Las Organizaciones de Mujeres aglutinadas en Feministas en Resistencia, preocupadas por el alto número de femicidios y la impunidad que los encubre, más de 200 mujeres asesinadas en el año 2010 y más de 1500 en los últimos 5 años, estaremos realizando plantones frente al Ministerio Público de Tegucigalpa, todos los jueves de cada semana, a las 9:00 a.m.
Hacemos un llamado:
- A las Organizaciones de Mujeres, para que realicen acciones de protesta de manera simultanea todos los jueves frente a los entes de administración de justicia de todo el país.
- A la Resistencia hondureña, a respaldarnos con su presencia en estas acciones todos los jueves de cada semana.
PRIMERA ACCION:
Jueves 14 de Octubre del 2010
Frente al Ministerio Público de Tegucigalpa
Hora 9:00 a.m.
¡LAS ASESINADAS TIENEN NOMBRE, SUS ASESINOS TAMBIEN!
¡ALTO A LA IMPUNIDAD, NI UNA ASESINADA MAS, NO MAS FEMICIDIOS POLITICOS!
¡NI GOLPES DE ESTADO NI GOLPE A LAS MUJERES!
FEMINISTAS EN RESISTENCIA
jueves, 14 de octubre de 2010
martes, 12 de octubre de 2010
Las mentiras del Lobo y el Consejo de Derechos Humanos
El Consejo de Derechos Humanos es un órgano intergubernamental compuesto por 47 Estados elegidos en votación secreta por la mayoría de los Estados miembros de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.
La responsabilidad del Consejo consiste en fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en el mundo. Para cumplir con dicha función, el Consejo cuenta con varios mecanismos de protección.
Uno de esos mecanismos es el Examen Periódico Universal cuyo fin es determinar posibles violaciones a los derechos humanos cometidas en alguno de los 192 Estados miembros de la ONU y darles la oportunidad de demostrar que han tomado acciones concretas para mejorar la situación de los derechos en sus territorios.
El 04 de noviembre de este año, el Estado de Honduras será examinado por el Consejo, para lo cual ha presentado por escrito un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país. En términos generales, el Estado afirma que su interés primordial es el respeto de los derechos humanos a todos sus habitantes y que si bien ha habido violaciones de los mismos, ha sido responsabilidad de la delincuencia común.
A su vez, señala que la falta de recursos económicos, humanos y tecnológicos limita las posibilidades de investigación de dichas violaciones. No obstante, argumenta que hay avances en materia de derechos humanos porque se han creado nuevas instituciones para lograr su plena observancia.
De la lectura del informe del Estado hondureño, es evidente que oculta información y que no dice nada sobre los asesinatos, torturas, agresiones sexuales, secuestros, amenazas y hostigamientos por motivos políticos; tampoco dice nada sobre la impunidad de los perpetradores del golpe de Estado y de las violaciones a los derechos humanos, y que más bien han sido premiados por el gobierno de Lobo Sosa en puestos estratégicos de las estructuras del Estado.
Por eso, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han presentado sus propios informes para que el Consejo conozca lo que realmente pasa en el país y además participarán el día del examen para dejar en evidencia que el gobierno de Lobo miente o al menos oculta información sobre las violaciones a los derechos humanos en Honduras para lograr reconocimiento internacional.
La responsabilidad del Consejo consiste en fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en el mundo. Para cumplir con dicha función, el Consejo cuenta con varios mecanismos de protección.
Uno de esos mecanismos es el Examen Periódico Universal cuyo fin es determinar posibles violaciones a los derechos humanos cometidas en alguno de los 192 Estados miembros de la ONU y darles la oportunidad de demostrar que han tomado acciones concretas para mejorar la situación de los derechos en sus territorios.
El 04 de noviembre de este año, el Estado de Honduras será examinado por el Consejo, para lo cual ha presentado por escrito un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país. En términos generales, el Estado afirma que su interés primordial es el respeto de los derechos humanos a todos sus habitantes y que si bien ha habido violaciones de los mismos, ha sido responsabilidad de la delincuencia común.
A su vez, señala que la falta de recursos económicos, humanos y tecnológicos limita las posibilidades de investigación de dichas violaciones. No obstante, argumenta que hay avances en materia de derechos humanos porque se han creado nuevas instituciones para lograr su plena observancia.
De la lectura del informe del Estado hondureño, es evidente que oculta información y que no dice nada sobre los asesinatos, torturas, agresiones sexuales, secuestros, amenazas y hostigamientos por motivos políticos; tampoco dice nada sobre la impunidad de los perpetradores del golpe de Estado y de las violaciones a los derechos humanos, y que más bien han sido premiados por el gobierno de Lobo Sosa en puestos estratégicos de las estructuras del Estado.
Por eso, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han presentado sus propios informes para que el Consejo conozca lo que realmente pasa en el país y además participarán el día del examen para dejar en evidencia que el gobierno de Lobo miente o al menos oculta información sobre las violaciones a los derechos humanos en Honduras para lograr reconocimiento internacional.
domingo, 10 de octubre de 2010
Jueza da sobreseimiento definitivo a la multinacional Entremares porque contaminó "sin querer".
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa, 08 Septiembre 2010. La jueza de Letras, seccional del Municipio de Talanga, Ingrid Banegas, dio sobreseimiento definitivo a la empresa Entremares, subsidiaria de la multinacional minera canadiense Goldcorp, acusada de provocar daños a la salud de la población y al ambiente en el Valle de Siria -departamento de Francisco Morazán-, donde operó por 10 años en la extracción de oro.
La jueza argumentó que la Entremares, muestra su “inocencia porque no tuvo intencionalidad, y la contaminación fue accidental”.
La Fiscalía del Ambiente, elevó ya un recurso de apelación al haber sido sobreseído los requeridos, Cristian Fabricio Roldan y Renán Eduardo Chávez, ambos ejecutivos de Entremares, y el gerente de ambiente de la Dirección de Fomento a la Minería (Defomin), Gustavo Torres, a quien fue extendida la responsabilidad.
Durante la década en que permaneció en Honduras, Entremares excedió el consumo de agua disminuyendo la capacidad productiva de la población. Instaló un pozo que contaminó con arsénico, y al ser consumida el agua por la población, les ocasionó enfermedades dermatológicas y gastrointestinales; además, de abortos en mujeres y en el ganado.
Los pobladores del Valle de Siria, que han sido apoyados por el Centro Hondureño para la Promoción y el Desarrollo Comunitario (Cehprodec), estarían pensando en promover una demanda internacional contra el Estado de Honduras, por daños al ambiente.
Tegucigalpa, 08 Septiembre 2010. La jueza de Letras, seccional del Municipio de Talanga, Ingrid Banegas, dio sobreseimiento definitivo a la empresa Entremares, subsidiaria de la multinacional minera canadiense Goldcorp, acusada de provocar daños a la salud de la población y al ambiente en el Valle de Siria -departamento de Francisco Morazán-, donde operó por 10 años en la extracción de oro.
La jueza argumentó que la Entremares, muestra su “inocencia porque no tuvo intencionalidad, y la contaminación fue accidental”.
La Fiscalía del Ambiente, elevó ya un recurso de apelación al haber sido sobreseído los requeridos, Cristian Fabricio Roldan y Renán Eduardo Chávez, ambos ejecutivos de Entremares, y el gerente de ambiente de la Dirección de Fomento a la Minería (Defomin), Gustavo Torres, a quien fue extendida la responsabilidad.
Durante la década en que permaneció en Honduras, Entremares excedió el consumo de agua disminuyendo la capacidad productiva de la población. Instaló un pozo que contaminó con arsénico, y al ser consumida el agua por la población, les ocasionó enfermedades dermatológicas y gastrointestinales; además, de abortos en mujeres y en el ganado.
Los pobladores del Valle de Siria, que han sido apoyados por el Centro Hondureño para la Promoción y el Desarrollo Comunitario (Cehprodec), estarían pensando en promover una demanda internacional contra el Estado de Honduras, por daños al ambiente.
viernes, 8 de octubre de 2010
Organizaciones europeas piden respuesta a la UE sobre violaciones a derechos humanos en Honduras
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa 07 de octubre de 2010. Organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos europeas, Instaron a la Unión Europea a “condicionar el Programa de Apoyo al Sector de Seguridad (PASS) hasta que el Estado de Honduras haya implementado acciones concretas para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos y la protección real de los defensores y defensoras de derechos humanos”.
Mediante una carta enviada a la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Catherine Ashton, las organizaciones instan a la Unión Europea (UE), a tomar medidas para contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos.
Según el Observatorio Ecuménico para los Derechos Humanos en Honduras del Consejo Latinoamericano de Iglesias, el condicionamiento del programa supondría la suspensión de un desembolso de 44 millones de euros, para apoyo al sistema de seguridad y de justicia en Honduras.
La organizaciones solicitan a la UE que le exija al gobierno de Porfirio Lobo Sosa, la investigación y juzgamiento de todos los responsables de violaciones a los derechos humanos, y asegurando reparación a las víctimas.
De igual manera, solicitan la adopción de medidas para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de la Resistencia, y jueces; así como el establecimiento de mecanismos para la implementación efectiva de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las organizaciones urgieron una respuesta de la UE, “en el marco del primer Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para Honduras el 4 de noviembre 2010, con esta carta queremos subrayar algunos de los problemas que enfrenta Honduras e instar a la Unión Europea a tomar medidas para contribuir a mejorar esta situación”, frente a las violaciones de derechos humanos, después del golpe de Estado.
Denuncian en la carta que desde el golpe de Estado, y después de la llegada al Gobierno de Porfirio Lobo Sosa, ha habido un incremento en las amenazas, hostigamientos y asesinatos contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales, miembros de la resistencia y periodistas.
Así mismo, recuerdan a la UE, “que desde el mes de marzo de este año, se han cometido 10 asesinatos de periodistas o comunicadores sociales, cuyos crímenes no han sido esclarecidos hasta la fecha, algunos de los cuales como el caso del periodista Nahum Palacios”, sujeto a protección por parte del Estado por contar con medidas cautelares de la CIDH.
Las organizaciones le expresan a la Alta Comisionada que constataron que continúa la represión violenta incluyendo detenciones arbitrarias a manifestantes de la oposición
Aseguran en la carta que la impunidad sigue siendo uno de los problemas más serios en el país, “todavía no se ha iniciado ningún juicio en relación a las violaciones a los derechos humanos cometidos después del golpe de Estado, incluyendo el caso conocido del asesinato del defensor LGBT Walter Tróchez el 13 de diciembre de 2009”.
Sobre la administración de justicia, señalan que los órganos que deberían asegurar el acceso de las víctimas a recursos efectivos han actuado abiertamente en contra de sus mandatos, evidenciando así su falta de independencia y politización.
En el caso del conflicto agrario en el Bajo Aguán, los defensores de los derechos humanos le expresan a la Alta Comisionada, que desde principios de este año, 11 campesinos han sido asesinados, y hasta la fecha no hay evidencia de que se hayan realizado investigaciones serias sobre éstos crímenes.
Acciones como la aprobación de un decreto de amnistía y el otorgamiento del cargo de diputado vitalicio a Roberto Micheletti debilita la legitimidad de instituciones estatales como la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.
Sobre la recién creada Secretaria de Justicia y de Derechos Humanos, las organizaciones manifiestan que “aunque nos preocupa el rol que ha jugado el actual Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), Ramón Custodio López, opinamos que la creación de la Secretaria podría entrar en competencia con la actual institución del CONADEH, el cual es un órgano independiente del Estado”.
Cuestionan que en lugar de crear nuevas instituciones, el gobierno de Lobo Sosa debería tomar acción para reestablecer la credibilidad de la institucionalidad existente, como es el caso de la CONADEH, dando a entender que se debería destituir a Custodio López.
Otra acción cuestionada es la instalación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que según lo observado por la misión que visitó Honduras, cuenta con una serie de limitaciones que comprometen la seriedad de su funcionamiento y los resultados que podría obtener.
Expresan en la carta, que el mandato de la Comisión excluye la obligación de investigar violaciones a los derechos humanos; a su vez el decreto presidencial que crea dicha Comisión carece de fuerza de ley de la República y por ello no vincula al poder Judicial y al poder Legislativo, quienes cooperaron con el golpe de Estado y quienes, de encontrarse responsables, deberían ser sujetos a las recomendaciones de la Comisión.
Las Organizaciones solicitan a la UE, apoyar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en Honduras para asegurar su labor clave en la protección y promoción de derechos humanos, ampliando la participación de la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones de derechos humanos, a la Resistencia y a los movimientos sociales, así como el incremento del apoyo financiero al trabajo de las organizaciones de derechos humanos en Honduras.
Las organizaciones firmantes son: Asociación latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo ALOP, APRODEV, Juntos en pro de la Justicia Global CIDSE, Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México CIFCA, FIAN Internacional, Grupo SUR y OXFAM Internacional.
Tegucigalpa 07 de octubre de 2010. Organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos europeas, Instaron a la Unión Europea a “condicionar el Programa de Apoyo al Sector de Seguridad (PASS) hasta que el Estado de Honduras haya implementado acciones concretas para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos y la protección real de los defensores y defensoras de derechos humanos”.
Mediante una carta enviada a la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Catherine Ashton, las organizaciones instan a la Unión Europea (UE), a tomar medidas para contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos.
Según el Observatorio Ecuménico para los Derechos Humanos en Honduras del Consejo Latinoamericano de Iglesias, el condicionamiento del programa supondría la suspensión de un desembolso de 44 millones de euros, para apoyo al sistema de seguridad y de justicia en Honduras.
La organizaciones solicitan a la UE que le exija al gobierno de Porfirio Lobo Sosa, la investigación y juzgamiento de todos los responsables de violaciones a los derechos humanos, y asegurando reparación a las víctimas.
De igual manera, solicitan la adopción de medidas para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de la Resistencia, y jueces; así como el establecimiento de mecanismos para la implementación efectiva de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las organizaciones urgieron una respuesta de la UE, “en el marco del primer Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para Honduras el 4 de noviembre 2010, con esta carta queremos subrayar algunos de los problemas que enfrenta Honduras e instar a la Unión Europea a tomar medidas para contribuir a mejorar esta situación”, frente a las violaciones de derechos humanos, después del golpe de Estado.
Denuncian en la carta que desde el golpe de Estado, y después de la llegada al Gobierno de Porfirio Lobo Sosa, ha habido un incremento en las amenazas, hostigamientos y asesinatos contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales, miembros de la resistencia y periodistas.
Así mismo, recuerdan a la UE, “que desde el mes de marzo de este año, se han cometido 10 asesinatos de periodistas o comunicadores sociales, cuyos crímenes no han sido esclarecidos hasta la fecha, algunos de los cuales como el caso del periodista Nahum Palacios”, sujeto a protección por parte del Estado por contar con medidas cautelares de la CIDH.
Las organizaciones le expresan a la Alta Comisionada que constataron que continúa la represión violenta incluyendo detenciones arbitrarias a manifestantes de la oposición
Aseguran en la carta que la impunidad sigue siendo uno de los problemas más serios en el país, “todavía no se ha iniciado ningún juicio en relación a las violaciones a los derechos humanos cometidos después del golpe de Estado, incluyendo el caso conocido del asesinato del defensor LGBT Walter Tróchez el 13 de diciembre de 2009”.
Sobre la administración de justicia, señalan que los órganos que deberían asegurar el acceso de las víctimas a recursos efectivos han actuado abiertamente en contra de sus mandatos, evidenciando así su falta de independencia y politización.
En el caso del conflicto agrario en el Bajo Aguán, los defensores de los derechos humanos le expresan a la Alta Comisionada, que desde principios de este año, 11 campesinos han sido asesinados, y hasta la fecha no hay evidencia de que se hayan realizado investigaciones serias sobre éstos crímenes.
Acciones como la aprobación de un decreto de amnistía y el otorgamiento del cargo de diputado vitalicio a Roberto Micheletti debilita la legitimidad de instituciones estatales como la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.
Sobre la recién creada Secretaria de Justicia y de Derechos Humanos, las organizaciones manifiestan que “aunque nos preocupa el rol que ha jugado el actual Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), Ramón Custodio López, opinamos que la creación de la Secretaria podría entrar en competencia con la actual institución del CONADEH, el cual es un órgano independiente del Estado”.
Cuestionan que en lugar de crear nuevas instituciones, el gobierno de Lobo Sosa debería tomar acción para reestablecer la credibilidad de la institucionalidad existente, como es el caso de la CONADEH, dando a entender que se debería destituir a Custodio López.
Otra acción cuestionada es la instalación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que según lo observado por la misión que visitó Honduras, cuenta con una serie de limitaciones que comprometen la seriedad de su funcionamiento y los resultados que podría obtener.
Expresan en la carta, que el mandato de la Comisión excluye la obligación de investigar violaciones a los derechos humanos; a su vez el decreto presidencial que crea dicha Comisión carece de fuerza de ley de la República y por ello no vincula al poder Judicial y al poder Legislativo, quienes cooperaron con el golpe de Estado y quienes, de encontrarse responsables, deberían ser sujetos a las recomendaciones de la Comisión.
Las Organizaciones solicitan a la UE, apoyar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en Honduras para asegurar su labor clave en la protección y promoción de derechos humanos, ampliando la participación de la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones de derechos humanos, a la Resistencia y a los movimientos sociales, así como el incremento del apoyo financiero al trabajo de las organizaciones de derechos humanos en Honduras.
Las organizaciones firmantes son: Asociación latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo ALOP, APRODEV, Juntos en pro de la Justicia Global CIDSE, Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México CIFCA, FIAN Internacional, Grupo SUR y OXFAM Internacional.
martes, 5 de octubre de 2010
Uno más y la suma sigue en la cuenta de la justicia
Una buena noticia para los derechos humanos. Vladimiro Montesinos, asesor del ex presidente peruano Alberto Fujimori, fue condenado el viernes 01 de octubre a 25 años de prisión por la masacre de 15 personas ocurrida hace 10 años.
A Montesinos se le acusó de ser autor intelectual, junto con Fujimori, de la matanza de Barrios Altos, en la que 15 personas fueron asesinadas y 4 heridas gravemente por parte de miembros del Ejército peruano del escuadrón conocido como “Grupo Colina” que llevaba a cabo su propio programa antisubversivo contra el grupo armado Sendero Luminoso.
Junto a Montesinos, también fueron condenados el ex jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermoza Ríos; Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingüe Guevara, ex jefe e integrante del Grupo Colina, respectivamente; el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Juan Rivero Lazo; el ex suboficial, Jesús Sosa Saavedra; y otras 13 personas más.
Aunque pasaron 10 años para que fueran condenados, el tiempo no fue un obstáculo para que las víctimas lograran justicia, y eso se debe a que las violaciones a los derechos humanos que cometieron son considerados crímenes de lesa humanidad susceptibles de ser perseguidos en todo tiempo y en todo lugar.
Si los militares, civiles y policías hondureños responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas a partir del golpe de Estado tuvieran consciencia de las graves implicaciones de sus actos en el marco del derecho internacional, verían reflejado su futuro en la condena de Montesinos y demás miembros del ejército peruano.
Y lo mejor que podrían hacer para evitar aumentar su caudal delictivo es detener la represión.
A Montesinos se le acusó de ser autor intelectual, junto con Fujimori, de la matanza de Barrios Altos, en la que 15 personas fueron asesinadas y 4 heridas gravemente por parte de miembros del Ejército peruano del escuadrón conocido como “Grupo Colina” que llevaba a cabo su propio programa antisubversivo contra el grupo armado Sendero Luminoso.
Junto a Montesinos, también fueron condenados el ex jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermoza Ríos; Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingüe Guevara, ex jefe e integrante del Grupo Colina, respectivamente; el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Juan Rivero Lazo; el ex suboficial, Jesús Sosa Saavedra; y otras 13 personas más.
Aunque pasaron 10 años para que fueran condenados, el tiempo no fue un obstáculo para que las víctimas lograran justicia, y eso se debe a que las violaciones a los derechos humanos que cometieron son considerados crímenes de lesa humanidad susceptibles de ser perseguidos en todo tiempo y en todo lugar.
Si los militares, civiles y policías hondureños responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas a partir del golpe de Estado tuvieran consciencia de las graves implicaciones de sus actos en el marco del derecho internacional, verían reflejado su futuro en la condena de Montesinos y demás miembros del ejército peruano.
Y lo mejor que podrían hacer para evitar aumentar su caudal delictivo es detener la represión.
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