Carlos H. Reyes: es “un asesinato político”
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa 12 de agosto de 2010. La dirigente campesina María Teresa Flores, desaparecida desde el pasado 07 de agosto, fue encontrada muerta, con señales de haber sido torturada y posteriormente ejecutada con disparos de arma de fuego.
Flores, madre de 14 hijos, formaba parte del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), anteriormente también fue directiva de Organización Campesina de Honduras (OCH).
El cadáver de la dirigente, fue encontrado en estado de putrefacción y con disparos y señales de haber sido torturada el día miércoles a las 10:00 de la mañana a unos 35 kilómetros de la ciudad de Siguatepeque, según versiones de familiares.
Flores había desparecido desde al Sábado 07 de Agosto al medio día, pues había salido de Tegucigalpa con destino a su casa a las 6:00 de la mañana, pero se comunicó con un compañero de un grupo campesino y le dijo que se encontraba en Siguatepeque esperando un auto-bus para su casa, desde entonces la familia no volvió a saber nada mas de ella hasta hoy que encontraron su cuerpo ya putrefacto, según el relato de la Periodista Mabel Márquez.
De acuerdo con la Periodista, la dirigente agraria, era coordinadora de varios grupos campesinos en el sector donde residía, en el departamento de Comayagua y era originaria del municipio de Meambar.
El año anterior esta compañera perdió 15 de sus familiares en un accidente automovilístico mientras regresaban del entierro de un pariente suyo.
Un asesinato político.
El dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular FNRP, Carlos H. Reyes, calificó la muerte de Flores, como “un asesinato político”, enmarcado en la represión que vive el país después del golpe de Estado.
Reyes cuestionó que “quienes tomas las decisiones (sobre el asesinato de dirigentes sociales), es al más alto nivel, asesorados por elementos claves de la embajada de los Estados Unidos”.
En los últimos meses se registra una serie de asesinatos y ejecuciones de personas, al grado que el país es catalogado como el más violento de mundo por una publicación Inglesa “The Econimist”.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, denunció hace pocos días, que existe una política de Estado de violación sistemática a los derechos humanos en Honduras.
viernes, 13 de agosto de 2010
martes, 10 de agosto de 2010
Peligroso que Estados Unidos aproveche influencia para cabildear retorno de Honduras a OEA
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa/Nueva York. 28 Julio 2010. "Estados Unidos está adoptando un enfoque peligroso en aprovechar su influencia para cabildear en favor de la normalización de las relaciones de la OEA", denunció el director ejecutivo de CCR Vicente Warren, en una declaración y carta abierta a la Secretaria del Departamento de Estado, Hillary Clinton, sobre readmitir Honduras en la OEA.
Estados Unidos premia a quienes hacen cambios violentos de gobierno.
El Director Ejecutivo del Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), Vincent Warren, expresó que el lobby de los Estados Unidos: “Recompensa el cambio, ilegal, antidemocrático y violento, de un régimen [ocurrido en Honduras], y debe ser abandonado".
Ningún estado de OEA debería normalizar relaciones con el régimen antidemocrático de Lobo.
Warren discrepa del informe presentado por Hillary Clinton sobre la situación en Honduras, y resume cuatro puntos que califica como “graves preocupaciones” sobre la situación actual en el país:
1. La situación de los derechos humanos en Honduras es grave, y ha seguido deteriorándose;
2. Las elecciones de noviembre fueron ampliamente criticadas. Ellas no fueron "libres y justas", como las ha caracterizado la secretaria Clinton;
3. La situación en Honduras, y los debates en torno a ella, han sido empañados por la penetrante desinformación sobre los acontecimientos que condujeron al golpe de Estado, sobre la encuesta pública que el Presidente Zelaya tenía previsto realizar, así como la supuesta legalidad de las acciones de los militares y el Congreso en su remoción [del presidente].
4. La Comisión de Verdad y Reconciliación, establecida por el gobierno de Lobo ha sido citado por Clinton como una señal de progreso en Honduras. Sin embargo, la legitimidad, el mandato, el alcance y la metodología de la Comisión ha sido cuestionado y criticado en toda Honduras y en las comunidades internacionales de derechos humanos.
Teniendo en cuenta estas preocupaciones, Warren juzga que: "Los Estados Unidos no debería apoyar la normalización de las relaciones con el régimen antidemocrático de Porfirio Lobo. Como tampoco ningún estado miembro de la OEA".
Antecedentes.
Después del golpe de Estado en junio de 2009, la OEA suspendió la adhesión de Honduras.
El 30 de julio de 2010, una Comisión de Alto Nivel, de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre Honduras, debería hacer recomendaciones a los demás Estados miembros de la OEA, respecto a la readmisión de Honduras en ese organismo continental.
La Comisión no realizó ninguna visita a Honduras, como se preveía, y escuchó, en Washington, al representante Arturo Corrales, del régimen de Porfirio Lobo, y a Rodolfo Pastor Fasquelle, comisionado por el presidente defenestrado por el golpe de Estado, Manuel Zelaya.
El Frente Nacional de Resistencia popular (FNRP), pidió a esa Comisión, que no hiciera ninguna recomendación sobre la readmisión de Honduras a la OEA, sin antes escuchar a todos los protagonistas, incluido el Frente.
De manera extraoficial, se ha divulgado que la OEA pospondría la reunión para escuchar el informe de la Comisión, el viernes 30.
No obstante, el vocero Corrales, del régimen de Lobo, aseguró a varios medios que el “informe está casi listo para reincorporar a Honduras”.
El CCR es una organización civil dedicada, hace más de 40años, al progreso y protección de los derechos garantizados por la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración Universal de Los Derechos Humanos. Ha recibido más de una decena de premios internacionales por su labor.
Tegucigalpa/Nueva York. 28 Julio 2010. "Estados Unidos está adoptando un enfoque peligroso en aprovechar su influencia para cabildear en favor de la normalización de las relaciones de la OEA", denunció el director ejecutivo de CCR Vicente Warren, en una declaración y carta abierta a la Secretaria del Departamento de Estado, Hillary Clinton, sobre readmitir Honduras en la OEA.
Estados Unidos premia a quienes hacen cambios violentos de gobierno.
El Director Ejecutivo del Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), Vincent Warren, expresó que el lobby de los Estados Unidos: “Recompensa el cambio, ilegal, antidemocrático y violento, de un régimen [ocurrido en Honduras], y debe ser abandonado".
Ningún estado de OEA debería normalizar relaciones con el régimen antidemocrático de Lobo.
Warren discrepa del informe presentado por Hillary Clinton sobre la situación en Honduras, y resume cuatro puntos que califica como “graves preocupaciones” sobre la situación actual en el país:
1. La situación de los derechos humanos en Honduras es grave, y ha seguido deteriorándose;
2. Las elecciones de noviembre fueron ampliamente criticadas. Ellas no fueron "libres y justas", como las ha caracterizado la secretaria Clinton;
3. La situación en Honduras, y los debates en torno a ella, han sido empañados por la penetrante desinformación sobre los acontecimientos que condujeron al golpe de Estado, sobre la encuesta pública que el Presidente Zelaya tenía previsto realizar, así como la supuesta legalidad de las acciones de los militares y el Congreso en su remoción [del presidente].
4. La Comisión de Verdad y Reconciliación, establecida por el gobierno de Lobo ha sido citado por Clinton como una señal de progreso en Honduras. Sin embargo, la legitimidad, el mandato, el alcance y la metodología de la Comisión ha sido cuestionado y criticado en toda Honduras y en las comunidades internacionales de derechos humanos.
Teniendo en cuenta estas preocupaciones, Warren juzga que: "Los Estados Unidos no debería apoyar la normalización de las relaciones con el régimen antidemocrático de Porfirio Lobo. Como tampoco ningún estado miembro de la OEA".
Antecedentes.
Después del golpe de Estado en junio de 2009, la OEA suspendió la adhesión de Honduras.
El 30 de julio de 2010, una Comisión de Alto Nivel, de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre Honduras, debería hacer recomendaciones a los demás Estados miembros de la OEA, respecto a la readmisión de Honduras en ese organismo continental.
La Comisión no realizó ninguna visita a Honduras, como se preveía, y escuchó, en Washington, al representante Arturo Corrales, del régimen de Porfirio Lobo, y a Rodolfo Pastor Fasquelle, comisionado por el presidente defenestrado por el golpe de Estado, Manuel Zelaya.
El Frente Nacional de Resistencia popular (FNRP), pidió a esa Comisión, que no hiciera ninguna recomendación sobre la readmisión de Honduras a la OEA, sin antes escuchar a todos los protagonistas, incluido el Frente.
De manera extraoficial, se ha divulgado que la OEA pospondría la reunión para escuchar el informe de la Comisión, el viernes 30.
No obstante, el vocero Corrales, del régimen de Lobo, aseguró a varios medios que el “informe está casi listo para reincorporar a Honduras”.
El CCR es una organización civil dedicada, hace más de 40años, al progreso y protección de los derechos garantizados por la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración Universal de Los Derechos Humanos. Ha recibido más de una decena de premios internacionales por su labor.
Los ataques contra opositores continuos propician un clima de intimidación
Julio 25, 2010
Escasos avances en derechos humanos luego a seis meses del gobierno de Lobo
(Washington DC) - A seis meses de que Porfirio Lobo asumió la presidencia, han habido avances muy limitados en Honduras para abordar las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde el golpe de estado de 2009, señaló hoy Human Rights Watch. Las amenazas y agresiones contra periodistas y opositores políticos han propiciado un clima de intimidación, mientras que la impunidad por estos abusos continúa siendo la regla.
"Los ataques violentos contra periodistas y opositores políticos han inhibido fuertemente el ejercicio de las libertades fundamentales en Honduras", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Cuando los periodistas dejan de transmitir noticias, los ciudadanos abandonan las actividades políticas y los jueces temen ser destituidos por sus sentencias, están en grave peligro los pilares de la democracia".
Human Rights Watch instó al gobierno hondureño a brindar protección a periodistas y miembros de la oposición política, a juzgar a los responsables de las violaciones de derechos humanos y a restablecer la independencia del poder judicial.
Un clima de intimidación
Al menos ocho periodistas y diez miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) -una organización política que se opuso al golpe de estado de 2009 y exigió la restitución del depuesto Presidente Manuel Zelaya- han sido asesinados desde que asumió el Presidente Lobo el 27 de enero de 2010.
Según fiscales entrevistados por Human Rights Watch, también aumentaron significativamente las amenazas contra periodistas y miembros de la oposición durante este período.
Por ejemplo, José Oswaldo Martínez, un periodista de Radio Uno en San Pedro Sula, informó a Human Rights Watch que había recibido varias amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y de correo electrónico, entre ellas una recibida en julio que anunciaba: "Como no dejes de hablar de ese perro Zelaya, te vamos a callar la boca de un balazo".
El 15 de junio, Luis Arturo Mondragón, director de noticias de Canal 19 en El Paraíso, fue asesinado a balazos al salir del canal. Aparentemente, había recibido amenazas de muerte por teléfono.
Oslin Obando Cáceres, un conductor de taxi de 22 años de la ciudad de Tela que participaba activamente en el FNRP, permanece desaparecido desde el 13 de junio y se teme que haya sido asesinado. En las semanas previas a su desaparición, Obando y su familia habían recibido varias amenazas de muerte vinculadas con sus actividades políticas.
En respuesta a estos y otros ataques y amenazas, durante la vigencia del actual gobierno la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado 26 medidas cautelares en favor de periodistas, miembros de la oposición política y sus familiares, y ha ordenado al gobierno hondureño que les garantice protección. Sin embargo, según señaló la Comisión en un informe de junio, los esfuerzos realizados por Honduras para implementar esas medidas han sido "escasos, tardíos, deficientes y, en algunos casos, nulos".
Como prueba del cumplimiento deficiente del gobierno, la Comisión citó el caso de Nahún Palacios, director de un canal de televisión en Tocoa, a quien se habían concedido medidas cautelares luego de recibir varias amenazas de muerte. Palacios fue asesinado por agresores no identificados el 14 de marzo mientras conducía hacia su vivienda, y la Comisión criticó duramente al gobierno hondureño por no haberle brindado protección. Varios periodistas y miembros del FNRP que cuentan con medidas cautelares manifestaron a Human Rights Watch que el gobierno no había tomado ninguna medida tendiente a protegerlos.
Las razones de los ataques contra determinados periodistas no siempre son evidentes; en algunos casos -pero no en todos- los ataques parecen estar vinculados con sus críticas al golpe de estado de 2009. No obstante, estas amenazas y ataques, sumados a la violencia contra la oposición política, han generado un clima de intimidación que inhibe fuertemente el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en Honduras, expresó Human Rights Watch.
Un periodista de radio relató a Human Rights Watch que en julio un colega renunció a su trabajo en la estación después de recibir varias amenazas de muerte por expresar su opinión política. De manera similar, una opositora política entrevistada por Human Rights Watch afirmó que se sintió obligada a abandonar sus actividades políticas luego de que en marzo ella y sus hijas fueron abordadas por hombres armados. Un miembro del FNRP que recibió un disparo en la pierna durante un intento de asesinato comentó a Human Rights Watch que también había abandonado su participación en actividades políticas a causa del ataque. En cada uno de estos casos, al igual que en muchos otros documentados por Human Rights Watch, los entrevistados pidieron que no se divulgaran sus nombres por temor a sufrir represalias.
Impunidad
La impunidad por los abusos cometidos luego del golpe de estado de 2009 no ha hecho más que agravar el clima de intimidación reinante en Honduras. Hasta el momento, no se ha condenado a ninguno de los responsables de los abusos documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos humanos locales e internacionales.
El 27 de enero, el gobierno aprobó un decreto de amnistía para los delitos políticos cometidos durante el golpe de 2009. Si bien el decreto prohíbe expresamente la amnistía para las violaciones de derechos humanos, el lenguaje ambiguo de la norma -en particular en relación con la amnistía por los delitos de abuso de autoridad- deja abierta la posibilidad de una aplicación excesivamente amplia. Honduras es parte de varios tratados internacionales de derechos humanos que imponen la obligación de investigar y juzgar adecuadamente a los perpetradores y que garantizan a las víctimas un recurso legal efectivo, como el derecho a la justicia, la verdad y a una reparación adecuada.
Si bien la creación este año de una Fiscalía Especial de Derechos Humanos constituyó una medida positiva, los fiscales señalaron a Human Rights Watch que la fiscalía no cuenta con los recursos ni el personal necesarios para investigar la enorme cantidad de denuncias recibidas. Asimismo, las víctimas y los testigos de los ataques a menudo prefieren mantener silencio para resguardar su seguridad y la de sus familias, y esto contribuye a obstaculizar las investigaciones.
Destitución de jueces
La destitución en mayo de cuatro jueces de tribunales inferiores que cuestionaron la legalidad del golpe de estado de 2009 ha debilitado gravemente la credibilidad del poder judicial hondureño.
La Corte Suprema destituyó al Juez Ramón Barrios luego de que se opusiera públicamente una sentencia dictada en junio por dicho tribunal en la cual validaba el golpe. El juez Guillermo López Lone, presidente de Jueces por la Democracia, y el juez Luis Chévez de la Rocha fueron apartados de sus cargos por participar en manifestaciones públicas que exigían la restitución de Zelaya en el poder. La Jueza Thirza Flores Lanza fue destituida por haber presentado dos amparos en favor de Zelaya.
El 28 de junio, estos jueces presentaron escritos de impugnación ante el Consejo de la Carrera Judicial, un órgano revisor designado por la Corte Suprema, y han presentado apelaciones ante el Sistema Interamericano para que revea su caso.
El Juez López expresó a Human Rights Watch que, desde su destitución, varios jueces le han comentado confidencialmente que el temor a ser destituidos por el gobierno influye en sus decisiones judiciales. Un fiscal de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos comentó que otros fiscales también habían expresado esta preocupación.
"Los avances para restablecer el estado de derecho en Honduras desde el golpe de estado han sido muy limitados" afirmó Vivanco. "El gobierno debería proteger a los periodistas y miembros de la oposición política que reciben amenazas, impulsar la investigación y el juzgamiento activos de los abusos y reafirmar la independencia de los jueces".
Fuente: http://www.hrw.org/es/news/2010/07/29/honduras-los-ataques-contra-periodistas-y-opositores-continuos-propician-un-clima-de
Escasos avances en derechos humanos luego a seis meses del gobierno de Lobo
(Washington DC) - A seis meses de que Porfirio Lobo asumió la presidencia, han habido avances muy limitados en Honduras para abordar las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde el golpe de estado de 2009, señaló hoy Human Rights Watch. Las amenazas y agresiones contra periodistas y opositores políticos han propiciado un clima de intimidación, mientras que la impunidad por estos abusos continúa siendo la regla.
"Los ataques violentos contra periodistas y opositores políticos han inhibido fuertemente el ejercicio de las libertades fundamentales en Honduras", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Cuando los periodistas dejan de transmitir noticias, los ciudadanos abandonan las actividades políticas y los jueces temen ser destituidos por sus sentencias, están en grave peligro los pilares de la democracia".
Human Rights Watch instó al gobierno hondureño a brindar protección a periodistas y miembros de la oposición política, a juzgar a los responsables de las violaciones de derechos humanos y a restablecer la independencia del poder judicial.
Un clima de intimidación
Al menos ocho periodistas y diez miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) -una organización política que se opuso al golpe de estado de 2009 y exigió la restitución del depuesto Presidente Manuel Zelaya- han sido asesinados desde que asumió el Presidente Lobo el 27 de enero de 2010.
Según fiscales entrevistados por Human Rights Watch, también aumentaron significativamente las amenazas contra periodistas y miembros de la oposición durante este período.
Por ejemplo, José Oswaldo Martínez, un periodista de Radio Uno en San Pedro Sula, informó a Human Rights Watch que había recibido varias amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y de correo electrónico, entre ellas una recibida en julio que anunciaba: "Como no dejes de hablar de ese perro Zelaya, te vamos a callar la boca de un balazo".
El 15 de junio, Luis Arturo Mondragón, director de noticias de Canal 19 en El Paraíso, fue asesinado a balazos al salir del canal. Aparentemente, había recibido amenazas de muerte por teléfono.
Oslin Obando Cáceres, un conductor de taxi de 22 años de la ciudad de Tela que participaba activamente en el FNRP, permanece desaparecido desde el 13 de junio y se teme que haya sido asesinado. En las semanas previas a su desaparición, Obando y su familia habían recibido varias amenazas de muerte vinculadas con sus actividades políticas.
En respuesta a estos y otros ataques y amenazas, durante la vigencia del actual gobierno la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado 26 medidas cautelares en favor de periodistas, miembros de la oposición política y sus familiares, y ha ordenado al gobierno hondureño que les garantice protección. Sin embargo, según señaló la Comisión en un informe de junio, los esfuerzos realizados por Honduras para implementar esas medidas han sido "escasos, tardíos, deficientes y, en algunos casos, nulos".
Como prueba del cumplimiento deficiente del gobierno, la Comisión citó el caso de Nahún Palacios, director de un canal de televisión en Tocoa, a quien se habían concedido medidas cautelares luego de recibir varias amenazas de muerte. Palacios fue asesinado por agresores no identificados el 14 de marzo mientras conducía hacia su vivienda, y la Comisión criticó duramente al gobierno hondureño por no haberle brindado protección. Varios periodistas y miembros del FNRP que cuentan con medidas cautelares manifestaron a Human Rights Watch que el gobierno no había tomado ninguna medida tendiente a protegerlos.
Las razones de los ataques contra determinados periodistas no siempre son evidentes; en algunos casos -pero no en todos- los ataques parecen estar vinculados con sus críticas al golpe de estado de 2009. No obstante, estas amenazas y ataques, sumados a la violencia contra la oposición política, han generado un clima de intimidación que inhibe fuertemente el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en Honduras, expresó Human Rights Watch.
Un periodista de radio relató a Human Rights Watch que en julio un colega renunció a su trabajo en la estación después de recibir varias amenazas de muerte por expresar su opinión política. De manera similar, una opositora política entrevistada por Human Rights Watch afirmó que se sintió obligada a abandonar sus actividades políticas luego de que en marzo ella y sus hijas fueron abordadas por hombres armados. Un miembro del FNRP que recibió un disparo en la pierna durante un intento de asesinato comentó a Human Rights Watch que también había abandonado su participación en actividades políticas a causa del ataque. En cada uno de estos casos, al igual que en muchos otros documentados por Human Rights Watch, los entrevistados pidieron que no se divulgaran sus nombres por temor a sufrir represalias.
Impunidad
La impunidad por los abusos cometidos luego del golpe de estado de 2009 no ha hecho más que agravar el clima de intimidación reinante en Honduras. Hasta el momento, no se ha condenado a ninguno de los responsables de los abusos documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos humanos locales e internacionales.
El 27 de enero, el gobierno aprobó un decreto de amnistía para los delitos políticos cometidos durante el golpe de 2009. Si bien el decreto prohíbe expresamente la amnistía para las violaciones de derechos humanos, el lenguaje ambiguo de la norma -en particular en relación con la amnistía por los delitos de abuso de autoridad- deja abierta la posibilidad de una aplicación excesivamente amplia. Honduras es parte de varios tratados internacionales de derechos humanos que imponen la obligación de investigar y juzgar adecuadamente a los perpetradores y que garantizan a las víctimas un recurso legal efectivo, como el derecho a la justicia, la verdad y a una reparación adecuada.
Si bien la creación este año de una Fiscalía Especial de Derechos Humanos constituyó una medida positiva, los fiscales señalaron a Human Rights Watch que la fiscalía no cuenta con los recursos ni el personal necesarios para investigar la enorme cantidad de denuncias recibidas. Asimismo, las víctimas y los testigos de los ataques a menudo prefieren mantener silencio para resguardar su seguridad y la de sus familias, y esto contribuye a obstaculizar las investigaciones.
Destitución de jueces
La destitución en mayo de cuatro jueces de tribunales inferiores que cuestionaron la legalidad del golpe de estado de 2009 ha debilitado gravemente la credibilidad del poder judicial hondureño.
La Corte Suprema destituyó al Juez Ramón Barrios luego de que se opusiera públicamente una sentencia dictada en junio por dicho tribunal en la cual validaba el golpe. El juez Guillermo López Lone, presidente de Jueces por la Democracia, y el juez Luis Chévez de la Rocha fueron apartados de sus cargos por participar en manifestaciones públicas que exigían la restitución de Zelaya en el poder. La Jueza Thirza Flores Lanza fue destituida por haber presentado dos amparos en favor de Zelaya.
El 28 de junio, estos jueces presentaron escritos de impugnación ante el Consejo de la Carrera Judicial, un órgano revisor designado por la Corte Suprema, y han presentado apelaciones ante el Sistema Interamericano para que revea su caso.
El Juez López expresó a Human Rights Watch que, desde su destitución, varios jueces le han comentado confidencialmente que el temor a ser destituidos por el gobierno influye en sus decisiones judiciales. Un fiscal de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos comentó que otros fiscales también habían expresado esta preocupación.
"Los avances para restablecer el estado de derecho en Honduras desde el golpe de estado han sido muy limitados" afirmó Vivanco. "El gobierno debería proteger a los periodistas y miembros de la oposición política que reciben amenazas, impulsar la investigación y el juzgamiento activos de los abusos y reafirmar la independencia de los jueces".
Fuente: http://www.hrw.org/es/news/2010/07/29/honduras-los-ataques-contra-periodistas-y-opositores-continuos-propician-un-clima-de
lunes, 9 de agosto de 2010
Acción urgente de Amnistía Internacional
Una defensora de los derechos humanos hondureña ha recibido un mensaje amenazador de correo electrónico y una serie de llamadas telefónicas anónimas. Amnistía Internacional cree que su vida puede correr peligro.
Al atardecer del 17 de julio, Gladys Lanza, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, recibió un correo electrónico que tenía como asunto: “Hola vieja puta!!!”. Parte del correo decía: “Ahorita te caemos, vieja ignorante!!! […] Billy Joya Amendola renovado”. Muchas personas en Honduras tienen miedo de Billy Joya, a causa de sus presuntas actividades con el Batallón 3-16, unidad hondureña de inteligencia militar que cometió violaciones de derechos humanos en la década de 1980. El correo llevaba anexas seis fotografías: una imagen de Billy Joya, un gatito con un rifle telescópico, una extraña comitiva funeraria encabezada por hombres con uniformes de presidiario, un reloj con la hora 10:12, y dos fotografías de Gladys Lanza. Tres horas antes, Gladys Lanza había participado en un programa radiofónico producido por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en el que condenó el resurgir del militarismo en Honduras y los planes para que el gobierno estadounidense establezca nuevas bases militares en el país.
Durante el programa, en el que distintos invitados hablaron del mismo tema y mencionaron también cuestiones generales sobre los derechos humanos en Honduras, se envió al programa un mensaje de texto que decía: “Ustedes comunistas son los que kieren patadas por mentirosos”.
A lo largo del mes de junio, Gladys Lanza recibió en su móvil cuatro llamadas diferentes, y en todas ellas se oía una respiración fuerte. Durante el mes de julio se siguieron recibiendo llamadas del mismo número, pero Gladys Lanza dejó de responderlas.
El 24 de julio de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIADH) pidió a las autoridades hondureñas que protegieran a Gladys Lanza. Las autoridades hondureñas no han cumplido esta orden de manera efectiva. No se han cumplido las promesas de mantener reuniones periódicas con Gladys Lanza y de organizar patrullas policiales en torno a las oficinas de Visitación Padilla, lo que pone a Gladys Lanza en peligro.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas y el acoso contra Gladys Lanza;
- instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para cumplir plenamente la orden dictada por la CIADH el 24 de julio de 2009; la protección proporcionada a Gladys Lanza debe ser acordada con ella, y conforme a sus propios deseos;
- recordando a las autoridades que los defensores y defensoras de los derechos humanos tienen derecho a llevar a cabo sus actividades sin restricciones injustas ni temor a represalias, conforme establece la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010 A:
Sr. Porfirio Lobo Sosa
Presidente de la República
Casa Presidencial
Boulevard Juan Pablo Segundo
Palacio José Cecilio del Valle
Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 239 3298
Tratamiento: Sr. Presidente
Sr. Luis Alberto Rubí
Fiscal General de la República
Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana
Edificio Lomas Plaza II
Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 221 5667
Tratamiento: Sr. Fiscal General
Y copia a:
ONG
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Barrio La Plazuela, Avenida Cervantes, Casa No. 1301
Apartado Postal 1243
Tegucigalpa, HONDURAS
Fax: +504 220 5280 (digan: “tono de fax, por favor”)
Envíen también copia a la representación diplomática de Honduras acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
INFORMACIÓN ADICIONAL
El Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla es una organización de derechos humanos que trabaja para promover y defender los derechos de las mujeres. Visitación Padilla fue una de las muchas organizaciones de mujeres de Honduras que se opuso de forma activa y visible al golpe de Estado de junio de 2009.
En octubre de 2009, el programa de radio “Entre Chonas”, producido por Visitación Padilla, fue cancelado por la gerencia de la emisora que lo transmitía. Según la gerencia, el programa violaba un decreto presidencial de emergencia emitido por el gobierno de facto, ya que, según ellos, no promovía la paz y desacreditaba el proceso electoral de noviembre de 2009.
El 9 de marzo de 2010, varias integrantes de Visitación Padilla se dirigían a un acto que habían organizado con motivo del Día Internacional de la Mujer, para protestar por el homicidio de mujeres en Honduras y por la impunidad que suele rodear esos crímenes. A las doce del mediodía, una integrante de Visitación Padilla aparcó el auto de la organización ante sus oficinas mientras entraba dentro a recoger los materiales y el equipo que necesitaban para el acto. Cuando, a las doce y media, ella y sus colegas volvieron al automóvil y arrancaron, se dieron cuenta de que algo le sucedía al vehículo. Lo llevaron a un mecánico, quien les dijo que alguien había cortado deliberadamente uno de los neumáticos.
Muchas personas en Honduras tienen miedo de Billy Joya, a causa de sus presuntas actividades con el Batallón 3-16, unidad hondureña de inteligencia militar que, en la década de 1980, persiguió a sospechosos políticos y los secuestró, detuvo, torturó y asesinó.
AU: 170/10 Índice: AMR 37/012/2010 Fecha de emisión: 4 de agosto de 2010
Al atardecer del 17 de julio, Gladys Lanza, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, recibió un correo electrónico que tenía como asunto: “Hola vieja puta!!!”. Parte del correo decía: “Ahorita te caemos, vieja ignorante!!! […] Billy Joya Amendola renovado”. Muchas personas en Honduras tienen miedo de Billy Joya, a causa de sus presuntas actividades con el Batallón 3-16, unidad hondureña de inteligencia militar que cometió violaciones de derechos humanos en la década de 1980. El correo llevaba anexas seis fotografías: una imagen de Billy Joya, un gatito con un rifle telescópico, una extraña comitiva funeraria encabezada por hombres con uniformes de presidiario, un reloj con la hora 10:12, y dos fotografías de Gladys Lanza. Tres horas antes, Gladys Lanza había participado en un programa radiofónico producido por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en el que condenó el resurgir del militarismo en Honduras y los planes para que el gobierno estadounidense establezca nuevas bases militares en el país.
Durante el programa, en el que distintos invitados hablaron del mismo tema y mencionaron también cuestiones generales sobre los derechos humanos en Honduras, se envió al programa un mensaje de texto que decía: “Ustedes comunistas son los que kieren patadas por mentirosos”.
A lo largo del mes de junio, Gladys Lanza recibió en su móvil cuatro llamadas diferentes, y en todas ellas se oía una respiración fuerte. Durante el mes de julio se siguieron recibiendo llamadas del mismo número, pero Gladys Lanza dejó de responderlas.
El 24 de julio de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIADH) pidió a las autoridades hondureñas que protegieran a Gladys Lanza. Las autoridades hondureñas no han cumplido esta orden de manera efectiva. No se han cumplido las promesas de mantener reuniones periódicas con Gladys Lanza y de organizar patrullas policiales en torno a las oficinas de Visitación Padilla, lo que pone a Gladys Lanza en peligro.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas y el acoso contra Gladys Lanza;
- instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para cumplir plenamente la orden dictada por la CIADH el 24 de julio de 2009; la protección proporcionada a Gladys Lanza debe ser acordada con ella, y conforme a sus propios deseos;
- recordando a las autoridades que los defensores y defensoras de los derechos humanos tienen derecho a llevar a cabo sus actividades sin restricciones injustas ni temor a represalias, conforme establece la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010 A:
Sr. Porfirio Lobo Sosa
Presidente de la República
Casa Presidencial
Boulevard Juan Pablo Segundo
Palacio José Cecilio del Valle
Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 239 3298
Tratamiento: Sr. Presidente
Sr. Luis Alberto Rubí
Fiscal General de la República
Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana
Edificio Lomas Plaza II
Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 221 5667
Tratamiento: Sr. Fiscal General
Y copia a:
ONG
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Barrio La Plazuela, Avenida Cervantes, Casa No. 1301
Apartado Postal 1243
Tegucigalpa, HONDURAS
Fax: +504 220 5280 (digan: “tono de fax, por favor”)
Envíen también copia a la representación diplomática de Honduras acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
INFORMACIÓN ADICIONAL
El Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla es una organización de derechos humanos que trabaja para promover y defender los derechos de las mujeres. Visitación Padilla fue una de las muchas organizaciones de mujeres de Honduras que se opuso de forma activa y visible al golpe de Estado de junio de 2009.
En octubre de 2009, el programa de radio “Entre Chonas”, producido por Visitación Padilla, fue cancelado por la gerencia de la emisora que lo transmitía. Según la gerencia, el programa violaba un decreto presidencial de emergencia emitido por el gobierno de facto, ya que, según ellos, no promovía la paz y desacreditaba el proceso electoral de noviembre de 2009.
El 9 de marzo de 2010, varias integrantes de Visitación Padilla se dirigían a un acto que habían organizado con motivo del Día Internacional de la Mujer, para protestar por el homicidio de mujeres en Honduras y por la impunidad que suele rodear esos crímenes. A las doce del mediodía, una integrante de Visitación Padilla aparcó el auto de la organización ante sus oficinas mientras entraba dentro a recoger los materiales y el equipo que necesitaban para el acto. Cuando, a las doce y media, ella y sus colegas volvieron al automóvil y arrancaron, se dieron cuenta de que algo le sucedía al vehículo. Lo llevaron a un mecánico, quien les dijo que alguien había cortado deliberadamente uno de los neumáticos.
Muchas personas en Honduras tienen miedo de Billy Joya, a causa de sus presuntas actividades con el Batallón 3-16, unidad hondureña de inteligencia militar que, en la década de 1980, persiguió a sospechosos políticos y los secuestró, detuvo, torturó y asesinó.
AU: 170/10 Índice: AMR 37/012/2010 Fecha de emisión: 4 de agosto de 2010
Posibles ejecuciones extrajudiciales/ Temor por impunidad
El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura
(OMCT) solicita su intervención MUY URGENTE ante la siguiente situación en
Honduras.
Descripción de la situación
El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con grave preocupación informaciones del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), organización miembro de la red SOS Tortura de la OMCT, sobre el asesinato del Sr. Marco Tulio Amaya, abogado y miembro activo del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) como coordinador del Frente de Abogados Contra el Golpe de Estado, en hechos ocurridos el 20 de julio de 2010 en el departamento de El Paraíso. En los mismos hechos también murieron dos defendidos por el Sr. Marco Tulio Amaya, el Sr. Emilio Herrera y la Sra. Mara Leslie Hernández Alemán y resultó gravemente herido otro de sus defendidos, el Sr. Sergio Garibaldi Elvir.
De acuerdo con las informaciones recibidas, el 20 de julio 2010 hacia las
4:00 pm, el Sr. Marco Tulio Amaya, quien estaba acompañado por tres de sus defendidos, los Sres. Emilio Herrera, Sergio Garibaldi Elvir y la Sra. Mara Leslie Hernández Alemán, viajaba en su carro en la carretera que va del municipio de Ojo de
Agua, en el departamento de El Paraíso, a la Villa de San Francisco, cuando fue disparado por individuos no identificados fuertemente armados. Los Sres. Marco Tulio Amaya, Emilio Herrera y la Sra. Mara Leslie Hernández Alemán fallecieron al instante. El Sr. Sergio Garibaldi Elvir resultó gravemente herido y fue luego trasladado de emergencia a Tegucigalpa.
Según las mismas informaciones, en el momento de los hechos, el Sr. Marco Tulio Amaya regresaba a Tegucigalpa al concluir una audiencia en el juzgado de Danlí en la cual salieron favorecidos sus defendidos, quienes estaban acusados de lavado de activos. Se supone que el Sr. Marco Tulio Amaya, al enterarse que estaban siendo seguidos desde la salida de Danlí por varios individuos que se desplazaban en un
vehículo, salió de la carretera a la altura del desvío a Ojo de Agua, pero a unos cinco kilómetros sobre la carretera de tierra fueron alcanzados por los individuos que empezaron a dispárales.
Según las hipótesis presentadas por la policía, el asesinato del Sr. Marco Tulio Amaya estaría vinculado al crimen organizado. Sin embargo, de acuerdo con las mismas informaciones, hasta la fecha, la policía no ha considerado la posibilidad de que el Sr. Marco Tulio Amaya haya sido asesinado por sus actividades en el marco del Frente de Abogados Contra el Golpe de Estado. Según las informaciones, el Sr. Marco Tulio Amaya defendió a varios perseguidos políticos, imputados por manifestarse en contra del golpe de Estado, durante el régimen de facto del Presidente Roberto Micheletti.
El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su seria preocupación respecto al asesinato del Sr. Marco Tulio Amaya. La OMCT recuerda a las autoridades que tienen que cumplir con sus obligaciones que emanan del derecho internacional de derechos humanos de hacer respectar el derecho a la vida y de llevar ante la justicia a los responsables.
En consecuencia, la OMCT llama a las autoridades competentes a realizar una investigación rápida, efectiva, exhaustiva, independiente e imparcial acerca de los hechos arriba mencionados conforme a las normas nacionales e internacionales de
derechos humanos, tales como los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias de las Naciones Unidas, cuyo resultado debe ser hecho público, con el fin de llevar a aquellos responsable ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley.
Acción solicitada
Favor escribir a las autoridades hondureñas urgiéndolas a: i. tomar de manera urgente las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Sergio Garibaldi Elvir; ii. llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a todos los hechos arriba denunciados conforme a las normas nacionales e internacionales de derechos humanos, tales como los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias de las Naciones Unidas, cuyos resultados se hagan públicos, con el fin de
identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal independiente, competente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley; iii. asegurar que se le garantice al Sr. Sergio Garibaldi Elvir y a las familia del Sres. Marco Tulio Amaya, Emilio Herrera y la Sra. Mara Leslie Hernández Alemán un recurso efectivo, incluido el derecho a una completa reparación con una compensación; iv. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, de los cuales Honduras es Estado parte.
Direcciones
_ Sra. Embajadora Gracibel Bu Figueroa, Misión Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra, 13, Chemin de Taverney, 1218, Grand-Saconnex. FAX: + 41 22 710 07 66, Email: mission.honduras@ties.itu.int; mhonduras.onug@gmail.com
_ Sr. Porfirio Lobo Sosa, Presidente de la República, Casa Presidencial, Boulevard Juan Pablo Segundo, Palacio José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, Honduras, Fax: + 504 232 1666
_ Sr. Luis Alberto Rubí, Fiscal General de la República, Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana, Edificio Lomas Plaza II, Tegucigalpa, Honduras, Fax: + 504 221 5667
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Honduras en sus respectivos países.
Ginebra, 28 de julio de 2010
Les agradecemos que nos informen acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código delpresente llamado en su respuesta.
(OMCT) solicita su intervención MUY URGENTE ante la siguiente situación en
Honduras.
Descripción de la situación
El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con grave preocupación informaciones del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), organización miembro de la red SOS Tortura de la OMCT, sobre el asesinato del Sr. Marco Tulio Amaya, abogado y miembro activo del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) como coordinador del Frente de Abogados Contra el Golpe de Estado, en hechos ocurridos el 20 de julio de 2010 en el departamento de El Paraíso. En los mismos hechos también murieron dos defendidos por el Sr. Marco Tulio Amaya, el Sr. Emilio Herrera y la Sra. Mara Leslie Hernández Alemán y resultó gravemente herido otro de sus defendidos, el Sr. Sergio Garibaldi Elvir.
De acuerdo con las informaciones recibidas, el 20 de julio 2010 hacia las
4:00 pm, el Sr. Marco Tulio Amaya, quien estaba acompañado por tres de sus defendidos, los Sres. Emilio Herrera, Sergio Garibaldi Elvir y la Sra. Mara Leslie Hernández Alemán, viajaba en su carro en la carretera que va del municipio de Ojo de
Agua, en el departamento de El Paraíso, a la Villa de San Francisco, cuando fue disparado por individuos no identificados fuertemente armados. Los Sres. Marco Tulio Amaya, Emilio Herrera y la Sra. Mara Leslie Hernández Alemán fallecieron al instante. El Sr. Sergio Garibaldi Elvir resultó gravemente herido y fue luego trasladado de emergencia a Tegucigalpa.
Según las mismas informaciones, en el momento de los hechos, el Sr. Marco Tulio Amaya regresaba a Tegucigalpa al concluir una audiencia en el juzgado de Danlí en la cual salieron favorecidos sus defendidos, quienes estaban acusados de lavado de activos. Se supone que el Sr. Marco Tulio Amaya, al enterarse que estaban siendo seguidos desde la salida de Danlí por varios individuos que se desplazaban en un
vehículo, salió de la carretera a la altura del desvío a Ojo de Agua, pero a unos cinco kilómetros sobre la carretera de tierra fueron alcanzados por los individuos que empezaron a dispárales.
Según las hipótesis presentadas por la policía, el asesinato del Sr. Marco Tulio Amaya estaría vinculado al crimen organizado. Sin embargo, de acuerdo con las mismas informaciones, hasta la fecha, la policía no ha considerado la posibilidad de que el Sr. Marco Tulio Amaya haya sido asesinado por sus actividades en el marco del Frente de Abogados Contra el Golpe de Estado. Según las informaciones, el Sr. Marco Tulio Amaya defendió a varios perseguidos políticos, imputados por manifestarse en contra del golpe de Estado, durante el régimen de facto del Presidente Roberto Micheletti.
El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su seria preocupación respecto al asesinato del Sr. Marco Tulio Amaya. La OMCT recuerda a las autoridades que tienen que cumplir con sus obligaciones que emanan del derecho internacional de derechos humanos de hacer respectar el derecho a la vida y de llevar ante la justicia a los responsables.
En consecuencia, la OMCT llama a las autoridades competentes a realizar una investigación rápida, efectiva, exhaustiva, independiente e imparcial acerca de los hechos arriba mencionados conforme a las normas nacionales e internacionales de
derechos humanos, tales como los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias de las Naciones Unidas, cuyo resultado debe ser hecho público, con el fin de llevar a aquellos responsable ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley.
Acción solicitada
Favor escribir a las autoridades hondureñas urgiéndolas a: i. tomar de manera urgente las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Sergio Garibaldi Elvir; ii. llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a todos los hechos arriba denunciados conforme a las normas nacionales e internacionales de derechos humanos, tales como los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias de las Naciones Unidas, cuyos resultados se hagan públicos, con el fin de
identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal independiente, competente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley; iii. asegurar que se le garantice al Sr. Sergio Garibaldi Elvir y a las familia del Sres. Marco Tulio Amaya, Emilio Herrera y la Sra. Mara Leslie Hernández Alemán un recurso efectivo, incluido el derecho a una completa reparación con una compensación; iv. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, de los cuales Honduras es Estado parte.
Direcciones
_ Sra. Embajadora Gracibel Bu Figueroa, Misión Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra, 13, Chemin de Taverney, 1218, Grand-Saconnex. FAX: + 41 22 710 07 66, Email: mission.honduras@ties.itu.int; mhonduras.onug@gmail.com
_ Sr. Porfirio Lobo Sosa, Presidente de la República, Casa Presidencial, Boulevard Juan Pablo Segundo, Palacio José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, Honduras, Fax: + 504 232 1666
_ Sr. Luis Alberto Rubí, Fiscal General de la República, Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana, Edificio Lomas Plaza II, Tegucigalpa, Honduras, Fax: + 504 221 5667
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Honduras en sus respectivos países.
Ginebra, 28 de julio de 2010
Les agradecemos que nos informen acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código delpresente llamado en su respuesta.
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