Carta pública de Amnistía Internacional al gobierno hondureño

NI UNA MUERTE, ATAQUE O AMENAZA MÁS A PERIDOSTAS Y DEFENSORAS/ES DE DERECHOS HUMANOS

18 de mayo de 2012

Amnistía Internacional expresa su honda preocupación frente a la ola de amenazas y ataques contra periodistas, defensoras y defensores de los derechos humanos y hace un llamado público y urgente al Señor Presidente de la República y su Gobierno a que aborden de forma pronta y efectiva esta ola de ataques.

Desde principios de 2012, Amnistía Internacional ha documentado un grave empeoramiento de la situación de seguridad de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos.

El 15 de mayo, el cuerpo sin vida de Alfredo Villatoro, gerente de noticias de la radio HRN, fue encontrado en el sur de Tegucigalpa. Villatoro había sido secuestrado una semana antes. Su muerte ocurrió pocos días después del asesinato de Erick Martínez, un activista de la comunidad LGBTI y también periodista, quien fue asesinado el 7 de mayo.

En enero las periodistas Itsmania Pineda Platero y Gilda Silvestrucci y su familia recibieron amenazas de muerte a través de llamadas anónimas y mensajes de texto. Las dos periodistas forman parte del grupo “Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión”, establecido en diciembre 2011.

Este grupo fue establecido tras el asesinato de la periodista Luz Marina Paz Villalobos el 6 Diciembre de 2011, para exigir justicia y llamar la atención hacia el elevado número de periodistas agredidos y asesinados en los últimos meses.

En febrero otros dos defensores de derechos humanos de la región del Bajo Aguán fueron blancos de una amenaza. Wilfredo Paz (portavoz del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, y miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular), fue el recipiente de una amenaza dirigida a Juan Chinchilla (activista del Movimiento Unificado Campesino del Aguán – MUCA), emitido por mensaje de texto. El Observatorio y MUCA habían participado en la organización de un Encuentro Internacional de Derechos Humanos en Solidaridad con Honduras que se celebró en el Aguán dos días antes.

También en febrero de este año, Mavis Ethel Cruz, periodista en la ciudad de San Pedro Sula, recibió una llamada amenazándole de muerte, poco después de terminar su programa “Noticias a la Hora” en la emisora Radio Libertad. En su programa ese día se incluyeron noticias y debates sobre problemas laborales, corrupción y la reforma de la policía. La persona que hizo la llamada la amenazó con matar a su hijo.

En febrero y abril la periodista y defensora de derechos humanos Dina Meza, miembro del Comité de Familiares de los Detenidos y Desaparecidos (COFADEH) y Directora del sitio web

Defensores en Línea, recibió una serie de amenazas y sufrió varios actos de intimidación. Las amenazas contra Dina Meza recibidas por texto y por teléfono incluían amenazas de violencia sexual.

En marzo Bertha Oliva, fundadora y coordinadora de COFADEH, también recibió amenazas por teléfono, y otra integrante de COFADEH en el mismo mes fue amenazada verbalmente por un hombre al entrar en la oficina. Al mes siguiente, en abril, Nohemí Pérez, otra integrante de COFADEH fue también amenazada verbalmente por un desconocido al llegar al portón de las oficinas de COFADEH.

Las amenazas también han sido dirigidas a quienes brindan acompañamiento internacional a defensores y defensoras de derechos humanos. A finales de abril, miembros de PROAH (Proyecto de Acompañamiento en Honduras) recibieron dos amenazas de muerte por medio de mensajes de texto, relacionadas con su labor de acompañamiento.

Amnistía Internacional ha seguido de cerca la situación de derechos humanos en Honduras durante muchos años. La organización reconoce la importancia de que el gobierno Hondureño extendió, durante su examen periódico frente a las Naciones Unidas en 2010, una invitación abierta a los expertos de la Organización de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

También reconoce la importancia de los compromisos públicos anunciados por el Gobierno ante a la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos en 2011 a adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, incluida la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Inter-Americana de los Derechos Humanos a favor de los defensores, defensoras, activistas y periodistas en riesgo.

Sin embargo, esta ola reciente de ataques a periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos es de suma preocupación. Es urgente tomar medidas inmediatas que fortalezcan los mecanismos de protección para periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, para que así puedan accederlos de manera pronta y efectiva cuando su vida o integridad personal se encuentren en peligro.

A esto deben sumarse además medidas concretas para que haya un mejoramiento en las investigaciones. Es imprescindible que haya una reducción de la impunidad en la que se mantienen dichos ataques y amenazas para que se ponga fin a esta situación. La impunidad de estas agresiones sólo servirá para reforzar los índices, ya escandalosos, de impunidad del país y plantea serias dudas sobre el verdadero compromiso del gobierno con los derechos humanos.

Es importante subrayar que la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas (Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos) reafirma derechos establecidos en tratados internacionales de derechos humanos que Honduras ha ratificado y coincide con normas constitucionales hondureñas, tales como el derecho a la vida, la integridad personal y las libertades de expresión, asociación y movimiento. La labor, liderazgo, legitimidad y aporte fundamental de quienes defienden los derechos humanos han sido ampliamente reconocidos a nivel mundial.

El ambiente generalizado de inseguridad, impunidad y sensación de vulnerabilidad de periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos hace necesario que el Gobierno hondureño tome medidas concretas, rápidas y efectivas tales como:

- Hacer un reconocimiento público del importante y legítimo trabajo de periodistas, defensores y defensoras de derechos humano;

- Desarrollar una política gubernamental integral que incluya medidas de prevención y protección de quienes trabajan por la defensa de los derechos humanos. Es esencial que tal política esté desarrollada en consulta con la sociedad civil, incluyendo periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, y que cuente con los recursos necesarios para su efectiva implementación.

- Promover y adoptar una ley que garantice la protección de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, que a su vez de estabilidad institucional al mecanismo de protección y garantice los recursos económicos y humanos necesarios para su funcionamiento efectivo;

- Tomar medidas inmediatas para re-evaluar y reforzar las medidas de protección con las que ya cuentan algunas de las personas mencionadas en esta comunicación y para extender la protección a las demás personas que aún no cuentan con ésta;

- Investigar de manera expedita, exhaustiva e imparcial las amenazas recibidas por las personas mencionadas en esta comunicación para que los responsables de estos actos sean efectivamente llevados ante la justicia y las víctimas reciban una reparación correspondiente.

La situación de ataques a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos es alarmante, y el Gobierno de la República de Honduras debe actuar en consecuencia. En sus manos está la posibilidad de revertir esta grave situación y así demostrar su verdadero compromiso con los derechos humanos de todas las personas en el país.

Impotencia

Radio Progreso declara su impotencia ante el repugnante crimen del periodista Ángel Alfredo Villatoro, y nos declaramos en estado de plena indefensión.

Con lo que está ocurriendo en nuestro país, ya no valen palabras, los análisis no logran alcanzar la realidad y los clamores de justicia ya dejaron de tener cabida. No podemos aceptar informes ni de la policía ni de la administración pública, porque después de tanto contubernio de las instituciones de seguridad y justicia con la criminalidad y la impunidad, no podemos creer en ninguna de sus versiones.

Somos promotores de esperanza y nos alimentamos de la esperanza, porque nos sustentamos en la fe en el Dios de la Vida. Sin embargo, frente a la brutalidad de quienes tienen el control de nuestra sociedad, la impotencia ha tomado su palabra, y el escenario de la Honduras que hoy tenemos pone en entredicho y en precariedad todas las esperanzas y optimismos que han acompañado a nuestra radio a lo largo de su historia.

Reconocemos nuestro estado de impotencia. Desde hace tres años venimos haciendo llamados desesperados por construir un pacto social entre los diversos sectores de la sociedad hondureña. Parecemos disco rayado con el llamado a construir acuerdos básicos compartidos. Y todo ha sido una voz en este desierto de oídos sordos.

Con el asesinato del periodista Ángel Alfredo Villatoro queda claro que todos los llamados a buscar consenso en torno a la lucha contra la impunidad y por construir una nueva institucionalidad, no tienen cabida. Los sectores que controlan la violencia y la impunidad se disputan entre sí negocios, posiciones y territorios, utilizando la brutalidad y el asesinato de periodistas para aplastar la libertad de expresión y de prensa. Y lo están consiguiendo en dosis muy altas.

Como no existen oídos sensatos que escuchen nuestro clamor por un pacto social con acuerdos mínimos, entonces nos toca declararnos en estado de impotencia. Necesitamos proteger nuestras vidas y las vidas de nuestros seres queridos, y como hasta hoy nadie de quienes tienen capacidad de decisión nos escuchó, nos toca ahora pedir a quienes amenazan nuestras vidas por ejercer este servicio desde el periodismo, que nos digan qué quieren, qué buscan. Dígannos, por favor, ¿qué quieren de nosotros y hacia dónde nos quieren llevar?

Es hora ya…

El bien más preciado de una sociedad democrática es el derecho a la vida pues es la base esencial para el ejercicio de los demás derechos. Pero este derecho no solamente se refiere al derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente por actos criminales, sino también a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna.

Y una existencia digna implica que todas las personas se encuentren al amparo de la ley, sin temor a la discriminación ni a las represalias, gocen de libertad de opinión, de culto y de asociación, y se sientan libres del temor, de manera que la violencia no destruya su existencia y sus medios de vida.

Al ser un bien tan preciado, el respeto al derecho a la vida es un termómetro idóneo para medir la legitimidad y los niveles de humanización de un Estado, quien no sólo tiene la obligación de no empeorar las condiciones de vida de las personas, sino también tiene el deber de mejorarlas mediante el fortalecimiento de las capacidades básicas que permitan a la gente tener una vida larga y saludable, acceder a la educación de calidad y a los recursos necesarios para disfrutar un nivel de vida digno.

Contrariamente a lo que debería suceder en un Estado de derecho, en Honduras la vida es el bien más despreciado de todos pues diariamente 20 vidas humanas son asesinadas sin que el Estado adopte medidas eficaces para detener esta barbarie que nos coloca en la cima de los países más violentos del mundo muy por encima de otros que oficialmente se encuentran en guerra.

Pero también diaria y lentamente hay otros asesinatos silenciosos que arrebatan la vida a las personas más vulnerables de la sociedad, quienes son sacrificadas en el altar del hambre, del desempleo, de la migración forzada, de la vulnerabilidad ambiental, de la enfermedad prevenible y curable, y de la denegación de la tierra.

Y toda esta barbarie tiene responsables políticos que detrás de la máscara del bipartidismo han desgobernado el país y lo han convertido en un centro de exterminio en donde el que no muere por hambre, muere por balas; y por eso, es hora de gritar “basta”, es hora de aplastar colectivamente la impunidad, es hora de que las víctimas levanten la frente y clamen “justicia”.

¿Un informe al borde del olvido?

El 7 de julio de 2010, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación presentó su informe “Para que los hechos no se repitan”, en el que expuso un número importante de recomendaciones para evitar que los hechos del golpe de Estado se repitan en el futuro.

Desde un inicio, el gobierno de Lobo Sosa se comprometió a cumplir cada una de las recomendaciones allí contenidas, no obstante, hasta el momento las mismas siguen siendo letra muerta pues el gobierno no sólo ha hecho muy poco para cumplir este compromiso, sino que ha realizado acciones contrarias a lo que el informe recomienda.

Es preciso recordar que el informe establece claramente que policías y militares cometieron graves violaciones a derechos humanos como asesinatos, torturas, detenciones ilegales, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violaciones sexuales, todas las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad debido a su carácter masivo, sistemático e institucional y a que fueron ordenadas, autorizadas y encubiertas por los mandos y autoridades superiores del gobierno de facto, la Policía y las Fuerzas Armadas en el marco de una política estatal de represión.

Pese a que el informe recomienda investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de tales crímenes, es de todos conocidos que más bien han sido premiados, declarados héroes nacionales y diputados vitalicios, han sido nombrados en importantes instituciones del Estado y hasta se les permite presentarse como candidatos presidenciales a pesar que el antecedente golpista es una causal suficiente para excluirlos del proceso electoral.

El informe también recomienda evaluar el papel del Fiscal del Ministerio Público, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues su participación en el golpe de Estado los convierte en responsables directos de las violaciones a derechos humanos, sin embargo, no hay ni siquiera indicios de que estos personajes enfrenten un proceso independiente para la deducción de sus responsabilidades.

Asimismo, el informe recomienda depurar la Policía Nacional y revisar las facultades de las Fuerzas Armadas, sobre todo en lo que se refiere a su participación en funciones de seguridad ciudadana, no obstante, el proceso de depuración que se ha iniciado sigue generando dudas y va a paso de tortuga, y a las Fuerzas Armadas se les han otorgado facultades plenas para ejercer funciones policiales, en otras palabras, se ha legalizado la militarización del país.

Debemos recordar que el cumplimiento de las recomendaciones del informe no sólo requiere de voluntad política del Estado, sino también de un compromiso serio de la ciudadanía para exigir y vigilar la realización de las reformas necesarias en el país que permitan extirpar de raíz el cáncer que nos carcome y que  nos ha puesto en estado terminal desde el golpe de Estado: La impunidad y la corrupción.

Policía asesina a Santos Domínguez Benítez indígena lenca miembro de COPINH

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.

COPINH.

 

Denuncia Urgente.

 

Policía asesina a Santos Domínguez Benítez indígena lenca miembro de COPINH.

 

Este día martes 1ro de mayo a las 11.30 minutos una patrulla integrada por 3 miembros de la policía ingreso a la casa de la señora María de Los Santos Domínguez Benítez, ante lo que el joven Santos Alberto Rodríguez reclamo por el allanamiento a la vivienda de su madre a lo que la policía respondió disparando sus armas de fuego impactando en su cabeza y muriendo de manera instantánea.

 

La vivienda del joven asesinado está ubicada en la comunidad lenca de San Bartolo una comunidad que tiene en trámite la titulación de la las tierras como comunidad indígena lenca y que en los últimos días ha sido amenazada por una maniobra de los terratenientes que han impulsado una invasión de las tierras.   

 

La comunidad indígena de San Bartolo está ubicada en el municipio de Intibucá departamento de Intibucá y es bastión en la lucha contra una represa que autoritariamente empresarios pretenden imponer.

 

El COPINH denuncia este nuevo hecho de violencia que enluta al pueblo lenca y exige castigo a los responsables de este asesinato que viola el convenio 169 de la O.I.T , la declaración universal de los derechos humanos y otros instrumentos que protegen los derechos humanos.

 

Los policías responsables de este crimen están asignados al municipio de San Isidro siempre del departamento de Intibucá.

 

Este crimen se suma a otros crímenes que los cuerpos represivos han cometido contra hondureños y hondureñas

 

¡Alto a la represión!

¡Alto a los asesinatos de indígenas!