Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 12 julio 2010. “Lobo intenta congraciarse con la comunidad internacional con algunas declaraciones que pudieran hacer creer que él está dispuesto a una reconciliación; pero, en los hechos, no hay ningún clima de reconciliación en Honduras”, aseguró la magistrada destituida, Tirza Flores.
Flores, calificó el régimen de Porfirio Lobo como un “gobierno débil y con amplio rechazo popular”, por ser resultado de “elecciones carentes de legitimidad”, en una entrevista brindada a Pagina 12, en Lima Perú, al participar de un foro para explicar la situación de Honduras.
“Es la continuación del golpe de Estado”. Se mantienen las estructuras que dieron origen al golpe y que han generado las violaciones a los derechos humanos. “En Honduras están gobernando las fuerzas ocultas que dieron el golpe. Por eso, mientras siga el gobierno de Lobo, Honduras no debería retornar a la OEA”, evaluó.
Acusó también que las elecciones fueron usadas para “blanquear” el golpe de Estado y el régimen de Lobo es la “continuación de ese Golpe”.
“Lobo fue electo en un proceso electoral que no contó con observadores internacionales y en el que hubo más de 60 por ciento de abstencionismo, y no ha dado pasos concretos de legitimación. El suyo es un gobierno muy débil, con muy poco respaldo de la población. No podemos hablar de un régimen democrático en Honduras”, explicó Flores.
Flores reafirmó que su despido y el de otros jueces es motivado por la persecución política que hay en Honduras. “Hemos recurrido a la CIDH porque la Corte Suprema y el Ministerio Público están al servicio del golpe de Estado, que ellos legitimaron, y en Honduras no existe la posibilidad de un debido proceso”.
martes, 13 de julio de 2010
Escuadrones de la muerte en Honduras, secuestran y torturan con la tolerancia del régimen de Porfirio Lobo
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 12 julio 2010. En Honduras, persisten “escuadrones de la muerte, grupos paralelos que secuestran y torturan personas con la tolerancia del gobierno”, aseguró, Mery Agurcia, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, en entrevista ofrecida a Pagina 12, en Lima Perú, al participar de un foro sobre la situación de Honduras,
Afirmó que, el Cofadeh, ha registrado centros clandestinos de detención, funcionando.
“Estos escuadrones de la muerte y los centros de tortura están siendo manejados por extranjeros, sicarios que por el tipo de acento serían colombianos. También hay presencia de la inteligencia israelí, que está vinculada con estos grupos paralelos que cometen asesinatos y secuestros”, denunció.
Agurcia, acusó que el régimen de Lobo asegura, a los golpistas, la impunidad por las violaciones a los derechos humanos: “De más de 9200 violaciones a los derechos humanos del régimen golpista de Micheletti, sólo hay doce procesos judiciales a policías de bajo rango, y únicamente una persona fue detenida, pero se fugó y la policía no la busca”.
Los pocos procesos abiertos “no son por violaciones a los derechos humanos, sino por faltas a la administración pública y abuso de autoridad”, cuestionó.
Tegucigalpa. 12 julio 2010. En Honduras, persisten “escuadrones de la muerte, grupos paralelos que secuestran y torturan personas con la tolerancia del gobierno”, aseguró, Mery Agurcia, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, en entrevista ofrecida a Pagina 12, en Lima Perú, al participar de un foro sobre la situación de Honduras,
Afirmó que, el Cofadeh, ha registrado centros clandestinos de detención, funcionando.
“Estos escuadrones de la muerte y los centros de tortura están siendo manejados por extranjeros, sicarios que por el tipo de acento serían colombianos. También hay presencia de la inteligencia israelí, que está vinculada con estos grupos paralelos que cometen asesinatos y secuestros”, denunció.
Agurcia, acusó que el régimen de Lobo asegura, a los golpistas, la impunidad por las violaciones a los derechos humanos: “De más de 9200 violaciones a los derechos humanos del régimen golpista de Micheletti, sólo hay doce procesos judiciales a policías de bajo rango, y únicamente una persona fue detenida, pero se fugó y la policía no la busca”.
Los pocos procesos abiertos “no son por violaciones a los derechos humanos, sino por faltas a la administración pública y abuso de autoridad”, cuestionó.
jueves, 8 de julio de 2010
Instalación de la Comisión de Verdad en Honduras
San Salvador, 8 de julio de 2010
Desde el Golpe de Estado militar efectuado el 28 de junio 2009 en Honduras hasta la fecha, se han acrecentado las denuncias de graves violaciones a los Derechos Humanos, que de manera sistemática han sido cometidas principalmente, en contra de las personas que se han expresado en rechazo a dichos acontecimientos, en los que fuera expulsado violentamente del país, el entonces Presidente José Manuel Zelaya, exigiendo la reinstauración del hilo constitucional y del Estado de Derecho, identificándose o participado de la conformación del movimiento de resistencia nacional, integrada por diferentes sectores de la sociedad hondureña, tales como movimientos que velan por los derechos de las mujeres, indígenas, campesinos, maestros, estudiantes, profesionales, jueces y periodistas, entre otros.
El deterioro de la Institucionalidad en el hermano país, producto de la ruptura del Estado de Derecho, se ha constituido en uno de los principales obstáculos para el esclarecimiento de la verdad y el castigo de los responsables de dichos crímenes, que se vienen cometiendo desde hace un año, fomentando así la impunidad que perpetua la situación de violación sistemática de los derechos fundamentales del pueblo hondureño; por lo que la conformación de un ente que investigue estos hechos, de manera objetiva e independiente, se ha convertido en una urgente demanda, por parte de las centenares de víctimas que hasta el momento, no han sido atendidas por las Instancias correspondientes.
En este contexto, hemos invitado a los medios de comunicación para informar sobre la reciente instalación de la “Comisión de Verdad”, convocada por parte de la Plataforma de Derechos Humanos en Honduras, con el objetivo principal de: “esclarecer los hechos ocurridos antes, durante y después del 28 de junio del 2009 a fin de identificar los actos que condujeron a la situación de la crisis y proporcione al pueblo de Honduras mecanismos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro”
Dicha Comisión, que actuara de manera autónoma, garantizando el respeto al debido proceso, recopilando las evidencias que conduzcan a la verdad y a la deducción de responsabilidades, respecto a las denunciadas realizadas por las víctimas de ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, torturas, amenazas a muerte, difamación, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros, confrontando con la opinión de quienes son señalados como los responsables de dichos crímenes; todo esto con el fin de contribuir a la superación de la impunidad que actualmente impera en ese hermano país, dar un aporte a la memoria histórica del pueblo hondureño, así como de emitir recomendaciones que permitan erradicar las violaciones a los derechos humanos.
El plan de trabajo tiene establecidas una serie de visitas, con una periodicidad de tres meses de intervalo, para entregar el informe en noviembre del año 2011, al pueblo hondureño, a los titulares de los Órganos del Estado, a Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la comunidad internacional en general.
El mandato de la Comisión ha sido entregado a personalidades que tienen una amplia trayectoria como defensores y defensoras de los Derechos Humanos, entre las que se encuentran: Nora Cortiñas, fundadora del movimiento de Madres de Plaza de Mayo de Argentina, Adolfo Pérez Esquivel, también de nacionalidad argentina y Premio Nobel de la Paz, Luis Carlos Nieto, Magistrado español, docente e integrante de la “Asociación de Jueces para la Democracia”, Francois Houtart, sacerdote católico teólogo de la Teología de la Liberación y escritor francés; Francisco José Aguilar Urbina, de nacionalidad costarricense, abogado, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ex Presidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ex Secretario de la misma Comisión, Helen Umaña, laureada escritora hondureña y Premio Nacional de Literatura en Honduras, sacerdote Fausto Milla, defensor de Derechos Humanos, reconocido por ser el primero en auxiliar a sobrevivientes de la Masacre del Rio Sumpul en 1980; Elsie Monge, religiosa ecuatoriana, directora ejecutiva del Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos y ex Directora de la Comisión de la Verdad en ese país, es quien coordina la Comisión de Verdad en mención; y Mirna Perla, magistrada de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, con amplia trayectoria en la defensa y promoción de los Derechos Humanos en El Salvador y Centroamérica, ex coordinadora y vice presidenta de CODEHUCA y ex Vice Presidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Los Organismos de Derechos Humanos de El Salvador y de la sociedad civil, expresan su solidaridad y apoyo a las víctimas en su justo reclamo porque se les respete el derecho a la verdad sobre los hechos que han dado lugar a las graves violaciones a los derechos humanos del pueblo hondureño y a que se haga justicia.
Desde el Golpe de Estado militar efectuado el 28 de junio 2009 en Honduras hasta la fecha, se han acrecentado las denuncias de graves violaciones a los Derechos Humanos, que de manera sistemática han sido cometidas principalmente, en contra de las personas que se han expresado en rechazo a dichos acontecimientos, en los que fuera expulsado violentamente del país, el entonces Presidente José Manuel Zelaya, exigiendo la reinstauración del hilo constitucional y del Estado de Derecho, identificándose o participado de la conformación del movimiento de resistencia nacional, integrada por diferentes sectores de la sociedad hondureña, tales como movimientos que velan por los derechos de las mujeres, indígenas, campesinos, maestros, estudiantes, profesionales, jueces y periodistas, entre otros.
El deterioro de la Institucionalidad en el hermano país, producto de la ruptura del Estado de Derecho, se ha constituido en uno de los principales obstáculos para el esclarecimiento de la verdad y el castigo de los responsables de dichos crímenes, que se vienen cometiendo desde hace un año, fomentando así la impunidad que perpetua la situación de violación sistemática de los derechos fundamentales del pueblo hondureño; por lo que la conformación de un ente que investigue estos hechos, de manera objetiva e independiente, se ha convertido en una urgente demanda, por parte de las centenares de víctimas que hasta el momento, no han sido atendidas por las Instancias correspondientes.
En este contexto, hemos invitado a los medios de comunicación para informar sobre la reciente instalación de la “Comisión de Verdad”, convocada por parte de la Plataforma de Derechos Humanos en Honduras, con el objetivo principal de: “esclarecer los hechos ocurridos antes, durante y después del 28 de junio del 2009 a fin de identificar los actos que condujeron a la situación de la crisis y proporcione al pueblo de Honduras mecanismos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro”
Dicha Comisión, que actuara de manera autónoma, garantizando el respeto al debido proceso, recopilando las evidencias que conduzcan a la verdad y a la deducción de responsabilidades, respecto a las denunciadas realizadas por las víctimas de ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, torturas, amenazas a muerte, difamación, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros, confrontando con la opinión de quienes son señalados como los responsables de dichos crímenes; todo esto con el fin de contribuir a la superación de la impunidad que actualmente impera en ese hermano país, dar un aporte a la memoria histórica del pueblo hondureño, así como de emitir recomendaciones que permitan erradicar las violaciones a los derechos humanos.
El plan de trabajo tiene establecidas una serie de visitas, con una periodicidad de tres meses de intervalo, para entregar el informe en noviembre del año 2011, al pueblo hondureño, a los titulares de los Órganos del Estado, a Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la comunidad internacional en general.
El mandato de la Comisión ha sido entregado a personalidades que tienen una amplia trayectoria como defensores y defensoras de los Derechos Humanos, entre las que se encuentran: Nora Cortiñas, fundadora del movimiento de Madres de Plaza de Mayo de Argentina, Adolfo Pérez Esquivel, también de nacionalidad argentina y Premio Nobel de la Paz, Luis Carlos Nieto, Magistrado español, docente e integrante de la “Asociación de Jueces para la Democracia”, Francois Houtart, sacerdote católico teólogo de la Teología de la Liberación y escritor francés; Francisco José Aguilar Urbina, de nacionalidad costarricense, abogado, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ex Presidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ex Secretario de la misma Comisión, Helen Umaña, laureada escritora hondureña y Premio Nacional de Literatura en Honduras, sacerdote Fausto Milla, defensor de Derechos Humanos, reconocido por ser el primero en auxiliar a sobrevivientes de la Masacre del Rio Sumpul en 1980; Elsie Monge, religiosa ecuatoriana, directora ejecutiva del Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos y ex Directora de la Comisión de la Verdad en ese país, es quien coordina la Comisión de Verdad en mención; y Mirna Perla, magistrada de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, con amplia trayectoria en la defensa y promoción de los Derechos Humanos en El Salvador y Centroamérica, ex coordinadora y vice presidenta de CODEHUCA y ex Vice Presidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Los Organismos de Derechos Humanos de El Salvador y de la sociedad civil, expresan su solidaridad y apoyo a las víctimas en su justo reclamo porque se les respete el derecho a la verdad sobre los hechos que han dado lugar a las graves violaciones a los derechos humanos del pueblo hondureño y a que se haga justicia.
miércoles, 7 de julio de 2010
Plataforma de D.D.H.H de Honduras recibirá premio internacional “Letelier-Moffit 2010”
Written by Revistazo.com
Tuesday, 06 July 2010 15:18
Por su valentía y creatividad al luchar, a pesar las circunstancias en contra, para defender los derechos y la dignidad del pueblo hondureño, en el contexto del golpe de Estado efectuado en el 2009, la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras recibirá Premio Internacional en Derechos Humanos Letelier-Moffit 2010.
El premio se otorga desde el año 1977 para honrar el trabajo sobresaliente que organizaciones realizan en la defensa y promoción de los derechos humanos y en el año 2010, se determinó por entregársele a la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras, integrada por el Comité de Defensa de Derechos Humanos, CODEH; el Comité de Detenidos-desaparecidos de Honduras, COFADEH-; el Centro de Promoción de los Derechos Humanos –CIPRODEH-; el Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas contra la Tortura –C.P.T.R.T-; FIAN y el Centro de Derechos de Mujeres –CDM-.
En una nota enviada por Manuel Pérez-Rocha, en nombre del Comité de Selección del Premio Letelier-Moffitt, entregado por el Institute For Policy Studies, con sede en Washington D.C., se establece que al decidir otorgarles este premio, el Comité “también desea honrar a todo el movimiento de resistencia en Honduras considerando que es extremadamente importante el que su lucha se mantenga al frente de los debates en los Estados Unidos”.
Para la selección del premio, mismo que se estableció para honrar la vida Orlando Letelier y Ronni Karpen Moffitt, cada año, un comité compuesto por distinguidos líderes de la comunidad de defensores de los derechos humanos selecciona recipientes del premio según las siguientes categorías:
*Trabajo internacional en derechos humanos: Este premio otorga reconocimiento a alguna organización o individuo (o ambos) en el hemisferio occidental que hayan sobresalido por su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos.
*Trabajo en derechos humanos a nivel doméstico: Este premio otorga reconocimiento a alguna organización o individuo (o ambos) en los Estados Unidos que haya sobresalido por su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos en este país.
La Plataforma de Derechos Humanos se seleccionó por su valentía y creatividad en la lucha que han enfrentado las organizaciones que la conforman desde el golpe de estado que defenestró al gobierno de Manuel Zelaya, el pasado 28 de junio.
La ceremonia de premiación tendrá lugar el Jueves 13 de octubre, 2009, en el Club Nacional de Prensa (National Press Club) de la ciudad de Washington, D.C.
martes, 6 de julio de 2010
CEJIL y la AJD presentan demanda contra Honduras
El día de ayer, 5 de julio, la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el despido arbitrario e ilegal de Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios y Tirza Flores Lanza, todos jueces de la República de Honduras.
En tal petición, se ha solicitado a la CIDH que declare al Estado hondureño responsable de la violación a los siguientes derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos: derecho a las garantías judiciales (art. 8), libertad de expresión (art. 13), derecho de reunión (art. 15), libertad de asociación (art. 16) y derecho a la protección judicial (art. 25), todos ellos, en relación con las obligaciones generales establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado interamericano.
Como es del conocimiento público, el pasado 5 de mayo de 2010, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con diez votos a favor y cinco en contra, impuso una sanción de despido a los cuatro juzgadores, la cual fue ratificada en sesiones de fechas 12 de mayo y 1 de junio. No obstante ello, hasta el día de hoy nunca se les ha notificado una resolución que funde y motive tal destitución. Lo único que se les ha entregado a cada uno de los juzgadores son oficios con acuerdos de destitución que distan de garantizar el debido proceso protegido por la Convención Americana.
La petición contra el Estado hondureño cuestiona firmemente las valoraciones sesgadas y arbitrarias del Pleno de la Corte Suprema, en tanto que a Guillermo López Lone (miembro de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula y Presidente de la AJD) y a Luis Alonso Chévez de la Rocha (Juez de Letras Contra la Violencia Doméstica en la ciudad de San Pedro Sula) les sancionaron por haber participado en manifestaciones contra el golpe de Estado. Por otra parte, a Ramón Barrios (miembro de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula) lo destituyeron por haber dictado una conferencia académica de la cual se emitió una nota periodística en la que cuestionaba, con argumentos jurídicos, la posición de la Corte Suprema de denominar sucesión constitucional al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya. Finalmente, a la magistrada de la Sala de Apelaciones de San Pedro Sula, Tirza Flores Lanza, la sancionaron por haber presentado un recurso de amparo constitucional en contra de la expatriación del Presidente Zelaya.
Cabe recordar que la Corte Suprema ha sido seriamente cuestionada por su actuar, sobre todo, a partir del Golpe de Estado cometido contra el entonces Presidente Zelaya el 28 de junio de 2009. Al respecto, el Informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACNUDH) reconoció que “la falta de independencia del poder judicial y la aplicación e interpretación desiguales y discriminatorias de la ley han sido evidentes. La Fiscalía, los jueces y la Corte Suprema de Justicia, en general, han apoyado a las autoridades de facto defendiendo medidas restrictivas a costa de la protección de los derechos humanos y del respeto del estado de derecho […].” Por ello, aunque la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la CIDH funge como una instancia complementaria a los sistemas nacionales de protección, en este caso, la falta de independencia e imparcialidad de la Corte Suprema de Justicia pone en entredicho la posibilidad de agotar alguna instancia judicial en Honduras.
Aunado a ello, la sanción por parte de la Corte Suprema viola el derecho a la asociación de los jueces, así como la libertad de expresión y reunión de los mismos. Todo ello se logra en virtud de una legislación ambigua que permite este y otro tipo de arbitrariedades en relación con funcionarios ejemplares que luchan contra la impunidad y la corrupción, y promueven la independencia judicial y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Adicionalmente la petición se presenta a un año de la ejecución de Isis Obed Murillo, primera muerte que produjo el golpe de Estado y cuya responsabilidad todavía no ha sido establecida por las autoridades competentes. En este sentido, la petición también pretende evidenciar algunas de las deficiencias estructurales del sistema de justicia hondureño, para así contribuir al establecimiento de medidas que garanticen una administración de justicia efectiva para el bien de todos y todas las hondureñas.
Tomando en cuenta la delicada situación en la que se encuentra Honduras, la AJD y CEJIL esperan que la CIDH se dirija al Estado hondureño con el fin de solicitarle explicaciones sobre el caso y, posteriormente, determine la responsabilidad internacional del Estado hondureño por las violaciones de derechos humanos antes mencionadas.
Para más información contactar a:
Guillermo López Lone, + (504) 9986-6565
Marcia Aguiluz, + (506) 2280 7473
Enlaces relacionados:
CEJIL condena despido de jueces críticos del golpe en Honduras. http://cejil.org/comunicados/cejil-condena-despido-de-jueces-criticos-del-golpe-en-honduras
Jueces despedidos en Honduras se declaran en huelga de hambre. http://cejil.org/comunicados/jueces-despedidos-en-honduras-se-declaran-en-huelga-de-hambre
En tal petición, se ha solicitado a la CIDH que declare al Estado hondureño responsable de la violación a los siguientes derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos: derecho a las garantías judiciales (art. 8), libertad de expresión (art. 13), derecho de reunión (art. 15), libertad de asociación (art. 16) y derecho a la protección judicial (art. 25), todos ellos, en relación con las obligaciones generales establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado interamericano.
Como es del conocimiento público, el pasado 5 de mayo de 2010, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con diez votos a favor y cinco en contra, impuso una sanción de despido a los cuatro juzgadores, la cual fue ratificada en sesiones de fechas 12 de mayo y 1 de junio. No obstante ello, hasta el día de hoy nunca se les ha notificado una resolución que funde y motive tal destitución. Lo único que se les ha entregado a cada uno de los juzgadores son oficios con acuerdos de destitución que distan de garantizar el debido proceso protegido por la Convención Americana.
La petición contra el Estado hondureño cuestiona firmemente las valoraciones sesgadas y arbitrarias del Pleno de la Corte Suprema, en tanto que a Guillermo López Lone (miembro de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula y Presidente de la AJD) y a Luis Alonso Chévez de la Rocha (Juez de Letras Contra la Violencia Doméstica en la ciudad de San Pedro Sula) les sancionaron por haber participado en manifestaciones contra el golpe de Estado. Por otra parte, a Ramón Barrios (miembro de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula) lo destituyeron por haber dictado una conferencia académica de la cual se emitió una nota periodística en la que cuestionaba, con argumentos jurídicos, la posición de la Corte Suprema de denominar sucesión constitucional al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya. Finalmente, a la magistrada de la Sala de Apelaciones de San Pedro Sula, Tirza Flores Lanza, la sancionaron por haber presentado un recurso de amparo constitucional en contra de la expatriación del Presidente Zelaya.
Cabe recordar que la Corte Suprema ha sido seriamente cuestionada por su actuar, sobre todo, a partir del Golpe de Estado cometido contra el entonces Presidente Zelaya el 28 de junio de 2009. Al respecto, el Informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACNUDH) reconoció que “la falta de independencia del poder judicial y la aplicación e interpretación desiguales y discriminatorias de la ley han sido evidentes. La Fiscalía, los jueces y la Corte Suprema de Justicia, en general, han apoyado a las autoridades de facto defendiendo medidas restrictivas a costa de la protección de los derechos humanos y del respeto del estado de derecho […].” Por ello, aunque la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la CIDH funge como una instancia complementaria a los sistemas nacionales de protección, en este caso, la falta de independencia e imparcialidad de la Corte Suprema de Justicia pone en entredicho la posibilidad de agotar alguna instancia judicial en Honduras.
Aunado a ello, la sanción por parte de la Corte Suprema viola el derecho a la asociación de los jueces, así como la libertad de expresión y reunión de los mismos. Todo ello se logra en virtud de una legislación ambigua que permite este y otro tipo de arbitrariedades en relación con funcionarios ejemplares que luchan contra la impunidad y la corrupción, y promueven la independencia judicial y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Adicionalmente la petición se presenta a un año de la ejecución de Isis Obed Murillo, primera muerte que produjo el golpe de Estado y cuya responsabilidad todavía no ha sido establecida por las autoridades competentes. En este sentido, la petición también pretende evidenciar algunas de las deficiencias estructurales del sistema de justicia hondureño, para así contribuir al establecimiento de medidas que garanticen una administración de justicia efectiva para el bien de todos y todas las hondureñas.
Tomando en cuenta la delicada situación en la que se encuentra Honduras, la AJD y CEJIL esperan que la CIDH se dirija al Estado hondureño con el fin de solicitarle explicaciones sobre el caso y, posteriormente, determine la responsabilidad internacional del Estado hondureño por las violaciones de derechos humanos antes mencionadas.
Para más información contactar a:
Guillermo López Lone, + (504) 9986-6565
Marcia Aguiluz, + (506) 2280 7473
Enlaces relacionados:
CEJIL condena despido de jueces críticos del golpe en Honduras. http://cejil.org/comunicados/cejil-condena-despido-de-jueces-criticos-del-golpe-en-honduras
Jueces despedidos en Honduras se declaran en huelga de hambre. http://cejil.org/comunicados/jueces-despedidos-en-honduras-se-declaran-en-huelga-de-hambre
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