Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 11 de junio 2010. El Legislativo hondureño aprobó, ayer, un decreto en el que ordena que el Ejército asista a la Policía, para “frenar la violencia que vive el país”, pese a la preocupación manifiesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque en Honduras los militares realizan tareas de seguridad.
El nuevo decreto establece que Las Fuerzas Armadas deberán poner “el personal idóneo necesario a la disposición de la Policía”, a fin de que esta cumpla de manera “eficiente” el mantenimiento del orden público.
La “mayor presencia de militares será en el interior del país”, pues alegan que es allí donde esa Secretaría tiene “menos recurso humano y logístico”, según fue informado por un vocero policial a los medios.
A pesar de que, para crear el decreto, aducen el aumento de la violencia observada por organismos de derechos humanos, el Legislativo ignoró al principal organismo regional en esa materia, que “reitera su preocupación por la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad ciudadana…”, según observó en la visita reciente al país.
Y que, en su entendido, “las mismas deben ser ejecutadas a través de las fuerzas civiles de seguridad”, según el informe publicado el lunes 7 de junio, sobre su última visita a Honduras, realizada del 15 al 18 de mayo de 2010.
El nuevo decreto legislativo es igual al Decreto Ejecutivo PCM-014-2010, publicado en La Gaceta el 14 de mayo de 2010, sobre el cual la CIDH, observa “con especial preocupación”, se haya aprobado, instruyendo a la Secretaría de Defensa a cooperar con “el personal y medios estrictamente necesarios de la Fuerzas Armadas”.
Con el fin de que la Policía Nacional “cumpla de manera eficiente y oportuna las funciones para el restablecimiento de la paz, la prevención, control y combate del delito”, dice el Informe.
“Al respecto, la Comisión insta a las autoridades de Honduras a revisar el contenido del referido decreto, y a adecuarlo, conforme a los estándares internacionales que rigen en la materia”, especifica lo observado por la CIDH.
Lo que causa preocupación es que, justo en el interior del país, en la zona del Bajo Aguán, los campesinos, que han realizado varias toma de recuperación de tierras, se defienden de los terratenientes que los acosan con la intervención de fuerzas militares, y “el conflicto experimentó una agudización por la militarización de la zona”, de acuerdo al informe de la misma CIDH.
La Constitución hondureña, rota por un golpe de Estado, cuya vigencia ha sido forzada por los grupos golpistas en el poder, no prevé tales tareas a las Fuerzas Armadas.
lunes, 14 de junio de 2010
sábado, 12 de junio de 2010
París juzgará a 17 ex aliados de Pinochet.
Reuters
Periódico La Jornada
Sábado 12 de junio de 2010, p. 21
París. Francia juzgará a 17 chilenos en ausencia por la desaparición en la década de 1970 de cuatro franceses y chilenos-franceses durante el gobierno del ex dictador chileno Augusto Pinochet. Los 17, la mayoría militares, serán juzgados por acusaciones de "detención arbitraria acompañada, o seguida, de tortura y actos bárbaros" entre 1973 y 1975. El proceso ha sido retrasado en varias ocasiones, pero está previsto que comience en diciembre en una corte de París. Entre los acusados está el general Manuel Contreras, ex jefe de la policía secreta chilena.
Periódico La Jornada
Sábado 12 de junio de 2010, p. 21
París. Francia juzgará a 17 chilenos en ausencia por la desaparición en la década de 1970 de cuatro franceses y chilenos-franceses durante el gobierno del ex dictador chileno Augusto Pinochet. Los 17, la mayoría militares, serán juzgados por acusaciones de "detención arbitraria acompañada, o seguida, de tortura y actos bárbaros" entre 1973 y 1975. El proceso ha sido retrasado en varias ocasiones, pero está previsto que comience en diciembre en una corte de París. Entre los acusados está el general Manuel Contreras, ex jefe de la policía secreta chilena.
El espejo de los golpistas hondureños: "Histórica", la sentencia contra ex coronel por desaparición de 11 colombianos
Periódico La Jornada
Sábado 12 de junio de 2010, p. 21
Bogotá, 11 de junio. Navi Pillay, la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, calificó hoy de "histórica" la sentencia de 30 años de prisión al coronel colombiano en retiro Alfonso Plazas, por su responsabilidad en la desaparición de 11 personas durante la batalla que el ejército sostuvo en 1985 con la organización guerrillera M-19 por la recuperación del Palacio de Justicia en esta capital.
"Expreso mi reconocimiento al Poder Judicial colombiano por su lucha contra la impunidad en este caso y exhorto al gobierno de Colombia a acatar y respetar la sentencia", señaló Pillay en una declaración difundida en Bogotá.
Pillay solicitó asimismo garantizar la seguridad de la jueza María Stella Jara, quien recibió amenazas a raíz de su veredicto.
En el mismo sentido se pronunció el jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras conocer que Jara fue amenazada por "presuntos grupos armados al margen de la ley".
La reacción de Pillay fue difundida horas después de que el presidente Álvaro Uribe se inconformó con el fallo y anunció su intención de crear un proyecto de ley para proteger a las fuerzas armadas de acusaciones que "desmoralizan a la tropa", dotándolas de prerrogativas procesales.
Sobre el proyecto de Uribe, el especialista de Amnistía Internacional en casos colombianos, Marcelo Pollack, dijo que "blindar las fuerzas de seguridad del procesamiento sería una mofa del gobierno a los reclamos sobre la impunidad y el respeto que debe tener de sus obligaciones internacionales para llevar a todos los abusadores de los derechos humanos ante la justicia".
Los efectivos de las fuerzas armadas son procesados actualmente por la Fiscalía General y los juzgados del Poder Judicial, y no por tribunales militares, como hasta hace algunos años.
Según Polack, "la crítica destemplada del gobierno y del alto mando militar a la decisión de condenar al ex coronel Plazas Vega es sólo el último de los muchos intentos de las autoridades por desacreditar al Poder Judicial y hacer descarrilar uno de los derechos humanos fundamentales".
Algunos militares colombianos han enfrentado acusaciones de tener vínculos con grupos paramilitares de ultraderecha que surgieron en la década de 1980 como una alternativa de combate a las organizaciones guerrilleras.
Sábado 12 de junio de 2010, p. 21
Bogotá, 11 de junio. Navi Pillay, la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, calificó hoy de "histórica" la sentencia de 30 años de prisión al coronel colombiano en retiro Alfonso Plazas, por su responsabilidad en la desaparición de 11 personas durante la batalla que el ejército sostuvo en 1985 con la organización guerrillera M-19 por la recuperación del Palacio de Justicia en esta capital.
"Expreso mi reconocimiento al Poder Judicial colombiano por su lucha contra la impunidad en este caso y exhorto al gobierno de Colombia a acatar y respetar la sentencia", señaló Pillay en una declaración difundida en Bogotá.
Pillay solicitó asimismo garantizar la seguridad de la jueza María Stella Jara, quien recibió amenazas a raíz de su veredicto.
En el mismo sentido se pronunció el jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras conocer que Jara fue amenazada por "presuntos grupos armados al margen de la ley".
La reacción de Pillay fue difundida horas después de que el presidente Álvaro Uribe se inconformó con el fallo y anunció su intención de crear un proyecto de ley para proteger a las fuerzas armadas de acusaciones que "desmoralizan a la tropa", dotándolas de prerrogativas procesales.
Sobre el proyecto de Uribe, el especialista de Amnistía Internacional en casos colombianos, Marcelo Pollack, dijo que "blindar las fuerzas de seguridad del procesamiento sería una mofa del gobierno a los reclamos sobre la impunidad y el respeto que debe tener de sus obligaciones internacionales para llevar a todos los abusadores de los derechos humanos ante la justicia".
Los efectivos de las fuerzas armadas son procesados actualmente por la Fiscalía General y los juzgados del Poder Judicial, y no por tribunales militares, como hasta hace algunos años.
Según Polack, "la crítica destemplada del gobierno y del alto mando militar a la decisión de condenar al ex coronel Plazas Vega es sólo el último de los muchos intentos de las autoridades por desacreditar al Poder Judicial y hacer descarrilar uno de los derechos humanos fundamentales".
Algunos militares colombianos han enfrentado acusaciones de tener vínculos con grupos paramilitares de ultraderecha que surgieron en la década de 1980 como una alternativa de combate a las organizaciones guerrilleras.
viernes, 11 de junio de 2010
Premian con ascenso a militar que dirigió rapto de ex presidente Zelaya
El Congreso Nacional ratificará hoy el asenso de 5 militares que “participaron y planearon” el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya Rosales, advirtió el diputado de la bancada Unificación Democrática, Sergio Castellanos.
Entre los ascensos resalta la promoción del Teniente Coronel, René Antonio Hepburn Bueso, quien ejecutó la orden de allanamiento dictada por la Corte Suprema de Justicia, a la vivienda del Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009, seguido de su expulsión del país.
Según Castellanos, estos ascensos vuelven inútiles cualquier intento que Porfirio Lobo haga en procura de la legitimación de su gobierno y de la reconciliación nacional.
El acomodamiento de militares protagonistas del golpe de Estado ha sido evidente en el actual gobierno, como los casos del General golpista Romeo Vásquez Velásquez ubicado en la gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE; el ex integrante de la junta de comandantes, Venancio Cervantes Suazo como titular de la Dirección General de Migración y Extranjería; y el general Manuel Enrique Cáceres Díaz como Director de Aeronáutica Civil.
Fuente: http://radioprogresohn.org/index.php/noticias/642-premian-con-ascenso-a-militar-que-dirigio-rapto-de-ex-presidente-zelaya
Entre los ascensos resalta la promoción del Teniente Coronel, René Antonio Hepburn Bueso, quien ejecutó la orden de allanamiento dictada por la Corte Suprema de Justicia, a la vivienda del Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009, seguido de su expulsión del país.
Según Castellanos, estos ascensos vuelven inútiles cualquier intento que Porfirio Lobo haga en procura de la legitimación de su gobierno y de la reconciliación nacional.
El acomodamiento de militares protagonistas del golpe de Estado ha sido evidente en el actual gobierno, como los casos del General golpista Romeo Vásquez Velásquez ubicado en la gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE; el ex integrante de la junta de comandantes, Venancio Cervantes Suazo como titular de la Dirección General de Migración y Extranjería; y el general Manuel Enrique Cáceres Díaz como Director de Aeronáutica Civil.
Fuente: http://radioprogresohn.org/index.php/noticias/642-premian-con-ascenso-a-militar-que-dirigio-rapto-de-ex-presidente-zelaya
Ataque homicida contra familiares del vicepresidente del STIBYS
Atentado en plena calle deja un saldo de un muerto y dos heridos
Por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
http://www.rel- uita.org/ internacional/ honduras/ democradura/ atentado_porfirio_ponce. htm
El cuñado del vicepresidente del STIBYS, Porfirio Ponce, fue asesinado bajo una lluvia de balas. Su padre y su hermana fueron heridos pero se encuentran fuera de peligro. Crece la escalada de violencia contra el pueblo hondureño.
Visiblemente conmocionado por lo ocurrido, el vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), Porfirio Ponce, relató a Sirel que en la tarde de ayer, 10 de junio, dos hombres se bajaron de un vehículo y atacaron a balazos el carro en el que se transportaban su cuñado, Oscar Molina, su hermana Griselda Ponce y su papá Porfirio Ponce. ³Fue un ataque salvaje. Mientras se habían detenido en un semáforo, dos hombres se bajaron de un carro y comenzaron a disparar. Recibieron 42 disparos y mi cuñado murió².
³Afortunadamente, mi papá y mi hermana no fueron heridos de gravedad y se están recuperando. Parece bastante obvio el porqué de este ataque. Honduras está sumergida en una espiral de violencia muy preocupante², dijo Ponce.
Después del golpe de Estado, el STIBYS ha sido objeto de una constante campaña represiva. Su sede central en Tegucigalpa fue violentada por militares y objeto de disparos, ráfagas y atentados con bombas artesanales.
Su presidente y miembro de la coordinación nacional del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), Carlos H. Reyes, denunció haber recibido amenazas de muerte. Asimismo, la sede sindical de San Pedro Sula fue atacada por hombres armados, que hirieron de gravedad al tesorero de esa Seccional, Douglas Gómez.
En febrero pasado, la residencia de Porfirio Ponce fue atacada por hombres encapuchados, quienes se llevaron su computadora y dejaron su cama llena de sangre.
Otro ataque
Poco antes de que se consumara el ataque asesino contra los familiares del vicepresidente del STIBYS, en la zona central del país, la secretaria de Finanzas del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), profesora Carolina Pineda, sufría un atentado por parte de hombres encapuchados que interceptaron el vehículo que conducía y le dispararon con armas de grueso calibre. Pineda logró escapar de sus atacantes refugiándose en una casa particular en la que le brindaron protección.
La profesora Pineda es directiva de una de las organizaciones magisteriales más comprometidas con la lucha contra el golpe, y había denunciado constantes amenazas recibidas a través de llamadas telefónicas y mensajes por celular.
Mientras buena parte de la comunidad internacional sigue prestando oídos sordos al clamor que se levanta de las entrañas de Honduras, la estrategia represiva no se detiene.
Por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
http://www.rel- uita.org/ internacional/ honduras/ democradura/ atentado_porfirio_ponce. htm
El cuñado del vicepresidente del STIBYS, Porfirio Ponce, fue asesinado bajo una lluvia de balas. Su padre y su hermana fueron heridos pero se encuentran fuera de peligro. Crece la escalada de violencia contra el pueblo hondureño.
Visiblemente conmocionado por lo ocurrido, el vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), Porfirio Ponce, relató a Sirel que en la tarde de ayer, 10 de junio, dos hombres se bajaron de un vehículo y atacaron a balazos el carro en el que se transportaban su cuñado, Oscar Molina, su hermana Griselda Ponce y su papá Porfirio Ponce. ³Fue un ataque salvaje. Mientras se habían detenido en un semáforo, dos hombres se bajaron de un carro y comenzaron a disparar. Recibieron 42 disparos y mi cuñado murió².
³Afortunadamente, mi papá y mi hermana no fueron heridos de gravedad y se están recuperando. Parece bastante obvio el porqué de este ataque. Honduras está sumergida en una espiral de violencia muy preocupante², dijo Ponce.
Después del golpe de Estado, el STIBYS ha sido objeto de una constante campaña represiva. Su sede central en Tegucigalpa fue violentada por militares y objeto de disparos, ráfagas y atentados con bombas artesanales.
Su presidente y miembro de la coordinación nacional del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), Carlos H. Reyes, denunció haber recibido amenazas de muerte. Asimismo, la sede sindical de San Pedro Sula fue atacada por hombres armados, que hirieron de gravedad al tesorero de esa Seccional, Douglas Gómez.
En febrero pasado, la residencia de Porfirio Ponce fue atacada por hombres encapuchados, quienes se llevaron su computadora y dejaron su cama llena de sangre.
Otro ataque
Poco antes de que se consumara el ataque asesino contra los familiares del vicepresidente del STIBYS, en la zona central del país, la secretaria de Finanzas del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), profesora Carolina Pineda, sufría un atentado por parte de hombres encapuchados que interceptaron el vehículo que conducía y le dispararon con armas de grueso calibre. Pineda logró escapar de sus atacantes refugiándose en una casa particular en la que le brindaron protección.
La profesora Pineda es directiva de una de las organizaciones magisteriales más comprometidas con la lucha contra el golpe, y había denunciado constantes amenazas recibidas a través de llamadas telefónicas y mensajes por celular.
Mientras buena parte de la comunidad internacional sigue prestando oídos sordos al clamor que se levanta de las entrañas de Honduras, la estrategia represiva no se detiene.
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