Lo que se logró ante la Corte Interamericana son cuestiones de política pública

La semana pasada, el ERIC, la Pastoral Penitenciaria y la Pastoral Social-Caritas de la Diócesis de San Pedro Sula lograron un histórico acuerdo relativo al sistema penitenciario hondureño en el marco de la audiencia pública convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del caso sobre la muerte de 107 personas privadas de libertad en el incendio del centro penal de San Pedro Sula en el año 2004.

Dicha audiencia estaba programada para que los peticionarios, la Comisión Interamericana y el Estado de Honduras presentaran sus testigos, peritos y alegatos orales con el objetivo de ofrecerle mayores elementos al tribunal interamericano para que en su momento dictara una sentencia. Sin embargo, las partes le comunicaron a la Corte que habían llegado a un acuerdo amistoso en el caso pero al mismo tiempo le pidieron que se realizara la audiencia, se presentaran las pruebas propuestas y se dictara una sentencia tomando como base los puntos acordados.

Entre los acuerdos alcanzados están, la investigación de los hechos denunciados en un plazo no mayor a un año, y a través de una Comisión independiente conformada por siete personas, 3 a propuesta del Estado de Honduras y 4 de la Iglesia Católica, Diócesis de San Pedro Sula, y coordinada por un Fiscal Ad hoc del Ministerio Público.

También se acordó revisar, modificar y/o derogar las disposiciones de la mal llamada ley antimaras con el propósito de adecuarla a los estándares internacionales; aprobar la Ley del Sistema Penitenciario Nacional; revisar y modificar el Reglamento Especial para el Funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional; y elaborar y aprobar un Manual para la Administración de Centros Penitenciarios, con participación de representantes de la Iglesia Católica, la Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos, universidades del país y otras instituciones u organismos de derechos humanos.

A su vez, el Estado se obligó a nombrar un equipo profesional de la psicología y/o psiquiatría con experticia en el tema, para brindar gratuitamente, de forma inmediata y con un mínimo de atención de 18 meses, el tratamiento requerido por los familiares de las 107 víctimas del incendio. También se acordó la construcción de una penitenciaría nacional en sustitución del actual centro penal de San Pedro Sula, y la mejora de las condiciones físicas de los nueve centros penales declarados en estado de emergencia, tomando en cuenta los estándares internacionales establecidos en la materia.

En palabras del propio presidente del tribunal interamericano, los acuerdos alcanzados van más allá de lo que hubiera podido lograrse a través de la sola sentencia, por lo que este acuerdo y su posible homologación por la Corte, sienta un precedente importantísimo no sólo para el sistema penitenciario hondureño, sino para todos los países del continente americano en materia de políticas públicas penitenciarias.

Otra vez Honduras

El 20 de febrero de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció la apertura de su 94 período ordinario de sesiones durante el cual estudiará dos sentencias y celebrará cinco audiencias públicas sobre casos contenciosos, tres audiencias privadas sobre supervisión de cumplimiento de sentencia, y dos audiencias públicas y una audiencia privada sobre medidas provisionales.

El día 23 de febrero se celebró una primera audiencia sobre Honduras en el caso de las medidas provisionales que ordenó la Corte Interamericana para proteger la vida y la integridad de la defensora de derechos humanos, Gladys Lanza. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y COFADEH, informaron al tribunal interamericano que el Estado no ha cumplido con las medidas de protección ordenadas.

Como ya es una costumbre en los ámbitos internacionales de este tipo, los representantes del Estado hicieron gala del ridículo, la ignorancia y el cinismo por intentar defender lo indefendible y quedó evidenciado una vez más ante los órganos interamericanos de que el Estado de Honduras no tiene la capacidad ni la voluntad política de proteger a las personas sujetas a su jurisdicción ni de investigar y sancionar a los violadores de derechos humanos.

Por otra parte, el 28 y 29 de febrero la Corte Interamericana conocerá el caso Pacheco Teruel y otros, relativo a la muerte de 107 personas privadas de libertad en el incendio del centro penal de San Pedro Sula ocurrido el 17 de mayo de 2004. Este caso adquiere mayor relevancia con el incendio en la granja penal de Comayagua en donde murieron 361 personas privadas de libertad.

El caso ha llegado a la Corte debido a que el Estado de Honduras no cumplió con las recomendaciones dadas por la Comisión Interamericana en su informe de fondo de octubre de 2010 en el que estableció, al igual que lo han hecho el Grupo de Detención Arbitraria, el Comité de Derechos Humanos, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y el Comité contra la Tortura, que las actuales condiciones carcelarias son contrarias a los estándares internacionales en la materia y colocan a Honduras en contravención de sus compromisos internacionales.

En concreto, las recomendaciones giraron alrededor de establecer un sistema penitenciario constituido como institución autónoma, gestionada por personal y administradores penitenciarios profesionales e independiente de la policía, cuyo objetivo sea velar por la rehabilitación y preparación de la persona privada de libertad para su vida laboral fuera de la prisión.

Esperamos que estas audiencias sirvan para que quienes gobiernan se den cuenta de que sus acciones y el cumplimiento de sus obligaciones están siendo vigiladas por órganos internacionales que seguirán poniendo el dedo en la llaga en materia de derechos humanos.

Como el ave fénix

El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 encendió la llama final que desde entonces ha ido consumiendo y reduciendo a cenizas lo poco que se logró en casi 30 años de democracia formal.

El fuego de la extrema pobreza, de la exclusión social, del desempleo y de la desesperación consume lentamente a una población económicamente activa que ve en la migración forzada la única vía de escape para intentar luchar por su dignificación y la de sus familias.

El fuego de las muertes violentas, del sicariato, del secuestro, del asalto, de la tortura, de la desaparición, de la represión, de las escuchas telefónicas y la reducción de derechos, nos empuja brutalmente a la insolidaridad, al sometimiento, al miedo de ser el siguiente y al encierro en nuestras ilusorias seguridades que sólo nos convierten en ciudadanos de baja intensidad que no opinan, que no escuchan, que no ven.

El fuego de la impunidad consume la confianza, las instituciones, la justicia, y el aire se vuelve irrespirable porque está contaminado de corrupción, de los gritos de las víctimas y de la risa triunfal de los victimarios, y del olor de los cuerpos hacinados y calcinados en las universidades del crimen.

¿Acaso también el fuego ha logrado consumir la esperanza y los sueños de un país más justo, solidario, compartido y libre del temor y la miseria?

Ante la violencia pirómana de quienes han secuestrado, desmantelado y convertido al Estado en un Estado policía y militar, hoy más que nunca debemos apostar por el fuego de la esperanza y la solidaridad para purificar la institucionalidad corrupta y la ciudadanía moribunda, y como el ave fénix, resurgir de las cenizas para construir un presente donde la niñez juegue en las calles sin miedo al hambre, la juventud sueñe sin miedo a la violencia y la vejez viva sin añorar un pasado mejor.

Un nuevo instrumento para luchar contra la precarización de la vida

Desde el golpe de Estado, la clase política-empresarial ha aprovechado el secuestro del Estado y la debilidad institucional para realizar reformas en su beneficio pero que precarizan aún más las condiciones laborales, sociales, económicas y ambientales de millones de hondureños y hondureñas.

En el marco de la adopción del Visión de País y un Plan de Nación que sitúa los intereses de los inversionistas y empresarios por encima de los intereses y derechos de la persona humana, se legitima la privatización de bienes fundamentales como la educación y la salud pública, se legaliza el despojo, la explotación y desnacionalización de nuestros recursos naturales, y se despoja a la clase trabajadora de sus mínimos derechos mediante la ley de empleo temporal.

Este tipo de acciones violentan el principio constitucional e internacional de progresividad que obliga al Estado hondureño a avanzar gradual y constantemente hacia la más plena realización de los derechos humanos, y le prohíbe adoptar medidas deliberadamente regresivas que reduzcan los niveles de protección de los derechos vigentes o supriman los ya existentes.

Pero al mismo tiempo, en medio de la esquizofrenia que caracteriza a este gobierno, el Estado de Honduras se adhirió al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que lo obliga precisamente a evitar adoptar medidas regresivas en este asunto.

Y lo más importante de este instrumento es que cualquier persona o grupo de personas puede denunciar al Estado ante la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos por la violación de los artículos 8 y 13 que garantizan los derechos sindicales y el derecho a la educación, dos derechos que han sido durante atacados por el régimen de Lobo Sosa.

Así, los hondureños y hondureñas debemos aprovechar los espacios de lucha que nos deja la esquizofrenia estatal, que reduce nuestros derechos a nivel interno y al mismo tiempo adopta instrumentos internacionales que nos sirven para luchar contra dicha reducción.

El primer paso es conocer el Protocolo Adicional, apropiarnos de él, socializarlo y asumirlo como una herramienta fundamental que el Estado nos ha dado sin ser consciente del impacto que puede tener su utilización contra todas aquellas disposiciones o políticas cuya aplicación signifique un retroceso en el nivel del goce o ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.

Encuentro Internacional de Derechos Humanos en Solidaridad con Honduras

DENUNCIA URGENTE

Por este medio queremos denunciar que el día de hoy 19 de febrero a eso de las tres de la tarde la Brigada Internacional de Solidaridad que se movilizaba para desarrollar una actividad de este encuentro, de la ciudad de Tocoa hacia la empresa campesina Rigores fue detenida por un grupo de trece integrantes del ejército de Honduras. La delegación estaba formada por seis vehículos con un importante número de internacionalistas participantes de esta actividad y brigadistas voluntarios de observación de derechos humanos y un grupo numeroso de compañeras y compañeros de los asentamientos.

En el operativo les quitaron los documentos a todas las personas y procedieron a bajar al compañero que conducìa acusándolo de delincuente, cuando los periodistas internacionales tomaban fotos de la escena uno de los miembros del ejército los amenazó con quitarle el equipo de trabajo. Los militares andaban fuertemente armados con fusiles de asalto M-16, procedieron a decomisar la cèdula del conductor de la unidad de transporte. Los militares al bajar a los integrantes de la brigada, los ponían manos arriba y contra la unidad, registrándolos minuciosamente. La detención duró alrededor de 20 minutos. La acción fue dirigida claramente hacia los compañeros de Marañones, y tuvo el propósito, como fue manifestado por los agentes, de retener ilegalmente al conductor que es el compañero Gerardo Argueta coordinador del asentamiento Marañones y del MUCA margen izquierda, quien ya ha tenido serias amenazas.

Desde esta plataforma reunida por la Defensa de los derechos humanos alertamos a la opinión nacional e internacional sobre este suceso y los que pueden continuar. Nos ha llamado la atención que durante estos días disminuyeron los operativos militares, pero no ponemos en duda que con la salida internacional la represión probablemente arrecie en contra de nuestros compañeros y compañeras. Esta nota sirva también para poner en evidencia la farsa que encierra la supuesta solución al conflicto del Aguàn, tan publicitada por el régimen.
Nos mantenemos alerta, y en continua lucha.

Tocoa, Colòn, 19 de febrero 2012