En la ciudad de San Pedro Sula, se celebraron reuniones con el Gobernador Político, el Alcalde, Monseñor Rómulo Emiliani, y Monseñor Ángel Garachana y su equipo.
Igualmente se mantuvieron reuniones con representantes de las siguientes organizaciones de la sociedad civil: el Centro para el Tratamiento y la Rehabilitación de las Víctimas de Tortura (CPTRT), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC), la Pastoral Penitenciaria, CARITAS, Convergencia por los Derechos Humanos, la Asociación de Jueces por la Democracia, y el Comité de Familiares de las Víctimas del Centro Penal de Comayagua.
La Relatoría visitó el Centro Penal de San Pedro Sula, la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, y la Penitenciaría Nacional de Comayagua.
La Comisión Interamericana destaca la colaboración prestada por las autoridades del Estado hondureño en la realización de esta visita, en particular la transparencia en el suministro de la información, así como la disposición para permitir el acceso irrestricto a las instalaciones de los centros penitenciarios visitados y la realización de entrevistas con personas privadas de la libertad en condiciones adecuadas. Asimismo, la CIDH toma nota de la voluntad expresada por las altas autoridades del Estado para trabajar en el mejoramiento de las condiciones de reclusión de las personas privadas de libertad en Honduras.
Los centros penitenciarios de Honduras se caracterizan por graves problemas estructurales que han conducido al colapso del modelo y a una situación generalizada de violación de derechos humanos incompatible con las obligaciones internacionales del Estado, establecidas en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entre los principales problemas se encuentran: la sobrepoblación y el hacinamiento, la falta de instalaciones físicas adecuadas y seguras para el alojamiento de los reclusos; las condiciones deplorables de higiene y salubridad; de provisión adecuada de alimentos y agua potable; de asistencia médica adecuada; escasez de programas de estudio y trabajo; la falta de instalaciones adecuadas para atender a las visitas, incluida la conyugal; la falta de control judicial efectivo de la legalidad de la privación de la libertad en todas sus etapas; la falta de separación por categorías; y la mora judicial. Esta grave crisis estructural es el resultado de la ausencia, durante décadas, de políticas públicas integrales orientadas a lograr que el sistema penitenciario cumpla con los fines que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos: la reforma y la readaptación social de los condenados.
Al mismo tiempo, las políticas de seguridad de Honduras, al igual que en otros países de la región, se han caracterizado por la aplicación de una política criminal de mano dura, basada en un enfoque eminentemente represivo en el que se enfrenta el delito mediante la tipificación de nuevos delitos, el aumento de las penas, el uso abusivo de la detención preventiva y la ausencia de mecanismos alternativos de la prisión. Este enfoque represivo que al estar acompañado del abandono de las cárceles por parte del Estado, genera que en la práctica no alcancen los fines perseguidos, sino que por el contrario se aumenten los niveles de inseguridad. La seguridad ciudadana involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores entre los cuales se cuentan la historia y la estructura del Estado y la sociedad; las políticas y programas de los gobiernos; la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales; y el escenario regional e internacional. Por lo tanto, su realización no puede reducirse de forma simplista y falaz a discursos de mano dura o tolerancia cero que pregonan el encarcelamiento masivo de personas como única respuesta a esta compleja realidad.
Es imprescindible que la política criminal de los Estados no solo tenga un carácter represivo sino que también debe tener una naturaleza preventiva con políticas y programas orientados a la prevención de los delitos. Entre dichas políticas adquiere especial relevancia por su significación y eficacia los programas orientados al mejoramiento del sistema penitenciario, en particular los dirigidos a promover y fomentar el trabajo y la educación en las cárceles como medios idóneos para lograr la reinserción social de los reclusos.
En el caso concreto de Honduras, la Comisión Interamericana observa con preocupación algunas particularidades que agravan aún más las condiciones de las personas en custodia del Estado. El rasgo más preocupante es el abandono de los centros penitenciarios y la entrega de aspectos esenciales de su administración, como el control de la disciplina, la asignación y el traslado de las celdas, y el control de toda la economía informal que se mueve al interior de los centros penales, a determinados reclusos denominados “coordinadores”. La delegación de facto del control interno de los centros penitenciarios a los reclusos, sin institucionalización alguna ni límites ni controles, ha generado altos niveles de violencia y corrupción, en un contexto de absoluta impunidad. Los hechos atroces recientemente registrados en el Penal de San Pedro Sula el pasado 29 de marzo, en los que por una lucha de poder por el control del penal fueron asesinados trece internos –incluido el entonces coordinados general de ese penal al que no solo decapitaron, sino que además le arrancaron el corazón y le mutilaron los genitales, dan cuenta de los niveles de violencia y descontrol a los que se puede llegar con este modelo de autogestión penitenciaria.
Preocupa también a la Comisión la falta de un marco normativo adecuado definido por una política pública en la materia. Las normas existentes no solo son obsoletas e ineficaces, sino que al carecer de reglamentación deja su aplicación al arbitrio del funcionario, en detrimento del Estado de derecho. Desde el punto de vista institucional, la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad concluye que Honduras carece de un verdadero sistema penitenciario, puesto que su organización se limita al establecimiento de veinticuatro centros penales cuya custodia periférica esta a cargo de la Policía Nacional, sin que existan unas políticas públicas integrales, una legislación adecuada, un presupuesto suficiente y un personal de guarda y custodia profesional y especializado. En este sentido, la Comisión subraya que la Policía es un cuerpo de seguridad cuyas funciones propias son la prevención del delito y el mantenimiento del orden público, pero que carece de la formación y el entrenamiento adecuado para ejercer las funciones propias de la rehabilitación de los condenados y su reinversión a la sociedad.
La Comisión también observa con preocupación la falta de separación entre procesados y condenados, y lo que es aun más grave, entre hombres y mujeres, en contravención de los principios mínimos que deben orientar la gestión penitenciaria para dar protección a grupos vulnerables.
En este contexto de abandono y sobrepoblación, estaban dadas las condiciones para que ocurriera una tragedia como que tuvo lugar en la Penitenciaría Nacional de Comayagua el 14 de febrero de este año, en la que murieron 361 personas. En la visita realizada a dicho centro penal, la Comisión pudo verificar que en espacios de 75 metros cuadrados con capacidad para 20 personas se encontraban recluidas entre 100 y 110 personas, en literas dispuestas en formas de nichos unas encima y al lado de otra, en un área no superior los 80 centímetros cuadros.
La Comisión tiene conocimiento de que el Estado está adelantando las investigaciones penales y administrativas correspondientes. Dada la magnitud de la tragedia en pérdidas de vidas humanas, la Comisión insta a las autoridades del Estado a adoptar las medidas necesarias para el establecimiento oportuno de las responsabilidades a que haya lugar tanto por acción como por omisión, toda vez que las víctimas eran personas que se encontraban bajo custodia del Estado, y por tanto jurídicamente el Estado era responsable de garantizar sus derechos fundamentales.
Según la información de dominio público existen diferentes hipótesis relativas, tanto a las causas como al control del incendio y al rescate de los sobrevivientes. Respecto a las causas, es imperativo que el Estado investigue tanto las hipótesis que indican que la conflagración obedeció a un simple accidente, como las hipótesis que conducen a la existencia de móviles criminales. Asimismo, se insta al Estado para que se investigue las múltiples denuncias que señalan graves omisiones de parte de las autoridades penitenciarias que tenían a su cargo el establecimiento penitenciario en la prevención y control del incendio, así como en el rescate de las víctimas. Es obligación del Estado agotar todas las líneas de investigación y esclarecer los hechos ocurridos en Comayagua, para que no solo se alcance la verdad, justicia y reparación; sino para asegurar que hechos de esta extrema gravedad no se vuelvan a repetir jamás.
Con respecto a las consecuencias del incendio, la Comisión toma nota de algunas acciones que ya ha adoptado el Estado para apoyar a los familiares de las víctimas del incendio. Al mismo tiempo, considera que es imprescindible brindar asistencia sicológica idónea a los sobrevivientes de las bartolinas que se quemaron y a los familiares de los internos que perdieron la vida. Asimismo, insta a las autoridades a reubicar a los internos en instalaciones seguras y adecuadas; pretender albergar a los sobrevivientes en los mismos recintos en los que recientemente murieron 361 personas, contraviene la dignidad inherente del ser humano, y los principios humanitarios básicos de una sociedad civilizada.
La magnitud de la tragedia de Comayagua urge que el Estado adopte las medidas urgentes para adecuar las instalaciones físicas de todos los centros penales que no reúnen las condiciones mínimas para garantizar una calidad de vida acorde con la dignidad humana y que pone en riesgo evidente la integridad de miles de personas que se encuentran bajo la custodia del Estado.
Finalmente, la Relatoría subraya que le corresponde al Estado, en función de su posición de garante de los derechos de las personas privadas de libertad, adoptar políticas públicas integrales dirigidas a la rehabilitación y readaptación, que incluyan: la adopción de una ley penitenciaria acorde con los estándares internaciones en la materia, y creación de un instituto penitenciario como elemento clave de la política criminal, de justicia y de derechos humanos, dirigido por personal profesional y especializado, el incremento progresivo del presupuesto oficial destinado a las necesidades de alimentación, salud, higiene, agua potable, etc. de la población reclusa, el diseño y formulación de programas de empleo y estudio que permitan la reinserción social de los privados de libertad, y el mejoramiento de la justicia para superar la mora y rezago judicial y la adecuación de la legislación para adoptar medidas alternativas a la pena de prisión. Pero fundamentalmente, debe adoptar las medidas necesarias para erradicar de las cárceles de forma definitiva el modelo de autogestión absoluta que ejercen los reclusos, sin controles y límites, lo que genera corrupción, violencia e impunidad.
Estos deberes deben ser asumidos por el Estado como una prioridad que no dependa del mayor o menor interés que coyunturalmente pueda darle los gobiernos de turno, ni de los avatares de la opinión pública; sino que debe constituir un compromiso que vincule a todas las ramas del poder público y a la sociedad en su integridad.
