Desafíos y diálogo contra la impunidad

La reincorporación de Honduras a la OEA constituye en la práctica la legalización del golpe de Estado, ya que ni siquiera se le exigió al régimen de Lobo Sosa la depuración de las instituciones y la deducción de las responsabilidades correspondientes a quienes ordenaron y ejecutaron las graves violaciones a los derechos humanos.

Sin duda alguna, para la comunidad internacional el tema de Honduras es un asunto que ya no interesa demasiado pues se considera que su retorno al concierto americano de naciones normaliza definitivamente la situación a pesar de que el escenario de los derechos humanos reviste una gravedad sólo comparable con la época perdida de los años 80.

Ante ello, se nos presentan grandes desafíos en materia de justica y reparación que exigen como primer paso un diálogo nacional entre todas las organizaciones de derechos humanos, pero un diálogo que sea franco, sincero, respetuoso, desprovisto de protagonismos, personalismos y antagonismos que supere los obstáculos para la lucha articulada contra la impunidad.

En el marco de ese diálogo, es preciso elaborar estrategias nacionales para establecer hojas de ruta que nos permitan clarificar cuáles son las mejores posibilidades para exigir justicia en el ámbito internacional, y a partir de allí, fortalecer el trabajo coordinado mediante la creación de equipos técnicos en el área jurídica, comunicacional, investigativa y otras.

Un primer ejercicio de trabajo seriamente articulado lo puede constituir el anuncio del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, en relación con el inicio de un examen preliminar para comprobar si las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del golpe de Estado son competencia de ese tribunal penal internacional.

En este sentido, es urgente y necesario que se puedan promover acuerdos mínimos para impulsar una alianza nacional que permita situar en el debate público el tema de los crímenes de lesa humanidad y dotar a la oficina del Fiscal Moreno Ocampo de los insumos necesarios para que llegue a la conclusión de que existe fundamento suficiente para abrir una investigación en torno a la responsabilidad penal internacional de los altos responsables del gobierno de facto y otros actores.

El desafío está sobre la mesa, ahora nos toca a quienes luchamos por los derechos humanos asumir la responsabilidad histórica de articularnos honestamente en nombre de la dignidad de las víctimas.

Carta abierta al presidente Mauricio Fúnez ante las agresiones contra defensoras (es) de los derechos de las mujeres en el marco de la AG de la OEA

Sr.

Mauricio Funes

Presidente de la República

República de El Salvador



Excelentísimo señor:


Las organizaciones firmantes queremos expresarle nuestro repudio ante los actos de represión de los que fue víctima un grupo de defensores y defensoras de los derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad del Estado salvadoreño durante el domingo pasado, 5 de junio, frente a las instalaciones del Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO), en donde se celebra la 41.a Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Ese día, una comitiva de 14 representantes de la Delegación de Defensoras de los Derechos Humanos de las Mujeres de la Región Centroamericana empezaron una pequeña manifestación en las afueras de CIFCO a eso de las 6:15 p. m. haciendo un llamado a la despenalización del aborto terapéutico. En pocos minutos, fuerzas de seguridad del Estado solicitaron la reubicación de los y las manifestantes alegando motivos de seguridad, petición que fue debidamente acatada.

No obstante, minutos después, un equipo policial de choque arremetió con violencia contra el grupo de tres hombres y once mujeres que se expresaba pacíficamente en el sitio que se les había asignado, obligándoles a abandonar el lugar.

En suma, la agresión sufrida por las y los manifestantes constituye una grave violación a la libertad de expresión, lo cual repudiamos enérgicamente.

Muchas organizaciones de la sociedad civil observamos con agrado la iniciativa estatal salvadoreña de proponer el tema de Seguridad Ciudadana en las Américas para que ocupase un lugar privilegiado en la agenda de la reunión interamericana. Las organizaciones vimos en esta iniciativa una esperanza para promover políticas hemisféricas de seguridad centradas en la persona y en el respeto y garantía de sus derechos humanos. No obstante, los hechos sucedidos durante la inauguración de la Asamblea General parecieran demostrar lo contrario.

Para las organizaciones firmantes es lamentable que se promueva la militarización y el uso desproporcionado de la fuerza como respuestas a la situación de inseguridad que vivimos en nuestros países. Es por ello que respetuosamente solicitamos tomar las medidas adecuadas para que se investiguen los hechos que ocurrieron el pasado domingo y se proceda a sancionar a los responsables, y, a la vez, que se tomen las acciones correspondientes para que este tipo de actos no vuelva a ocurrir.



Atentamente,



Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC ALC)

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C. - México

Asociación Nacional de Centros (ANC) - Perú

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) – Perú

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C. (Centro PRODH) - México

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)

Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú EQUIDAD

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

Comisión de Justicia y Paz - Colombia

Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989(COVAFIC) - Venezuela

Corporación Reiniciar – Colombia

Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) - Costa Rica

Espacio Público - Venezuela

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) – Honduras

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)

Fundación para la Justicia y la Defensa de los Derechos Humanos (FUNJUDEH) - Guatemala

Grupo de Mujeres de San Cristobal de las Casas, A. C. - México

Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH) - Colombia

Grupo Tortura Nunca Más - RJ (Brasil)

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” - El Salvador

Justicia Global - Brasil

Observatorio Venezolano de Prisiones

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) - Comité de Coordinación del Capítulo Peruano

Los cómplices de la sangre

Del 5 al 7 de junio se celebra en San salvador, El Salvador, la asamblea general de la OEA sobre "Seguridad Ciudadana en las Américas". La novedad de esta asamblea es que el Estado de Honduras, después de la firma del acuerdo de Cartagena de Indias, participa como miembro pleno del organismo continental que lo había suspendido a consecuencia del golpe de Estado.

Resulta curioso leer el proyecto de declaración final en el que la asamblea general reconoce que la democracia y los derechos humanos son pilares del sistema interamericano y que “están vinculados entre sí y se refuerzan unos a otros”, y declara que los Estados tienen la “obligación de desarrollar e implementar políticas públicas en materia de seguridad pública en el marco de un orden democrático, de imperio del Estado de derecho y de respeto a los derechos humanos orientadas a proveer seguridad y fortalecer la convivencia pacífica de sus comunidades”.

Y decimos curioso porque los pueblos latinoamericanos han sido testigos del mediocre papel de la OEA en la crisis hondureña y de su desprecio hacia la dignidad y los derechos humanos de las víctimas del golpe de Estado, al promover el reintegro de Honduras y el reconocimiento del régimen de Lobo Sosa que ni siquiera ha cumplido las condiciones mínimas en materia de derechos humanos.

Mientras en San Salvador la OEA habla de derechos humanos y seguridad ciudadana, en Honduras los violadores a los derechos humanos disfrutan de una impunidad absoluta y la muerte sigue asechando a todos aquellos que se oponen a la situación de desigualdad, corrupción, violencia e impunidad impuesta a sangre y fuego por la clase política tradicional.

Mientras la OEA celebra su asamblea en lujosos hoteles con Honduras como invitado especial, en el Bajo Aguán mueren asesinados 3 campesinos más, José Recinos, Genaro Acuesta y Joel Santa María, miembros del Movimiento Auténtico Reivindicador de Campesinos del Aguán.

Sin duda alguna, todos los gobiernos de “izquierda” y “derecha” que impulsaron el reintegro de Honduras a la OEA son cómplices de tanta sangre derramada en nuestro país.

Domingo sangriento en el Bajo Aguán

José Recinos Aguilar, Joel Santamaría y Genaro Cuesta, campesinos asociados a la cooperativa San Esteban han sido asesinados cuando se conducían en un vehículo marca nissan a pocos metros de ese asentamiento, desconociéndose hasta este momento detalles de cómo ocurrió el atentado.

Militares, policías y guardias de seguridad protegían el lugar donde se encuentran los cadáveres impidiendo que sus compañeros campesinos pudieran llegar a ellos. Los cuerpos serán trasladados a la Ceiba para realizar la autopsia según informaron en la fiscalía de Trujillo.

Casi simultáneamente, fueron desalojados los campesinos que han tomado la finca San Isidro por guardias de seguridad de Miguel Facussé. Posteriormente entraron en las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA), en Sinaloa, y dispararon contra los campesinos, que se encuentran refugiados desde el invierno del año pasado en lo que se conoce como “casa de oro”, provocando heridas de gravedad en el abdomen a la campesina Doris Pérez Vásquez, a quien hubo que trasladar de emergencia a un hospital de la ciudad de La Ceiba.

Todas las personas consultadas por FIAN Honduras sobre los hechos violentos en la región del Bajo Aguán coinciden en que nunca ha sido tan fuerte la represión como la que actualmente están sufriendo los campesinos integrados a las organizaciones reivindicativas. No hay confianza en las autoridades y todos temen por su vida.

Los campesinos se sienten defraudados por el incumplimiento del convenio entre MUCA y el régimen, y el olvido de las promesas que el INA hizo a los campesinos de MARCA y MCA, de manera tal que las razones del conflicto agrario se mantienen inalterables desde el 13 de abril de 2010 con el agravante de que ahora hay más muertos, heridos y víctimas de otras violaciones.

El sentimiento de los campesinos es de total indefensión. FIAN Honduras ha reiterado que mientras no se resuelva el conflicto agrario se mantendrán los actos violentos en esa región y que la policía, muchas veces junto con el ejército, solo sirven para atemorizar a los pobladores y levantar información preliminar sobre los hechos violentos sin que se hagan públicos los resultados de las investigaciones a las que están obligados a realizar.

Tegucigalpa MDC 05 de junio de 2011 4:10 p.m.

FIAN Honduras

Honduras-OEA. Crítica de un retorno

*Manuel Torres Calderón

Honduras está cerca de su reintegración a la Organización de Estados Americanos (OEA) en la 41 Asamblea General que tendrá lugar del 5 al 7 de junio de 2011 en San Salvador. La anulación por parte de una corte hondureña de dos procesos jurídico-políticos por “abuso de poder” contra el derrocado ex presidente Manuel Zelaya Rosales y la firma del llamado Acuerdo de Cartagena allanan el camino de la readmisión. Según había declarado el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, la suspensión de esos juicios y una agenda de mediación pactada para el conflicto interno eran las principales condiciones a cumplir. Las pedían desde Washington hasta Buenos Aires. En un continente que se mantiene en un nivel constante de precariedad democrática no extraña que el estándar requerido para ser socio pleno de la OEA sea muy bajo.

Si se aplicaran con rigor los requisitos contenidos en la Carta Democrática Interamericana, la centenaria casona de la OEA en Washington estaría más desolada que un pueblo de Juan Rulfo. El artículo 3 de la Carta califica como “elementos esenciales” para formar parte activa del sistema interamericano el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. Demasiada carga democrática para las débiles espaldas latinoamericanas. ¿Quién tira la primera piedra?

En el caso de Honduras, la oposición política sostiene que el país no debe ser readmitido en tanto persista la violación a los derechos humanos y se mantenga la impunidad de los funcionarios públicos que ejecutaron o avalaron el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, incluyendo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General del Estado. Al menos eso es lo que afirmaba la resistencia antes de que su caudillo, Manuel Zelaya, firmara con Lobo el acuerdo de la reconciliación.

En efecto, a partir de la ruptura del orden constitucional se han cometido múltiples y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y a libertades fundamentales; muchas de ellas documentadas ante organismos de la propia OEA, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El período más intenso ocurrió bajo la dictadura (de siete meses) de Micheletti, pero persisten bajo la administración del presidente Porfirio Lobo, quien rechaza que haya una política de Estado en esa dirección. En efecto, no hay evidencia pública de que desde el gobierno se pretenda anular toda clase de oposición política al régimen pero son numerosos los casos que se anotan de opositores asesinados sin que se esclarezca la identidad de los responsables. Los hechos perfilan un círculo de complicidad que genera dudas razonables. Un ejemplo de la gravedad de la situación es el asesinato del comunicador social Nahún Palacios (14 marzo, 2010), quien era beneficiario de medidas cautelares dictadas por la CIDH el 24 de julio de 2009, lo cual no importó a sus ejecutores. El número de medidas cautelares irrespetadas en Honduras refleja la indefensión ciudadana y amerita la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos normativos.

Sin embargo, limpiar el expediente judicial de Zelaya es considerado mérito suficiente para calificar solvente al Estado hondureño de ser socio pleno de la OEA. Así lo sostienen Insulza y el departamento de Estado norteamericano. El metalenguaje en esa opinión es que el organismo hemisférico no tiene capacidad, ni interés real, de ponerse exigente con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de Honduras y de América Latina en su conjunto. Ello explica que, en esencia, se pueda reducir la vigencia de la Carta Democrática Interamericana a una sola y controversial condición: limpiar el expediente Zelaya y, con ello, diluir el efecto de un golpe que permanece impune.

En el limbo quedan otras dimensiones del caso hondureño, incluyendo hechos previos al golpe de Estado, como el deterioro de la credibilidad de los procesos electorales, el irrespeto constante a la separación de poderes, la militarización creciente, la corrupción desenfrenada de recursos públicos, la ausencia de justicia pronta y efectiva o la impunidad respecto a violaciones y abusos a los derechos humanos. Vale recordar que 95% de los homicidios cometidos en Honduras permanecen en la impunidad.

El punto es que cuando 33 de los 34 países representados en la OEA (la delegación hondureña se abstuvo de votar) le suspendieron su condición de miembro de ese organismo el 4 de julio de 2009), aplicaron el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, en el cual se lee: “El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos”.

¿Cómo es que ahora, desde la Secretaría General de la OEA y desde la mediación que impulsan los gobiernos de Colombia y Venezuela, se asegura que la evaluación de los derechos humanos no califica como condicionalidad democrática? ¿Qué pasa con la CIDH y otros instrumentos ligados a la ciudadanía continental que guardan silencio? Desafortunadamente, la democracia ha estado siempre fuera de las preocupaciones reales de quienes aseguran velar por ella; eso explica que haya muchos expertos en la teoría de la democracia pero muy pocos en el terreno de su aplicación.

Podríamos sumar más argumentos sobre la precariedad democrática hondureña pero no es el caso ensañarse con un país pobre y ninguneado internacionalmente. El asunto es, más bien, plantear que en la OEA no son todos los que están y no están todos los que son. En realidad, mantener errante a Honduras y complicarle su retorno ya resultaba incómodo para todos. De hecho, a ningún gobierno le conviene poner en un listón alto las exigencias para ser certificado como "democrático". ¿Qué país se atreve a lanzar la primera piedra sin exponerse a darse con ella en los dientes? ¿México, Guatemala, Colombia, Venezuela, Perú, Estados Unidos...? ¿Cuál?

Del caso hondureño resulta provocadora la demanda de un papel distinto de la comunidad internacional en la búsqueda de soluciones a ese deterioro sistemático de la gobernabilidad democrática que se atestigua en América Latina, o, por lo menos, una actuación menos cínica cuando se dan estallidos tan violentos como el ocurrido en junio de 2009. Es evidente la incapacidad del sistema interamericano de prevenir las violaciones graves a su Carta Democrática. La pregunta es si hay que seguir conviviendo con esa realidad o si se puede intentar algo diferente.

El debate sobre la legitimidad y la eficiencia de la OEA y sus instrumentos continentales es añejo y aún se aguardan los cambios esperados. Periódicamente en ese organismo ha habido ciertas rebeliones internas pero la OEA se mantiene aferrada a una inercia burocrática de acuerdos y convenciones que evitan su desaparición, a condición de “vegetar” en el continente.

Quizá, para no dejar caer tan fuerte la mano de la crítica sobre un sistema interamericano declinante, hay que recordar que no se le puede pedir mucho, que con OEA o sin OEA no se puede hablar de una sola Améica sino que hay varias "Américas" y todas ellas con democracias débiles. Y que el principal problema no está dentro de la OEA sino fuera de ella, en el contexto mismo de los países miembros. Aún así, el manejo de la crisis hondureña pudo ser distinto, pero no lo fue, y con cada día que pasa aumenta la percepción de que se ha perdido una coyuntura extraordinaria para revitalizar al organismo hemisférico.

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*Periodista independiente, es corresponsal en Honduras de Radio Nederland (Holanda) y columnista de la Revista Envío. Ha sido corresponsal de la agencia española ACAN-EFE, Diario Excelsior de México, La Nación Internacional de Costa Rica, Noticias Aliadas de Perú, Inter Press Service, entre otros.

Fuente: www.raices.com.sv