Más medidas, menos derechos

Indudablemente el golpe de Estado aceleró el proceso de conversión del Estado en un Estado militar que ve en la ciudadanía un enemigo que hay que controlar, vigilar, silenciar y violentar a través de la reducción de sus derechos y garantías.

Primero fue la reforma constitucional del plazo de detención que pasó de 24 a 48 horas, con sus graves implicaciones para la vida y la integridad física y psíquica de las personas que durante dos días podrán estar en manos de la Policía que está involucrada en los crímenes más terribles.

Luego fue la reforma del artículo 92 constitucional que permite que un simple informe policial que contenga la declaración del detenido sea suficiente para que un juez decrete su procesamiento.

Luego vino la reforma constitucional que de manera ilegítima e ilegal les otorga a los militares las facultades de patrullar, capturar sospechosos, realizar allanamientos y controlar el tránsito.

Ahora nos sorprenden con la aprobación de Ley de Escuchas Telefónicas mediante la cual se autoriza la intervención de cartas, mensajes y llamadas telefónicas, recibos de servicios públicos, tarjetas de crédito, entre otros, violando de esta manera el derecho constitucional a la privacidad.

Todas estas reformas violentan el principio constitucional e internacional de progresividad que obliga a Honduras a avanzar gradual y constantemente hacia la más plena realización de los derechos humanos, lo cual implica la prohibición de adoptar medidas deliberadamente regresivas que reduzcan los niveles de protección de los derechos vigentes o supriman los ya existentes.

A pesar de que el artículo 64 constitucional prohíbe la aplicación de leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías, si los disminuyen, restringen o tergiversan, el Congreso Nacional capitaneado por Juan Orlando Hernández y el ejecutivo al mando de Lobo Sosa, demuestran una vez más su desprecio por los principios democráticos, la dignidad humana y los altos valores que representan los derechos humanos.

El guión del golpe de Estado sigue cumpliéndose a la perfección

Cada día los hechos demuestran que el golpe de Estado en Honduras ha sido todo un éxito. Pese a que continúan las amenazas, hostigamientos, asesinatos políticos, detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a derechos humanos, los dinamismos del golpe de Estado se fortalecen con el paso del tiempo.

Y hasta el momento, no hay ninguna persona responsable sancionado por ello, provocando una impunidad que tiene un efecto devastador para la realización del Estado de derecho y la democracia, ya que fomenta la vulnerabilidad de las personas al generar la percepción de que es posible violar los derechos humanos sin recibir castigo y se envía a toda la sociedad un mensaje intimidatorio que causa temor generalizado, y desanima y silencia las denuncias, reclamos y reivindicaciones legítimas.

El guión trazado desde el rompimiento del orden constitucional se está cumpliendo a raja tabla. Primero, se dio el golpe de Estado y los militares fueron presentados como los salvadores de la democracia.

Segundo, los militares y policías fueron declarados héroes nacionales y premiados con ascensos importantes por los servicios prestados; tercero, fueron absueltos por la “casa de la justicia” en palabras del poeta Sosa o amnistiados por obra y gracia de un decreto del régimen de Lobo Sosa.

Cuarto, Lobo Sosa le entregó a los militares instituciones civiles estratégicas que se les habían quitado en el proceso de desmilitarización de la sociedad a mediados de los años 90; quinto, los militares se presentan como civiles reciclados para participar en la contienda electoral, pese a la ilegalidad e ilegitimidad de sus candidaturas.

Sexto, a los militares se les entrega la seguridad pública y se les declara garantes de la seguridad ciudadana y los baluartes de la lucha contra el crimen y la violencia.

El éxito del guión traspasa nuestras fronteras nacionales y además del reconocimiento del régimen por la comunidad internacional con su reintegro a la Organización de Estados Americanos, Lobo Sosa se funde en un abrazo con Hugo Chávez en el marco de la CELAC, quien ya no lo llama golpista y títere de los militares, sino “presidente Lobo”.

Comunicado de la misión de observación de la Red Iberoamericana de Jueces en Honduras

Después de cuatro días en el país, entrevistando a diferentes actores de la sociedad civil, integrantes del poder ejecutivo y poder judicial, los comisionados informantes comunican al pueblo hondureño y a la comunidad internacional el siguiente resultado preliminar de su informe:

1.- Los comisionados REDIJ ven con preocupación la falta de acceso a la justicia del pueblo hondureño en todas sus instancias, lo cual se expresa en la falta de investigación, seguimiento y castigo de hechos de extrema gravedad, acentuando y generando inseguridad, provocada por estos hechos, que en los que están denunciados como posibles autores personas que integran el régimen o un sector de él.

Se ha podido constatar la falta de garantías individuales mínimas de los ciudadanos y cientos de casos de violaciones de estas garantías, por hechos de lesa humanidad, consistentes en asesinatos a sangre fría y desaparición forzada de personas, sin respuesta alguna de parte del sistema de justicia ni político.

2 .- Que encontrándonos en el día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, los comisionados REDIJ expresamos nuestra indignación por la abrumadora cantidad de feminicidios en Honduras y la circunstancia de que no se observa una voluntad clara del Estado en prevenir, investigar y sancionar debidamente estos inaceptables crímenes.

3.- La falta de independencia del poder judicial, se manifiesta no solo en lo antes dicho, sino en la cantidad de jueces y juezas que han denunciado ante las autoridades amenazas y persecuciones, no respondiendo el estado a su protección debida que asegure su independencia.

4.- Los comisionados firmantes llaman la atención por la ley aprobada que crea las llamadas “ciudades modelos”, pues aparece como una flagrante violación a los derecho de los pueblos de Honduras a su territorio y externamos nuestra preocupación porque este proyecto se orienta a proteger a grupos de poder económico, no observándose ninguna ventaja cierta que beneficie a la mayoría de hondureños y hondureñas pobres que buscan y claman por justicia.

5.- Los comisionados abajo firmantes llaman al estado hondureño a asegurar la seguridad y vida de los campesinos del Bajo Aguán y a propiciar las condiciones necesarias para llegar a acuerdos que aseguren los derechos de los campesinos y la seguridad alimentaria de la región.

6.- Frente a la grave crisis de seguridad actual en Honduras, los comisionados informantes solicitan respetuosamente al estado hondureño la refundación de las instancias de justicia en el país, que asegure el acceso a ésta por parte de todos los hondureños y hondureñas. Puesto que dichas instituciones no están cumpliendo adecuadamente sus deberes constitucionales y especialmente la policía debe ser rediseñada y refundada bajo criterios democráticos y cercanos a la comunidad hondureña, depurando sus mandos técnicos y políticos.

7.- Los comisionados REDIJ expresan su satisfacción por haberse dejado sin efecto la prisión domiciliaria del Dr. Enrique Flores Lanza y llaman al estado hondureño para que garantice el cumplimiento del acuerdo de Cartagena y un debido proceso con plenas garantías para el Dr. Flores Lanza.

8.- Los comisionados señalan que uno de los motivos principales de la visita a Honduras es la situación de los despidos de los 4 jueces, despido sin garantías legales, y fundamentada solamente en razones de carácter político. Por eso conforme al mandato del Consejo de la REDIJ, llamamos al estado hondureño para que efectúe los esfuerzos necesarios para alcanzar una solución amistosa en el caso de los cuatro jueces, produciendo su reintegro inmediato sus cargos, bajo la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La solución positiva de este delicado asunto es observada por la comunidad internacional en el marco del proceso de reconciliación y transición a la democracia de Honduras.

“Decíme cuánto respetás los derechos humanos y te diré qué tipo de Estado sos”

En 1651, Thomas Hobbes escribió el Leviatán, una de las primeras obras que aborda el tema sobre la naturaleza humana y el origen del Estado como producto de un pacto entre todas las personas para evitar la “guerra de todos contra todos”.

En el marco de este pacto, los derechos humanos constituyen la razón de ser del Estado dado que su falta o abusiva limitación impide su existencia y favorece la implantación de un sistema político absolutista, arbitrario o totalitario.

Retomando la metáfora de Hobbes, ante el hecho de que el “hombre es lobo del hombre”, la “persona artificial” que es el Estado ha sido establecida para garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos; sin embargo, en el contexto del golpe de Estado, el Estado hondureño terminó convirtiéndose en un “lobo artificial” más cruel y peligroso para los derechos humanos.

Las consecuentes violaciones a los derechos humanos y la impunidad que se ha institucionalizado de manera crónica, representan la amenaza más grave para la vida y la seguridad de los hondureños y hondureñas. Y gracias a dicha impunidad sobrevivimos en un escenario de violencia en donde el Estado de Honduras se ha convertido en un verdadero Leviatán temible e incontrolable que devora el fundamento mismo de su propia legitimidad, es decir, el respeto absoluto a los derechos humanos.

Por ello, mientras continúen intactos los dinamismos del golpe de Estado, seguirán las instituciones públicas estratégicas bajo el control de quienes lo ejecutaron, se profundizará la remilitarización de la sociedad, se continuarán adoptando leyes y celebrando juicios que sólo benefician a los violadores de derechos humanos, seguiremos observando con impotencia la premiación de los militares golpistas y la represión policial y militar contra cualquier expresión de disenso.

Ante un Estado autoritario y violento como el hondureño, se que requiere de una ciudadanía comprometida con los valores democráticos para impulsar las transformaciones que sólo pueden realizarse en el marco de un nuevo pacto social.

No es cuestión de ideologías

Entre el 14 y el 18 de noviembre una misión de la sociedad civil hondureña visitó el Ecuador para denunciar que desde el reintegro de Honduras a la OEA, la situación de los derechos humanos se ha deteriorado a niveles alarmantes.

La decisión de visitar este país se debe a que fue el único gobierno que se negó a votar a favor de dicho reintegro, argumentando que la impunidad de los responsables del golpe de Estado se mantiene intacta en Honduras.

La misión tuvo reuniones con representaciones diplomáticas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la Asamblea Legislativa y la Cancillería ecuatoriana, en las que se expuso la necesidad de verificar la situación de los derechos humanos en Honduras a partir del Acuerdo de Cartagena suscrito el 22 de mayo de este año.

Este acuerdo, cuestionado por inconsulto por las organizaciones sociales, fue la antesala para que los gobiernos de izquierda y de derecha del continente convinieran el reintegro de Honduras a la OEA sin previa evaluación de la situación.

El numeral cinco del acuerdo precisa que las partes deben “Velar de manera especial por el cumplimiento de la Constitución de la República en lo referente a las garantías de respeto y protección de los derechos humanos.” No obstante, este compromiso ha sido flagrantemente incumplido, pues en Honduras persisten graves, sistemáticas y masivas violaciones a los derechos humanos y prevalece la impunidad de los responsables del golpe de Estado.

Una de las cosas que quedaron claras en esta misión, es que los derechos humanos no es una cuestión de ideologías pues los gobiernos, sean de izquierda o de derecha, están dispuestos a sacrificar la dignidad de las víctimas en el altar de las negociaciones políticas y de las agendas ocultas.