Con las mismas técnicas de la dictadura de Roberto Micheletti, el régimen de Porfirio Lobo Sosa, quiso terminar con las acciones movilizadoras de la resistencia en todo el país, a fuerza de toletes, rifles, gases lacrimógenos y un despliegue militar-policial solo visto en la década de los ochenta, con la implementación de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
Al régimen no le bastó la represión brutal contra miles de manifestantes en San Pedro sula, lo que dejó decenas de personas golpeadas, muchas aún en los hospitales. También procedió a intimidar a través de la fuerza represiva a la resistencia de Tocoa y Siguatepeque.
Sin embargo la represión tiene un efecto opuesto al que pretende el régimen, a mayor represión menos control y más movilizaciones de la resistencia, lo que denota un accionar torpe de Lobo Sosa.
Cuatro días antes, el pasado 11 de septiembre, Lobo Sosa se reunió con el embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens, sin que trascendiera el motivo y generando suspicacias por la cercanía a las movilizaciones de la resistencia en todo el país.
Fuera represiva combinada
En el caso de Tocoa, fue a las 11 de la mañana que policías y militares colocaron una valla para no dejar pasar la manifestación, pero como la fuerza popular les sobrepasaba, después de varios minutos de hostilidades, no tuvieron otra opción que ver la movilización, una de las más concurridas, según reportes de la zona.
Mientras tanto en Siguatepeque, sucedió a eso de las siete de la noche, cuando se desarrollaba en la plaza de ese municipio, un concierto donde estaba cantando Karla Lara, hasta allí llegaron las fuerzas represivas a intimidar a centenares de personas que llegaron a escuchar a Karla. Supuestamente el objetivo era destruir el equipo de sonido de Artistas en Resistencia, tal como lo hicieron en San Pedro Sula con el de Café Guancasco. Las acciones de intimidación duraron unos 40 minutos, rodearon la zona y después se marcharon.
Mientras en la capital el régimen desplazó reservistas del ejército, militares retirados, policías, así como hombres de civil en carros sin placas, la intención sembrar el miedo en la población. El desfile oficial que se desplazó desde el Boulevard Suyapa hasta el Estadio Nacional, estaba completamente militarizado, a cada cuadra se encontraban militares y policías.
En las vísperas de la gran movilización de la resistencia en distintos departamentos del país sucedieron hechos atentatarios a la vida de Otilia Deras, esposa del dirigente social, Herminio Deras, asesinado en los 80. Hombres armados llegaron a su residencia en Sab Pedro Sula, procedieron a cortar la alarma y los cables del teléfono, para después amarrar a toda la familia. esta es la segunda vez que sucede un hecho parecido, el anterior fue en el mes de marzo de este año.
Mientras la noche del 14 de septiembre, hombres agazapados a eso de las 11 y 30 de la noche, estaban a inmediaciones de la casa del periodista Luís Galdamez, quien tiene un programa en Radio Globo, le dispararon en varias ocasiones, entraron al patio de su vivienda, pero como repelió el fuego, los desconocidos huyeron en un vehículo sin placas.
Aunque el comunicador tiene medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, la policías llegó despúes de una hora con 30 minutos, según el relato de Galdamez.
En la víspera de la gran movilización popular de este 15 de septiembre, otros miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, denunciaron amenazas a Muerte a través de mensajitos de texto por su celular, tal es el caso de Fabricio Herrera, quien señaló que su esposa estaba siendo amenazada y hombres desconocidos llegaban a su puesto de trabajo a fotografiarlo.
Fuente: www.defensoresenlinea.com
jueves, 16 de septiembre de 2010
Régimen reprime marcha pacífica En San Pedro Sula
Una manifestación pacífica fue reprimida brutalmente por policías y militares. Decenas de personas han sido detenidas y golpeadas. Radio Uno fue atacada con gases lacrimógenos y los uniformados dejaron inconsciente de los golpes a Ernesto Bardales, defensor de derechos humanos.
La ex diputada Orfilia Mejía denunció que cuando venía en su carro los policías le lanzaron gases lacrimógenos donde traía dos niños los que fueron golpeados.
Decenas de estudiantes fueron salvajemente golpeados y las bandas de guerra de los colegios públicos que participaban en la marcha de la resistencia fueron destruidas y el equipo de Café Guancasco también fue destruido y le lanzaron gas pimienta a sus integrantes.
La marcha venía seguida por tanquetas y pelotones de elementos COBRAS que cuando la movilización llegó al barrio El Benque donde está Radio Uno inició la represión.
En las afueras de Radio Uno hay vidrios quebrados por todos lados y hasta dentadura de personas que fueron golpeadas. Se denuncia que hay muchos niños y niñas que han sido llevados a los hospitales.
Karen Mejía de Artistas en Resistencia estaba dirigiendo el evento, tiraron dos bombas lacrimógenas al escenario, “esto es un ataque contra el pueblo hondureño y contra el arte que libera y educa, destruyeron nuestro equipo de sonido llenándolo de agua, esto es un crimen”, dijo Mejía.
Mejìa relató que los policías destruyeron la estatua del presidente Manuel Zelaya Rosales, “ellos se miraban con mucho odio y por todos lados había gente desmayada en las calles quienes también fueron golpeadas, las postas están inundadas de personas, muchas fueron detenidas solo porque vestían una camiseta de la resistencia”, señaló.
Arnulfo Aguilar, director de Radio Uno denunció que un policía que tenía el chaleco con el número 60 y que se conducía en la motocicleta número 211 enchachó al dueño de un vehículo por el solo hecho de llevar dos banderas del Frente Nacional de Resistencia Popular y fue llevado detenido.
Los cuadros son desgarradores, hay una cacería humana en el centro de San Pedro Sula, porque los policías y militares persiguen a la gente y hay muchas personas desaparecidas, según denuncia de sus familiares a través Radio Uno.
Fuente: www.defensoresenlinea.com
La ex diputada Orfilia Mejía denunció que cuando venía en su carro los policías le lanzaron gases lacrimógenos donde traía dos niños los que fueron golpeados.
Decenas de estudiantes fueron salvajemente golpeados y las bandas de guerra de los colegios públicos que participaban en la marcha de la resistencia fueron destruidas y el equipo de Café Guancasco también fue destruido y le lanzaron gas pimienta a sus integrantes.
La marcha venía seguida por tanquetas y pelotones de elementos COBRAS que cuando la movilización llegó al barrio El Benque donde está Radio Uno inició la represión.
En las afueras de Radio Uno hay vidrios quebrados por todos lados y hasta dentadura de personas que fueron golpeadas. Se denuncia que hay muchos niños y niñas que han sido llevados a los hospitales.
Karen Mejía de Artistas en Resistencia estaba dirigiendo el evento, tiraron dos bombas lacrimógenas al escenario, “esto es un ataque contra el pueblo hondureño y contra el arte que libera y educa, destruyeron nuestro equipo de sonido llenándolo de agua, esto es un crimen”, dijo Mejía.
Mejìa relató que los policías destruyeron la estatua del presidente Manuel Zelaya Rosales, “ellos se miraban con mucho odio y por todos lados había gente desmayada en las calles quienes también fueron golpeadas, las postas están inundadas de personas, muchas fueron detenidas solo porque vestían una camiseta de la resistencia”, señaló.
Arnulfo Aguilar, director de Radio Uno denunció que un policía que tenía el chaleco con el número 60 y que se conducía en la motocicleta número 211 enchachó al dueño de un vehículo por el solo hecho de llevar dos banderas del Frente Nacional de Resistencia Popular y fue llevado detenido.
Los cuadros son desgarradores, hay una cacería humana en el centro de San Pedro Sula, porque los policías y militares persiguen a la gente y hay muchas personas desaparecidas, según denuncia de sus familiares a través Radio Uno.
Fuente: www.defensoresenlinea.com
miércoles, 15 de septiembre de 2010
El Congreso peruano revierte el “Decreto de la impunidad”
Por RFI
El cuerpo de legisladores derogó por abrumadora mayoría este martes un decreto ley que garantizaba la impunidad a militares y policías procesados por crímenes de lesa humanidad durante el conflicto interno peruano (1980-2000). El propio presidente Alan García figuraba imputado en un caso.
El paso en falso de Alan García lo dejó casi completamente sólo en el Congreso. Es que a comienzos de septiembre había emitido un decreto (el ya famoso 1097) a través del cual –a través de una argucia jurídica- se aseguraba la impunidad a una larga lista de miembros de las fuerzas armadas imputados por crímenes atroces y abusos contra los derechos humanos.
Este lunes por la noche, el propio García, atajando una ola de críticas de todo el arco político –incluido dentro de su partido- dio marcha atrás y envió al Congreso con carácter de urgencia la revocatoria de su propio decreto. Los legisladores no le dieron chance.
La votación arrojó 90 votos a favor, provenientes de todas las bancadas, y solamente uno en contra: el del congresista oficialista Luis Giampietri, un ex almirante que es además vicepresidente peruano. Giampietri justificó su voto en contra al resaltar que era inadmisible, en su opinión, que procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad superen los 20 años sin sentencia o sin que se archiven los casos.
Giampietri figura entre los procesados por el motín de presos de la guerrilla comunista de Sendero Luminoso (maoísta) en la isla penal El Frontón, frente a las costas de Lima, en julio de 1986, cuya retoma dejó más de 200 muertos.
El presidente Alan García también figura entre los procesados por ese caso, ocurrido durante su primer gobierno (1985-1990), según grupos locales de derechos humanos.
La más dura protesta provino del escritor Mario Vargas Llosa, quien envió el lunes al mandatario una carta renunciando a la presidencia de un Museo de la Memoria sobre el conflicto interno peruano que dejó unas 70.000 víctimas, según una Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Si bien la carta tuvo importantes repercusiones, Alan García subestimó su alcance.
"Tanto poder no tiene Vargas Llosa como para obligarme a cambiar de opinión”, dijo. Desmintiendo al escritor, también negó presiones militares. "Si no está claro (ese decreto) mejor derogarlo", añadió.
Fuente: http://www.espanol.rfi.fr/americas/20100915-el-congreso-revierte-el-decreto-de-la-impunidad
El cuerpo de legisladores derogó por abrumadora mayoría este martes un decreto ley que garantizaba la impunidad a militares y policías procesados por crímenes de lesa humanidad durante el conflicto interno peruano (1980-2000). El propio presidente Alan García figuraba imputado en un caso.
El paso en falso de Alan García lo dejó casi completamente sólo en el Congreso. Es que a comienzos de septiembre había emitido un decreto (el ya famoso 1097) a través del cual –a través de una argucia jurídica- se aseguraba la impunidad a una larga lista de miembros de las fuerzas armadas imputados por crímenes atroces y abusos contra los derechos humanos.
Este lunes por la noche, el propio García, atajando una ola de críticas de todo el arco político –incluido dentro de su partido- dio marcha atrás y envió al Congreso con carácter de urgencia la revocatoria de su propio decreto. Los legisladores no le dieron chance.
La votación arrojó 90 votos a favor, provenientes de todas las bancadas, y solamente uno en contra: el del congresista oficialista Luis Giampietri, un ex almirante que es además vicepresidente peruano. Giampietri justificó su voto en contra al resaltar que era inadmisible, en su opinión, que procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad superen los 20 años sin sentencia o sin que se archiven los casos.
Giampietri figura entre los procesados por el motín de presos de la guerrilla comunista de Sendero Luminoso (maoísta) en la isla penal El Frontón, frente a las costas de Lima, en julio de 1986, cuya retoma dejó más de 200 muertos.
El presidente Alan García también figura entre los procesados por ese caso, ocurrido durante su primer gobierno (1985-1990), según grupos locales de derechos humanos.
La más dura protesta provino del escritor Mario Vargas Llosa, quien envió el lunes al mandatario una carta renunciando a la presidencia de un Museo de la Memoria sobre el conflicto interno peruano que dejó unas 70.000 víctimas, según una Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Si bien la carta tuvo importantes repercusiones, Alan García subestimó su alcance.
"Tanto poder no tiene Vargas Llosa como para obligarme a cambiar de opinión”, dijo. Desmintiendo al escritor, también negó presiones militares. "Si no está claro (ese decreto) mejor derogarlo", añadió.
Fuente: http://www.espanol.rfi.fr/americas/20100915-el-congreso-revierte-el-decreto-de-la-impunidad
El juicio contra 17 militares guatemaltecos es un espejo para los militares hondureños
Entre el 6 y 8 de diciembre de 1982, miembros de las fuerzas armadas de Guatemala asesinaron a 251 habitantes, entre niños, mujeres y hombres, de la aldea de Las Dos Erres, en el departamento de Petén. Las personas ejecutadas habrían sufrido previamente torturadas y muchas mujeres violadas.
Aunque hasta el año 1994 las autoridades de ese país iniciaron investigaciones sobre la masacre, las mismas se caracterizaron por la falta de exhaustividad y diligencia, y su consecuente ausencia de juzgamiento y sanción de los responsables materiales e intelectuales, dejando estos crímenes en la más absoluta impunidad.
Por ello, se tuvo que recurrir ante instancias internacionales para obtener justicia al respecto, lográndose que en noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolviera en una sentencia que el Estado guatemalteco era responsable internacionalmente por no haber investigado estos hechos seriamente.
En este sentido, el tribunal interamericano le ordenó a Guatemala, entre otras cosas, investigar, sin mayor dilación, de forma seria y efectiva tales crímenes con el propósito de juzgar y, eventualmente, sancionar a los presuntos responsables de los mismos.
Atendiendo esta sentencia, la Corte Suprema de Justicia ordenó proseguir el proceso penal contra los señalados como responsables, lo cual se tradujo en una orden del Juzgado de Alto Impacto de Guatemala para enjuiciar a los militares retirados Reyes Collin Gualip, Manuel Pop San y Carlos Antonio Carías, y reactivar las órdenes de captura contra otros 13 militares implicados que se encuentran prófugos.
Los delitos de que se les acusa son, entre otros, asesinato y delito de deberes contra la humanidad, es decir, actos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos que nunca prescriben.
Por eso, aunque hayan pasado 28 años para que se comenzará a hacer justicia a las víctimas guatemaltecas, resulta esperanzador saber que a veces la justicia tarda pero llega y que los crímenes cometidos por Micheletti y sus ministros de facto, Romeo Vásquez y demás militares, Jesús Escoto Salinas y demás policías, y otros autores intelectuales y materiales, no quedarán en la impunidad.
Cada día la historia nos da ejemplos de que los responsables de este tipo de crímenes serán juzgados: Ayer fue Pinochet, Videla y Fujimori, hoy estos 17 militares guatemaltecos, mañana serán los que dieron el golpe de Estado y se cobijan en la impunidad.
Aunque hasta el año 1994 las autoridades de ese país iniciaron investigaciones sobre la masacre, las mismas se caracterizaron por la falta de exhaustividad y diligencia, y su consecuente ausencia de juzgamiento y sanción de los responsables materiales e intelectuales, dejando estos crímenes en la más absoluta impunidad.
Por ello, se tuvo que recurrir ante instancias internacionales para obtener justicia al respecto, lográndose que en noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolviera en una sentencia que el Estado guatemalteco era responsable internacionalmente por no haber investigado estos hechos seriamente.
En este sentido, el tribunal interamericano le ordenó a Guatemala, entre otras cosas, investigar, sin mayor dilación, de forma seria y efectiva tales crímenes con el propósito de juzgar y, eventualmente, sancionar a los presuntos responsables de los mismos.
Atendiendo esta sentencia, la Corte Suprema de Justicia ordenó proseguir el proceso penal contra los señalados como responsables, lo cual se tradujo en una orden del Juzgado de Alto Impacto de Guatemala para enjuiciar a los militares retirados Reyes Collin Gualip, Manuel Pop San y Carlos Antonio Carías, y reactivar las órdenes de captura contra otros 13 militares implicados que se encuentran prófugos.
Los delitos de que se les acusa son, entre otros, asesinato y delito de deberes contra la humanidad, es decir, actos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos que nunca prescriben.
Por eso, aunque hayan pasado 28 años para que se comenzará a hacer justicia a las víctimas guatemaltecas, resulta esperanzador saber que a veces la justicia tarda pero llega y que los crímenes cometidos por Micheletti y sus ministros de facto, Romeo Vásquez y demás militares, Jesús Escoto Salinas y demás policías, y otros autores intelectuales y materiales, no quedarán en la impunidad.
Cada día la historia nos da ejemplos de que los responsables de este tipo de crímenes serán juzgados: Ayer fue Pinochet, Videla y Fujimori, hoy estos 17 militares guatemaltecos, mañana serán los que dieron el golpe de Estado y se cobijan en la impunidad.
lunes, 13 de septiembre de 2010
Ordenan juicio contra tres militares guatemaltecos por masacre de 252 personas en 1982
TeleSUR
El Juzgado Primero de Alto Impacto de Guatemala ordenó enviar a juicio a tres militares retirados, acusados de participar en el año1982 en la masacre de la aldea Dos Erres, ubicada en el departamento norteño de Petén, en la que murieron 252 personas.
La sentencia fue dictada este miércoles por la jueza Carol Patricia Flores, quien indicó que aunque hay otros 14 implicados en la matanza que se encuentran prófugos, hay suficientes elementos para argumentar en contra de los militares Reyes Collin Gualip, Manuel Pop San y Carlos Antonio Carías.
De acuerdo a las investigaciones de los organismos policiales locales, la unidad de élite del Ejército que participó en la masacre estaba constituida por al menos 17 militares, y entre el 6 y el 8 de diciembre del año 1982, en la en la localidad de Dos Erres, asesinaron a más de 200 personas.
El grupo formó parte de lo que se conoció como Plan Victoria 82, creado durante el gobierno de Efraín Ríos Montt y que pretendía implantar el orden social y evitar la subversión de los aldeanos por medio de operativos armamentistas.
"Los cargos específicos para los tres imputados son acusados por los delitos de asesinato, hurto agravado y delito de deberes contra la humanidad", sentenció Flores.
Flores recalcó que en contra de los militares se han presentado un total de 32 testimonios de sobrevivientes que han afirmado reconocer a los implicados.
"Lo que hace el subteniente Carlos Carías López es tomar su fusil y del enojo le dispara a un perro que estaba en el lugar (...) pero me iba a matar a mí", se escucha en una de las entrevistas.
Por su parte, el Ministerio Público guatemalteco manifestó que entre las pruebas que sustentan el caso se cuenta con un "voluminoso expediente" lleno de declaraciones de familiares de las víctimas, así como evidencia balística (cartuchos de proyectiles) localizadas por expertos argentinos en1995 en diversas partes del territorio de Petén.
Asimismo, el Ministerio de la Defensa Nacional destacó que en este caso se cuenta con documentos históricos en los que se establece que los militares se encontraban de permiso en la región cuando sucedió el hecho.
Las órdenes de captura contra los 17 militares retirados fueron emitidas por un tribunal penal de este país desde hace más de 10 años, pero la defensa de los acusados logró, con más de 40 recursos de amparo, detener la ejecución de las mismas.
Sin embargo, en diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia, atendiendo una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordenó proseguir el proceso contra los acusados.
El Juzgado Primero de Alto Impacto de Guatemala ordenó enviar a juicio a tres militares retirados, acusados de participar en el año1982 en la masacre de la aldea Dos Erres, ubicada en el departamento norteño de Petén, en la que murieron 252 personas.
La sentencia fue dictada este miércoles por la jueza Carol Patricia Flores, quien indicó que aunque hay otros 14 implicados en la matanza que se encuentran prófugos, hay suficientes elementos para argumentar en contra de los militares Reyes Collin Gualip, Manuel Pop San y Carlos Antonio Carías.
De acuerdo a las investigaciones de los organismos policiales locales, la unidad de élite del Ejército que participó en la masacre estaba constituida por al menos 17 militares, y entre el 6 y el 8 de diciembre del año 1982, en la en la localidad de Dos Erres, asesinaron a más de 200 personas.
El grupo formó parte de lo que se conoció como Plan Victoria 82, creado durante el gobierno de Efraín Ríos Montt y que pretendía implantar el orden social y evitar la subversión de los aldeanos por medio de operativos armamentistas.
"Los cargos específicos para los tres imputados son acusados por los delitos de asesinato, hurto agravado y delito de deberes contra la humanidad", sentenció Flores.
Flores recalcó que en contra de los militares se han presentado un total de 32 testimonios de sobrevivientes que han afirmado reconocer a los implicados.
"Lo que hace el subteniente Carlos Carías López es tomar su fusil y del enojo le dispara a un perro que estaba en el lugar (...) pero me iba a matar a mí", se escucha en una de las entrevistas.
Por su parte, el Ministerio Público guatemalteco manifestó que entre las pruebas que sustentan el caso se cuenta con un "voluminoso expediente" lleno de declaraciones de familiares de las víctimas, así como evidencia balística (cartuchos de proyectiles) localizadas por expertos argentinos en1995 en diversas partes del territorio de Petén.
Asimismo, el Ministerio de la Defensa Nacional destacó que en este caso se cuenta con documentos históricos en los que se establece que los militares se encontraban de permiso en la región cuando sucedió el hecho.
Las órdenes de captura contra los 17 militares retirados fueron emitidas por un tribunal penal de este país desde hace más de 10 años, pero la defensa de los acusados logró, con más de 40 recursos de amparo, detener la ejecución de las mismas.
Sin embargo, en diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia, atendiendo una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordenó proseguir el proceso contra los acusados.
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