Extranjeros en nuestro propio territorio

Nuestra mancillada Constitución de la República establece en su artículo 2 que “la soberanía corresponde al pueblo’, que ‘la suplantación de la soberanía popular’ se considera traición a la Patria y que la responsabilidad por este delito es imprescriptible, es decir, que puede ser deducida en cualquier momento sin límite en el tiempo.

Por su parte, el artículo 13 constitucional señala que el dominio del Estado hondureño sobre el territorio nacional es inalienable e imprescriptible, en otras palabras, que no se puede enajenar, transmitir, ceder ni vender.

La Ley del Estatuto Constitucional de la Red Especiales de Desarrollo, conocidas como las Ciudades Modelo, aparece en total contradicción con lo que dispone la Carta Suprema de la nación, ya que, entre otras cosas, estas “ciudades” serán territorios autónomos, con su propio poder judicial, podrán imponer sus propios impuestos, tendrán sus propios autoridades, adoptarán y aplicarán sus propias leyes, y podrán firmar convenios y tratados como si fueran Estados independientes.

Además de la evidente violación a la soberanía nacional, con la implementación de las ciudades modelo se violarán derechos humanos fundamentales reconocidos por la Constitución hondureña y los tratados internacionales, entre ellos, el derecho a la igualdad y el derecho a circular libremente por cualquier parte del territorio nacional.

En otras palabras, en el territorio hondureño se pretenden crear pequeños Estados en los que sólo vivirán aquellas personas que las autoridades de los mismos consideren “idóneas” y con el peligro de expulsar de sus territorios a quienes tengan la desgracia de vivir actualmente donde los vende patria del congreso y del ejecutivo han decidido consumar esta grave afrenta a la dignidad nacional.

Frente a la grave situación de miedo que provoca la pobreza y la violencia, los hondureños y hondureñas ya no sólo seremos extranjeros en el tortuoso camino centroamericano y mexicano que nos lleva a arriesgarnos a vivir en la ilegalidad del norte, sino también en nuestra propia tierra en donde la exclusión existente se profundizará con una nueva clase de ciudadanos y ciudadanas “modelos” que viven en las “ciudades privadas”, y el resto que no podrá acceder a ellas.

La migración en tiempos hostiles

Son tiempos hostiles para las personas migrantes, particularmente para aquellas que no tienen un documento que las salve del infierno de la ilegalidad impuesta. Desde Estados Unidos hasta Europa corren vientos de desprecio contra ellas, cuya presencia es asociada con la violencia, el miedo, la inseguridad, la crisis económica, el desempleo y el deterioro de los servicios públicos.

Con la grave crisis económica que azota a los países ricos, la mayoría de gobiernos han alimentado en el imaginario colectivo de sus sociedades que la presencia de las personas migrantes es culpable de todas las desgracias y así, éstas se han convertido en la víctima expiatoria de todos los males y para ellas, como lo señala Sami Nair, han llegado “los tiempos del desprecio”.

Y estos “tiempos del desprecio” se manifiestan en las políticas de sospecha contra el que es “diferente”, contra el “otro”, contra quien no es parte del “nosotros”, lo cual alimenta la arrogancia, el racismo y la xenofobia, que termina criminalizando la migración. De esta manera, la falta de un documento, de una visa o de una tarjeta de residencia se convierte en ilegalidad, en delito que debe ser situado y tratado al mismo nivel que el narcotráfico y el terrorismo.

En Estados Unidos, se envían a la frontera miles de nuevos agentes de la patrulla fronteriza a la que se le ha dotado de aviones y helicópteros militares; se construyen y amplían los muros fronterizos con la participación del ejército; se usan detectores electrónicos de movimiento, proyectores potentes, telescopios infrarrojos o cables electrónicos; y se adoptan leyes discriminatorias como la Ley 1070 conocida como “Leyde Arizona”.

En Europa, el Parlamento Europeo aprueba la llamada “Directiva de retorno sobre inmigración ilegal” que permite la detención administrativa del indocumentado hasta un año y medio mientras se tramita su expulsión, y faculta la expulsión de niños y niñas inmigrantes no acompañadas a su país de origen o a un tercer país que no sea el suyo.

En algunos países como España, se han adoptado medidas tan radicales como la denegación de asistencia sanitaria a quienes no tienen documentos, con lo cual se precariza aún más su situación y se les condena a una mayor marginalidad en el goce de un derecho humano tan fundamental como la salud.

Mientras tanto, los Estados expulsores como Honduras, se benefician del sufrimiento de estas personas ya que su aporte en remesas es fundamental para el sostenimiento económico del país y para reducir el conflicto social que genera la pobreza y la desigualdad.

Así, las personas migrantes viven la doble tragedia de ser “residuos humanos” que son expulsados de Honduras y luego deportados por los países ricos.

Cárcel, justicia y seguridad

Tal y como lo señaló en su momento el Dr. Leo Valladares Lanza, ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en Honduras las personas privadas de libertad se enfrentan a violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, lo cual se reafirma cuando presenciamos la ola de tragedia y terror que representan, entre otras, las muertes en los centros penales de El Porvenir, San Pedro Sula y Comayagua.

Las cárceles hondureñas, con su sobrepoblación, hacinamiento, tráfico de drogas y corrupción, lejos de ser un lugar en donde se rehabilita y no se delinque, es uno de los sitios en que proliferan los más graves delitos y por tanto, son verdaderas universidades del crimen y del terror.

Dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Honduras han dejado claro que la grave situación carcelaria del país es en gran parte responsabilidad de la disfuncionalidad e ineficiencia del sistema de justicia penal, por lo que resulta vergonzoso que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, considere que lo que se necesita es construir o ampliar las cárceles y no reducir la mora judicial que alcanza niveles alarmantes.

Es evidente que se puede esperar cualquier cosa de este personaje que rectora el deslegitimado poder judicial pues la historia lo recordará, junto con los otros 14 magistrados y magistradas, como los grandes defensores del golpe de Estado y encubridores de las más graves violaciones a derechos humanos.

A pesar de todo, la ciudadanía debemos tener claro que la mejor forma de combatir la delincuencia no es a través de más cárceles, sino mediante una labor preventiva que trate de solucionar los problemas sociales que causan la delincuencia.

Las sociedades más seguras son aquellas donde hay menos pobreza y una justa distribución de la riqueza, las que brindan educación, salud y empleo digno a su población, las que poseen efectivos mecanismos de control de los poderes del Estado y un sistema de justicia independiente e imparcial, y las que de ningún modo toleran la corrupción y la impunidad.

El juego de los títeres y los polígrafos

Uno de los elementos esenciales de la democracia y el Estado de derecho es la existencia de un Poder Judicial que garantice la independencia e imparcialidad de los jueces y juezas.

Ambas características están relacionadas íntimamente ya que la independencia tiene como objetivo evitar que los jueces y juezas se vean sometidas a restricciones indebidas en el ejercicio de sus funciones, mientras que la imparcialidad busca que los juzgadores se aproximen a los hechos careciendo de manera subjetiva y objetiva de todo prejuicio, ofreciendo garantías que anulen toda duda de parcialidad.

Desde la óptica de las víctimas, la independencia e imparcialidad judicial son fundamentales para garantizar la idoneidad y efectividad de los recursos judiciales destinados a tutelar derechos humanos, pues su ausencia puede provocar su inutilidad  y que resulten ilusorios, particularmente en escenarios políticos de emergencia.

El contexto de violencia institucional generado por el golpe de Estado en donde el Poder Judicial se ha puesto al servicio de los victimarios, ha profundizado el estado general de impunidad, ha colaborado en la existencia de una grave inhibición de los mecanismos teóricamente adecuados para tutelar los derechos humanos, ha propiciado la abstención y desidia judicial para atender los recursos introducidos ante diversos tribunales y se ha dejado a las víctimas en una situación de absoluta indefensión y vulnerabilidad.

El juicio contra los subcomisionados de policía Héctor Iván Mejía y Daniel Matamoros por suponerlos responsables de los delitos de violación de los derechos de los funcionarios, detención ilegal y lesiones perpetradas en el marco de la violenta represión del 15 de septiembre de 2010 en San Pedro Sula, es una muestra más del circo trágico en el que se ha convertido el poder judicial hondureño, donde muchos jueces y juezas son simples títeres en manos de los poderes fácticos.

Pese a que el 3 de mayo de 2012 se realizó la audiencia de declaración de imputados y se fijó la audiencia inicial para el 1 de junio, ésta fue suspendida y pospuesta para el 17 de agosto. No obstante, de forma inexplicable y sin causa justificada nuevamente fue suspendida y reprogramada para el 11 de octubre, con lo cual el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula ha alargado ilegalmente por más de 5 meses un plazo que de acuerdo con la ley no debe exceder de 30 días.

No cabe duda, como lo señala la Convergencia por los Derechos Humanos, que el propósito de estas burdas maniobras por parte de la jueza es favorecer a los imputados para evitar dictarles el correspondiente auto de prisión que podría traer como consecuencia la suspensión de sus funciones dentro de la Policía Nacional.

Mientras el gobierno de Honduras juega a los polígrafos con los miembros de la Policía Nacional, el Departamento de Estado de EEUU investiga al máximo jefe policial por su supuesta vinculación con violaciones a derechos humanos y quienes protegen a los subcomisionados Mejía Velásquez y Matamoros, demuestran que el poder judicial ha sido privatizado para salvaguardar sus intereses.

Sobre depuraciones policiales y otros cuentos

Hace exactamente 10 años, la entonces Comisionada María Luisa Borjas había logrado documentar la participación de un grupo de oficiales de la Policía en una red de sicariato y de exterminio de pandilleros y secuestradores en San Pedro Sula, sin embargo, su valentía y compromiso con la legalidad le valió su separación de la institución policial.

En todo el proceso de investigación, la Comisionada Borjas y la sociedad hondureña fuimos testigos de la manipulación de la pruebas por parte de los altos responsables de la Secretaría de Seguridad y del Ministerio Público para desvincular a los oficiales investigados con medio centenar de ejecuciones arbitrarias en San Pedro Sula.

Entre los involucrados en la manipulación de pruebas se encontraban la actual viceministra de Seguridad Coralia Rivera Coca, la entonces inspectora de Policía Mirna Suazo, el entonces jefe de almacén de armas Pedro Alemán y Juan Manuel Aguilar Godoy, jefe de manejo de crisis del Ministerio de Seguridad, considerado uno de los más cercanos asesores del ex ministro Óscar Álvarez.

Y lo que resulta más preocupante es que uno de los investigados por su supuesta participación en los escuadrones de la muerte es el actual director general de la Policía, Juan Carlos Bonilla, quien posteriormente fue absuelto por el poder judicial hondureño.

Con estos antecedentes, no resulta sorprendente que según un reciente informe del Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos retirará fondos a las unidades de la policía hondureña bajo supervisión directa del “Tigre” Bonilla, hasta que pueda investigar las acusaciones de su participación en tales ilícitos.

De acuerdo con este informe, el Departamento de Estado "es consciente de las acusaciones de violaciones de los derechos humanos relacionadas con el servicio pasado del director general de la policía" por lo que "ha creado un grupo para investigarlas".

En buena medida, la decisión tomada por el gobierno estadounidense es el resultado de la presión de académicos, activistas, miembros del Congreso de Estados Unidos y de los diversos informes que denuncian la participación de las fuerzas de seguridad hondureñas en graves violaciones a derechos humanos.

Frente a esta decisión, el gobierno de Honduras a través del Ministro de Seguridad Pompeyo Bonilla ha reiterado su apoyo al director de la Policía y en vez de asumir con seriedad esta acción, ha llamado tontos útiles de los criminales a quienes denunciamos la violencia desproporcionada con que actúan la policía y el ejército.

En un verdadero Estado democrático de derecho, el informe del Departamento de Estado provocaría un terremoto político que implicaría una investigación independiente e imparcial de todos los involucrados, pero en este remedo de democracia que tenemos en Honduras, lo único que vemos es la forma en que se protegen las espaldas quienes se sienten dueños de nuestra vida, de nuestro futuro y de nuestra seguridad.