El COFADEH, registra al menos ocho profesores muertos después del golpe de Estado.
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa 10 de junio de 2010. Un grupo de hombres fuertemente armados intentaron secuestrar sin éxito a la secretaria de finanzas del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras COPEMH, Carolina Pineda, informó el presidente de la organización magisterial Jaime Rodríguez.
Rodríguez denunció que individuos encapuchados con armas de grueso atacaron a balazos el vehículo en que se conducía la profesora Carolina Pineda, en las cercanías de la ciudad de Comayagua en la zona central del país, aparentemente con el fin de secuestrarla.
El pasado dos de junio el dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular FNRP de la ciudad de Comayagua, Juan Ramón Flores, fue secuestrado por hombres fuertemente armados a los que según su testimonio al menos uno de los secuestradores se presentó como miembro de la Dirección Nacional de Investigación Criminal DNIC, durante un reten policial.
Pineda logró escapar de sus atacantes al introducirse a una casa particular en la que se le dio refugio.
El presidente del COPEMH, responsabilizó del hecho contra la profesora a “las fuerzas de seguridad del estado” por que son los únicos que se pueden mover con absoluta libertad por el país.
Denunció que la profesora Pineda viene recibiendo amenazas desde hace tres meses mediante mensajes a su teléfono celular y a través de llamadas telefónicas en su casa de habitación.
La denuncia fue complementada por el presidente del Comité Para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras CODEH, Andrés Pavón, quien relató que un carro sin placas persiguió a la profesora Carolina Pineda, quién logró hacer una llamada durante la persecución, en la que se escucharon los disparos que le hicieron a su vehículo.
El presidente del COPEMH, denunció hace unos días que “Cada vez que el Frente [Nacional de Resistencia Popular, FNRP] hace un avance en su lucha, entonces el ataque le viene al magisterio, le cobran al magisterio”.
De acuerdo con una lista del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras COFADEH, después del golpe de Estado se registra la muerte de al menos ocho profesores, entre ellos, Roger Abrahán Vallejo, Félix Orlando Murillo López, Rubén Estrada, Mario Fidel Contreras Moncada, Sergio Eliseo Juárez Hernández, Gradis Espinal, Blas López y el José Manuel Flores.
Rodríguez reiteró que “pase lo que pase continuará en el Frente Resistencia Nacional de Resistencia Popular FNRP, del que forman parte las organizaciones magisteriales.
“Si nuestra sangre va quedar e las calles bienvenido sea, pero que la voz del magisterio no la van a callar” agregó Rodríguez en declaraciones que recogió Radio Globo.
De acuerdo con la denuncia de Andrés Pavón, la profesora Pineda fue interceptada en la carretera hacia la ciudad de san Pedro Sula, antes de llegar al restaurante conocido como el rodeo, en las cercanías de la ciudad de Comayagua.
Rodríguez expresó que hace un llamado a la comunidad nacional e internacional, por que el clima de represión y de violación a los derechos humanos continúa en el país.
jueves, 10 de junio de 2010
martes, 8 de junio de 2010
Los derechos humanos y el mantenimiento de la suspensión de Honduras de la OEA
Entre el 6 y el 8 de junio se desarrolla en Lima, Perú, la cuadragésima asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la asistencia de los cancilleres de 33 países. Evidentemente, Honduras no está representada en esta asamblea debido a su suspensión de la OEA desde el golpe de Estado del año pasado.
Aunque el tema del reintegro de Honduras no está en la agenda oficial como un punto prioritario, los cancilleres acordaron el lunes crear una comisión de alto nivel que evaluará las condiciones para decidir si Honduras regresa a la OEA o si se mantiene suspendida.
Mientras se acordaba la creación de esta comisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicaba sus observaciones preliminares sobre la visita que realizó a Honduras del 15 al 18 de mayo de 2010 y en la que constató que continúan las violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado.
De acuerdo con la CIDH, en Honduras siguen los asesinatos, amenazas y hostigamientos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros, sindicalistas y miembros de la Resistencia, lo cual se agrava con la falta de investigaciones efectivas y la crisis de impunidad por las violaciones a los derechos humanos que se han venido cometiendo desde el 28 de junio de 2009.
Para la CIDH también es de suma preocupación la militarización de la sociedad hondureña en tanto que altos mandos del Ejército que participaron en el golpe de Estado están ocupando la gerencia de importantes instituciones estatales en el gobierno de Lobo: el General de División Venancio Cervantes es director General de la Dirección de Migración y Extranjería; el General de Brigada Manuel Enrique Cáceres es director de Aeronáutica Civil; el ex General Nelson Wily Mejía es director de la Marina Mercante; y el ex General Romeo Vásquez Velásquez es gerente de Hondutel.
Con todos estos datos, la única recomendación que debería dar la comisión de alto nivel creado por la OEA es que mientras persistan las violaciones a los derechos humanos y la impunidad de sus responsables materiales e intelectuales, la suspensión de Honduras tiene que mantenerse.
Aunque el tema del reintegro de Honduras no está en la agenda oficial como un punto prioritario, los cancilleres acordaron el lunes crear una comisión de alto nivel que evaluará las condiciones para decidir si Honduras regresa a la OEA o si se mantiene suspendida.
Mientras se acordaba la creación de esta comisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicaba sus observaciones preliminares sobre la visita que realizó a Honduras del 15 al 18 de mayo de 2010 y en la que constató que continúan las violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado.
De acuerdo con la CIDH, en Honduras siguen los asesinatos, amenazas y hostigamientos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros, sindicalistas y miembros de la Resistencia, lo cual se agrava con la falta de investigaciones efectivas y la crisis de impunidad por las violaciones a los derechos humanos que se han venido cometiendo desde el 28 de junio de 2009.
Para la CIDH también es de suma preocupación la militarización de la sociedad hondureña en tanto que altos mandos del Ejército que participaron en el golpe de Estado están ocupando la gerencia de importantes instituciones estatales en el gobierno de Lobo: el General de División Venancio Cervantes es director General de la Dirección de Migración y Extranjería; el General de Brigada Manuel Enrique Cáceres es director de Aeronáutica Civil; el ex General Nelson Wily Mejía es director de la Marina Mercante; y el ex General Romeo Vásquez Velásquez es gerente de Hondutel.
Con todos estos datos, la única recomendación que debería dar la comisión de alto nivel creado por la OEA es que mientras persistan las violaciones a los derechos humanos y la impunidad de sus responsables materiales e intelectuales, la suspensión de Honduras tiene que mantenerse.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos publica observaciones sobre visita de seguimiento a Honduras
Washington, DC, 7 de junio de 2010 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó hoy sus Observaciones Preliminares sobre la visita que realizó a Honduras del 15 al 18 de mayo de 2010, con el objeto de hacer un seguimiento a la visita in loco efectuada en agosto de 2009 y al Informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado.
Durante la visita realizada en mayo de 2010, la Comisión constató que continúan las violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado. La CIDH recibió información sobre el asesinato de varias personas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos. Asimismo, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros, sindicalistas y miembros de la Resistencia son objeto de amenazas y hostigamientos.
La CIDH considera que las denuncias recibidas podrían responder al mismo patrón de violencia originado en el contexto del golpe de Estado. Los asesinatos, amenazas y hostigamientos no cuentan con las debidas investigaciones que permitan esclarecer si están o no relacionados con el contexto del golpe de Estado.
En este sentido, la Comisión pudo constatar que continúa la impunidad por las violaciones a los derechos humanos, tanto las verificadas en el informe de la CIDH como en el Informe del 3 de marzo de 2010 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU. La Comisión fue informada que sólo una persona está privada de libertad por violaciones a los derechos humanos, mientras que otras 12 han sido imputadas pero los procesos no avanzan, entre otros factores, por la falta de investigación de los órganos del Estado, en particular, las fuerzas de seguridad encargadas de realizar las investigaciones. La impunidad generalizada por violaciones a los derechos humanos se encuentra facilitada por decisiones de la Corte Suprema de Justicia que debilitan el estado de Derecho. Además del cuestionado rol de la Corte Suprema de Justicia durante el golpe de Estado, con posterioridad ha decidido, por un lado, sobreseer a los militares acusados de participar en el golpe y por otro, despedir a jueces y magistrados que buscaron evitarlo por vías democráticas.
Asimismo, la CIDH ha otorgado varias medidas cautelares para proteger a personas en riesgo. Tanto las organizaciones de la sociedad civil como los propios beneficiarios han reportado serios problemas en la implementación de las medidas cautelares. Por ejemplo, el periodista Nahúm Palacios era beneficiario de estas medidas de protección cuando fue asesinado el 14 de marzo de 2010. La CIDH urge al Estado de Honduras a cumplir en forma efectiva y a la brevedad cada una de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
La CIDH reitera su llamado a las autoridades a revisar el Decreto de Amnistía, teniendo en consideración las obligaciones del Estado a la luz de los tratados internacionales y en especial, su obligación de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos.
La Comisión valora el nombramiento de la Ministra asesora en materia de derechos humanos. Sin embargo, observa que a la fecha no ha recibido los recursos, mandato y estructura que permitan realizar un trabajo efectivo y de transformación del Estado hacia una cultura de respeto a los derechos humanos. Con la estructura actual, es prácticamente imposible que la Ministra pueda tener un impacto significativo sobre la vigencia de los derechos humanos.
La CIDH denunció en sus Observaciones Preliminares la militarizacion de la sociedad producto del golpe de Estado. En este sentido, se observa con preocupacion que altos mandos del Ejército o ex miembros del mismo contra quienes se han formulado denuncias por su participación en el Golpe de Estado estén ocupando la gerencia de dependencias públicas de alto nivel en el gobierno de Porfirio Lobo. Por ejemplo, el General de División Venancio Cervantes es Director General de la Dirección de Migración y Extranjería (era Sub jefe del Estado Mayor Conjunto al momento del golpe de Estado); el General de Brigada Manuel Enrique Cáceres es Director de Aeronáutica Civil; el ex General Nelson Wily Mejía se halla a cargo de la Dirección de la Marina Mercante y el ex General Romeo Vásquez Velásquez es gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) (era Comandante en Jefe de las FFAA al momento del golpe de Estado).
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
Fuente: http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2010/59-10sp.htm
Durante la visita realizada en mayo de 2010, la Comisión constató que continúan las violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado. La CIDH recibió información sobre el asesinato de varias personas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos. Asimismo, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros, sindicalistas y miembros de la Resistencia son objeto de amenazas y hostigamientos.
La CIDH considera que las denuncias recibidas podrían responder al mismo patrón de violencia originado en el contexto del golpe de Estado. Los asesinatos, amenazas y hostigamientos no cuentan con las debidas investigaciones que permitan esclarecer si están o no relacionados con el contexto del golpe de Estado.
En este sentido, la Comisión pudo constatar que continúa la impunidad por las violaciones a los derechos humanos, tanto las verificadas en el informe de la CIDH como en el Informe del 3 de marzo de 2010 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU. La Comisión fue informada que sólo una persona está privada de libertad por violaciones a los derechos humanos, mientras que otras 12 han sido imputadas pero los procesos no avanzan, entre otros factores, por la falta de investigación de los órganos del Estado, en particular, las fuerzas de seguridad encargadas de realizar las investigaciones. La impunidad generalizada por violaciones a los derechos humanos se encuentra facilitada por decisiones de la Corte Suprema de Justicia que debilitan el estado de Derecho. Además del cuestionado rol de la Corte Suprema de Justicia durante el golpe de Estado, con posterioridad ha decidido, por un lado, sobreseer a los militares acusados de participar en el golpe y por otro, despedir a jueces y magistrados que buscaron evitarlo por vías democráticas.
Asimismo, la CIDH ha otorgado varias medidas cautelares para proteger a personas en riesgo. Tanto las organizaciones de la sociedad civil como los propios beneficiarios han reportado serios problemas en la implementación de las medidas cautelares. Por ejemplo, el periodista Nahúm Palacios era beneficiario de estas medidas de protección cuando fue asesinado el 14 de marzo de 2010. La CIDH urge al Estado de Honduras a cumplir en forma efectiva y a la brevedad cada una de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
La CIDH reitera su llamado a las autoridades a revisar el Decreto de Amnistía, teniendo en consideración las obligaciones del Estado a la luz de los tratados internacionales y en especial, su obligación de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos.
La Comisión valora el nombramiento de la Ministra asesora en materia de derechos humanos. Sin embargo, observa que a la fecha no ha recibido los recursos, mandato y estructura que permitan realizar un trabajo efectivo y de transformación del Estado hacia una cultura de respeto a los derechos humanos. Con la estructura actual, es prácticamente imposible que la Ministra pueda tener un impacto significativo sobre la vigencia de los derechos humanos.
La CIDH denunció en sus Observaciones Preliminares la militarizacion de la sociedad producto del golpe de Estado. En este sentido, se observa con preocupacion que altos mandos del Ejército o ex miembros del mismo contra quienes se han formulado denuncias por su participación en el Golpe de Estado estén ocupando la gerencia de dependencias públicas de alto nivel en el gobierno de Porfirio Lobo. Por ejemplo, el General de División Venancio Cervantes es Director General de la Dirección de Migración y Extranjería (era Sub jefe del Estado Mayor Conjunto al momento del golpe de Estado); el General de Brigada Manuel Enrique Cáceres es Director de Aeronáutica Civil; el ex General Nelson Wily Mejía se halla a cargo de la Dirección de la Marina Mercante y el ex General Romeo Vásquez Velásquez es gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) (era Comandante en Jefe de las FFAA al momento del golpe de Estado).
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
Fuente: http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2010/59-10sp.htm
viernes, 4 de junio de 2010
Suman 707 agresiones a derechos humanos por causas políticas en Honduras tras cuatro meses del régimen Lobo
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa, 03 junio 2010. La representante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Mary Agurcia, informó que han registrado 707 casos de agresiones por razones políticas, en el país, desde el 30 de enero –a sólo tres días después de inaugurado el régimen de Porfirio Lobo.
Llegan a alrededor de 9 mil las violaciones a derechos humanos ocurridas en Honduras, desde junio del 2009 hasta enero de 2010, entre ellas, violaciones “abiertas y masivas, las sectorizadas y luego las que tenemos ahora”.
Se han producido 544 “incidentes” a defensores en derechos humanos. Que van desde la “vigilancia a las oficinas de las diferentes organizaciones de derechos humanos, hasta persecución, asesinatos y detenciones ilegales”.
A antes del golpe de Estado, ya había una “situación difícil” de derechos humanos, evaluó Agurcia.
Pero, la diferencia es que “no era una política de Estado”; sino que, “conductas arraigadas”, en los funcionarios, que se arrastraban desde los años ochenta.
Analizó que había “cierta institucionalidad que se venía creando desde hace 15 años - no puede decirse que era una democracia-, y la tortura se había reactivado en la detención administrativa. Antes de junio de 2009 se registraban por los menos 50 casos; pero, no ocurría con la misma dimensión de la década de los ochenta”.
“Las violaciones a derechos humanos se dan ahora por razones políticas, y ya no tanto por abuso de autoridad, en este momento [desde enero], las violaciones son tanto por abuso de autoridad como por razones políticas”, puntualizó.
El evento fue realizado en la sede de Mujeres en la Artes (MUA), luego de que el titular de la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, Bernard Martínez, prohibió hacerlo en la Biblioteca Nacional.
Estadística del monitoreo a las violaciones a derechos humanos registradas sólo por el Cofadeh, del 30 de enero al 28 de mayo de 2010 (no representan las violaciones ocurridas en el país):
Asesinatos por razones políticas 12, casi dos al mes;
Periodistas asesinados 6;
Atentados contra personas, 2;
Amenazados a muerte, 63;
De esas amenazas, a defensores de derechos humanos, 56;
Intimidaciones y persecuciones, 76;
Agresiones sexuales, 2;
Detenciones, 53;
Torturas, 10;
Secuestros, 2;
Secuestros en su grado de tentativa, 4;
Detenciones ilegales, 58;
Allanamientos, 18;
Barrios y colonias objeto de cateos, 23;
Desplazamientos internos por reiteradas amenazas a muerte, 38;
Cambio de domicilio por seguridad, 34;
Exiliados por razones políticas, que no pueden retornar al país, 150;
Exiliados por razones políticas, en este periodo, 26;
Medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que maneja el Cofadeh, 68;
Solicitudes de información de la CIDH por personas en grave peligro, 32;
Periodista amenazados, 15;
Periodista en el exilio, 3
Programas cerrados, 1;
Una radio comunitaria cerrada, 1;
Un nuevo atentado a transmisores Radio La Catracha (no incluido).
Tegucigalpa, 03 junio 2010. La representante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Mary Agurcia, informó que han registrado 707 casos de agresiones por razones políticas, en el país, desde el 30 de enero –a sólo tres días después de inaugurado el régimen de Porfirio Lobo.
Llegan a alrededor de 9 mil las violaciones a derechos humanos ocurridas en Honduras, desde junio del 2009 hasta enero de 2010, entre ellas, violaciones “abiertas y masivas, las sectorizadas y luego las que tenemos ahora”.
Se han producido 544 “incidentes” a defensores en derechos humanos. Que van desde la “vigilancia a las oficinas de las diferentes organizaciones de derechos humanos, hasta persecución, asesinatos y detenciones ilegales”.
A antes del golpe de Estado, ya había una “situación difícil” de derechos humanos, evaluó Agurcia.
Pero, la diferencia es que “no era una política de Estado”; sino que, “conductas arraigadas”, en los funcionarios, que se arrastraban desde los años ochenta.
Analizó que había “cierta institucionalidad que se venía creando desde hace 15 años - no puede decirse que era una democracia-, y la tortura se había reactivado en la detención administrativa. Antes de junio de 2009 se registraban por los menos 50 casos; pero, no ocurría con la misma dimensión de la década de los ochenta”.
“Las violaciones a derechos humanos se dan ahora por razones políticas, y ya no tanto por abuso de autoridad, en este momento [desde enero], las violaciones son tanto por abuso de autoridad como por razones políticas”, puntualizó.
El evento fue realizado en la sede de Mujeres en la Artes (MUA), luego de que el titular de la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, Bernard Martínez, prohibió hacerlo en la Biblioteca Nacional.
Estadística del monitoreo a las violaciones a derechos humanos registradas sólo por el Cofadeh, del 30 de enero al 28 de mayo de 2010 (no representan las violaciones ocurridas en el país):
Asesinatos por razones políticas 12, casi dos al mes;
Periodistas asesinados 6;
Atentados contra personas, 2;
Amenazados a muerte, 63;
De esas amenazas, a defensores de derechos humanos, 56;
Intimidaciones y persecuciones, 76;
Agresiones sexuales, 2;
Detenciones, 53;
Torturas, 10;
Secuestros, 2;
Secuestros en su grado de tentativa, 4;
Detenciones ilegales, 58;
Allanamientos, 18;
Barrios y colonias objeto de cateos, 23;
Desplazamientos internos por reiteradas amenazas a muerte, 38;
Cambio de domicilio por seguridad, 34;
Exiliados por razones políticas, que no pueden retornar al país, 150;
Exiliados por razones políticas, en este periodo, 26;
Medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que maneja el Cofadeh, 68;
Solicitudes de información de la CIDH por personas en grave peligro, 32;
Periodista amenazados, 15;
Periodista en el exilio, 3
Programas cerrados, 1;
Una radio comunitaria cerrada, 1;
Un nuevo atentado a transmisores Radio La Catracha (no incluido).
jueves, 3 de junio de 2010
Honduras: Independencia del sistema judicial seriamente vulnerada al confirmarse los despidos de funcionarios de justicia
Amnistía Internacional expresó su gran decepción y preocupación al confirmarse ayer por la Corte Suprema de Honduras el despido de tres jueces y una magistrada.
Los funcionarios judiciales han sido destituidos de sus puestos tras incoarse procedimientos disciplinarios no equitativos contra ellos, debido a su posición crítica hacia el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 por el cual el entonces Presidente Zelaya resultó expulsado de su cargo.
“Es un día triste para el Estado de derecho en Honduras, ya que la propia gente que ha buscado defender la independencia judicial tras el levantamiento del golpe de Estado de junio de 2009 ha pagado con su trabajo y sus carreras. El concepto de independencia del sistema judicial en Honduras queda gravemente debilitado debido a esta decisión, la cual tendrá un serio impacto sobre los esfuerzos de Honduras de volver a ganar la credibilidad internacional”, dijo Guadalupe Marengo, Directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
Cuando el gobierno del Presidente Porfirio Lobo asumió el cargo en enero de 2010, Amnistía Internacional instó a esa administración a poner fin a la intimidación de aquellos que eran críticos con el golpe, incluyendo miembros del poder judicial que se enfrentaban a procedimientos disciplinarios. Con la noticia de que la Corte Suprema ha confirmado el despido de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza y los jueces Ramón Enrique Barrios, Luis Alonzo Chevez de la Rocha y Guillermo López Lone, deben plantearse serias dudas sobre la seriedad de la nueva administración en la defensa del Estado de derecho y la construcción de la fe pública en la independencia del poder judicial.
Antecedentes:
El presidente hondureño José Manuel Zelaya Rosales, del Partido Liberal de Honduras, fue obligado a abandonar el poder mediante un golpe de Estado el 28 de junio de 2009, y fue expulsado del país por un grupo de políticos que contaban con el respaldo de los militares. El grupo de políticos estaba dirigido por Roberto Micheletti, ex presidente del Congreso Nacional.
Tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, se produjeron cierres y ocupaciones de medios de comunicación por parte de personal militar, se golpeó y agredió físicamente a periodistas, y se amenazó e intimidó a periodistas, especialmente los que investigaban actividades de la delincuencia organizada o violaciones de derechos humanos o condenaban abiertamente el golpe de Estado.
A algunos jueces a los que se consideró críticos con el golpe de Estado y con las autoridades de facto, se les aplicaron traslados arbitrarios y procedimientos disciplinarios durante el periodo del gobierno de facto. Miembros de la organización Jueces por la Democracia, que trabaja en la promoción de la independencia judicial y de los principios de imparcialidad y transparencia en los procedimientos judiciales, formaron la gran mayoría a los cuales se aplicaron estas medidas.
Un gobierno de facto continuó en poder hasta que el nuevo gobierno encabezado por Porfirio Lobo asumió el cargo, el mismo día que Amnistía Internacional publicó un informe titulado “Honduras: Recomendaciones al nuevo gobierno de Honduras tras el golpe de Estado de junio de 2009” (Índice: AMR 37/003/2010) que documentó violaciones de derechos humanos durante el golpe de Estado.
FIN/
Documento Público
Secretariado Internacional, Amnistía Internacioanl, 1 Easton 1 Easton St., London WC1X 0DW, UK
+44 207413 5566 begin_of_the_skype_highlighting +44 207413 5566 end_of_the_skype_highlighting
+44 207413 5566
www.amnesty.org
Los funcionarios judiciales han sido destituidos de sus puestos tras incoarse procedimientos disciplinarios no equitativos contra ellos, debido a su posición crítica hacia el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 por el cual el entonces Presidente Zelaya resultó expulsado de su cargo.
“Es un día triste para el Estado de derecho en Honduras, ya que la propia gente que ha buscado defender la independencia judicial tras el levantamiento del golpe de Estado de junio de 2009 ha pagado con su trabajo y sus carreras. El concepto de independencia del sistema judicial en Honduras queda gravemente debilitado debido a esta decisión, la cual tendrá un serio impacto sobre los esfuerzos de Honduras de volver a ganar la credibilidad internacional”, dijo Guadalupe Marengo, Directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
Cuando el gobierno del Presidente Porfirio Lobo asumió el cargo en enero de 2010, Amnistía Internacional instó a esa administración a poner fin a la intimidación de aquellos que eran críticos con el golpe, incluyendo miembros del poder judicial que se enfrentaban a procedimientos disciplinarios. Con la noticia de que la Corte Suprema ha confirmado el despido de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza y los jueces Ramón Enrique Barrios, Luis Alonzo Chevez de la Rocha y Guillermo López Lone, deben plantearse serias dudas sobre la seriedad de la nueva administración en la defensa del Estado de derecho y la construcción de la fe pública en la independencia del poder judicial.
Antecedentes:
El presidente hondureño José Manuel Zelaya Rosales, del Partido Liberal de Honduras, fue obligado a abandonar el poder mediante un golpe de Estado el 28 de junio de 2009, y fue expulsado del país por un grupo de políticos que contaban con el respaldo de los militares. El grupo de políticos estaba dirigido por Roberto Micheletti, ex presidente del Congreso Nacional.
Tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, se produjeron cierres y ocupaciones de medios de comunicación por parte de personal militar, se golpeó y agredió físicamente a periodistas, y se amenazó e intimidó a periodistas, especialmente los que investigaban actividades de la delincuencia organizada o violaciones de derechos humanos o condenaban abiertamente el golpe de Estado.
A algunos jueces a los que se consideró críticos con el golpe de Estado y con las autoridades de facto, se les aplicaron traslados arbitrarios y procedimientos disciplinarios durante el periodo del gobierno de facto. Miembros de la organización Jueces por la Democracia, que trabaja en la promoción de la independencia judicial y de los principios de imparcialidad y transparencia en los procedimientos judiciales, formaron la gran mayoría a los cuales se aplicaron estas medidas.
Un gobierno de facto continuó en poder hasta que el nuevo gobierno encabezado por Porfirio Lobo asumió el cargo, el mismo día que Amnistía Internacional publicó un informe titulado “Honduras: Recomendaciones al nuevo gobierno de Honduras tras el golpe de Estado de junio de 2009” (Índice: AMR 37/003/2010) que documentó violaciones de derechos humanos durante el golpe de Estado.
FIN/
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