De salvadores de la democracia a salvadores de la seguridad

Ante la falta de acciones contundentes por parte del Estado para enfrentar los altos índices de violencia en el país y la corrupción policial, la respuesta siempre es la misma: Los militares a las calles para protegernos. 

Bajo este esquema, los sectores políticos que nos desgobiernan se empeñan en fomentar la participación de los soldados en tareas que deben ser exclusivas de una policía civil e intentan vendernos la idea de que los valores militares como la disciplina son fundamentales para acabar con la violencia.

Así como presentaron a los militares como los salvadores de la democracia en los años 80 y en el golpe de Estado de 3 años, hoy se les presenta como los salvadores de la seguridad ciudadana, evadiendo la propia historia que demuestra que la intervención militar en asuntos de seguridad interna siempre viene acompañada de graves violaciones a derechos humanos.

Las últimas pruebas de ello lo constituyen el asesinato del adolescente Ebed Haziel Yánez a manos de militares que lo vieron como un enemigo de guerra porque éste no se detuvo ante el retén militar. Su acompañante, una muchacha que aún no ha sido reconocida, se encuentra desaparecida.

Ahora, para maquillar la participación militar en funciones policiales, el presidente del Congreso Nacional propone la creación de una policía militar que no es otra cosa que la misma mona en diferente rama, evadiendo que nuestros problemas de seguridad no se resolverán nunca si no se adoptan medidas de garantía de derechos humanos tan importantes como el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, al trabajo, entre otros.

Si las políticas de seguridad no se centran en la construcción de mayores niveles de ciudadanía, no colocan a la persona humana como objetivo primario y no garantizan la seguridad humana y el desarrollo humano, la violencia seguirá desangrando el país lentamente mientras los políticos de turno le sacarán provecho cada 4 años con sus discursos de mano dura.

Los ataques contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

La Organización de Estados Americanos, OEA, a lo largo de los años ha generado muchas dudas sobre su verdadero papel al servicio de la democracia continental y hay muchas voces que denuncian que ha sido un instrumento de los gobiernos de Estados Unidos para imponer su visión política y económica al resto de países del hemisferio.

No obstante, el único aspecto de la OEA que se ha ganado el prestigio del mundo entero es su Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conformado por la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos, cuyo trabajo ha sido fundamental para salvar vidas, abrir espacios democráticos, combatir la impunidad y ayudar a asegurar la verdad, justicia y reparaciones a las víctimas, tal y como lo señalan numerosas organizaciones de la sociedad civil de continente en una carta pública.

Gracias al trabajo de la Comisión y la Corte, se ha logrado reincorporar a víctimas a su trabajo y pagar salarios y demás prestaciones; se ha asegurado el pleno goce del derecho de la víctima a la jubilación; se ha localizado, identificado, exhumado los restos mortales de las víctimas y entregado a sus familiares; se ha podido buscar e identificar a los hijos de una persona desaparecida; se ha creado un sistema de información genética; y se ha implementado un registro de detenidos.

Además, se ha capacitado a los miembros de cuerpos armados y de seguridad sobre límites en el uso de las armas; se ha investigado efectivamente los hechos y sancionado a todos los responsables; se ha otorgado tratamiento antirretroviral a personas portadoras del VIH/SIDA; se ha reformado legislación discriminatoria contra la mujer; se ha dejado sin efecto legislación que promovía la impunidad; se ha adoptado legislación en materia de protección a la niñez; se ha liberado a personas detenidas injustamente; y se han celebrado nuevos juicios a personas condenadas sin las debidas garantías.

Lamentablemente, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela son algunos de los Estados que impulsan un proceso para debilitar este sistema de protección de derechos humanos, en reacción a acciones y resoluciones específicas que la Comisión y la Corte han asumido en contra de estos países en relación con denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas dentro de sus territorios.

En el marco de la 42ª edición de la Asamblea General de la OEA que se realiza del 3 al 5 de junio de 2012 en Cochabamba, Bolivia, las críticas válidas a la OEA se han llevado de encuentro a los órganos de protección de los derechos humanos, lo cual pone en grave peligro y vulnerabilidad, a millones de víctimas que ven en la Comisión y la Corte, la última y única esperanza de acceder a la justicia que es negada por sus propios Estados.

Este ataque contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por parte de países tan distintos políticamente, nos ratifica una vez más que los derechos humanos no es cuestión de ideologías, sino de compromiso pleno con la dignidad humana. Como Radio Progreso y ERIC nos sumamos a las voces de condena contra este intento de debilitar las estructuras interamericanas de lucha contra la impunidad.

Disminución de garantías y criminalidad

Un nuevo acto que atenta contra la dignidad humana ha sido consumado por parte de los supuestos representantes del pueblo hondureño.

La semana anterior, más de dos tercios de los diputados y diputadas ratificaron dos reformas a la Constitución que ponen en precario la integridad de las personas y el principio de presunción de inocencia.

La primera reforma es la del artículo 71 constitucional que permitirá a la Policía detener a los sospechosos de algunos delitos hasta por un tiempo de 48 horas, borrando de un plumazo la garantía de 24 horas de detención que había estado vigente durante 30 años.

A los diputados y diputadas no les importó que varios instrumentos internacionales ratificados por el Estado le obliguen a presentar sin demora ante un juez a las personas detenidas y juzgarlas dentro de un plazo razonable o ponerlas en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso.

La segunda reforma es la del artículo 92 que permitirá que ante un simple informe de la Policía que contenga la declaración del detenido, un juez pueda procesar a una persona.

Con estas reformas, es terrible imaginar permanecer tanto tiempo en manos de la Policía, en condiciones infrahumanas de detención y bajo la custodia de una institución involucrada en graves violaciones a derechos humanos y en espeluznantes crímenes contra la ciudadanía.

Si tomamos en cuenta que el Sub-Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en su reciente visita al país constató que la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes es una práctica constante en las postas policiales, no es ficción creer que con estas dos reformas se facilita la utilización de la tortura, la intimidación, las amenazas o los tratos crueles para obligar a una persona a declarar que ha cometido un supuesto delito.

Pese a que la Constitución de la República en su artículo 64 prohíbe la aplicación de este tipo de reformas que disminuyan, restrinjan y tergiversan el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías constitucionales, el Congreso Nacional aprobó estas reformas a petición de los propios operadores de justicia que consideran que la disminución de derechos les ayudará a combatir el crimen.

Estas reformas nos ratifican que ni el Congreso ni los operadores de justicia están allí para defender los derechos humanos de las grandes mayorías ni para respetar la voluntad del poder soberano que en teoría reside en el pueblo, sino que responden a órdenes que vienen de los poderes económicos, políticos, religiosos y militares nacionales y extranjeros que no quieren ciudadanos y ciudadanas, si no simplemente siervos.

Delegación de Observadores de Derechos Humanos encuentra preocupantes evidencias de participación de los Estados Unidos en asesinato de pobladores Miskitos en Ahuás

Una delegación de académicos, activistas de derechos humanos y derechos laborales, ciudadanos de Estados Unidos y Canadá, varios con amplio conocimiento sobre Honduras, organizados por las organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos y Canadá Rights Action y Alliance for Global Justice, visitaron la comunidad de Ahuás en el departamento de Gracias a Dios en la región conocida como la Moskitia al este de Honduras del 22 al 23 de Mayo del 2012.

El 11 de Mayo del 2012, cuatro helicópteros llevaron a cabo una aparente interdicción de drogas cerca de la aldea de Ahuás. Al menos uno de los helicópteros abrieron fuego contra un bote de pasajeros matando a dos mujeres embarazadas, un joven de 14 años y a un hombre de 21 años, e hirieron gravemente por lo menos a otros cuatro. El objetivo de la visita fue investigar sobre esta tragedia.

De acuerdo a los reportes de la prensa, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoce que los helicópteros participantes fueron titulados al Departamento de Estado pero que fueron piloteados por militares guatemaltecos y contratistas. La DEA confirma que un Equipo de Apoyo Consultivo Enviado al Extranjero de la DEA (FAST, por sus siglas en inglés) participó en la operación apoyando a un Equipo de Respuesta Táctica de la Policía Nacional, mientras que el Comando Sur alega que ningún personal del ejército de los Estados Unidos o contratistas participaron en la acción.

Nuestra delegación entrevistó a los representantes de la comunidad local, sobrevivientes heridos, familiares y testigos en la escena así como a un oficial del ejército de Honduras.

Basándonos en nuestra investigación, fuimos capaces de confirmar que:

1.     Luego de la masacre los helicópteros aterrizaron para incautar drogas de un bote cerca del sitio de la masacre. Todos los que salieron de cada helicóptero fueron identificados como hombres angloparlantes, altos, de piel clara con poca habilidad en español, vistiendo uniformes militares, que parecían ser personal militar de los Estados Unidos. Éstos llevaron a cabo todas las acciones en tierra, aparentemente teniendo un rol mucho mayor que de apoyo en la operación.

2.     Estas fuerzas de seguridad identificadas como Estadounidenses apuntaron sus armas, amenazaron con asesinar y esposaron a residentes locales que intentaban asistir a los heridos en la masacre durante aproximadamente 2 o 3 horas, mientras el personal militar recuperaba las drogas, forzando a punta de arma a un familiar de una de las víctimas para transportar las drogas de un bote hasta los helicópteros. De esta manera las fuerzas de seguridad impidieron la atención médica de emergencia a las víctimas que permanecían en el margen del río y en el agua hasta que los helicópteros se retiraron. Una víctima herida sangraba mientras se aferraba a las plantas del río por más o menos tres horas antes de ser asistida.

3.     Todos los testigos declararon de forma independiente que los disparos provenían de arriba desde un helicóptero.

4.     Ni el gobierno de Estados Unidos ni el de Honduras han entrevistado a los testigos oculares o recopilado evidencia en la escena del crimen lo que indica que no se están conduciendo investigaciones serias sobre la masacre que fue llevada a cabo por uno de los helicópteros propiedad de Estados Unidos con la participación de Fuerzas de Seguridad de Estados Unidos.

5.     Desde la masacre, Ahuas ha sido ocupada por varias docenas de tropas hondureñas que patrullan las calles de tierra y declaran que permanecerán allí mientras sea necesario. Hemos recibido reporte de que la presencia militar de Estados Unidos en la comunidad cercana de Ahuas incrementa, un centro de operaciones militares ha sido establecido en la comunidad cercana de Brus Laguna así como una base militar estadounidense militar en Caratasca, aproximadamente a una hora en bote desde Ahuas.

Nuesta visita a la región de la Moskitia en Gracias a Dios ha levantado un gran número de preocupaciones.

1.     Estamos extremadamente preocupados por la falta de una investigación fidedigna. El gobierno de los Estados Unidos niega categóricamente la posibilidad de que sus fuerzas de seguridad estuvieron involucradas en los asesinatos, o que los Estados Unidos comparten la responsabilidad. En su lugar, el Departamento de Estado alega que está “cooperando” con las investigaciones hondureñas y envía todas las investigaciones a los oficiales del gobierno de Honduras; a pesar del hecho de que la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional y el ejército son reconocidos ampliamente como corruptos.

2.     Estamos profundamente preocupados por la militarización que observamos. El ejército de los Estados Unidos y las fuerzas de seguridad civil en Honduras están aplicando tácticas de contrainsurgencia para combatir el tráfico de drogas y militarizando las regiones donde hay valiosos recursos naturales. Por lo tanto, hoy estamos presenciando el resurgimiento de los escuadrones de la muerte y la re-militarización de Centroamérica tal y como sucedió en los `80s. Estamos alarmados por los reportes de prensa sobre la reciente transferencia de tácticas de contrainsurgencia y personal de Iraq y Afganistán a Centroamérica. Mediante la caracterización de la población general y las autoridades locales como traficantes de drogas, las comunidades indígenas se han convertido en el enfoque de las acciones contrainsurgencia.

3.     Muchas personas con las que hablaron, incluyendo representantes de varias organizaciones indígenas, están profundamente preocupadas porque la militarización y violencia generada por la “guerra contra las drogas” crea un impacto negativo en sus comunidades y porque se enfoca en lugares donde hay recursos naturales importantes, ríos con potencial hidroeléctrico, petróleo y bosques. La compañía tejana Texas Oil and Gas Company, una empresa conjunta con concesiones en la Moskitia, estima que hay de seis a ocho millones de barriles en reservas de petróleo en la Moskitia.

4.     Nuestro grupo está indignado al ver que este es el papel que nuestro gobierno juega y cómo nuestros impuestos están siendo utilizados. Nos preguntamos qué hace nuestro país trayendo modelos de contrainsurgencia a un país donde el respaldo estadounidense a acciones cubiertas de contrainsurgencia ha causado tanto sufrimiento en el pasado.

5.     Lo que vimos en la Moskitia fue pobreza extrema y una atmósfera de terror siendo generada en el área donde la población indígena ahora está perdiendo el control de sus recursos, que son clave para el desarrollo de su economía.

Ante lo que observamos en nuestra visita y las preocupaciones provocadas, demandamos:

 

1.     Que el Congreso de los Estados Unidos investigue y mantenga audiencias sobre el papel de los Estados Unidos en los eventos del 11 de Mayo del 2012 en la Moskitia.

2.     Que investigaciones serias e independientes tomen lugar explorando el rol y responsabilidad de los agentes del gobierno de los Estados Unidos en la masacre del 11 de Mayo en Ahuas, ya sean agentes de la DEA, contratistas de seguridad privada bajo la dirección o contratados por agencias del gobierno de los Estados Unidos u otras fuerzas de seguridad. Esta investigación debe incluir la identificación de la responsabilidad criminal de individuos específicos.

3.     Que los derechos y decisiones de las comunidades indígenas y movimientos populares serán respetados en lugar de ser tratados como traficantes de drogas e insurgentes, obviando completamente sus derechos humanos fundamentales.

4.     Que el gobierno de los Estados Unidos se pronuncie públicamente contra la presencia de individuos con involucramiento ampliamente reconocido en el tráfico de drogas y escuadrones de la muerte dentro del sistema de justicia de Honduras hoy en día.

5.     Que en vista de los abusos que documentamos, el gobierno de Estados Unidos debe retirar todas sus fuerzas de seguridad incluyendo la DEA y contratistas privados de Honduras, así como el cese de toda la asistencia y entrenamiento militar y promoción de la re-militarización en Centroamérica.

Tegucigalpa, Honduras

27 de Mayo del 2012

Judith Ancel, Kansas City, KS

Susan Cole, Lafayette, LA

Mary Dean, Chicago, IL

Jean Grahame, Farmington, IL

Alice Kitchen, Kansas City, MO

Greg McCain, Chicago, IL

Maria Robinson, ¿??, CA

Irene Rodriguez, Boulder, CO

Karen Spring, Toronto, ON

Melissa Stiehler, Kansas City, MO

John Walkey, Boston, MA

Honduras está siendo asesinada

En la red social Facebook circula una viñeta del mapa de Honduras en color negro, con una vela encendida en señal de luto y una frase lapidaria que dice “Honduras está siendo asesinada”.

Las estadísticas nos dicen que Honduras se encuentra en un luto permanente y le otorgan el título del país más violento del mundo por encima de países que están en guerras, con 86.5 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, casi 8 veces más de lo que la OMS considera como epidemia, pues la media mundial es de 8,8. San Pedro Sula, con 159 muertes violentas por cada 100 mil es la ciudad más violenta del mundo y los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Yoro están dentro de los primeros 10 más violentos del planeta. 

Pero detrás de esas estadísticas hay personas de carne y hueso, con sueños truncados, familias enlutadas, huérfanos y huérfanas con futuros inciertos y con vidas perpetuamente golpeadas por la impunidad. Y la muerte violenta que desde el golpe de Estado se ensañó particularmente contra quienes resistían, ha adquirido una sed de sangre insaciable que no ve colores, estatus ni ideologías.

Así, sólo en el mes de mayo la mano invisible de la muerte violenta les ha arrebatado la vida a los campesinos José Efraín Del Cid, miembro de la Empresa Campesina Nueva Panamá y a Juan José Peralta, miembro de la Cooperativa 21 de julio, ambos pertenecientes al MUCA del valle del Aguán.

También fueron asesinados los periodistas Erick Martínez, miembro de la comunidad LGTBI y candidato a diputado por el partido Libre, y Alfredo Villatoro, periodista de HRN, después de haber permanecido varios días privado de su libertad por quienes lo secuestraron previamente.

A su vez, fueron asesinados el profesor universitario Miguel Barahona, Edilberto Solano, dirigente comunal y miembro del partido Libre en Choloma, Cortés, y Jesús Octavio Pineda, miembro de la corriente Fuerza de Refundación Popular del Partido Libre y militante activo del colectivo Plaza La Libertad en San Pedro Sula.

Para agravar la situación, una persona fue asesinada y al menos 13 resultaron heridas en un nuevo motín en el centro penal de San Pedro Sula; y 4 miembros de la etnia miskita, dos mujeres embarazadas, dos niños y dos hombres adultos fueron asesinados por los disparos hechos desde helicópteros artillados pilotados por militares estadounidenses sobre una embarcación que regresaba desde la barra del río Patuca a su comunidad. 

¿Cuánta más sangre estamos dispuestos a derramar para detener esta situación? ¿Cuántas vidas más nos costará la sordera que evita el inicio urgente de un verdadero diálogo nacional sobre las bases de unos acuerdos mínimos? Cada día que pasa sin hacer nada, nos volvemos cómplices de la muerte violenta de 20 hondureños y hondureñas.