A dos años del golpe de Estado, la Convergencia por los Derechos Humanos zona noroccidental se pronuncia en los siguientes términos:
PRIMERO: Denunciamos que frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por policías, civiles y militares desde el rompimiento del orden constitucional, hasta el momento no hay ninguna persona condenada penalmente, lo cual ha generado un clima de terror e impunidad generalizada que socava el ejercicio de las libertades básicas y permite la repetición crónica de este tipo de hechos.
SEGUNDO: Condenamos que a dos años del golpe de Estado continúan las amenazas, ataques, asesinatos, detenciones arbitrarias, restricciones ilegales al derecho a la libertad de expresión y de reunión contra periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y activistas políticos, persecuciones políticas y el uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones públicas pacíficas.
TERCERO: Reprochamos que la reincorporación de Honduras a la OEA se haya realizado irrespetando los principios de la Carta Democrática Interamericana y sin que se le exigiera al régimen de Porfirio Lobo Sosa la depuración de las instituciones y la deducción de las responsabilidades correspondientes a los autores intelectuales y materiales de las graves violaciones a los derechos humanos que se siguen cometiendo desde el golpe de Estado.
CUARTO: Denunciamos que pese a la firma del Acuerdo de Cartagena de Indias, continúan la persecución política en su modalidad de sicariato judicial y la impunidad de los victimarios, debido a que las instituciones clave del sector justicia, como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, siguen en manos de los sectores que defendieron el rompimiento del orden constitucional y avalaron las graves violaciones a los derechos humanos.
QUINTO: Denunciamos el gran número de medidas, reformas y leyes adoptadas que restringen derechos y garantías constitucionales, y violan las obligaciones internacionales del Estado de avanzar gradual y constantemente hacia la más plena realización de los derechos humanos, lo cual implica la prohibición de adoptar medidas deliberadamente regresivas que reduzcan los niveles de protección de los derechos vigentes o supriman los ya existentes.
SEXTO: Demandamos la depuración y destitución inmediata de policías, militares y funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Ombudsman que se mantienen en las estructuras del Estado para garantizar la impunidad, lo cual se traduce en la restricción del derecho a la justicia de las miles de víctimas que aún esperan que el Estado hondureño cumpla con su obligación de investigar, sancionar y reparar las violaciones de las que han sido objeto.
SÉPTIMO: Exhortamos a la sociedad hondureña en general y a las organizaciones de derechos humanos en particular, a promover acuerdos mínimos para impulsar una alianza nacional que permita elaborar e implementar una estrategia contra la impunidad que incluya la utilización de herramientas jurídicas como el principio de jurisdicción universal y el examen preliminar iniciado por el Fiscal de la Corte Penal Internacional en torno a la responsabilidad penal internacional de los altos responsables de las violaciones a derechos humanos.
OCTAVO: Emplazamos a la comunidad internacional mantenerse vigilantes ante la situación de impunidad y violaciones a derechos humanos en Honduras, y demandamos el establecimiento de una oficina permanente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Noroccidental
Dado en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los 05 días del mes de julio de 2011.
miércoles, 6 de julio de 2011
martes, 28 de junio de 2011
Otro golpe en nombre de la democracia
El congreso nacional nuevamente acaba de demostrar su falta de ética, su desprecio por los principios democráticos, su apatía por la protección de la dignidad humana y su capacidad para pisotear los altos valores que representan los derechos humanos en una sociedad democrática.
Una mayoría aplastante de 108 diputados y diputadas aprobaron la reforma de dos artículos constitucionales fundamentales para la integridad de las personas. El artículo 71 que prohibe la detención e incomunicación de una persona por más de 24 horas sin ser puesta a la orden de una autoridad competente para su juzgamiento. Con la reforma, el plazo de la detención se extiende de 24 a 48 horas.
Da terror pensar permanecer en manos de la policía por tanto tiempo, no sólo por las terribles condiciones de detención sino también por quedar bajo la custodia de una institución que desde el golpe de Estado demostró su desprecio por la vida y la integridad física y psíquica de las personas.
La otra reforma es al artículo 92 que exige, para la declaración de prisión, la plena prueba de haberse cometido un crimen que merezca la pena de privación de la libertad, y un indicio racional del posible autor. Gracias a la reforma, sólo se requiere evidencia probatoria, con lo cual, un simple informe policial que contenga la declaración del detenido es suficiente para que un juez decrete el procesamiento de una persona.
Nuevamente da terror imaginar las enormes posibilidades de utilizar la tortura, la intimidación, las amenazas o los tratos crueles para obligar a una persona a declarar que ha cometido un supuesto delito.
Estas reformas violan descaradamente un principio fundamental del derecho constitucional e internacional, es decir, el principio de progresividad que obliga a Honduras a avanzar gradual y constantemente hacia la más plena realización de los derechos humanos, lo cual implica la prohibición de adoptar medidas deliberadamente regresivas que reduzcan los niveles de protección de los derechos vigentes o supriman los ya existentes.
El artículo 64 constitucional es claro al respecto, al señalar que “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”.
Del mismo modo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que “la legitimidad democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por la protección de los derechos humanos […] en donde la protección de tales derechos 'constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías […]'”.
Frente a ello, sólo nos queda el desafío de utilizar todas las herramientas posibles, incluida la denuncia ante órganos internacionales, para revertir dichas reformas que atentan contra el proceso democrático y la dignidad humana.
Una mayoría aplastante de 108 diputados y diputadas aprobaron la reforma de dos artículos constitucionales fundamentales para la integridad de las personas. El artículo 71 que prohibe la detención e incomunicación de una persona por más de 24 horas sin ser puesta a la orden de una autoridad competente para su juzgamiento. Con la reforma, el plazo de la detención se extiende de 24 a 48 horas.
Da terror pensar permanecer en manos de la policía por tanto tiempo, no sólo por las terribles condiciones de detención sino también por quedar bajo la custodia de una institución que desde el golpe de Estado demostró su desprecio por la vida y la integridad física y psíquica de las personas.
La otra reforma es al artículo 92 que exige, para la declaración de prisión, la plena prueba de haberse cometido un crimen que merezca la pena de privación de la libertad, y un indicio racional del posible autor. Gracias a la reforma, sólo se requiere evidencia probatoria, con lo cual, un simple informe policial que contenga la declaración del detenido es suficiente para que un juez decrete el procesamiento de una persona.
Nuevamente da terror imaginar las enormes posibilidades de utilizar la tortura, la intimidación, las amenazas o los tratos crueles para obligar a una persona a declarar que ha cometido un supuesto delito.
Estas reformas violan descaradamente un principio fundamental del derecho constitucional e internacional, es decir, el principio de progresividad que obliga a Honduras a avanzar gradual y constantemente hacia la más plena realización de los derechos humanos, lo cual implica la prohibición de adoptar medidas deliberadamente regresivas que reduzcan los niveles de protección de los derechos vigentes o supriman los ya existentes.
El artículo 64 constitucional es claro al respecto, al señalar que “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”.
Del mismo modo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que “la legitimidad democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por la protección de los derechos humanos […] en donde la protección de tales derechos 'constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías […]'”.
Frente a ello, sólo nos queda el desafío de utilizar todas las herramientas posibles, incluida la denuncia ante órganos internacionales, para revertir dichas reformas que atentan contra el proceso democrático y la dignidad humana.
viernes, 24 de junio de 2011
Algunas preguntas previas sobre el Informe de La Comisión Presidencial de La Verdad ¿o de la verdad presidencial?
Por Rodolfo Pastor Pasquelle
Se percibe ya un pensamiento compartido, para no decirle único, en el medio, la preparación de un discurso que tiene líneas claras. Aunque ha ordenado divulgar otros materiales o insumos del Reporte final a través del sitio web, el Presidente de la Comisión Sr. Stein, efectivamente muy ligado a círculos de Washington y propuesto por ellos a Lobo (según un cable pendiente de divulgación) ha enfatizado que el Informe definitivo se dará a conocer integro en la fecha prevista y será “objetivo y solido”.
¡Bravo! Y haciendo eco de esa declaración, la amiga Julieta Castellanos, Rectora y antes de eso amiga también de Ricardo Maduro, de Juan Orlando Hernández (hoy implicado en el atropello contra Flores Lanza) ha explicado que ese Informe no será satisfactorio para ninguno de los extremos. Precisamente porque será objetivo. Y el problema es que no se define que cosa quiere decir ese término. Me permito citar la frase de un representante de NNUU en México confrontado con los hechos aproximadamente un mes después del golpe. No se puede ser objetivo entre un delincuente y su víctima, entre el asaltante de una tienda y el tendero, aunque el asaltante se quede con el mostrador.
Y aunque la mercancía tuviera algún defecto. La existencia de una Comisión de la Verdad supone alguna garantía. Por principio, supone que creemos ellos y nosotros también que existe una verdad. Pero cuando esa Comisión es formada por el gobierno, es oficial, producirá una verdad oficialista, ¿o no? necesaria, inevitablemente. No puede ser de otra manera.
Me pregunto a mí mismo. ¿Qué dirá el Reporte sobre el papel que en el golpe jugo Pepe Lobo, quien la ha juramentado y la paga y en aquel entonces Candidato perdedor del P.N. en la contienda inminente por la presidencia de la República? ¿Podrá ser objetiva al respecto? ¿Podrá decir que en Honduras el Presidente del Partido político tiene una ascendencia definitiva casi absoluta sobre los parlamentarios de su Partido? Y que por lo tanto debe inferirse que Pepe participo en la conspiración? Y que ¿habría dado su consentimiento cuando la bancada del Partido Nacional voto a favor del golpe? Definámosla.
La objetividad es por supuesto un pre requisito del dialogo racional. Pero no supone dejar de tomar partido. No significa que uno tiene que estar en el centro, en un terreno neutro, evadir un compromiso. No significa que uno puede hacer entonces “acepción de persona”, o excepción de ellas. Consiste en renunciar a los dogmas y a los absolutos, en cuestionar los supuestos pero no en abdicar del enjuiciamiento obligado, de la condena o del elogio justificado. Por el contrario la objetividad es el elemento, el criterio que permite asegurar que la condena es justa o que el elogio es merecido.
No es por supuesto una escogencia entre el bien y el mal, entre el acierto y el error craso, porque aunque todas esas cosas existen, lo más común es encontrarlas mezcladas en la realidad. Por eso es que esta escrito que dijo el Nazareno en alguna ocasión “Solo Dios es bueno” y por eso es que dice Pascal que el hombre es ángel y gusano”, fue caritativo y no quiso decir demonio. Aunque muchos se creen impunes y otros superiores no solo a la ley, a esta o aquella ley que me gusta o no (al fin dice Roque la ley la hacen los ricos para que la obedezcan los pobres) si no por encima de toda ley, del principio de la ley, se creen superiores a la ética, al bien y el mal. Eso no es objetivo.
Uno de los consultados por la Comisión Stein asegura que el Presidente Zelaya no tenía derecho a llevar a cabo una encuesta no vinculante? Y a mi no me cabe duda que llevar a cabo la encuesta sobre la Cuarta Urna tenia una legalidad dudosa en cuanto un juez había determinado que la Ley de Participación Ciudadana no autorizaba al Presidente para hacerla. Pero se supone que solo esta prohibido lo proscrito, lo tipificado. Ninguna ley fundamental podría oponerse a una encuesta no vinculante, es decir ninguna ley que no fuese profundamente antidemocrática y aun más dudosa. Porque ¿cómo ha de actuar entonces un gobierno democrático si no es en sintonía con el sentimiento mayoritario del pueblo? Y ¿Cómo se podrá saber cuál es la voluntad del pueblo si no se le pregunta? Esa es una verdad objetiva, aquí y en china…
Aunque repetidamente se solicito que se nos permitiera a la Resistencia nombrar a una persona que, dentro del Tribunal, representara nuestro punto de vista se nos negó y ahora nos ha explicado el Sr Stein que eso era imposible, que en efecto dentro de la Comisión todos son objetivos y nadie representa un punto de vista. Pero esa no es una afirmación objetiva. Ni veraz. Porque apartándolo a el que quizás no estuviera antes del incidente comprometido con ningún partido, los otros miembros hondureños de la Comisión tienen simpatías y antipatías públicas manifiestas de mucho tiempo atrás.
He dicho que la Sra. Rectora es mi amiga y no puedo traicionar esa amabilidad suya pero ella no negará que, aunque no apoyo a ningún partido político, el Partido Nacional ha estado poniendo al rector de la Universidad desde hace décadas. Y aunque me apoyo a mí en mi trabajo como ministro, ella no era simpatizante de Mel, tenía una opinión fundamentalmente crítica de su personalidad, y adversaria, con todo derecho por supuesto. (Recuerdo largos discursos) Otros miembros hondureños de la Comisión son afiliados del Partido del Gobierno y del Golpe, defensores suyos. Y al solicitar un representante se trataba de equilibrar en la balanza el peso de esa perspectiva. Y entonces Mr. Stein conocía de esas afiliaciones y no ha sido objetivo al explicar porque no se nos permitió participar, lo que le parecía buena idea a OEA y que Lobo alguna vez se comprometió a propiciar.
¿La Comisión tuvo la posibilidad de recopilar toda la información pertinente? No lo sé, me lo pregunto porque en efecto el problema de la información pública en el país ha sido severo. Se ha escondido al público la realidad. Nadie imprimió que yo sepa la noticia de que a un mi vecino aquí, un líder natural, organizador del movimiento social aquí en el Valle de La Entrada, en la Seis de Mayo concretamente, que estaba a la cabeza de la Resistencia aquí, lo asaltaron paramilitares y lo acribillaron. ¿Cómo interpretara la Comisión Stein el asesinato de la hija de Pedro Brizuela, una mujer joven, madre, que sale a la puerta de su casa y es acribillada por dos enmascarados con armas automáticas? Porque oigan hay que ser serios.
Uds. pueden como este sinvergüenza de Ernesto Gálvez ir al público y decir que “la Resistencia es violenta” y el Estado tiene la función legitima de aplacarla con la fuerza. Pero estos son crímenes que se han cometido, contra personas valiosas de nuestra sociedad a las que solo la intransigencia golpista tipificaba de delincuentes por protestar contra el golpe. Y todos los organismos nacionales e internacionales aseguran que la fuerza pública se extralimito en la represión y reconocen estos crímenes oficiales que han quedado impunes. La Comisión oficial de la Verdad entiende que los fantasmas de esos caídos estarán esperándolos al otro lado del umbral de la muerte para exigirles las cuentas que no les podamos exigir nosotros aquí? ¿Qué dirá Ella de las mujeres violadas en la cárcel con toletes? ¿De manifestantes sometidos, en el suelo, a quienes vemos un policía patear en la cabeza? Porque si dice la verdad La Comisión yo voy a estar muy satisfecho y entre sus propuestas se exigirá la deducción de responsabilidades, la depuración de las fuerzas represivas del estado la inculpación de responsables.
¿Qué dirá la Comisión oficial sobre todo este teatro de sombras con que se nos ha querido embobar sobre “la independencia de los poderes” y el abuso sistemático de la judicatura por los políticos, la burla de la administración de la justicia, de la fiscalía contra quienes pensaban diferente, la destitución de cualquier juez simpa tético a los acusados y la intimidación de los defensores? Hasta este mismo momento.
¿Explicara el Informe de Stein quienes falsificaron la renuncia de Mel y nos dirá como fue que aunque una semana después se argumento que los militares “habían cumplido con una orden de arresto judicial, cuando el Presidente de La Corte y el Fiscal General, según un cable recién publicado confesaron al Embajador que esa orden no había existido? Porque entonces en cuanto el documento existe con la fecha indicada… alguien en la Corte Suprema lo falsifico, como antes alguien en el Congreso falsifico la renuncia falsa?
Y el problema amiga es que si, como dices, hay pocos blancos y pocos negros y la mayoría somos mestizos como vos y yo, entonces hay que escoger entre los menos y los mas culpables, escoger entre los culpables de una falla en procedimiento y los culpables de crímenes de violencia y lesa humanidad. La misma ley establece que hay delitos más o menos graves que merecen condenas más o menos severas. Y poner todas las fallas cometidas por tantos pecadores en el mismo plano es objetivo ¿o es deshonesto? Detesto que la gente que me llantas en la calle o invada propiedades antes de establecer su derecho, pero por supuesto que es peor asesinar a la gente que va pasando por esas propiedades bajo la suposición de que tienen malas intenciones o destituir al Presidente bajo la suposición de que tiene la intención de quedarse en el poder… contra la voluntad de las FFAA, contra la voluntad de su propio Partido Político , contra la voluntad de El Congreso y la Corte Suprema recién electa por ese Congreso y sus titiriteros.
¿Dirá la verdad el Reporte de la Comisión sobre el papel que cumplió Carlos Flores en esas negociaciones en la Embajada sobre las que nos han ilustrado los cables llegados del Ethernet? (Es que ese también es un delito heroico). Pues hay que esperar lo mejor. Pero si ha de decir la verdad Stein, tendría entonces y viendo hacia atrás que preguntarse ¿a quién representaba C. Flores en esas platicas? ¿Con que premio se quería inducir al Presidente a ceder su posición comprometida de preguntar sobre una constituyente? ¿Cuál habría sido el resultado si Mel hubiera accedido a la exigencia de modificar la pregunta?
Lo cierto es que Honduras necesita algo más que la verdad. Pero nadie tiene derecho a pedir perdón aun ni menos olvido sin que se hayan aclarado esas preguntas, que son las que se encargaron a La Comisión. Y en mi considerada opinión la única amnistía posible por crímenes contra el pueblo es la que puede dar el pueblo mismo, en una constituyente.
Se percibe ya un pensamiento compartido, para no decirle único, en el medio, la preparación de un discurso que tiene líneas claras. Aunque ha ordenado divulgar otros materiales o insumos del Reporte final a través del sitio web, el Presidente de la Comisión Sr. Stein, efectivamente muy ligado a círculos de Washington y propuesto por ellos a Lobo (según un cable pendiente de divulgación) ha enfatizado que el Informe definitivo se dará a conocer integro en la fecha prevista y será “objetivo y solido”.
¡Bravo! Y haciendo eco de esa declaración, la amiga Julieta Castellanos, Rectora y antes de eso amiga también de Ricardo Maduro, de Juan Orlando Hernández (hoy implicado en el atropello contra Flores Lanza) ha explicado que ese Informe no será satisfactorio para ninguno de los extremos. Precisamente porque será objetivo. Y el problema es que no se define que cosa quiere decir ese término. Me permito citar la frase de un representante de NNUU en México confrontado con los hechos aproximadamente un mes después del golpe. No se puede ser objetivo entre un delincuente y su víctima, entre el asaltante de una tienda y el tendero, aunque el asaltante se quede con el mostrador.
Y aunque la mercancía tuviera algún defecto. La existencia de una Comisión de la Verdad supone alguna garantía. Por principio, supone que creemos ellos y nosotros también que existe una verdad. Pero cuando esa Comisión es formada por el gobierno, es oficial, producirá una verdad oficialista, ¿o no? necesaria, inevitablemente. No puede ser de otra manera.
Me pregunto a mí mismo. ¿Qué dirá el Reporte sobre el papel que en el golpe jugo Pepe Lobo, quien la ha juramentado y la paga y en aquel entonces Candidato perdedor del P.N. en la contienda inminente por la presidencia de la República? ¿Podrá ser objetiva al respecto? ¿Podrá decir que en Honduras el Presidente del Partido político tiene una ascendencia definitiva casi absoluta sobre los parlamentarios de su Partido? Y que por lo tanto debe inferirse que Pepe participo en la conspiración? Y que ¿habría dado su consentimiento cuando la bancada del Partido Nacional voto a favor del golpe? Definámosla.
La objetividad es por supuesto un pre requisito del dialogo racional. Pero no supone dejar de tomar partido. No significa que uno tiene que estar en el centro, en un terreno neutro, evadir un compromiso. No significa que uno puede hacer entonces “acepción de persona”, o excepción de ellas. Consiste en renunciar a los dogmas y a los absolutos, en cuestionar los supuestos pero no en abdicar del enjuiciamiento obligado, de la condena o del elogio justificado. Por el contrario la objetividad es el elemento, el criterio que permite asegurar que la condena es justa o que el elogio es merecido.
No es por supuesto una escogencia entre el bien y el mal, entre el acierto y el error craso, porque aunque todas esas cosas existen, lo más común es encontrarlas mezcladas en la realidad. Por eso es que esta escrito que dijo el Nazareno en alguna ocasión “Solo Dios es bueno” y por eso es que dice Pascal que el hombre es ángel y gusano”, fue caritativo y no quiso decir demonio. Aunque muchos se creen impunes y otros superiores no solo a la ley, a esta o aquella ley que me gusta o no (al fin dice Roque la ley la hacen los ricos para que la obedezcan los pobres) si no por encima de toda ley, del principio de la ley, se creen superiores a la ética, al bien y el mal. Eso no es objetivo.
Uno de los consultados por la Comisión Stein asegura que el Presidente Zelaya no tenía derecho a llevar a cabo una encuesta no vinculante? Y a mi no me cabe duda que llevar a cabo la encuesta sobre la Cuarta Urna tenia una legalidad dudosa en cuanto un juez había determinado que la Ley de Participación Ciudadana no autorizaba al Presidente para hacerla. Pero se supone que solo esta prohibido lo proscrito, lo tipificado. Ninguna ley fundamental podría oponerse a una encuesta no vinculante, es decir ninguna ley que no fuese profundamente antidemocrática y aun más dudosa. Porque ¿cómo ha de actuar entonces un gobierno democrático si no es en sintonía con el sentimiento mayoritario del pueblo? Y ¿Cómo se podrá saber cuál es la voluntad del pueblo si no se le pregunta? Esa es una verdad objetiva, aquí y en china…
Aunque repetidamente se solicito que se nos permitiera a la Resistencia nombrar a una persona que, dentro del Tribunal, representara nuestro punto de vista se nos negó y ahora nos ha explicado el Sr Stein que eso era imposible, que en efecto dentro de la Comisión todos son objetivos y nadie representa un punto de vista. Pero esa no es una afirmación objetiva. Ni veraz. Porque apartándolo a el que quizás no estuviera antes del incidente comprometido con ningún partido, los otros miembros hondureños de la Comisión tienen simpatías y antipatías públicas manifiestas de mucho tiempo atrás.
He dicho que la Sra. Rectora es mi amiga y no puedo traicionar esa amabilidad suya pero ella no negará que, aunque no apoyo a ningún partido político, el Partido Nacional ha estado poniendo al rector de la Universidad desde hace décadas. Y aunque me apoyo a mí en mi trabajo como ministro, ella no era simpatizante de Mel, tenía una opinión fundamentalmente crítica de su personalidad, y adversaria, con todo derecho por supuesto. (Recuerdo largos discursos) Otros miembros hondureños de la Comisión son afiliados del Partido del Gobierno y del Golpe, defensores suyos. Y al solicitar un representante se trataba de equilibrar en la balanza el peso de esa perspectiva. Y entonces Mr. Stein conocía de esas afiliaciones y no ha sido objetivo al explicar porque no se nos permitió participar, lo que le parecía buena idea a OEA y que Lobo alguna vez se comprometió a propiciar.
¿La Comisión tuvo la posibilidad de recopilar toda la información pertinente? No lo sé, me lo pregunto porque en efecto el problema de la información pública en el país ha sido severo. Se ha escondido al público la realidad. Nadie imprimió que yo sepa la noticia de que a un mi vecino aquí, un líder natural, organizador del movimiento social aquí en el Valle de La Entrada, en la Seis de Mayo concretamente, que estaba a la cabeza de la Resistencia aquí, lo asaltaron paramilitares y lo acribillaron. ¿Cómo interpretara la Comisión Stein el asesinato de la hija de Pedro Brizuela, una mujer joven, madre, que sale a la puerta de su casa y es acribillada por dos enmascarados con armas automáticas? Porque oigan hay que ser serios.
Uds. pueden como este sinvergüenza de Ernesto Gálvez ir al público y decir que “la Resistencia es violenta” y el Estado tiene la función legitima de aplacarla con la fuerza. Pero estos son crímenes que se han cometido, contra personas valiosas de nuestra sociedad a las que solo la intransigencia golpista tipificaba de delincuentes por protestar contra el golpe. Y todos los organismos nacionales e internacionales aseguran que la fuerza pública se extralimito en la represión y reconocen estos crímenes oficiales que han quedado impunes. La Comisión oficial de la Verdad entiende que los fantasmas de esos caídos estarán esperándolos al otro lado del umbral de la muerte para exigirles las cuentas que no les podamos exigir nosotros aquí? ¿Qué dirá Ella de las mujeres violadas en la cárcel con toletes? ¿De manifestantes sometidos, en el suelo, a quienes vemos un policía patear en la cabeza? Porque si dice la verdad La Comisión yo voy a estar muy satisfecho y entre sus propuestas se exigirá la deducción de responsabilidades, la depuración de las fuerzas represivas del estado la inculpación de responsables.
¿Qué dirá la Comisión oficial sobre todo este teatro de sombras con que se nos ha querido embobar sobre “la independencia de los poderes” y el abuso sistemático de la judicatura por los políticos, la burla de la administración de la justicia, de la fiscalía contra quienes pensaban diferente, la destitución de cualquier juez simpa tético a los acusados y la intimidación de los defensores? Hasta este mismo momento.
¿Explicara el Informe de Stein quienes falsificaron la renuncia de Mel y nos dirá como fue que aunque una semana después se argumento que los militares “habían cumplido con una orden de arresto judicial, cuando el Presidente de La Corte y el Fiscal General, según un cable recién publicado confesaron al Embajador que esa orden no había existido? Porque entonces en cuanto el documento existe con la fecha indicada… alguien en la Corte Suprema lo falsifico, como antes alguien en el Congreso falsifico la renuncia falsa?
Y el problema amiga es que si, como dices, hay pocos blancos y pocos negros y la mayoría somos mestizos como vos y yo, entonces hay que escoger entre los menos y los mas culpables, escoger entre los culpables de una falla en procedimiento y los culpables de crímenes de violencia y lesa humanidad. La misma ley establece que hay delitos más o menos graves que merecen condenas más o menos severas. Y poner todas las fallas cometidas por tantos pecadores en el mismo plano es objetivo ¿o es deshonesto? Detesto que la gente que me llantas en la calle o invada propiedades antes de establecer su derecho, pero por supuesto que es peor asesinar a la gente que va pasando por esas propiedades bajo la suposición de que tienen malas intenciones o destituir al Presidente bajo la suposición de que tiene la intención de quedarse en el poder… contra la voluntad de las FFAA, contra la voluntad de su propio Partido Político , contra la voluntad de El Congreso y la Corte Suprema recién electa por ese Congreso y sus titiriteros.
¿Dirá la verdad el Reporte de la Comisión sobre el papel que cumplió Carlos Flores en esas negociaciones en la Embajada sobre las que nos han ilustrado los cables llegados del Ethernet? (Es que ese también es un delito heroico). Pues hay que esperar lo mejor. Pero si ha de decir la verdad Stein, tendría entonces y viendo hacia atrás que preguntarse ¿a quién representaba C. Flores en esas platicas? ¿Con que premio se quería inducir al Presidente a ceder su posición comprometida de preguntar sobre una constituyente? ¿Cuál habría sido el resultado si Mel hubiera accedido a la exigencia de modificar la pregunta?
Lo cierto es que Honduras necesita algo más que la verdad. Pero nadie tiene derecho a pedir perdón aun ni menos olvido sin que se hayan aclarado esas preguntas, que son las que se encargaron a La Comisión. Y en mi considerada opinión la única amnistía posible por crímenes contra el pueblo es la que puede dar el pueblo mismo, en una constituyente.
miércoles, 22 de junio de 2011
Noticias que dan esperanza de justicia
La semana pasada hemos sido testigos de una muy buena noticia. Un militar guatemalteco acusado de los delitos de genocidio y desaparición forzada, fue detenido el viernes 17 de junio por la Policía Nacional Civil y la Fiscalía de Derechos Humanos de Guatemala.
Se trata de Héctor Mario López Fuentes, un general retirado de 81 años que fungió como jefe del Estado Mayor del Ejército durante el gobierno de facto del dictador Efraín Ríos Montt, entre 1982 y 1983.
A este militar se le atribuye la responsabilidad de al menos 77 desapariciones forzadas durante ese período y su persecución penal obedece a una denuncia que familiares de las víctimas de la guerra civil guatemalteca presentaron hace 11 años.
Sin duda alguna, esta noticia representa un importante paso en la lucha contra la impunidad y una esperanza real de justicia para las víctimas, no sólo para las guatemaltecas, sino también para las víctimas hondureñas de la década pérdida de los años 80 y del golpe de Estado.
Y como la esperanza se nutre de noticias como estas, se espera que muy pronto tengamos una nueva noticia sobre el examen preliminar que realiza el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, que podría implicar una visita a Honduras para conocer personalmente la situación y comprobar que el Estado no tiene la capacidad ni la voluntad política para perseguir penalmente a los militares, policías y civiles que han cometido violaciones a derechos humanos, que por su gravedad, pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
Ambas noticias son como una bocanada de aire fresco en medio de un ambiente plagado de la putrefacción que produce la corrupción judicial de jueces, magistrados y fiscales que han vendido su dignidad y que consuman la impunidad de los victimarios “bajo esa sensación de ternura que produce el dinero”, como poéticamente dijo Roberto Sosa.
Se trata de Héctor Mario López Fuentes, un general retirado de 81 años que fungió como jefe del Estado Mayor del Ejército durante el gobierno de facto del dictador Efraín Ríos Montt, entre 1982 y 1983.
A este militar se le atribuye la responsabilidad de al menos 77 desapariciones forzadas durante ese período y su persecución penal obedece a una denuncia que familiares de las víctimas de la guerra civil guatemalteca presentaron hace 11 años.
Sin duda alguna, esta noticia representa un importante paso en la lucha contra la impunidad y una esperanza real de justicia para las víctimas, no sólo para las guatemaltecas, sino también para las víctimas hondureñas de la década pérdida de los años 80 y del golpe de Estado.
Y como la esperanza se nutre de noticias como estas, se espera que muy pronto tengamos una nueva noticia sobre el examen preliminar que realiza el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, que podría implicar una visita a Honduras para conocer personalmente la situación y comprobar que el Estado no tiene la capacidad ni la voluntad política para perseguir penalmente a los militares, policías y civiles que han cometido violaciones a derechos humanos, que por su gravedad, pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
Ambas noticias son como una bocanada de aire fresco en medio de un ambiente plagado de la putrefacción que produce la corrupción judicial de jueces, magistrados y fiscales que han vendido su dignidad y que consuman la impunidad de los victimarios “bajo esa sensación de ternura que produce el dinero”, como poéticamente dijo Roberto Sosa.
jueves, 16 de junio de 2011
Relatoría Especial expresa preocupación por desaparición de periodista en México
Washington D.C., 16 de junio de 2011. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la desaparición del periodista Marco Antonio López Ortiz, jefe de información del periódico Novedades Acapulco, en el Estado de Guerrero, México. La Relatoría Especial exhorta al Estado a hacer todos los esfuerzos para lograr la aparición con vida del periodista e investigar el hecho, sin descartar la posibilidad de que las causas de la desaparición tengan su origen en el ejercicio profesional del periodismo.
Según la información recibida, la noche del 7 de junio de 2011 López Ortiz habría sido capturado por un grupo de personas desconocidas en la ciudad de Acapulco. Su auto fue encontrado abandonado en el lugar de su secuestro, y desde entonces no se ha tenido noticias sobre su paradero. De acuerdo con lo informado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero ha iniciado una investigación sobre estos hechos, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos también visitó las instalaciones de Novedades Acapulco para averiguar sobre la desaparición del periodista.
En su “Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010”, la Relatoría constató la situación crítica de violencia que enfrentan los periodistas en el Estado de Guerrero. De acuerdo a lo documentado en dicho informe, cuatro de los 13 asesinatos de periodistas ocurridos en México durante el año 2010 tuvieron lugar en Guerrero, además de otros hechos graves como el ataque armado contra el periódico El Sur en Acapulco, ocurrido en noviembre del año pasado.
La Relatoría Especial reitera al Estado mexicano la necesidad de impulsar medidas que protejan eficazmente a los periodistas, así como mecanismos eficientes para afrontar la grave deficiencia en la procuración y administración de justicia respecto de estos crímenes. En particular, la Relatoría Especial ha urgido al Estado sobre la necesidad de fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, el traslado a la justicia federal de las investigaciones de los crímenes contra comunicadores en aquellos casos que lo ameriten, y la implementación adecuada de los mecanismos de seguridad necesarios para proteger efectivamente la vida e integridad de los periodistas amenazados. Además, la Relatoría Especial insiste en que para impedir la impunidad y la repetición de estos hechos es imprescindible identificar a todos los responsables de los crímenes cometidos, juzgarlos, sancionarlos y reparar de manera justa a los familiares de las víctimas.
El noveno principio de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH, establece que "el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.oas.org/relatoria/
Enlaces útiles:
Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010
Declaración de Principios de Libertad de Expresión
PRESS RELEASE
R58/11
Según la información recibida, la noche del 7 de junio de 2011 López Ortiz habría sido capturado por un grupo de personas desconocidas en la ciudad de Acapulco. Su auto fue encontrado abandonado en el lugar de su secuestro, y desde entonces no se ha tenido noticias sobre su paradero. De acuerdo con lo informado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero ha iniciado una investigación sobre estos hechos, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos también visitó las instalaciones de Novedades Acapulco para averiguar sobre la desaparición del periodista.
En su “Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010”, la Relatoría constató la situación crítica de violencia que enfrentan los periodistas en el Estado de Guerrero. De acuerdo a lo documentado en dicho informe, cuatro de los 13 asesinatos de periodistas ocurridos en México durante el año 2010 tuvieron lugar en Guerrero, además de otros hechos graves como el ataque armado contra el periódico El Sur en Acapulco, ocurrido en noviembre del año pasado.
La Relatoría Especial reitera al Estado mexicano la necesidad de impulsar medidas que protejan eficazmente a los periodistas, así como mecanismos eficientes para afrontar la grave deficiencia en la procuración y administración de justicia respecto de estos crímenes. En particular, la Relatoría Especial ha urgido al Estado sobre la necesidad de fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, el traslado a la justicia federal de las investigaciones de los crímenes contra comunicadores en aquellos casos que lo ameriten, y la implementación adecuada de los mecanismos de seguridad necesarios para proteger efectivamente la vida e integridad de los periodistas amenazados. Además, la Relatoría Especial insiste en que para impedir la impunidad y la repetición de estos hechos es imprescindible identificar a todos los responsables de los crímenes cometidos, juzgarlos, sancionarlos y reparar de manera justa a los familiares de las víctimas.
El noveno principio de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH, establece que "el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.oas.org/relatoria/
Enlaces útiles:
Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010
Declaración de Principios de Libertad de Expresión
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