, dos violaciones sexuales y un allanamiento de domicilio.
Frente a esa situación, le exige al gobierno de Lobo Sosa que adopte medidas urgentes para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad de la población en resistencia democrática.
Sin duda alguna, esta comunicación de la Comisión Interamericana debe servir para dos cuestiones fundamentales:
En primer lugar, para que aquellos que se han apresurado o se preparan para reconocer al gobierno de Lobo Sosa entiendan que no se puede ni se debe reconocer a un gobierno surgido de un golpe militar y que mantiene una política de Estado de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Y en segundo lugar, para que los altos responsables del gobierno comprendan que esta comunicación implica que la comunidad internacional tiene sus ojos puestos en Honduras y que representa una prueba irrefutable de que en el país se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad que son competencia de la justicia penal internacional.
En un comunicado publicado el día lunes 08 de marzo, la Comisión Interamericana condena y lamenta los asesinatos, secuestros, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales y allanamientos ilegales de que han sido víctimas personas activas en la resistencia contra el golpe de Estado y sus familiares.
Además, observa con consternación que se están asesinando, secuestrando, agrediendo y amenazando a los hijos e hijas de activistas en la resistencia, sindicalistas y comunicadores sociales como una estrategia para acallarlos.
En este sentido, la Comisión Interamericana denuncia que estos hechos se dan en un contexto de grave deterioro de los derechos humanos en el país, señalando que sólo durante el último mes se han producido más de medio centenar de detenciones, ocho casos de torturas, dos secuestros, dos violaciones sexuales y un allanamiento de domicilio.
Frente a esa situación, le exige al gobierno de Lobo Sosa que adopte medidas urgentes para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad de la población en resistencia democrática.
Sin duda alguna, esta comunicación de la Comisión Interamericana debe servir para dos cuestiones fundamentales:
En primer lugar, para que aquellos que se han apresurado o se preparan para reconocer al gobierno de Lobo Sosa entiendan que no se puede ni se debe reconocer a un gobierno surgido de un golpe militar y que mantiene una política de Estado de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Y en segundo lugar, para que los altos responsables del gobierno comprendan que esta comunicación implica que la comunidad internacional tiene sus ojos puestos en Honduras y que representa una prueba irrefutable de que en el país se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad que son competencia de la justicia penal internacional.
lunes, 8 de marzo de 2010
CIDH deplora asesinatos, secuestros y agresiones en Honduras
COMUNICADO DE PRENSA No. 26/10
Washington, DC, 8 de marzo de 2010 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena y lamenta los asesinatos de tres miembros activos de la resistencia al golpe de estado, registrados en el último mes en Honduras. Asimismo, la CIDH deplora los secuestros, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales y allanamientos ilegales de que han sido víctimas personas activas en la resistencia contra el golpe de Estado y sus familiares. La CIDH expresa también su profunda preocupación ante la información recibida de que hijos e hijas de activistas están siendo amenazados y hostigados, y que en dos casos han sido asesinados.
Según la información recibida, el 3 de febrero de 2010, Vanessa Zepeda Alonzo, de 29 años de edad, quien era activa en el Frente de Resistencia y afiliada al Sindicato de Empleados de la Seguridad Social, fue encontrada muerta en Tegucigalpa. Según testigos oculares, su cuerpo fue lanzado desde un carro. Asimismo, el 15 de febrero de 2010, Julio Funez Benitez, miembro activo de la resistencia y afiliado al Sindicato de Trabajadores de SANAA, fue asesinado de dos balazos mientras conversaba en la acera de su residencia en la Colonia Brisas de Olancho, por sujetos desconocidos que se transportaban en una motocicleta. Finalmente, el 24 de febrero de 2010 fue asesinada en su domicilio Claudia Maritza Brizuela, de 36 años de edad, hija del dirigente sindical y social Pedro Brizuela, que participa activamente en la resistencia. Dos desconocidos llamaron a la puerta y al abrir, Claudia Brisuelas fue asesinada a balazos, frente a sus hijos de 2 y 8 años de edad.
La Comisión observa con consternación que se estaría asesinando, secuestrando agrediendo y amenazando a los hijos y a las hijas de los líderes del Frente de Resistencia, como una estrategia para acallarlos. En este sentido, el 17 de febrero de 2010 apareció ahorcada Dara Gudiel, de 17 años de edad, en la Ciudad de Danlí, departamento del Paraíso. Dara Gudiel era hija del comunicador social Enrique Gudiel, quien dirige un programa de radio llamado “Siempre al Frente con el Frente”, donde se transmiten informaciones sobre la resistencia. Días antes de aparecer ahorcada, Dara Gudiel había sido liberada, luego de permanecer secuestrada dos días durante los cuales habría sido maltratada físicamente.
Por otra parte, el 9 de febrero de 2010 fueron secuestrados cinco miembros de una familia que es activa en la resistencia, por siete hombres fuertemente armados que vestían uniforme militar y tenían el rostro cubierto con gorros pasamontañas. Una de las personas secuestradas era una joven que había denunciado en agosto de 2009 haber sido violada sexualmente por cuatro policías luego de haberla detenido en una manifestación contra el golpe de Estado perpetrado el 29 de junio. El 9 de febrero, los hombres armados interceptaron el vehículo en el cual viajaba la joven junto con su hermano, su hermana y otras dos personas; cuando les ofrecieron las llaves del auto, respondieron que lo que querían era a la joven, “a ver si esta vez los denunciaba”. Los cinco fueron obligados a punta de pistola a caminar montaña adentro, donde dos de las mujeres fueron violadas sexualmente; la tercera fue víctima de robo y amenazas de muerte, y los dos hombres fueron sometidos a torturas físicas. Fueron liberados horas después.
Estos hechos se dan en un contexto de grave hostigamiento contra los miembros activos de la resistencia en Honduras, en el cual durante el último mes se han producido más de medio centenar de detenciones, ocho casos de torturas, dos secuestros, dos violaciones sexuales y un allanamiento de domicilio. Estas agresiones se han realizado contra miembros de la resistencia, sindicalistas y comunicadores sociales, así como sus hijos e hijas.
Honduras debe adoptar medidas urgentes para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal. Todas las personas sin distinción deben estar igualmente protegidas en el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, reunión y participación política.
La CIDH encuentra necesario reiterar que la participación política y social a través de la manifestación pública es esencial en la vida democrática de las sociedades, y que reviste un interés social imperativo. Las personas de todos los sectores políticos tienen el derecho de ejercer plena y libremente su derecho de libertad de expresión y su derecho de reunión, sin violencia y de conformidad con la ley y las normas interamericanas de protección de los derechos humanos. Como lo han señalado la Comisión y la Corte Interamericanas, los Estados no sólo no deben interferir con el ejercicio de estos derechos sino que deben adoptar medidas para asegurar su ejercicio efectivo.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
Enlaces útiles:
Informe Derechos Humanos y Golpe de Estado (Honduras, 2009): http://www.cidh.org/countryrep/Honduras09sp/Indice.htm
Sitio web de la CIDH: http://www.cidh.org/Default.htm
Washington, DC, 8 de marzo de 2010 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena y lamenta los asesinatos de tres miembros activos de la resistencia al golpe de estado, registrados en el último mes en Honduras. Asimismo, la CIDH deplora los secuestros, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales y allanamientos ilegales de que han sido víctimas personas activas en la resistencia contra el golpe de Estado y sus familiares. La CIDH expresa también su profunda preocupación ante la información recibida de que hijos e hijas de activistas están siendo amenazados y hostigados, y que en dos casos han sido asesinados.
Según la información recibida, el 3 de febrero de 2010, Vanessa Zepeda Alonzo, de 29 años de edad, quien era activa en el Frente de Resistencia y afiliada al Sindicato de Empleados de la Seguridad Social, fue encontrada muerta en Tegucigalpa. Según testigos oculares, su cuerpo fue lanzado desde un carro. Asimismo, el 15 de febrero de 2010, Julio Funez Benitez, miembro activo de la resistencia y afiliado al Sindicato de Trabajadores de SANAA, fue asesinado de dos balazos mientras conversaba en la acera de su residencia en la Colonia Brisas de Olancho, por sujetos desconocidos que se transportaban en una motocicleta. Finalmente, el 24 de febrero de 2010 fue asesinada en su domicilio Claudia Maritza Brizuela, de 36 años de edad, hija del dirigente sindical y social Pedro Brizuela, que participa activamente en la resistencia. Dos desconocidos llamaron a la puerta y al abrir, Claudia Brisuelas fue asesinada a balazos, frente a sus hijos de 2 y 8 años de edad.
La Comisión observa con consternación que se estaría asesinando, secuestrando agrediendo y amenazando a los hijos y a las hijas de los líderes del Frente de Resistencia, como una estrategia para acallarlos. En este sentido, el 17 de febrero de 2010 apareció ahorcada Dara Gudiel, de 17 años de edad, en la Ciudad de Danlí, departamento del Paraíso. Dara Gudiel era hija del comunicador social Enrique Gudiel, quien dirige un programa de radio llamado “Siempre al Frente con el Frente”, donde se transmiten informaciones sobre la resistencia. Días antes de aparecer ahorcada, Dara Gudiel había sido liberada, luego de permanecer secuestrada dos días durante los cuales habría sido maltratada físicamente.
Por otra parte, el 9 de febrero de 2010 fueron secuestrados cinco miembros de una familia que es activa en la resistencia, por siete hombres fuertemente armados que vestían uniforme militar y tenían el rostro cubierto con gorros pasamontañas. Una de las personas secuestradas era una joven que había denunciado en agosto de 2009 haber sido violada sexualmente por cuatro policías luego de haberla detenido en una manifestación contra el golpe de Estado perpetrado el 29 de junio. El 9 de febrero, los hombres armados interceptaron el vehículo en el cual viajaba la joven junto con su hermano, su hermana y otras dos personas; cuando les ofrecieron las llaves del auto, respondieron que lo que querían era a la joven, “a ver si esta vez los denunciaba”. Los cinco fueron obligados a punta de pistola a caminar montaña adentro, donde dos de las mujeres fueron violadas sexualmente; la tercera fue víctima de robo y amenazas de muerte, y los dos hombres fueron sometidos a torturas físicas. Fueron liberados horas después.
Estos hechos se dan en un contexto de grave hostigamiento contra los miembros activos de la resistencia en Honduras, en el cual durante el último mes se han producido más de medio centenar de detenciones, ocho casos de torturas, dos secuestros, dos violaciones sexuales y un allanamiento de domicilio. Estas agresiones se han realizado contra miembros de la resistencia, sindicalistas y comunicadores sociales, así como sus hijos e hijas.
Honduras debe adoptar medidas urgentes para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal. Todas las personas sin distinción deben estar igualmente protegidas en el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, reunión y participación política.
La CIDH encuentra necesario reiterar que la participación política y social a través de la manifestación pública es esencial en la vida democrática de las sociedades, y que reviste un interés social imperativo. Las personas de todos los sectores políticos tienen el derecho de ejercer plena y libremente su derecho de libertad de expresión y su derecho de reunión, sin violencia y de conformidad con la ley y las normas interamericanas de protección de los derechos humanos. Como lo han señalado la Comisión y la Corte Interamericanas, los Estados no sólo no deben interferir con el ejercicio de estos derechos sino que deben adoptar medidas para asegurar su ejercicio efectivo.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
Enlaces útiles:
Informe Derechos Humanos y Golpe de Estado (Honduras, 2009): http://www.cidh.org/countryrep/Honduras09sp/Indice.htm
Sitio web de la CIDH: http://www.cidh.org/Default.htm
martes, 2 de marzo de 2010
Con la piedra en la boca
El 01 de julio de 2002 el Estado de Honduras ratificó el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional y por tanto, los responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestro territorio pueden ser juzgados por este tribunal internacional.
El 24 de enero de ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia se pronunció a favor de que Honduras ratificara dicho instrumento y señaló que quien viola los derechos humanos ofende la conciencia humana y la humanidad misma, y que los crímenes contra la humanidad no pueden ser considerados asuntos internos de una nación pues los derechos humanos, universales e indivisibles, no tienen fronteras.
Desde el golpe de Estado del pasado 28 de junio se han documentado más de 4 mil violaciones a los derechos humanos y sólo en el primer mes del gobierno de Pepe Lobo más de 250, entre detenciones ilegales, agresiones sexuales, asesinatos, amenazas, torturas, secuestros y allanamientos ilegales, los cuales constituyen ese tipo de crímenes que ofenden la conciencia humana.
Lo que dijo la Corte Suprema de Justicia hace 7 años contradice totalmente lo que ha hecho a partir del golpe de Estado, ya que ha mantenido cerrados sus ojos ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, policías y paramilitares, y por tanto, se ha vuelto cómplice de ellos.
Por eso, el propio presidente de la Corte Suprema Jorge Alberto Rivera Avilés ha sido denunciado, junto con la junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas y Roberto Michelleti, ante la oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional por la comisión del crimen de lesa humanidad de persecución política contra el pueblo hondureño en resistencia democrática.
El régimen de Pepe Lobo debería poner todo su empeño en detener la violencia y la represión contra los hondureños y hondureñas pues a la luz del derecho penal internacional, él como máximo responsable del gobierno de turno, podría responder ante la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido desde el golpe de Estado y que se siguen cometiendo hasta la fecha, y que están siendo monitoreados e investigados por el fiscal de dicho tribunal con miras a ordenar la captura de los altos responsables civiles, policiales y militares de la represión.
El 24 de enero de ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia se pronunció a favor de que Honduras ratificara dicho instrumento y señaló que quien viola los derechos humanos ofende la conciencia humana y la humanidad misma, y que los crímenes contra la humanidad no pueden ser considerados asuntos internos de una nación pues los derechos humanos, universales e indivisibles, no tienen fronteras.
Desde el golpe de Estado del pasado 28 de junio se han documentado más de 4 mil violaciones a los derechos humanos y sólo en el primer mes del gobierno de Pepe Lobo más de 250, entre detenciones ilegales, agresiones sexuales, asesinatos, amenazas, torturas, secuestros y allanamientos ilegales, los cuales constituyen ese tipo de crímenes que ofenden la conciencia humana.
Lo que dijo la Corte Suprema de Justicia hace 7 años contradice totalmente lo que ha hecho a partir del golpe de Estado, ya que ha mantenido cerrados sus ojos ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, policías y paramilitares, y por tanto, se ha vuelto cómplice de ellos.
Por eso, el propio presidente de la Corte Suprema Jorge Alberto Rivera Avilés ha sido denunciado, junto con la junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas y Roberto Michelleti, ante la oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional por la comisión del crimen de lesa humanidad de persecución política contra el pueblo hondureño en resistencia democrática.
El régimen de Pepe Lobo debería poner todo su empeño en detener la violencia y la represión contra los hondureños y hondureñas pues a la luz del derecho penal internacional, él como máximo responsable del gobierno de turno, podría responder ante la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido desde el golpe de Estado y que se siguen cometiendo hasta la fecha, y que están siendo monitoreados e investigados por el fiscal de dicho tribunal con miras a ordenar la captura de los altos responsables civiles, policiales y militares de la represión.
jueves, 25 de febrero de 2010
254 violaciones a los derechos humanos bajo el nuevo gobierno de Honduras
Fuente: http://www.defensoresenlinea.com
En menos de un mes de la llegada al poder del régimen de Porfirio Lobo Sosa, se han cometido 254 violaciones a los derechos humanos, unos nueve casos diarios, lo que contradice el discurso de respeto a los derechos fundamentales, que a diario pregona ante la comunidad internacional.
Lo anterior fue informado a través de una conferencia de prensa del Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, donde participó como invitado un delegado de la Plataforma de Derechos Humanos.
Lobo Sosa, llegó a la presidencia producto del golpe de Estado, del 28 de junio de 2009, con elecciones no transparentes, totalmente militarizadas y bajo una fuerte represión contra la resistencia nacional que se mantiene de pie contra el golpe de Estado y avanza acciones hacia una Asamblea Nacional Constituyente.
Jari Dixon, José Luís Baquedano, Rodil Rivera Rodil, del FNRP y Gilberto Ríos de la Plataforma de Derechos Humanos, hablaron ante periodistas nacionales e internacionales de la peligrosidad de que la comunidad internacional no exija cosas concretas con resultados visibles de Lobo Sosa, que tiene como principal objetivo ablandar la posición que esta adoptó desde que se perpetró el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya Rosales.
“Con la Comisión de la Verdad, de la cual solamente va a salir la verdad de ellos, quieren limpiar una cara cada vez más sucia con las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo, el objetivo del régimen es que la comunidad internacional los reconozca”, dijo Dixon.
Agregó que el objetivo está claro desde el 28 de junio, se quiere desmantelar a la resistencia, pero ésta no se va a dividir tal como quieren hacerlo, pues el pueblo hondureño tiene más claridad que nunca con respecto a avanzar hacia la Asamblea Nacional Constituyente.
Gilberto Ríos señaló que el régimen se expresa con torturas, asesinatos y todos esos escenarios de terror montados por el ministro de seguridad, a quien ya se le conocen sus presentaciones escénicas desde que ocupó el mismo cargo en el gobierno de Ricardo Maduro.
Ahora se amenaza que cualquier bastión de la resistencia que se levante será reprimido, y se dice que se hará cumplir la ley, pero es en función de los intereses de la oligarquía que dio el golpe de Estado, advirtió.
En este sentido Mery Agurcia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, argumentó los planteamientos de Ríos con cifras, en las que destacó que no es cierto que haya un respeto por los derechos Humanos.
“Podemos relacionar el asesinato de Julio Fúnez Benítez, con los patrones de selectividad utilizados de junio a noviembre de 2009.
El caso de Vanessa Zepeda tiene similitud con uno registrado en octubre 2009, entonces estamos viendo dos tipos de asesinatos, unos con disparos con actuaciones típicas de elementos de seguridad del Estado y el que no aparenta no tener ningún tipo de arma, sino que se pueden verse punzones, lo que podría evidenciar la participación de un cuerpo médico”, denunció Mery Agurcia.
En las estadísticas manejadas por el COFADEH figuran que en solo 28 días del actual régimen se han producido 53 detenciones ilegales; 2 agresiones sexuales; 2 asesinatos; 8 casos de torturas; 2 secuestros; 14 allanamientos; 23 barrios perfilados por las fuerzas de seguridad como Resistentes han sido cateados y en horas inhábiles.
Además 150 personas han salido del país en calidad de refugiados políticos a países vecinos, Canadá, EE.UU, España entre otros; 25 han cambiado de ciudad y 30 han cambiado de domicilio.
Por su parte José Luís Baquedano, refirió que el aparato represivo del Estado continúa intacto y hasta este momento los mismos jerarcas permanecen enfrente. “Con los madrugones le están metiendo miedo a la juventud que ha sido parte de la resistencia, y la sociedad continúa militarizada”.
Con respecto a la Comisión de la Verdad Rodil Rivera, expresó que es un tema muy importante para la sociedad hondureña pero se pretende presentar la misma como encaminada a la reconciliación de la familia hondureña.
“Nosotros creemos que eso no es correcto, una Comisión de la Verdad debe reunirse para efectivamente dar a conocer la verdad al pueblo hondureño, con todo el detalle del caso para dar a conocer lo que ha sucedido antes, en y después del golpe de Estado, para decir los nombres de los que participaron en el golpe de Estado, la Comisión debe dar recomendaciones concretas para que no vuelva a darse un golpe de estado”, expresó Rivera.
Se preguntó ¿cómo va a haber reconciliación después de que ha habido un golpe de Estado, crímenes, persecución, torturas, violación tan tremenda contra los derechos humanos, cuando la Corte Suprema de Justicia ha absuelto a los militares ejecutores del golpe de Estado?
Destacó que sin la administración correcta de justicia no puede haber reconciliación, lo único que lograría eso –la reconciliación- es una Asamblea Nacional Constituyente que debe ser representativa de la sociedad hondureña, que realmente restablezca el orden constitucional y que siente las bases del desarrollo, la resolución de los grandes problemas “y por eso la reconciliación no se da por decreto”.
Ante la pregunta de periodistas, en relación a que se avizora que la comunidad internacional normalice relaciones con Honduras, Rivera dijo que eso no quita la condena internacional a las violaciones a los derechos humanos, “por primera vez ha habido un consenso internacional y que reconoció a Manuel Zelaya como único y legítimo presidente de Honduras hasta el 27 de enero”.
Sobre la posición que tendrá la Plataforma de Derechos Humanos ante el incremento de las violaciones a los derechos humanos, Gilberto Ríos expresó que “hemos asumido a una posición en el sentido de que se investiguen los hechos, se sancione a los responsables y se repare a las víctimas”.
El punto esencial que ha manejado la plataforma sobre la posición del régimen de Pepe Lobo y las presiones de la Embajada Norteamericana que ha puesto como condición esta comisión, nosotros no podemos creer a una comisión de la verdad que va a juzgar a un criminal político que está armado y que tiene poder político en el país.
Ante la interrogante de si ya es tiempo que la Unión Europea reconozca al gobierno, Rodil Rivera Rodil manifestó que no, que debe exigir más, no una simple comisión, sino que este gobierno de verdad debe empezar a enmendar todas estas barbaridades que se han cometido, especialmente sobre las violaciones a los derechos humanos, deducir responsabilidades a los responsables.
En menos de un mes de la llegada al poder del régimen de Porfirio Lobo Sosa, se han cometido 254 violaciones a los derechos humanos, unos nueve casos diarios, lo que contradice el discurso de respeto a los derechos fundamentales, que a diario pregona ante la comunidad internacional.
Lo anterior fue informado a través de una conferencia de prensa del Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, donde participó como invitado un delegado de la Plataforma de Derechos Humanos.
Lobo Sosa, llegó a la presidencia producto del golpe de Estado, del 28 de junio de 2009, con elecciones no transparentes, totalmente militarizadas y bajo una fuerte represión contra la resistencia nacional que se mantiene de pie contra el golpe de Estado y avanza acciones hacia una Asamblea Nacional Constituyente.
Jari Dixon, José Luís Baquedano, Rodil Rivera Rodil, del FNRP y Gilberto Ríos de la Plataforma de Derechos Humanos, hablaron ante periodistas nacionales e internacionales de la peligrosidad de que la comunidad internacional no exija cosas concretas con resultados visibles de Lobo Sosa, que tiene como principal objetivo ablandar la posición que esta adoptó desde que se perpetró el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya Rosales.
“Con la Comisión de la Verdad, de la cual solamente va a salir la verdad de ellos, quieren limpiar una cara cada vez más sucia con las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo, el objetivo del régimen es que la comunidad internacional los reconozca”, dijo Dixon.
Agregó que el objetivo está claro desde el 28 de junio, se quiere desmantelar a la resistencia, pero ésta no se va a dividir tal como quieren hacerlo, pues el pueblo hondureño tiene más claridad que nunca con respecto a avanzar hacia la Asamblea Nacional Constituyente.
Gilberto Ríos señaló que el régimen se expresa con torturas, asesinatos y todos esos escenarios de terror montados por el ministro de seguridad, a quien ya se le conocen sus presentaciones escénicas desde que ocupó el mismo cargo en el gobierno de Ricardo Maduro.
Ahora se amenaza que cualquier bastión de la resistencia que se levante será reprimido, y se dice que se hará cumplir la ley, pero es en función de los intereses de la oligarquía que dio el golpe de Estado, advirtió.
En este sentido Mery Agurcia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, argumentó los planteamientos de Ríos con cifras, en las que destacó que no es cierto que haya un respeto por los derechos Humanos.
“Podemos relacionar el asesinato de Julio Fúnez Benítez, con los patrones de selectividad utilizados de junio a noviembre de 2009.
El caso de Vanessa Zepeda tiene similitud con uno registrado en octubre 2009, entonces estamos viendo dos tipos de asesinatos, unos con disparos con actuaciones típicas de elementos de seguridad del Estado y el que no aparenta no tener ningún tipo de arma, sino que se pueden verse punzones, lo que podría evidenciar la participación de un cuerpo médico”, denunció Mery Agurcia.
En las estadísticas manejadas por el COFADEH figuran que en solo 28 días del actual régimen se han producido 53 detenciones ilegales; 2 agresiones sexuales; 2 asesinatos; 8 casos de torturas; 2 secuestros; 14 allanamientos; 23 barrios perfilados por las fuerzas de seguridad como Resistentes han sido cateados y en horas inhábiles.
Además 150 personas han salido del país en calidad de refugiados políticos a países vecinos, Canadá, EE.UU, España entre otros; 25 han cambiado de ciudad y 30 han cambiado de domicilio.
Por su parte José Luís Baquedano, refirió que el aparato represivo del Estado continúa intacto y hasta este momento los mismos jerarcas permanecen enfrente. “Con los madrugones le están metiendo miedo a la juventud que ha sido parte de la resistencia, y la sociedad continúa militarizada”.
Con respecto a la Comisión de la Verdad Rodil Rivera, expresó que es un tema muy importante para la sociedad hondureña pero se pretende presentar la misma como encaminada a la reconciliación de la familia hondureña.
“Nosotros creemos que eso no es correcto, una Comisión de la Verdad debe reunirse para efectivamente dar a conocer la verdad al pueblo hondureño, con todo el detalle del caso para dar a conocer lo que ha sucedido antes, en y después del golpe de Estado, para decir los nombres de los que participaron en el golpe de Estado, la Comisión debe dar recomendaciones concretas para que no vuelva a darse un golpe de estado”, expresó Rivera.
Se preguntó ¿cómo va a haber reconciliación después de que ha habido un golpe de Estado, crímenes, persecución, torturas, violación tan tremenda contra los derechos humanos, cuando la Corte Suprema de Justicia ha absuelto a los militares ejecutores del golpe de Estado?
Destacó que sin la administración correcta de justicia no puede haber reconciliación, lo único que lograría eso –la reconciliación- es una Asamblea Nacional Constituyente que debe ser representativa de la sociedad hondureña, que realmente restablezca el orden constitucional y que siente las bases del desarrollo, la resolución de los grandes problemas “y por eso la reconciliación no se da por decreto”.
Ante la pregunta de periodistas, en relación a que se avizora que la comunidad internacional normalice relaciones con Honduras, Rivera dijo que eso no quita la condena internacional a las violaciones a los derechos humanos, “por primera vez ha habido un consenso internacional y que reconoció a Manuel Zelaya como único y legítimo presidente de Honduras hasta el 27 de enero”.
Sobre la posición que tendrá la Plataforma de Derechos Humanos ante el incremento de las violaciones a los derechos humanos, Gilberto Ríos expresó que “hemos asumido a una posición en el sentido de que se investiguen los hechos, se sancione a los responsables y se repare a las víctimas”.
El punto esencial que ha manejado la plataforma sobre la posición del régimen de Pepe Lobo y las presiones de la Embajada Norteamericana que ha puesto como condición esta comisión, nosotros no podemos creer a una comisión de la verdad que va a juzgar a un criminal político que está armado y que tiene poder político en el país.
Ante la interrogante de si ya es tiempo que la Unión Europea reconozca al gobierno, Rodil Rivera Rodil manifestó que no, que debe exigir más, no una simple comisión, sino que este gobierno de verdad debe empezar a enmendar todas estas barbaridades que se han cometido, especialmente sobre las violaciones a los derechos humanos, deducir responsabilidades a los responsables.
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